Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas al oeste, centro y este de Guerrero, y temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas.
En el pronóstico general informó que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, canales de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad en altura y el ingreso de humedad, mantendrán el temporal de lluvias en la mayor parte del territorio nacional.
Asimismo continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de México; prevaleciendo la onda de calor al sur de Baja California Sur, en el suroeste de Chihuahua, al noroeste de Durango, en el centro y sur de Sinaloa, en el centro, sur y suroeste de Jalisco, al noroeste y este de Colima, así como en el centro, sur y sureste de Guerrero.
Ratificó que el SMN monitorea el posible desarrollo de una zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas a principios de la próxima semana.
Detalló que se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas que mantiene 50 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días, así como la formación de otra zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán que ayer en la tarde aumentó a 30 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Ayer en la carretera federal de Ciudad Altamirano a Arcelia comenzaron los trabajos de rehabilitación este miércoles, con maquinaria pesada y trabajadores que realizan labores de limpieza en los costados, con brigadas que laboran en tres municipios, pero no hubo un banderazo de inicio, como se esperaba.
El subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros anunció en su visita a Ciudad Altamirano el pasado miércoles, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estaría en Altamirano el pasado martes 2 de junio para dar el banderazo de inicio de la obra.
Según reportes de los municipios, la gobernadora canceló de último momento su visita a la región Tierra Caliente, así que las actividades del banderazo fueron canceladas hasta nuevo aviso.
No hubo acto protocolario para esta obra. Todavía se espera que haya algún anuncio del gobierno estatal, para el arranque de la obra de manera formal, la cual se espera que tenga una inversión de 300 millones.
Además de que se esperaba que se anunciaran de manera formal los detalles de la obra, que es la misma gente ha estado preguntando, luego de que se anunció que se realizaría una rehabilitación por tramos.
En los tres campamentos que se establecieron entre los 50 kilómetros que se van a atender, está llegando material pétreo para trabajar con el asfalto.
El mal estado de la carretera federal 51 cuenta con zonas donde prácticamente ya desapareció el asfalto.
Además hay trabajos de rehabilitación entre el pueblo de Poliutla y Arcelia, en donde arreglaron 100 metros de un carril, mientras que el otro lo dejaron sin atender, con baches y en las mismas condiciones, lo que ha provocado accidentes cuando algunos conductores cambian de carril buscando el mejor lugar para avanzar, lo que es común. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

