Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades comunitarias de localidades de municipios de la Costa Chica y Montaña denunciaron el incumplimiento de compromisos asumidos por autoridades de los gobiernos federal y estatal, en materia de salud, carreteras, agua potable y construcción de escuelas.
En un comunicado enviado ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reprochan el “racismo” con que los tratan, la desatención, el abandono y la marginación a sus comunidades.
Firman el documento autoridades comunitarias de la Costa Chica y Montaña que pertenecen al Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Destacan que hace tres años solicitaron una ambulancia para la comunidad de Buenavista y que existe una minuta firmada, “pero hasta la fecha nuestras comunidades siguen sin ambulancia y enfrentando emergencias sin atención”.
Además, recriminan la falta de medicamentos, médicos y personal de salud, “con lo que se pone en riesgo la vida de nuestra gente; nuestras mujeres embarazadas, nuestros abuelitos y abuelitas, así como nuestros hijos e hijas, quienes sufren por la falta de servicios médicos”.
Otra demanda incumplida es la terminación de la rehabilitación de la carretera que va de San Luis Acatlán a la comunidad de Maxmadi, pasando por los pueblos de Yoloxóchitl y Cuanacaxtitlán.
También, la elaboración del estudio técnico para la recarpetación de la carretera de Pueblo Hidalgo a Buenavista. Además de la obra de agua potable en la segunda localidad.
Asimismo, la inauguración del hospital de Buenavista, un puente en Zoyatlán, la construcción de escuelas, bachilleres y universidades, “y muchas obras prometidas para al desarrollo integral de nuestros pueblos que, hasta el día de hoy, siguen sin cumplirse por parte de las autoridades municipales y estatales”, reprochan en su escrito de fecha 5 de junio.
Señalan que el derecho a los servicios básicos que tienen los pueblos de esa región del estado, es violado “por el racismo, pues consideran que porque vivimos lejos de las ciudades nuestras vidas valen menos”.
Advierten que “a pesar del racismo, seguimos de pie defendiendo nuestra dignidad”, y anunciaron que para exigir la solución a sus demandas, el 10 de junio próximo van a bloquear el puente de Marquelia, “hasta que nos entreguen la ambulancia y atiendan las demandas de nuestras comunidades”.
Las autoridades agrupadas en el Cipog-EZ, que dirige Jesús Plácido Galindo, informaron que la movilización de ese día será también en solidaridad con los maestros de Guerrero y de México, que “luchan por sus derechos y por una educación de calidad para nuestros hijos e hijas”.
Piden a la presidenta de la Republica Claudia Sheinbaum Pardo, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que atiendan sus demandas “y no permitan que nuestras comunidades sigan en esta condición de marginación y abandono”.

