* Representantes de las comunidades de El Transformador, Crucero de Grutas y del pueblo de Cacahuamilpa, se encargaron a partir de ayer y por tiempo indefinido, del funcionamiento normal de ese centro turístico

Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * Más de un centenar de habitantes de las comunidades aledañas a las grutas de Cacahuamilpa se posesionaron ayer de manera pacífica de las instalaciones y taquilla de este parque nacional. La demanda principal es que el gobierno estatal les otorgue la concesión de este punto turístico y cumpla con acuerdos firmados con anterioridad para beneficio de las mismas comunidades.

Entrevistado en el interior de la taquilla, José Luis Hernández Rosas, uno de los dirigentes de la toma de las grutas por parte de habitantes de las comunidades de El Transformador, Crucero de Grutas y el mismo pueblo de Cacahuamilpa, expresó a El Sur: “Ya estamos hartos, en verdad, de que se sigan robando todos los recursos que ingresan a las grutas y ni siquiera hayan invertido un solo centavo en su remodelación, por eso nuestra demanda principal es que se otorgue la concesión a las comunidades aledañas”.

Agregó que desde 1996 han venido gestionando que un porcentaje de los recursos sean destinados a las comunidades y lo único que han obtenido en respuesta del gobierno estatal “es nomás traernos a vueltas y vueltas y darle largas al asunto sin una respuesta afirmativa a nuestra solicitud; sólo hasta que ven un movimiento como éste es cuando vienen, pero siempre son falsas promesas. Esta vez va a ser diferente –advirtió–, porque no vamos a retirarnos de estas instalaciones hasta que veamos que se va a concretizar un acuerdo, no sólo que se firmen los documentos, sino que nuestras demandas se hagan valer en los hechos”.

El movimiento comunitario comenzó a las diez de las mañana y tomó por sorpresa a los empleados quienes pacíficamente se retiraron de sus labores a petición de los lugareños. Varios grupos de personas se distribuyeron las tareas en la entrada al estacionamiento, la taquilla y los alrededores en donde las actividades han proseguido con toda normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Lo mismo se observó entre los policías asignados, quienes se mantuvieron al margen de la protesta.

En tanto, turistas nacionales e internacionales llegaron al lugar y la toma de los habitantes de “su parque” les pareció algo positivo, a lo que expresaron su respaldo y apoyo, para posteriormente descender y admirar lo que guarda este lugar en las entrañas de la tierra. Las visitas se contaron por centenares, las filas para ingresar eran continuas y la zona para estacionarse estuvo al tope durante la mayor parte del día.

Denuncian la corrupción de la administración

El ajetreo de vendedores de artesanías, de nieves de sabores, frutas y comida en diversos locales, se notó provechoso con las visitas mientras que por diferentes sitios la protesta se hacía pública por medio de cartulinas fosforescentes rotuladas y visibles en muros, postes y justo en las entradas a las cavernas con las consignas de “señor gobernador, exigimos justicia; fuera taquilleros corruptos; las cocineras apoyamos el movimiento; fuera el administrador Gabriel Ortiz Bonal”, de quien dijeron los habitantes que ya ha sido denunciado ante la Contraloría del Estado de Guerrero y de la federación por los ilícitos cometidos.

En una cartulina más el mensaje fue más que claro y dedicado en memoria al 1 de enero de 1994 con saludos para los protagonistas del conocido movimiento zapatista: “Todavía existimos mexicanos con dignidad, por eso hoy exigimos el fiel cumplimiento a los acuerdos firmados entre el gobierno y comunidades aledañas al Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. ¡Ya basta de retrasos y mentiras, ya basta de funcionarios ineficientes”.

Luego de insistir durante meses y meses ante el gobierno estatal el cumplimiento de esos acuerdos, el 19 de octubre del año que concluyó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero fue publicado “el acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta de manera atenta al Secretario de Finanzas y Administración (Rafael Acevedo Andrade) que se dé cumplimiento a los acuerdos alcanzados de manera tripartita entre el gobierno del estado, el municipio de Pilcaya y representantes sociales de las comunidades aledañas al Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa”. No hubo respuesta.