En julio comenzará el desarrollo de 44 kilómetros de “trenes de caminos rurales” en Guerrero, se espera que se concluyan las obras en octubre, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina indicó que el trabajo de maquinaria y una cuadrilla de trabajadores, a lo que llama “trenes”, es para rehabilitación, obras complementarias y protección de la superficie.
“Aquí lo que se hace es estabilizar lo que son la base con cal, con diferentes tratamientos que estamos dando, ya sea fresado, riegos de emulsión. Y estamos inclusive incorporando y haciendo pruebas con sargazo”, dijo.
En lo correspondiente a los caminos artesanales el secretario mostró que Guerrero tiene 83 caminos ya realizados, mientras que en el segundo semestre del año, de junio a diciembre, se tiene proyectado que se construyan 123 caminos más en el estado.
Del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en la región Centro que corresponde a Guerrero, Esteva indicó que se intervienen los tramos de Iguala a Ciudad Altamirano, Tierra Colorada a Cruz Grande y el de Tlalpan-Cuernavaca-Chilpancingo-Acapulco.
De igual forma el secretario añadió que entre las localidades beneficiadas que se encuentran en Guerrero como parte del Programa federal, están Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ometepec y Zihuatanejo. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Ejidatarios de San Luis Acatlán pidieron al gobierno del estado desactivar un conflicto agrario con la compra de 12 hectáreas de un terreno.
Integrantes del comité de gestión de San Marcos Tuxtepec, encabezados por Victorino García Ricardo, se reunieron ayer al mediodía con el subsecretario de asuntos agrarios de la Secretaría General del gobierno, el ex priista y ex alcalde de Chilapa, Gustavo Miranda González.
Los ejidatarios piden que las autoridades estatales definan los linderos y paguen 12 hectáreas que están en conflicto desde 2018.
A los comuneros no se les dio ninguna solución. Firmaron con las autoridades un acuerdo donde los ejidatarios se comprometieron a presentar las actas de asamblea de los ejidos, para que sean responsables de las negociaciones.
Victorino García, presidente del comité de gestión de los bienes comunales de Jolotichán, municipio de San Luis Acatlán, informó que el conflicto agrario viene desde mayo de 2018, cuando adquirieron un terreno por compraventa al señor Leonardo Morales Luna.
“El ejido Jolotichán y los pequeños propietarios se han confrontado por la indefinición de sus linderos y la posesión de una superficie de 12 hectáreas”, contó.
Los comuneros piden de manera equitativa siete hectáreas para Jolotichán y cinco para Tuxtepec.
Además de que el gobierno del estado les pagué como se comprometió hace más de un año de 5.5 millones de pesos por la compra venta del terreno.
“Es el compromiso con el gobierno del estado, 5.5 millones de pesos, comprometido de manera proporcional. Hace más de un año que no han liberado el recurso y no dan el finiquito a San Marcos Huiztepec”, dijo el presidente del comité de gestión.
“No quedamos claro si se va a liberar el recurso. Eso nos obliga a tomar carreteras y oficinas, a movilizarnos”, advirtió. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ejidatarios del municipio Ñu Saavi, con cabecera en Coapinola, denunciaron ayer mediante oficios enviados a dependencias de los gobiernos federal y estatal la deforestación de una empresa maderera con la autorización de autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
Por separado, el dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, declaró en conferencia de prensa que son 10 camiones cargados de madera en rollo los que bajan diariamente de esa zona indígena.
Los pobladores informaron en documentos que “la tala inmoderada” se realiza desde hace un mes en el ejido de La Concordia, y no saben si lo hacen sin los permisos correspondientes de las dependencias estatales y federales, pero están seguros de que las dependencias están tolerando el corte de árboles, sobre todo de pino.
Denunciaron que el corte de los árboles se focaliza principalmente en la zona de Quiahuitepec, situación que ha generado inquietud por las posibles afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales de la comunidad, advierten en su escrito.
Según los reportes de los pobladores, la extracción de recursos forestales en el área representa un riesgo para el equilibrio ecológico de la región, además de impactar negativamente en la conservación de los manantiales.
Ante esta situación solicitaron la intervención de las autoridades de los gobiernos federal y estatal para que se realicen las inspecciones correspondientes, y se determine si las actividades de corte de árboles cumplen con la normatividad ambiental y agraria vigente.
También hicieron un llamado al comisariado del núcleo agrario de La Concordia, Carmelo García Narciso, para que contribuya al esclarecimiento de los hechos y se garantice la protección de los recursos forestales de la comunidad.
Los ciudadanos pidieron mediante oficios a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley.
Expusieron que la conservación de los bosques y ecosistemas de la región constituye una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, “ya que de ellos depende la preservación de las fuentes de agua, la estabilidad ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”.
Reprocharon que a pesar de las denuncias que han hecho las autoridades federales y estatales no han intervenido y tampoco emitido un posicionamiento oficial, sobre los señalamientos de los habitantes de la zona y la extracción de madera continúa.

¿Por qué la CRAC de El Paraíso no actúa en contra de la tala?

Consultado por separado ayer, después de una conferencia de prensa en Chilpancingo donde denunció el asesinato de un campesino en Acapulco y el intento por despojar a sus familiares de sus tierras, el dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP) que opera en Ayutla, Hoguer Morales Miranda, denunció que son aproximadamente 10 camiones cargados de madera en rollo los que diariamente bajan de comunidades de ese municipio.
“La tala inmoderada de árboles no es nuevo, como FNLP lo hemos denunciado desde hace varios años, primero en Coapinola, pero ahora se está dando en los Bienes Comunales de La Concordia, donde se está extrayendo muchísima madera, hay, aproximadamente 10 carros que salen con madera de ese núcleo agrario”, insistió.
Cuestionó, ¿por qué la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso no actúa en contra de la empresa que extrae grandes cantidades de madera, pero sí lo hace en contra de campesinos humildes cuando bajan leña, barrotes, tablas o viguetas para venderlas por la necesidad económica?.
Denunció que “a estos sí les quita la madera, les recoge el vehículo y les impone una multa”, e insistió en que por qué no hace lo mismo con la empresa maderera que extrae grandes cantidades.
Igual cuestionó a las autoridades del municipio de Ñu Saavi, al que corresponde la comunidad de La Concordia en donde se está deforestando la zona.
“No entendemos por qué no se actúa en contra de esta empresa maderera que está talando de manera irracional los árboles”.
Dijo que no se sabe si el empresario maderero cuenta con el permiso correspondiente de la Secretaria del Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero sí, están seguros, que cuenta con la autorización de las autoridades del núcleo agrario.