Alejandro Guerrero

Iguala

Durante una inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la gasolinera clausurada el martes junto al periférico Sur de esta ciudad, se determinó que son tres pozos de agua contaminados con combustible, por lo que se inició una carpeta de investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) y se pidió la intervención de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para las investigaciones y alcances del daño ecológico.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un recorrido de inspección a las 11 de la mañana de este viernes, tanto en la gasolinera que fue clausurada por operar de forma irregular sin Licencia Comercial, como en propiedades colindantes en la colonia Los Mangos.
Durante el recorrido hubo vigilancia de soldados del Ejército y de las policías Estatal y Municipal, y no se permitió el ingreso de la prensa a las áreas supervisadas, presuntamente por protocolos de seguridad.
En declaraciones a reporteros al concluir el recorrido, el inspector de la Profepa en Guerrero, Ventura Nandy Pascasio confirmó que son tres los pozos de agua contaminados con combustible, los dos de los que se informó el lunes, uno en una casa y otro en un negocio de paquetería, así como otro que es de la misma gasolinera. Los tres pozos colindan con los depósitos de almacenamiento de gasolina.
Dijo que otra irregularidad con la que operaba este negocio es que no funcionaban sus sensores encargados de detectar fugas de los depósitos de almacenamiento de gasolina.
Declaró que debido a que los pozos no tenían agua se cree que el manto acuífero de la zona ya está seco, y lo que se tiene a la vista dentro de esos pozos artesianos es que tienen combustible almacenado debido a una probable fuga o filtración de uno de los tanques de almacenamiento.
Informó que la Fiscalía General de la República ya tiene abierta una carpeta de investigación, y a partir de esta visita de verificación la Pofepa levantó un acta y pidió la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realice las investigaciones y la posible filtración del combustible de los depósitos.
En esta investigación, dijo, habrá una coordinación entre la ASEA, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), FGR y Profepa para determinar la situación, los daños y la posible sanción económica a la empresa responsable en caso de confirmar la filtración de combustible, lo cual las autoridades que han hecho las supervisiones no han querido confirmar y esperan que se hagan los estudios necesarios para determinar si es de los depósitos de esta empresa.
Advirtió que, en caso de responsabilidad, la misma empresa y dueños de la gasolinería asumirá los costos del daño ecológico de esa zona, retirar todo lo contaminado en el suelo, remover las capas que estén impregnados del combustible y hacer el tratamiento especial, así como la limpieza total de los pozos contaminados.
Indicó que para volver a operar, la gasolinera deberá reparar los depósitos de almacenamiento en caso de fuga, el daño ambiental, cumplir con norma, y con las sanciones económicas de las que podría ser acreedora.
En esta visita, en la que se observó que la gasolinera sigue clausurada y las propiedades donde están los dos pozos acordonadas con vigilancia de la Policía Municipal, agentes de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal y municipal, rociaron al pozo ubicado en la gasolinería espuma especial para la concentración de gases para reducir el riesgo de incendio o explosión, medida que ya se había hecho con los otros dos pozos.

Este viernes llegaron más de 200 toneladas de fertilizante a Coyuca de Catalán para repartir entre campesinos que faltaban por recibir los paquetes gratuitos, en comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán.
A las bodegas de Coyuca de Catalán arribaron los camiones pesados y se convocó a las poblaciones de la parte serrana que faltaban por recibir el apoyo, que debió de haberse entregado desde el mes de abril.
Acudieron campesinos para recibir los paquetes del fertilizante de poblaciones de la parte baja de la sierra, quienes informaron que aún hay acceso en los caminos, pues con las lluvias llegan a bloquearse.
En las comunidades rurales cercanas a la cabecera municipal prácticamente se ha terminado de entregar el fertilizante.
Coyuca de Catalán es de los municipios más amplios en la entrega de este programa, y cada año ha tenido retrasos debido a las lejanas distancias del territorio.
Sin embargo, los campesinos confirmaron que el fertilizante llegó a tiempo para ellos, considerando que apenas están comenzando las lluvias y esto les permite preparar la siembra que todavía no han iniciado, ante la irregularidad de las lluvias.
Informaron que algunos arroyos ya tomaron agua con las primeras precipitaciones, y esto les permite tener un remanente para poder llevar agua hasta sus terrenos en caso de que falte. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Carmen González Benicio

