Habitantes de la comunidad Rancho Nuevo de Petatlán bloquearon la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, frente al poblado de Juluchuca Foto: Redes
Jesús Guerrero / Agencia Reforma – Redacción
Petatlán / Chilpancingo
Un comisario y otros cuatro hombres entre ellos un menor de edad fueron secuestrados por hombres armados la mañana de este miércoles en la comunidad de Rancho Nuevo, en el municipio de Petatlán.
Vecinos de la comunidad bloquearon durante 6 horas la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco frente a Juluchuca, para pedir la intervención del gobierno federal ante los ataques del martes en ese poblado, el segundo, con drones directos sobre las viviendas.
Los habitantes de la localidad ubicada en la Sierra de la Costa Grande reportaron que las víctimas de este secuestro son el comisario Sergio Godínez, así como Emilio Soberanis, Rubén Vázquez, Roberto Ibarra y Francisco Duarte, quienes se encontraban en una casa cuando fueron sustraídos por la fuerza en varios vehículos.
Pobladores de Rancho Nuevo bloquearon la carretera para exigirle al Ejército y a la Guardia Nacional que acudan a la Sierra para rescatar a las víctimas.
Durante la protesta los ciudadanos denunciaron que el grupo criminal que se llevó por la fuerza a su comisario y a los otros cuatro es el mismo que apenas ayer martes atacó las viviendas de su pueblo con drones explosivos.
En las pancartas que desplegaron los manifestantes de la comunidad de Rancho Nuevo piden a las autoridades que detengan a los integrantes del grupo criminal, pero sin dar un nombre.
En la zona los maestros suspendieron clases presenciales debido a la ola de violencia, pues otra comunidad atacada en Petatlán fue la de Juluchuca.
Según los reportes de los pobladores, este martes en la mañana se registró un enfrentamiento a balazos entre integrantes de dos organizaciones criminales.
La confrontación armada empezó en Juluchuca y concluyó en Rancho Nuevo, aseguraron los habitantes que tienen cerrada la vía federal.
Una señora que participó en el bloqueo dijo que una de las exigencias que están haciendo es que se instale una base de operaciones mixtas en su comunidad.
“Queremos que el Gobierno actué contra los criminales que nos están haciendo mucho daño con toda la impunidad”, dijo la mujer.
Una de las fuentes dijo que la mañana del martes ocurrió un primer enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que empezó en Juluchuca y el tiroteo siguió hasta Rancho Nuevo, el cual duró varios minutos.
Se conoció que los delincuentes usaron armas de uso reservado para las fuerzas armadas pero también drones con explosivos.
Por ese primer ataque los pobladores de Juluchuca bloquearon la carretera federal por casi dos horas, y se retiraron cuando fueron atendidos por militares del 75 Batallón de Infantería y la Guardia Nacional.
Sin embargo, se conoció que en la noche del mismo martes uno de los grupos delincuenciales atacó a balazos y con drones a los pobladores de Rancho Nuevo.
No informaron si hubo muertos o heridos en esta segunda agresión.
La fuente informó que al lugar acudieron autoridades federales y estatales, quienes entablaron un diálogo con los manifestantes, entre ellos el comisario municipal de Rancho Nuevo, Sergio Godínez Soberanis, a quienes les manifestaron que habrá más vigilancia y que en Juluchuca permanecerá un puesto de vigilancia de militares para garantizar la paz en esa zona del municipio, por lo que decidieron liberar la carretera pocos minutos después de las 5 de la tarde.
Una mujer asaltó a mano armada tiendas de conveniencia en Chilpancingo la noche del martes.
Reportes de la policía dicen que alrededor de las 9 de la noche del martes una mujer asaltó a mano armada una tienda en la calle Olivo de la colonia Jardines del Sur.
Luego se desplazó a otra Neto ubicada a unos 200 metros y también cometió un atraco, según la policía.
La mujer, de acuerdo con el reporte, habría amagado a los empleados con un arma de fuego.
Corporaciones policiacas se trasladaron al lugar después del reporte sin tener resultados del paradero de la presunta asaltante. (Redacción).
El alcalde Erik Catalán Rendón anunció, en conferencia de prensa, que el próximo febrero sí habrá Feria a la Bandera 2025, luego de que la principal fiesta del municipio fue cancelada este año, por amenazas del crimen organizado contra el ex alcalde priista David Gama Pérez y empresarios.