 

Autoridades del Tribunal Agrario realizaron una nueva diligencia en el predio conocido como La Impulsora, en el municipio de Copala, para desalojar a los ocupantes del terreno.
El intento de desalojo se realizó al medio día pero los vecinos no fueron expulsados. Llegaron tres o cuatro patrullas de la Policía Estatal, la actuaria del Tribunal y la presidenta del Comisariado del ejido de Copala.
De acuerdo con el vecino Constantino Ramírez Parra, quien es representante del campamento, la actuaria que acudió buscó que firmaran un documento para la entrega de las 35 hectáreas, pero los ocupantes se negaron a firmar y sólo hubo el acuerdo de que se van a reunir en la oficina del Comisariado, pero no hay una fecha fijada.
Contó que son siete veces que se intenta hacer el desalojo, en esta ocasión, abundó, la Comisariada, de quien no sabe el nombre “se puso muy grosera” y la actuaria “se metió a la brava”, los vecinos reclamaron que no recibieron notificación del desalojo.
Agregó que hubo forcejeos pero la Policía Estatal no intervino porque los vecinos no respondieron a las agresiones, Constantino Ramírez dijo que a él lo tomó del cuello la presidenta del Comisariado.
En la diligencia contó que le dijo a la actuaria del Tribunal Unitario Agrario que busque diálogo, no ña fuerza pública “no somos bandidos, somos gente campesina si las tierras las tomamos las tomamos para trabajarlas y lo estamos haciendo pacíficamente, para el sustento de nuestras familias”.
“Nosotros estamos conscientes de todo, siempre hemos estado conscientes de ceder cinco hectáreas para las escuelas”.
El ejido añadió que quiere las 36 hectáreas y por eso les dijeron que las tierras no se las van a entregar, “las tierras son de quien las trabaja” y que están dispuestos a defenderlas “hasta los extremos mas malos”.
La diligencia duró una hora y media, y al final la actuaria y la presidenta del Comisariado se retiraron con el compromiso de buscar una conciliación con el ejido.
El asentamiento conocido como La impulsora es una comunidad en la que habitan 68 familias que tomaron 35 hectáreas del ejido de Copala desde hace 29 años. El predio estuvo en litigio con los ejidatarios pero el 28 de junio de 2018 hubo un fallo del Tribunal Agrario 41 que le dio la razón al ejido de Copala.
El asentamiento se llama La Impulsora porque en ese lugar se instaló la paraestatal Impulsora Guerrerense del Cocotero en 1972.
En La Impulsora viven 68 familias, 15 de ellas amuzgas, todas campesinas que ocupan las tierras para trabajarlas y vivir de lo que siembran. (Daniel Velazquez).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso del Estado suspendió la sesión ordinaria programada para este miércoles, por temor a las protestas que mantiene la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) como parte de su paro nacional contra la Ley del ISSSTE de 2007.
La suspensión de esta sesión, más no de las labores administrativas del Poder Legislativo, ocurren después de que el martes un grupo de agremiados en la CETEG irrumpió en el estacionamiento del Congreso local, donde rompió los vidrios y cristales de 12 vehículos estacionados.
A las 10 de la mañana, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por el diputado Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, emitió un oficio donde informó que la sesión, programada para hoy a las 11 de la mañana, fue pospuesta para el próximo martes.
“Se les informa que, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la sesión convocada para el día de hoy, 3 de junio del año en curso, se difiere para el día martes 9 de junio de 2026, en punto de las 11 horas, en el salón de plenos Primer Congreso de Anáhuac de este Poder Legislativo”, se lee en el documento emitido por la mañana y firmado por Carabias Icaza.
Aunque el documento no explica los motivos de la suspensión, fuentes legislativas indicaron que la decisión se tomó como precaución ante las movilizaciones de los maestros de la CETEG, que continúan con su jornada de lucha para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, de la reforma educativa, del Usicamm y piden un aumento salarial del 100 por ciento.
A pesar de que la sesión se pospuso, las labores no fueron suspendidas, por lo que los trabajadores administrativos están laborando de manera normal.
De acuerdo con fuentes legislativas, de los cinco autos de los diputados que fueron agredidos, unos pertenecen al diputado local Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Marisol Bazán Fernández y Erika Isabel Guillén Román.
El vehículo de Sandoval Ballesteros es una camioneta Volkswagen Tiguan, la de Bazán Fernández un automóvil Kia K3, un Volkswagen Passat de una trabajadora del área de comunicación y dos más, que eran propiedad del Congreso, mientras que del resto de autos aún no hacen pública la información, porque continuaban las labores de levantamiento de actas.