Tlapa

Vecinos de la comunidad de Ocoapa, municipio de Copanatoyac, denunciaron atrasos en la pavimentación de su carretera.
El gestor Gilberto Espinoza Refugio informó que la obra va para siete meses y le hacen falta cunetas, muros, asfalto y señalamientos, cuando estaba prevista para entregarla a lo mucho en cuatro, porque son 980 metros.
Mencionó que el banderazo de arranque fue el 3 de diciembre de 2025 cuando llegó la empresa Grupo Gelgar y el responsable les dio esa información de la ampliación, pavimentación y modernización del tramo Crucero de Santa Cruz, Ocotepec, Xaltemec en una primera etapa hasta llegar a Ocoapa.
Pidió al titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González que haga que la empresa cumpla con lo establecido, porque ya se tardaron y las lluvias comenzaron.
Dijo que los pobladores están dispuestos a manifestarse, pero primero hacen el llamado a la CICAEG y a la empresa responsable.
El pasado tres de diciembre de 2025, el gobierno del estado difundió una inversión cercana a los 9 millones de pesos en la pavimentación del camino entronque carretero Tlapa-Marquelia-Santa Cruz- Ocoapa en su primera etapa, como parte del programa Año de las Obras que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con un beneficio para 2 mil habitantes, principalmente de las comunidades de Santa Cruz y Ocoapa.
En el banderazo de arranque, estuvo el titular de CICAEG quien dijo que era para mejorar la conectividad, fortalecer la economía local y llevar más bienestar a la Montaña.
Vega González explicó que era una primera etapa con un kilómetro de camino aproximado para mejorar el suministro oportuno de bienes de consumo, facilitar la comercialización de productos agrícolas y contribuir a reducir los rezagos en materia de educación, salud, seguridad pública y bienestar social.
Agregó que los trabajos incluían desmontes, despalmes, excavaciones de cortes, construcción de terraplenes, obras de drenaje, zampeados de mampostería, alcantarillas con concreto reforzado, cunetas, lavaderos, bordillos de concreto hidráulico, riego de impregnación, carpeta asfáltica con mezcla en caliente, señalamiento vial, dispositivos de seguridad y medidas de mitigación de impacto ambiental.
En esa ocasión estuvieron los comisarios de Ocoapa, Marcelo Velázquez de los Santos; de Santa Cruz Odilón Moreno de la Cruz; de Ocotepec Delfino Reyes Solano; de Tlacotepec Celestino Albino Gallardo, el delegado de Ocotillo, Jaime Gallardo Solano y el gestor Gilberto Espinoza Refugio, quienes celebraron que después de años de gestión y abandono el gobierno los atendiera.

Este viernes casi a las 3 de la tarde se registró un temblor de magnitud 5.2 con epicentro a 27 kilómetros al oeste de Ometepec, en la Costa Chica del estado, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
No obstante la intensidad del movimiento que se sintió varios segundos en Chilpancingo, no se activó la alarma sísmica.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no reportó daños o afectaciones en Guerrero.
Indicó en un boletín que el movimiento telúrico se percibió de moderado a fuerte en municipios de la región Costa Chica y de ligero a moderado en Acapulco y en la región Centro.
Añadió que personal operativo de la institución realizó recorridos preventivos para descartar afectaciones y riesgos para la población, y se estableció comunicación telefónica con las autoridades locales cercanas al epicentro, quienes de manera preliminar informaron que no se registraron daños.
En algunas oficinas de Chilpancingo, personal y visitantes salieron del edificio, como en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En las Costas, según autoridades locales, se percibió ligero pese a estar cerca del epicentro. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

El coordinador estatal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turisticos, Alejandro Martínez Sidney, consideró que la movilización de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) son una “extorsión al gobierno” y pidió a las autoridades que se aplique la ley.
Antes de una conferencia de prensa este viernes, para hablar sobre las acciones que lleva a cabo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Acapulco, el empresario dijo que estas protestas de los maestros representan una afectación directa a la ciudadanía y al desarrollo económico de la entidad.
“Es una extorsión a los gobiernos y tratan de secuestrar a la ciudadanía para sacar un bien personal, un bien a su organización. Pero es obvio que es una confrontación y una amenaza, acciones que van contra la actividad más importante, que es el turismo. Condenamos estos actos que a leguas se ve que son una extorsión”, dijo.
Martínez Sidney lamentó que ante la próximidad del mundial de fútbol “tengamos estos grupos radicales por todo México, dispersados, chantajeando, extorsionando al gobierno y le solicitamos al secretario de Seguridad, Omar García Harfutch; a los secretarios de la Defensa y de la Marina y los gobernadores, que apliquen la ley”.
“Esto no puede seguir de esta manera, porque tenemos reservaciones, tenemos un gran evento de consumo y habrá una derrama muy importante para el turismo y Acapulco es uno de los destinos que está esperando este evento. No podemos seguir manteniendo a estos maestros, que sólo tratan de sacar prebendas ante una situación importante”, precisó.
Agregó que estas acciones generan afectaciones a miles de ciudadanos, que a diario requieren transitar por las principales vialidades, además de perjudicar la imagen del destino turístico, en momentos importantes para la economía local. Por ello, llamó a las autoridades para que se aplique la ley y se garantice el libre tránsito. (Aurora Harrison).