Catalán Rendón afirmó que, “hasta el momento no hay porqué alarmarnos” por alguna amenaza, de que se pueda cancelar la feria.
La conferencia de prensa convocada este miércoles a las 2 de la tarde, en el auditorio del Palacio Municipal, fue exclusivamente para abordar este tema. Allí, el alcalde de Iguala postulado por la alianza Morena-PT y PVEM, presentó a la nueva coordinadora del patronato de la Feria a la Bandera 2025, Jazmín Pineda Martínez, y la coordinadora del Comité de Elección de la Reina de estos festejos, la empresaria Miriam Ayala Román.
En este acto se hizo pública la convocatoria para el certamen de elección de la reina de la Feria de la Bandera 2025, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años de la cabecera municipal y sus 16 comunidades.
Aunque en el desarrollo de su participación, Catalán Rendón no mencionó que en febrero de este año la edición 71 de la Feria de la Bandera, y todas las actividades relacionadas a la celebración del 24 de febrero, fueron canceladas debido a la racha de violencia que se vivía y las amenazas directas de presuntos miembros de La Familia Michoacana hicieron contra el entonces alcalde David Gama y empresarios, lo que los obligó a suspender esta fiesta por primera ocasión en su historia, debido a la inseguridad.
Durante una ronda de preguntas, una reportera le recordó la cancelación de la feria debido a las amenazas del crimen organizado y cuestionó sobre las medidas de seguridad que se tomarán para evitar que se repita.
Catalán Rendón, sin entrar mucho en el tema, destacó que ya existe en Iguala un cuartel de la Guardia Nacional, en sus propias instalaciones, cerca del Asta Monumental en el cerro Tehuehue, que dijo, cuenta con “suficientes elementos”.
Sin detallar al respecto, afirmó que ya platicó con el coronel al mando de este cuartel, quien se ofreció darle “todo el apoyo”.
“Hasta el momento, no hay por qué alarmarnos en el sentido de que (no) hemos tenido alguna situación de amenaza de que se pueda cancelar la feria. Nosotros estamos trabajando para ello muy positivamente, para poder llevar a cabo esta próxima edición 2025”, indicó el edil sin hablar más del tema.
Mientras que, en el desarrollo de su intervención, dijo que se buscará que la Feria de la Bandera y la elección de su reina sea una plataforma para proyectar a Iguala, en los ámbitos nacional e internacional.
“Iguala es conocida en todo México y el mundo, como la Cuna de la Bandera Nacional, un lugar de gran historia, de valores y de respeto por nuestra patria. Este certamen es una nueva edición, busca resaltar esos valores, mostrar la calidez y la grandeza de nuestra gente y dejar en alto el nombre de nuestra ciudad”.
Sostuvo que la edición de 2025 “no sólo será una gran fiesta para todos, sino que tendrá un enfoque especial para resaltar nuestra rica cultura”. Mencionó que ya han hecho invitaciones a por lo menos diez embajadas de distintos países, para que asistan y expongan su cultura, sin dar más detalles.
Asimismo, dijo que en la edición del siguiente año se buscará destacar la cultura por encima de la venta de bebidas embriagantes, destacando la posibilidad de delimitar con vallas la zona de antros y bares.
También advirtió que no se permitirá la colaboración de la empresa Herca Producciones, si no reembolsa la venta de boletos que realizó por los espectáculos que se presentarían en febrero en el palenque, que hasta este miércoles no había reintegrado a las personas que lo adquirieron.
Las escuelas de todos los niveles educativos con sede en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo cancelaron las clases presenciales y volvieron a la modalidad virtual debido a los enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada de la madrugada del martes.
Fuentes consultadas por El Sur informaron que para salvaguardar la integridad del personal y los alumnos, las escuelas van a tener clases virtuales y retomarán las actividades presenciales en enero, cuando termine el periodo vacacional tras las fiestas decembrinas.
El martes desde las 3 hasta las 6 de la madrugada dos grupos armados se enfrentaron a balazos en las inmediaciones de Chichihualco, los pobladores grabaron audios y videos en los se escuchan detonaciones de arma de fuego y los difundieron en redes sociales de Internet.
Por estos hechos las clases se suspendieron ese día al igual que las labores en el Ayuntamiento, mientras que los negocios estuvieron cerrados y el servicio de transporte público de Chilpancingo a Chichihualco redujo su horario hasta las 7 de la noche.