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Durante una gira de trabajo por la región Costa Grande, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tuvo un encuentro en Petatlán con maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), con quienes dialogó y escuchó sus planteamientos en un ambiente de respeto y de interés por atender sus demandas, según informó el gobierno del estado.
A través de un comunicado oficial, la mandataria estatal reiteró su disposición de mantener abiertos los canales de comunicación y destacó que en Guerrero se seguirá apostando por la construcción de acuerdos mediante mesas de trabajo. Afirmó que su administración continuará siendo un puente para que las peticiones del magisterio sean escuchadas y canalizadas ante las instancias federales correspondientes.
Consultado sobre este acercamiento, el representante de la Comisión Política de la CETEG en Costa Grande, Manuel Salvador Rosas Zúñiga, aclaró que la fracción que él representa no estuvo presente en este encuentro con la gobernadora, explicando que obedece a las diversas representaciones que coexisten dentro del magisterio disidente.
Al ser cuestionado sobre si su fracción se deslindaba de los compañeros que abordaron a la mandataria estatal en Petatlán, el dirigente rechazó usar ese término.
“Deslindarnos sería un acto cobarde cuando se está en el movimiento. Más bien nosotros respetamos a los compañeros que lo hayan hecho, respetamos, y pues hay que reconocer que cada quien tiene sus propias ideas y su forma de actuar. Lo que sí puedo es aclarar, no deslindarme, pero sí aclarar que no fue la representación a la que nosotros pertenecemos”, puntualizó.
A pregunta sobre la corriente a la que pertenecen, Rosas Zúñiga detalló que desde 2015 vienen arrastrando un conflicto dentro de la CETEG. Explicó que en la actualidad coordinan una representación que mantiene una Comisión Política en Costa Grande encabezada por él; en la región Acapulco, representada por Walter Añorve Rodríguez; en coordinación con otras expresiones de las regiones Norte y Centro, en la capital del estado.
Subrayó que para esta ala de la CETEG, el enfoque actual debe estar centralizado en Ciudad de México, por lo que determinaron no buscar una audiencia local, “pusimos a debate el buscar, el tocar la puerta con la gobernadora ahorita que venía, pero ¿de qué nos podría servir cuando es un tema nacional? Quedarnos aquí atorados en el estado significa perder el tiempo y perder la oportunidad del movimiento central”, argumentó.
Más adelante, el dirigente magisterial informó que este mismo miércoles por la tarde tendrían una reunión con los representantes de la coordinadora, para determinar mediante una consulta a las bases, si el paro indefinido de labores en Zihuatanejo se iniciará a partir del próximo lunes o si esperarán un poco más, con el fin de avanzar de manera coordinada y en unidad.
Rosas Zúñiga lanzó un llamado a la presidenta, para que cumpla las promesas de campaña empeñadas con el magisterio nacional, advirtiendo que el conflicto podría escalar en caso de no haber una intervención inmediata.
Recordó que el pasado lunes estuvo en la capital del país, donde constató lo que calificó como “uso excesivo de la fuerza” en contra de los docentes, desde el primer día en que decidieron iniciar su movilización, un actuar que comparó con administraciones de otros partidos en el pasado.
El representante de la CETEG pidió la comprensión de la sociedad civil, llamó a las bases a mantenerse en alerta para continuar fortaleciendo el plantón nacional y las próximas jornadas de lucha.