Normalistas de Arcelia se manifestaron este viernes afuera de su plantel y tomaron el edificio de la normal para sumarse a las protestas que realizan otras escuelas que exigen que el gobierno estatal respete un acuerdo de darles material educativo y uniformes.
Unos 150 estudiantes de la normal de Arcelia, colocaron cartulinas de protesta afuera de las instalaciones y se manifestaron para expresar su inconformidad, porque no les han entregado los apoyos que habían acordado con el gobierno estatal.
Los estudiantes informaron que la protesta es para sumar fuerzas con otras instituciones educativas de la entidad, que forman parte de la mesa de negociación, en donde se pactó que desde el pasado 3 de junio les harían llegar los materiales y uniformes.
Además, dijeron que no ha llegado el dinero correspondiente y que este viernes pedían que el gobierno estatal se volviera a sentar con ellos, que les dieran una respuesta acerca del acuerdo que ya estaba firmado, pero que no se cumplió.
Los estudiantes de la normal de Arcelia no sólo provienen de este municipio, sino que hay alumnos provenientes del Estado de México.
Dijeron que la protesta será permanente, para exigir que el gobierno estatal le resuelva pronto la entrega de materiales y uniformes. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El Consejo Universitario aprobó la expulsión de un trabajador administrativo de la Facultad de Derecho de Acapulco que pidió dinero a estudiantes a cambio de expedir certificados y títulos.
Durante este viernes se realizó una sesión extraordinaria virtual, a la que asistieron 172 consejeros, presidida por el rector Javier Saldaña Almazán, quien informó que hay una investigación abierta en contra de trabajadores de Servicios Escolares que “alteraban y vendían certificados”.
En la sesión, el coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Valencia Gutiérrez, explicó que las egresadas de la Facultad de Derecho de Acapulco, Karla “N”, Guadalupe “N” y Brenda “N” denunciaron ante la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Zona Sur “presuntas irregularidades” atribuidas al responsable del área de Control Escolar, Ángel “N”.
Luego de una investigación “se comprobó que el trabajador recibió cantidades de dinero provenientes de las alumnas y egresadas, para la realización de trámites institucionales relacionados con certificados, títulos y titulación expedita”.
También determinó la terminación de la relación laboral con los efectos legales que corresponden en la normativa universitaria. Añadió que Ángel “N” fue notificado de la resolución jurídica “de manera personal”, por lo que pidió al Consejo Universitario ratificar su expulsión, la cual se aprobó por unanimidad.
El rector dijo que no se trata de un tema sólo de Ángel “N”, pero la ventaja de que ahora los trámites sean digitales es que se pueden detectar las irregularidades.
Reveló que hay más de 200 documentos legales, pero se recibió dinero de los estudiantes a cambio de realizar los procesos administrativos, por lo que se les da seguimiento a “muchos casos” de la administración del ex rector José Alfredo Romero Olea y la anterior, del propio Javier Saldaña.
“Está en curso una investigación porque se alteraban y se vendían certificados”, subrayó. Además, en el área de salud había estudiantes con materias reprobadas, pero los trabajadores de Servicios Escolares “los pasaban y los titulaban o les alteraban la calificación, y ese proceso está pendiente”.
Advirtió que si algún funcionario comete un error, como rector es su facultad y su obligación “suspenderlo y sancionarlo”, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y al marco legal vigente de la UAG.
El rector también destacó que se mantiene la prohibición de las clausuras, sin embargo, si los estudiantes y maestros quieren hacer una ceremonia, que la hagan, “pero no con recursos de la universidad”.
El Consejo Universitario también aprobó que la Preparatoria 31, con sede en Huamuxtitlán, lleve el nombre de su asesor, José Fernando Jiménez Medina; mientras que el Campus de Costa Chica, ubicado en Cruz Grande, llevará el nombre del luchador social Bertoldo Martínez Cruz, quien falleció en mayo de 2016.
Javier Saldaña se refirió a Fernando Jiménez y a Bertoldo Martínez como “los mejores hombres que he conocido en mi vida”.
Puntualizó que Bertoldo Martínez “nunca pidió nada para él, siempre para los chavos, siempre para los pueblos, siempre para los demás. Nunca se agandalló de su posición social, es de los que, la verdad, valen oro esos hombres”.
Además rindieron protesta los consejos de las unidades académicas que resultaron electos para el periodo 2026-2028, también se aprobaron actualizaciones de programas de estudios y la creación del doctorado en Pedagogías Críticas, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras; la maestría en Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho, y la maestría en Economía en el Sector Público, en la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros.