Por otra parte, en el reporte de actividades de seguridad destacadas correspondientes al 3 de diciembre, el Gabinete de Seguridad conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó del decomiso de mariguana y metanfetamina en el municipio de Juan R. Escudero.
En un comunicado conjunto de las dependencias se indicó que además de las drogas se decomisaron armas largas, cartuchos, cargadores, chalecos, vehículos y motocicletas en las inmediaciones de Tierra Colorada.
“En el municipio de Juan R. Escudero, con información de inteligencia, personal de la Secretaría de Marina aseguró marihuana, metanfetamina, dos armas largas, 405 cartuchos, 13 cargadores, cinco chalecos balísticos, 10 placas balísticas, cuatro vehículos y dos motocicletas: en inmediaciones del poblado Tierra Colorada, durante recorridos terrestres”, indicó el Gabinete.
Además se dio a conocer que en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero elementos del Ejército realizaron la destrucción de 96 plantíos de amapola en 11 hectáreas y 10 plantíos de marihuana, pero no se precisó la cantidad de superficie correspondiente a cada entidad.
Con el resguardo de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Bienestar inició en Chilpancingo las visitas domiciliarias, como parte de la nueva estrategia de seguridad Guerrero por la Paz, que anunció el gobierno federal la semana pasada.
De acuerdo con un boletín de prensa, a la consulta se sumó personal de la Secretaría de Salud estatal, “por indicaciones de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda”, además del Ayuntamiento de Chilpancingo, toda vez que la nueva estrategia “tiene como fin atender las causas que originan la violencia y brindar a los ciudadanos los servicios que requieren, para mejorar su calidad de vida”.
Este miércoles, se vio al personal realizando las visitas en el barrio San Antonio y en las calles del centro de la ciudad, custodiados por personal de la Guardia Nacional para consultar la percepción que tienen los ciudadanos de la violencia en la capital, si alguno de los integrantes de la familia que visitan ha sido víctima de algún delito, si presento su denuncia y si confían en las autoridades, según explicó uno de los participantes del grupo.
Las visitas domiciliarias iniciaron luego de que el martes fue presentada la estrategia por el director general de la Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Gobernación, Néstor Osvaldo Zúñiga Mendoza, en la delegación de los programas federales para el Bienestar en Guerrero, en donde estuvieron el delegado Iván Hernández Díaz; la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, y el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera.
Al evento no fueron invitados los medios de comunicación y sólo se informó a través de boletines de prensa.
El mismo martes, el delegado Hernández Díaz publicó en su cuenta de Facebook que “la construcción de la paz requiere de los tres niveles de gobierno. Pero sin duda, sólo será posible con una activa participación ciudadana”.
Agregó: “Hoy (el mismo martes) en Acapulco arrancamos las visitas domiciliarias, como parte de la estrategia Guerrero por la Paz, que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
El viernes de la semana pasada, el gobierno estatal informó en un boletín de prensa que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el gobierno de Evelyn Salgado, “se implementará la estrategia “Guerrero por la Paz”.
Un día antes, la presidenta Sheinbaum Pardo había informado que se estaba trabajando en una estrategia especial de seguridad para Acapulco y Guerrero.
Acciones coordinadas
En un boletín de prensa, el viernes de la semana pasada, el gobierno estatal informó que esta nueva estrategia incluye acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, para la atención integral de las causas que generan violencia y vulnerabilidad social, mediante la oferta de programas, servicios y acciones en zonas de alta incidencia delictiva y vulnerabilidad.
La estrategia la anunció ese día la subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, durante la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
“Este nuevo esquema estará destinado a atender, de manera integral, las causas que generan violencia a través de la salud, bienestar, educación, trabajo, cultura y deporte; servicios, fomento económico, con el objetivo de implementar acciones de construcción de paz en coordinación con los gobiernos estatales y municipales”, se informó.
La Secretaría de Salud informó, en un boletín de prensa el martes pasado, que por indicaciones de la gobernadora Salgado Pineda, la dependencia participa en esta estrategia de Construcción de la Paz, “que tiene como fin atender las causas que originan la violencia y brindar a los ciudadanos los servicios que requieren, para mejorar su calidad de vida”.
Se informó que la titular de la dependencia, Alondra García Carbajal, asistió el martes al arranque de la estrategia e informó que ofrecerá los programas, servicios y acciones, “a través de intervenciones clave, como las visitas puerta por puerta, para tener un acercamiento directo con la comunidad, fomentando el diálogo y la confianza”.