Después, el 7 de diciembre de 2001, el coordinador de asesoría, quejas y gestiones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Adelaido Memije Alarcón, le giró un oficio al mismo secretario Acevedo Andrade en que se lee textualmente: “…solicita a usted atienda este asunto e informe de sus gestiones realizadas para proceder a calificar procedencia o improcedencia de la queja”, lo que en voz del miembro de la toma de las grutas, José Luis Hernández Rosas, no fue acatado ni han sabido nada del caso que trascendió en medios de comunicación de circulación nacional.

Decididos, todos a la vez, los habitantes de las comunidades –prosiguió Hernández Rosas– “aquí vamos a estar hasta que se nos dé la concesión, ya no vamos a permitir que gente ajena esté usurpando el legítimo derecho de los habitantes, que deben ser los que den el servicio al turismo nacional e internacional que aplaude la decisión que tomamos y es por eso que nos sentimos ampliamente respaldados y porque hasta organizaciones de espeleólogos nos han manifestado su apoyo, y en base a ello nos vamos a sostener”.

A unos minutos de que fueran cerrados el servicio y los recorridos a este sitio turístico, dijo que por la noche convocarían a todos los habitantes de las comunidades “porque tenemos el presentimiento de que el gobierno estatal va a querer tomar represalias, esa fue una de las amenazas veladas que nos dejó el señor (subsecretario de Fomento Turístico en la zona norte), Ramón Popoca Flores, y nos dijo que si no aceptábamos abandonar las grutas sería otro tipo de gente con la que vamos a tratar”.

Asimismo denunció que aquí se han estado formando “guardias blancas”, con los compadres de Gabriel Ortiz Bonal (administrador del parque) y amenazando con grupos de granaderos y de hacer secuestros. Si algo sucede al algún habitante de las comunidades, nosotros responsabilizamos a Gabriel Ortiz Bonal, a Ramón Popoca y al propio gobernador (René Juárez Cisneros) de lo que suceda aquí en este movimiento”, finalizó.

* Los diputados locales ya aprobaron la Ley de Ingresos y el Código Fiscal del municipio porteño, y faltan la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro, precisa el secretario de Finanzas, Carlos Alvarez * Los argumentos del PRI carecen de sustento jurídico, asegura

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Para la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, el Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro Municipal de Acapulco son inconstitucionales, sostuvo el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado priísta Abel Echeverría Pineda. Pero como los diputados del PRD afirmaron que el artículo 115 constitucional se lo permite, decidieron en un punto de acuerdo posponer por tiempo indefinido el dictamen que se esperaba sería presentado al pleno el pasado sábado 29.

Las tres iniciativas del paquete fiscal  presentadas por primera vez por un ayuntamiento en Guerrero –esta vez por uno gobernado por el PRD–, fue relegado a segundo término hasta por los diputados perredistas miembros de la Comisión de Hacienda, Juan Adán Tabares y Rosario Merlín García (secretario y vocal), quienes no asistieron a las sesiones convocadas para analizarlas y elaborar el dictamen, lo que sirvió de argumento a los priístas para posponer éste.

Además, el presidente de la Comisión de Hacienda, Abel Echeverría, no quiso asumir la responsabilidad de elaborar solo el dictamen.

El pasado viernes 28, la Comisión de Hacienda no había terminado el dictamen. Ese día hubo sesión y se aprobó el paquete fiscal del gobierno del estado, pero los diputados priístas no quisieron que se aprobaran las iniciativas de Acapulco tal como las recibieron  del ayuntamiento, y como lo exigía el PRD.

Así que los diputados decidieron sesionar el sábado 29 para discutirlas y aprobarlas en su caso.

Ese día la sesión estuvo citada a las cuatro de la tarde, pero al igual que el viernes 28 no hubo acuerdo entre priístas y perredistas sobre el caso Acapulco, y en esa discusión se llevaron tres horas y media.