Alejandro Guerrero

Iguala

Maestros y trabajadores administrativos se sumaron al paro de los alumnos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) y a la toma del plantel y ayer por la mañana se manifestaron en las oficinas de la Dirección General donde entregaron su pliego al director Luis Arturo Bello Pérez, de quien piden su destitución junto con otros directivos y jefes de área.
Luego de encontrar cerradas las oficinas y la resistencia de ser atendidos, el funcionario en cuestión salió para recibir el pliego de exigencias, ofreciendo que va a analizar y documentar las peticiones, “a ver qué es lo que solicitan”, les dijo a tres días de la toma de la escuela.
El paro general y suspensión de clases de los cerca de 300 estudiantes de las carreras de Fitotecnia y Zootecnia, inició la mañana del lunes y continuaba hasta anoche.
Exigen la destitución del director General del Csaegro, Luis Arturo Bello Pérez; la encargada de la dirección de la escuela, Maricela Apaez Barrios; el jefe de Campo, Francisco Díaz Najera; el encargado del Laboratorio de Zootecnia, Jairo Apaez Barrios, y los encargados de Servicios Generales, Domingo Torres Cruz y Ricardo Sánchez Cruz.
Los jóvenes y trabajadores han denunciado hostigamiento laboral, acoso, nepotismo y amenazas; así como un saqueo de la institución, extracción e introducción irregular de ganado; venta clandestina de insumos de la escuela como leche, sorgo, vacas, chivos y tamarindo. También el uso de maquinaria oficial y diésel para el beneficio de particulares, en terrenos privados, por lo que demandan una auditoría integral.
Una comisión de unos 50 alumnos, docentes y trabajadores, llegó a las 9 de la mañana al edificio donde está la oficina de la dirección general del Csaegro, en la calle Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad, donde denunciaron que las oficinas estaban cerradas por el mismo personal.
En una improvisada conferencia de prensa, los jóvenes y trabajadores informaron de sus exigencias y la intención de entregar por escrito el pliego de demandas, como se les había solicitado. Allí mismo, denunciaron más irregularidades.
Un miembro del comité estudiantil denunció que el martes los encargados de Servicios Generales de la escuela, Domingo Torres Cruz y Ricardo Sánchez Cruz, del grupo afín al director y de los que también piden su destitución, les pidieron permiso para ingresar, con el argumento de cerrar salones y oficinas, lo cual les permitieron.
Pero notaron que al salir intentaron sacar una carpeta llena de vales de diésel y de gasolina, lo cual se les reprochó y no se les permitió, obligándolos a regresarlos a la oficina de la que los extrajeron.
Por su parte, uno de los trabajadores, pidió a la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, la primera mujer que ocupa este puesto, a que voltee los ojos al Csaegro de Cocula, que a pesar de ser una célula pequeña, alberga a unos 300 jóvenes estudiantes de las ocho regiones de Guerrero, así como de Morelos y otras entidades.
Denunció que desde la protesta y paro de brazos caídos, que realizaron en febrero de este año, uno de los compromisos verbales para levantar la protesta fue que el 28 de febrero la encargada de la dirección, Maricela Apáez Barrios, y el jefe de Campo, José Francisco Díaz Nájera, dejarían sus cargos, pero se incumplió.
Manifestó que su dirigente sindical estatal, Manuel Román Hidalgo, “nos engañó e hizo acuerdos en lo oscurito con el director general, Luis Arturo Bello”.
Tanto alumnos como docentes desmintieron el comunicado que sacó la dirección general del Csaegro, en el que se afirma que se ha privilegiado el diálogo, cuando evidenciaron que no son atendidos, pues al llegar a las oficinas centrales encontraron las puertas cerradas.
Los alumnos reiteraron que tienen miedo y ventilaron que han amenazado a los representantes del consejo estudiantil, de que serán expulsados de la escuela y no tendrán tesis, en caso de seguir en este movimiento.
En tanto que en el breve encuentro realizado con el director general, Luis Arturo Bello, al momento de recibir el pliego de exigencias, éste ofreció que no habrá ninguna represalia.
Aunque los alumnos pidieron que se les ofreciera una fecha y hora, para que se les dé una respuesta a su pliego de demandas en la escuela, ante todos los alumnos y trabajadores, no se les dijo en ese momento y se les reiteró que analizarán antes las peticiones.
Reiteraron que llegarán hasta las últimas consecuencias “hasta que designen a otra persona en las direcciones y mientras no lo hagan, no nos vamos a mover”.

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) convocó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a instalar y presidir una mesa de diálogo con esa organización, que preside Álvaro Martínez Gálvez, para analizar sus demandas.
En un comunicado, la asociación detalló que la gobernadora ya conoce cuáles son sus peticiones “mediante documentos entregados en diferentes momentos, incluyendo una carta abierta, de los cuales no hemos tenido respuesta”.
Detalló que solicitó al gobierno estatal la ampliación del padrón de jubilados y pensionados de la UAG, “para recibir el beneficio del bono decembrino” así como la inclusión de académicos que fueron “excluidos de manera unilateral”.
También la inclusión de “los nuevos asociados que se van integrando por motivo de jubilación”, el “otorgamiento de un bien inmueble para albergar las oficinas de nuestra asociación, ya sea como donación o uno existente a comodato”.
La asociación rechazó “la violencia y asesinato” de Ivonne Hernández Nava, registrado en abril pasado, debido a que la universitaria estaba “en paro, reclamando solución a sus derechos laborales, junto con otros compañeros que resultaron heridos por arma de fuego en la Zona Sur de la universidad”.
“Es reprochable que la violencia llegue hasta las instalaciones universitarias y ni las autoridades universitarias ni las civiles han esclarecido los hechos para hacer justicia”, expresó.
Llamó a que “la defensa de los derechos se haga conforme al diálogo y vías de paz, garantizando la seguridad de todos y todas. La gobernadora puede contactarnos en el domicilio y teléfono citados en los documentos”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).