Sin embargo, este miércoles, uno de los vecinos consultados dijo que la presencia de elementos de la Guardia Nacional armados, que resguardan al personal que realiza las visitas, inhibe la confianza de los ciudadanos y no se expresan libremente.
De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud, el personal de esa dependencia también participará en las asambleas comunitarias, en las que se integrarán comités de paz y módulos de servicios para la gestión de atención a las necesidades de la población, “ferias de paz, que serán espacios de convivencia y promoción de la paz, donde se presentarán recursos y actividades comunitarias”.
Además, implementará el Sistema de Atención a las Causas (Sistac), “para dar seguimiento e identificar y atender las causas de la violencia, en la identificación de atención urgente a focos rojos en la población para brindar atención inmediata”.
De acuerdo con el comunicado, con estas iniciativas se busca construir “un entorno más seguro y justo, donde todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad y en paz”.
En tanto, el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, celebró que el gobierno federal pusiera en marcha la estrategia Guerrero por la Paz, “una iniciativa integral para atender las causas estructurales de la violencia y fomentar el bienestar comunitario en Chilpancingo y otras regiones prioritarias del estado”.
En su comunicado, se informó que con esta estrategia, “avanzamos hacia un Chilpancingo seguro, solidario y en armonía”.
La estrategia se puso en marcha en la delegación federal de los programas para el Bienestar en Guerrero, a donde asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno y fue encabezada por el delegado Iván Hernández.
De acuerdo con lo que se dijo en el arranque de la estrategia, “se busca cambiar la percepción de inseguridad, al involucrar a la población y reforzar el compromiso de las instituciones, con acciones tangibles y permanentes”.
La estrategia fue presentada por Néstor Osvaldo Zúñiga, director general de la Coordinación Interinstitucional e incluye “un enfoque integral en salud, educación, trabajo, cultura, deporte y fomento económico, con acciones que atiendan las causas sociales de la violencia en las comunidades más vulnerables”.
Se informó que entre los pilares de esta iniciativa destacan las asambleas vecinales participativas, “donde los ciudadanos podrán expresar sus necesidades y trabajar en conjunto con las autoridades en la formación de comités de paz vecinales, respaldados por instituciones federales, estatales y municipales, como motores de transformación social; así como las ferias de la paz, que se realizarán semanalmente en zonas específicas, ofreciendo módulos de servicios públicos, actividades artísticas, deportivas y culturales”.
Las visitas casa por casa tienen el objetivo, además, de promover programas y servicios con un enfoque social “que fomente la confianza y la participación ciudadana”.
Este miércoles se buscó al delegado de los programas federales Hernández Díaz, para solicitarle más detalles de esta estrategia, pero no respondió a las llamadas.
Resguardado por un efectivo de la Guardia Nacional, y como parte de la estrategia de Guerrero por la Paz, un “servidor de la nación” hace preguntas a un vecino para la encuesta en la que se busca saber cómo perciben la inseguridad y si conocen los programas sociales del gobierno federal, Foto: Jesús Eduardo Guerrero
A puerta cerrada, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la mañana de este miércoles la sesión del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable, en sus oficinas del Palacio de Gobierno, donde dijo que el campo fue uno de los sectores más afectados por las lluvias del huracán John, que requiere la unidad de productores y los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con la transmisión del encuentro, al que asistieron representantes de las organizaciones de productores que integran este consejo, Salgado Pineda dijo que la transformación del campo “es prioridad”, por las miles de familias que dependen de él.
Asistieron a la sesión, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena; el de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda; el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, y el de Petatlán, José Popoca Martínez; así como la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso local, Ana Lilia Botello Figueroa, y el de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Joaquín Badillo Escamilla.
A pesar de que organizaciones como la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales han señalado que el presupuesto destinado para el campo y los apoyos que se han dado son insuficientes, la gobernadora dijo en su intervención que “necesitamos del campo, y en estos tres años formulamos una política de desarrollo rural distinta, articulada desde una visión general de bienestar e impulsada desde las enormes capacidades de las mujeres y los hombres del campo”.
Dijo que en su gobierno se da prioridad y se reconocen las capacidades que tienen las mujeres del campo, “esta política ha materializado resultados en beneficio de nuestro campo”, dijo.