A las siete y media de la noche, sólo acordaron aprobar un punto de acuerdo para solicitar al pleno un plazo indefinido para presentar el dictamen, en el cual además aceptan que no lograron alcanzar acuerdos.

Esa salida se logró en parte porque el secretario de Administración y Finanzas del gobierno municipal de Acapulco, Carlos Alvarez Reyes, tuvo que intervenir con la Comisión de Hacienda para pedir la prórroga que permitirá a los diputados allegarse de mayor información jurídica sobre las tres iniciativas.

Las posturas de PRI y PRD

Entrevistado al final de la breve sesión que sólo duró 15 minutos, el presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta Echeverría Pineda confirmó que había elaborado un dictamen en contra de las tres iniciativas presentadas por el gobierno perredista de Acapulco.

Aunque no quiso entregar copia de ese dictamen, sí comentó de manera escueta que los ayuntamientos no tienen facultades para presentar iniciativas tributarias como el Código Estatal, la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro. Dijo que sólo es el Congreso de la Unión a propuesta del gobierno federal.

Además indicó que no existen en el país casos de ayuntamientos que hayan presentado iniciativas parecidas y estén en funcionamiento. Dijo que por eso se aprobó el pasado viernes 28 el Código Fiscal, la ley de Hacienda y la Ley de Catastro del gobierno del estado, que regirán para todos los municipios de Guerrero.

Se le recordó que de acuerdo a la reforma constitucional al artículo 115 y 31 fracción 34, se dan facultades a los municipios para presentar iniciativas que dieran un marco legal a su Ley de Ingresos Municipal.

Tajante, aseguró que eso es una falsedad, y añadió que es definitivo de su parte y de toda la fracción priísta presentar un dictamen contra la iniciativas de Acapulco.

Negó que la decisión de su fracción parlamentaria tenga un tinte político contra el gobierno del puerto. Como muestra de ello señaló que los priístas aceptaron presentar el punto de acuerdo por el que dan tiempo a que los diputados del PRD y ellos mismos se alleguen más información sobre casos de municipios que hayan presentado iniciativas al respecto.

Mientras, la diputada del PRD Rosario Merlín García (vocal de la Comisión de Hacienda) se negó a proporcionar información del estado de las negociaciones sobre las iniciativas del municipio de Acapulco, donde gobierna su partido.

Sí lo hizo el secretario de Administración y Finanzas de ese ayuntamiento, Carlos Alvarez Reyes, quien desde galerías en el recinto oficial del Congreso local logró  cabildear con los diputados del PRI que el dictamen de sus tres iniciativas fuera pospuesto para una nueva sesión, la cual no tiene fecha definida.

De manera superficial, consideró que los diputados de PRI y PRD no tuvieron el tiempo ni los elementos necesarios para analizar sus tres iniciativas y que por ello veía con agrado aplazar la presentación del dictamen.

Refutó que los argumentos de los priístas sobre sus iniciativas caen en la inconstitucionalidad y carecen de sustento jurídico.

Luego dijo estar confiado de que el Congreso local con el voto de los priístas aprobará sus iniciativas, porque ya aprobó su Ley de Ingresos y el Código Fiscal, mientras que la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro sólo son leyes complementarias que regulan legalmente su tributación.

Advirtió, en cambio, que en caso de que el Congreso local no apruebe sus iniciativas, Acapulco corre riesgos. No quiso decir a qué se refería y dónde veía esos riesgos, porque indicó que los “enemigos” del municipio se pondrían en alerta.

Tampoco quiso opinar si la negativa del PRI a aprobar sus iniciativas presentan un tinte político. Sí anunció que independientemente de la información que manejen los diputados perredistas para defender sus iniciativas, el ayuntamiento les haría llegar un estudio comparativo y los razonamientos jurídicos que hacen viable el Código Fiscal, la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro.

Finalmente, la Comisión de Hacienda tendrá todo el mes de enero para presentar un dictamen analizado a fondo, y habrá tiempo para que el PRD lo negocie en el Congreso local.