Karina Contreras

El secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, dijo que las reuniones que sostuvo la dependencia con Jesús Zamora Cervantes, quien era asesor jurídico del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, fueron “institucionales”.
En breves declaraciones al terminar la conferencia de la presentación de la Estrategia Mundialista para Guerrero, en el hotel Emporio, el secretario dijo que la detención de los líderes de playas señalados de extorsión es una “situación muy delicada que ya las autoriades federales en materia de seguridad están atendiendo y ellos nos van a dar la información etapa por etapa del desarrollo de este proceso”.
El funcionario subrayó que serán las autoridades las que irán informando el mismo desarrollo de la investigación.
Quiñones Orozco precisó que el contacto que se tenía con los líderes detenidos del Frente desde la Secretaría de Turismo y todas las autoridades era una relación institucional.
“Los que teníamos contacto, era una relación institucional, ellos hacían gestiones del gremio que decían representar y, bueno, nosotros estábamos tratando de atender y resolver la problemática que se nos presentaba. Todas fueron reuniones institucionales”, subrayó el secretario a la pregunta de las reuniones con Zamora Cervantes.
Aseguró que la Sectur estatal no ha tenido “ninguna acusación formal” de extorsión.
Pidió esperar que las “autoridades correspondientes en materia de seguridad emitan todo lo que proceso irá mostrando e informando”.
Mientras el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, sobre la detención de Jesús Zamora Cervantes dijo que la ley se cumple.
Indicó que él no sabe si son culpables o inocentes los detenidos, pero agradece que la ley se cumpla y se respete el Estado de derecho, pero “lo más importante es que todo sea conforme a la ley”.
El hotelero consideró que las autoridades están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien y “yo no puedo juzgar si está bien o mal lo que pasó, pero por algo está la gente detenida”.
Como informó El Sur el miércoles, 11 personas fueron detenidas, entre ellas Jesús Zamora, acusados de extorsión a prestadores de servicios turísticos en las playas de Acapulco.

Reconocen cámaras al gobierno federal por las detenciones

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco reconocieron al gobierno federal por la detención de 11 personas señaladas de actividades de extorsión.
En un comunicado de prensa señalaron que la extorsión a los negocios y empresas familiares asfixia la economía local y genera un clima de inseguridad que afecta al turismo y a la prestación de servicios.
Y manifestaron su respaldo a las Secretaría de Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana por la operación que derivó en la detención de 11 personas, entre ellas los líderes del Frente de Defensa de Zona Federal Marítimo Terrestre, Jesús Zamora Cervantes y Arturo Pantoja Guatemala y nueve más.
“Desde el sector comercio, servicios y turismo reiteramos que la seguridad, la legalidad y el Estado de Derecho son condiciones indispensables para proteger a las empresas, a los negocios familiares, a las personas trabajadoras, a los visitantes y a la vida económica de Acapulco”, precisó el comunicado.
Agregó que confian en que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones con estricto apego a la ley.
Y señalan que “refrendan su disposición al diálogo institucional y a la coordinación responsable con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la paz social, la confianza ciudadana y las condiciones que permitan el desarrollo económico y turístico del puerto”, abundó. (Aurora Harrison).