“Hemos atendido a productores agrícolas y a ganaderos, con asistencia técnica y transferencia de tecnología, fortaleciendo la autosuficiencia, alimentaria”, aseguró la mandataria estatal.
Presumió que en su gobierno se han apoyado a pequeños y medianos ganaderos con la compra de sementales, “invertimos en la competitividad a través del mejoramiento genético”.
También aseguró que su gobierno invirtió en el control de la movilización animal, para vigilar la sanidad e inocuidad, en coordinación con el gobierno de federal.
En agosto pasado, la Unión Regional Ganadera, que encabeza Atalo Niño Rivera, denunció la falta de incentivos a los ganaderos; así como señaló que no hay un control y vigilancia de la sanidad del ganado por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrocalimentaria (Senasica).
La gobernadora reconoció, demás, que “nos han golpeado primero el huracán Otis en Acapulco y John en el estado. Este último es el que más daños ha dejado en el campo guerrerense, de las ocho regiones”, dijo Salgado Pineda.
“Hemos tenido el impacto de ese fenómeno, sin embargo, desde antes hemos estado apoyando al campo y a las familias”, aseguró, sin que se escuchara alguna objeción de los representantes de las organizaciones que han cuestionado la falta de apoyos en esta administración.
Llamó a la unidad de las agrupaciones de productores, para que “de la mano” de los tres órdenes de gobierno “salgamos adelante”.
Informó que su gobierno invirtió en este último periodo “más de 8 mil millones de pesos en la transformación de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola”, destacó.
Aseguró que en este mismo periodo entregó 15 mil 296 bultos de semilla mejorada de maíz, “de la mano del gobierno federal fertilizamos 539 mil hectáreas del campo”.
“El compromiso sigue firme, hay retos pendientes y lo estamos haciendo con trabajo y con la esperanza de que fortalezca nuestro campo”, destacó y anunció que el próximo año “vienen más recursos, invertiremos más para el campo”, sin mencionar a cuanto asciende esos recursos.
Por su parte, el titular de la Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorena, propuso que este consejo priorice la colaboración efectiva entre sus integrantes, para que desde la productividad agrícola haya seguridad alimentaria.
“Que este consejo sea el motor que impulse nuestras decisiones y acciones, para la innovación tecnológica y la conservación de nuestros recursos naturales”, planteó el funcionario.
Igual que la gobernadora, llamó a la unidad de los productores, organizaciones y autoridades, para que, juntos, “hagamos del campo guerrerense un ejemplo de desarrollo social sustentable”.
La gobernadora Salgado Pineda asistió al final de la sesión y los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campos, en representación de los productores del maíz, y el representante de los productores de maguey, Carlos Renato Hernández Rodríguez, sólo le entregaron los resolutivos del consejo, mismos que no se dieron a conocer.
Las sesiones del consejo eran abiertas a los medios de comunicación en anteriores gobiernos pero a partir de la actual, comenzaron a sesionar a puerta cerrada.
Vecinos de 76 comunidades de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y San Miguel Totolapan exigieron ser censados como damnificados del huracán John en una reunión en Campo Morado Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Vecinos de 76 comunidades de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y San Miguel Totolapan volvieron a mandar un ultimátum a la Secretaría del Bienestar, para que sean censados los damnificados del huracán John en la sierra.
Mediante un video mandado a medios de comunicación, informaron que ayer comisarios se reunieron en la cancha de Campo Morado, municipio de Heliodoro Castillo, donde advirtieron que van a volver a bloquear carreteras el 9 de diciembre si el delegado Iván Hernández Díaz no los atiende.
“Estamos pidiéndole al delegado del Bienestar para pedirle el apoyo para que nos cense, queremos que nos resuelva a la gente que ha faltado, ya no queremos más mentiras, sabemos que hay recursos para daños para desastres naturales”, expuso uno de los comisarios.
“Los comisarios tenemos las mismas demandas, si no es posible que nos resuelvan entonces tenemos que volver a bajar a protestar”, advirtió el poblador.
Por su parte el comisario de la localidad de Los Laureles, municipio de San Miguel Totolapan dijo que tiene “15 días de que bajaron al plantón en la Y Griega (en Atoyac) y no habido alguna solución, ya son 15 días y los pobladores nos piden alguna información, no ha habido respuesta de las autoridades y ya se tomó el acuerdo aquí con los comisarios que se les va dar de aquí al 9 de diciembre, si no vamos a tener que bajar de nuevo”.
Vía telefónica uno de los pobladores informó que han intentado marcar a los números para ser censados y “siempre está ocupado, nunca contestan”.
Mencionó que el delegado realmente no tiene interés en resolver el problema y la gente, “ya está inquieta, porque también exigen respuestas, ya van a ser dos meses del huracán y ya hasta va terminar el año, necesitamos que censen a las personas que faltaron”.
Los pobladores bloquearon hace dos semanas por tres días la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de Atoyac, pero fueron desalojados por amenaza de supuestos grupos del crimen organizado.
La versión de los damnificados fue que recibieron mensajes de amenazas donde les pedían desalojar antes del anochecer porque “si no iba haber un desmadre”.
Los campesinos perdieron cosechas, viviendas y muchos de sus caminos continúan destrozados a causa del huracán John.
En la reunión acordaron bajar el doble de pobladores para presionar para que sean censados por las autoridades, la vez pasada se juntaron unos 5 mil.
Los manifestantes de Costa Chica que no fueron censados tras el impacto del huracán John, ayer en el plantón frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México Foto: El Sur
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Vecinos de municipios de Costa Chica, que resultaron damnificados por el huracán John y que no fueron censados, regresaron a instalar un plantón en Ciudad de México, con la exigencia de que se reanude el censo del gobierno federal.
Antes, los damnificados hicieron un plantón frente a Palacio Nacional, a mediados de noviembre, para exigir la reanudación del censo y tras el compromiso de que se habría una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Bienestar, decidieron levantar el plantón, pero al no ver respuesta volvieron a instalarse en el zócalo capitalino.
En noviembre fueron cerca de 200 personas las que se instalaron en el zócalo y en esta ocasión son más de 400 los que han llegado de municipios de Costa Chica, como Tecoanapa, Igualapa, Ometepec, Cruz Grande, San Marcos, Copala, Juchitán y Las Vigas.
Los manifestantes salieron desde la noche del martes de sus respectivos municipios y en la madrugada llegaron a Ciudad de México. Hasta la tarde llegaron tres camiones provenientes de Tecoanapa.
Este miércoles, una comitiva de los manifestantes tuvo una reunión con Saúl Martínez, enlace de la Secretaría de Bienestar en la Cámara de Diputados, y a quien se planteó que si en la mañana de este jueves no tenían una respuesta sobre la mesa de trabajo con funcionarios de Bienestar, se tomarían medidas más severas en la protesta, como el cierre de calles.
El representante de San Marcos, Mario Villanueva, indicó que los no censados de Costa Chica buscan el diálogo y llegar a acuerdos, pero que si no se logra la mesa de trabajo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se optará por el cierre de avenidas en la capital del país.
“Hemos buscado evitar la radicalización, pero si no hay otra manera, no nos va a quedar otra alternativa más que cerrar calles, para que nos regresen a ver y realmente vean las afectaciones que tenemos en Costa Chica”, indicó.
Juan Carlos Romero, representante de Copala, indicó que el enlace de Bienestar les dijo que el censo había terminado, pero después les mencionó que no y afirmó que “ni ellos tienen la información precisa”.
Agregó que se habló sobre el ultimátum de bloquear avenidas principales si no se tiene una respuesta sobre su planteamiento de la mesa de trabajo, para la reanudación del censo, y que también habría acciones más duras en Costa Chica, como la reanudación de bloqueos en vialidades.
Remarcó que los manifestantes sólo se retirarán con la reanudación del censo de daños por John en Costa Chica y afirmó que hay funcionarios que engañan, tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como a la secretaria Ariadna Montiel.
integrantes del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlapa de la Secretaría de la Mujer (Semujer) luego de cerrar las instalaciones y colocar pancartas en las que exigieron el pago de sus salarios de siete meses y gastos de operación al gobierno del estado Foto: Carmen González Benicio
Carmen González Benicio
Tlapa
Las trabajadoras y trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres de la Secretaría de la Mujer (Semujer) región Montaña cerraron sus instalaciones, exigen el pago de siete meses de salario y el dinero del gasto operativo del 2024.
Al mediodía el personal colocó pancartas exigiendo un alto a la violencia laboral, institucional y económica de las autoridades estatales, llamando a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que no sólo diga discursos, sino que atienda a la base trabajadora que da el servicio a las mujeres indígenas de la región.
El personal afectado son 16 empleados, entre directivos, administrativos, intendencia, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, quienes aparte tienen que renovar contrato cada seis meses.
La directora del Centro de Justicia, Yuridia Victoria León leyó el pronunciamiento diciendo que se cerraban las instalaciones del Centro por un adeudo de junio a diciembre del programa de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de la Semujer.
Informó que ellas atienden temas de prevención de matrimonio infantil, de violencia y albergue.
Agregó que hacían visible su exigencia porque recién pasó el 25 de noviembre Día de la no violencia y no se les había pagado, lo cual contradice que se atienden los derechos porque en su caso, la violencia la padecen al no tener su salario en tiempo y forma.
Mencionaron que esperaron muchos meses porque estaban siendo solidarias con las afectaciones que dejó el huracán John que el gobierno del estado atendió, pero se enteraron de que todos los apoyos eran del gobierno federal, por lo que cuestionaron qué dónde están los recursos.
Se sumaron a su exigencia representantes de organizaciones como la integrante del Consejo Social de Inmujeres, Soledad Ureiro Bruno, quien pidió a las autoridades que no violen los derechos laborales de quienes atienden de manera directa a las mujeres.
De la organización Francisca Reyes Castellanos, Jaquelina Balbuena llamó a la gobernadora a que se liberen los recursos porque es una petición legítima el pago de sus salarios, y los gastos de operación del inmueble.
Lamentó que las mujeres que apoyan a las mujeres sean víctimas de violencia económica al deberles siete meses de salario.
De la asociación Mujeres de Tlapa, Yuridia Melchor Sánchez pidió a la Secretaría de Finanzas del estado que entreguen la ministración que le corresponde a la Secretaría de la Mujer para que pague.
Y que no haya represalias por exigir su pago y los recursos que necesitan para su operación, para que el Centro de Justicia continúe y no desaparezca.
Familiares de un paciente de la Clínica del ISSSTE denunciaron falta de atención médica que puso en riesgo su salud.
En una llamada a la Redacción, la maestra Adriana Organista García detalló que su padre, Baltazar Organista Sánchez de 67 años de edad, sufrió una caída el sábado y fue internado en la clínica del ISSSTE ubicada en la colonia Burócratas, al sur de la ciudad.
A consecuencia de la caída, Baltazar Organista resultó con una fractura de fémur que requiere de una operación urgente, por lo que fue canalizado a la Ciudad de México, pero hasta ayer en la noche no había sido trasladado por falta de un médico que debía acompañar a la familia en la ambulancia.
“Tuve mucha paciencia sábado, domingo, lunes, martes y hasta hoy (ayer) me están dando la referencia para llevarlo a la Ciudad de México”, puntualizó.
Señaló que el personal de Trabajo Social le indicó que sólo tendría que esperar de 2 a 3 horas para que su padre fuera trasladado en una ambulancia, pero en la unidad debe ir un médico por reglamento.
No obstante, hasta las 9 de la noche “no nos podemos ir, me dice la trabajadora social que a fuerza tiene que haber un médico, pero que no hay médico que se vaya con nosotros”.
“Me preocupa porque mi papá tiene mucho dolor, es diabético, ya lleva muchos días con la fractura, efectivamente le están poniendo medicamento y todo, pero sí me preocupa por el tema de su diabetes”.
Resaltó que también le indicaron que si a las 8:30 de la mañana de este jueves aún no había un médico que pudiera acompañar el traslado, tendría que volver a solicitarlo.
A pregunta expresa, Adriana Organista dijo que el personal de la clínica no le explicó el motivo por el cual no había un médico para concretar el traslado de su padre, “nada más me dicen que no hay médico y que si no hay médico no se puede ir”.
Precisó que el personal de la clínica “no me han tratado mal y han sido muy amables”, pero no le dieron ninguna solución.
Ante las circunstancias, llamó a las autoridades a que atiendan su caso ya que “se supone que es un hospital y, por lo menos, el médico de guardia tiene que estar”.
Pidió una solución, “si yo tengo que contratar un médico que me digan y yo traigo el médico”.
Finalmente, Adriana Organista dijo estar desesperada por la situación de su padre y porque la hoja de traslado es de carácter urgente para que Baltazar Organista sea atendido a la brevedad, pero también “depende mucho de la disponibilidad en las camas” por lo que la familia teme que debido al retraso no se le realice la operación que necesita.