Las iniciativas del gobierno de Acapulco

El pasado miércoles 19, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, entregó al Congreso local el paquete de leyes fiscales para el municipio de Acapulco, que incluye la Ley de Hacienda, la Ley de Catastro, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal.

Carlos Alvarez estuvo acompañado de la síndica administrativa, Gloria Sierra López, y el staff administrativo, pero a pesar de que las propuestas fueron entregadas con tiempo, los diputados del PRD miembros de la Comisión de Hacienda, el secretario Juan Adán Tabares y la vocal Rosario Merlín García, no asistieron a las sesiones de trabajo a que fueron convocados por su presidente, el diputado del PRI Abel Echeverría Pineda.

Y eso, el mismo Abel Echeverría lo reclamó a los perredistas en la sesión del pasado viernes 28, cuando estos quisieron responsabilizarlo de no haber elaborado el dictamen.

Los perredistas prefirieron tomar vacaciones desde el lunes 24 hasta el viernes 28 en que por la tarde se presentaron a la sesión, donde de última hora se interesaron por las leyes fiscales de Acapulco. Quisieron obligar a la fracción parlamentaria del PRI a presentar el dictamen en una sesión que pretendía se realizara el domingo 30, pero que se adelantó el sábado 29.

El Código Fiscal, la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro del municipio de Acapulco establecen el cobro de los impuestos, dan claridad a la garantía de los ciudadanos en materia fiscal, y a la defensa de los particulares ante el fisco, y quitan discrecionalidad a las multas fiscales al introducir cantidades fijas, proporcionales y equitativas. La Ley de Hacienda también establece los lineamientos de lo que es la promoción de los estímulos fiscales.

Por otro lado, se crea la figura del síndico del contribuyente para que en esa instancia los particulares puedan hacer reclamos sobre la mala aplicación de las leyes fiscales y accionar lo que se llama justicia de ventanilla para corregir en el transcurso del ejercicio fiscal las observaciones sobre las fallas que se comentan.

La Ley de Catastro promueve  la creación de un Consejo Consultivo en la materia, para que no sólo sea la autoridad fiscal la que fije los valores catastrales, sino que también los ciudadanos participen.

También marca los lineamientos para hacer los nuevos establecimientos de las bases catastrales.

* Fue un asesinato común, dice el procurador

De la corresponsalía, Chilpancingo * El procurador general de Justicia del estado, Rigoberto Pano Arciniega, informó que este martes a las 5 de la madrugada dos policías de hoteles y empresas asesinaron de dos balazos al cónsul honorario de Francia, Philippe Delmotte, cuando se encontraba en su negociación en el puerto de Acapulco.

En las primeras investigaciones se establece que el cónsul “al parecer discutió acaloradamente con los dos policías quienes sacaron sus armas y le dispararon”, expresó el procurador de Justicia.

Dijo que luego de ser herido, empleados del hotel propiedad del diplomático francés, lo trasladaron de urgencia al hospital pero en el trayecto falleció.

“Todavía no tenemos información de cuál fue el móvil del asesinato, pero estamos realizando las investigaciones para detener a los dos policías de Empresas y Hoteles quienes al parecer eran empleados del cónsul francés”, expresó el procurador de Justicia.

Indicó que ya se inició la averiguación previa número Tab/002/2002, y ya un grupo de agentes de la Policía Judicial del Estado realiza las investigaciones.

“Fue un hecho lamentable que nos duele, pero este asesinato no tiene ningún móvil político sino que fue un asesinato común como ocurren en Guerrero y en otras entidades del país”, expresó Pano Arciniega.

* También se fugó un cómplice, policía de hoteles y empresas que trabajaba en el establecimiento propiedad de la víctima * La madrugada del martes recibió dos balazos calibre .38 y murió en el hospital del IMSS * El presidente de la AHETA, Ricardo García Pimentel, dijo que el diplomático francés hizo mucho por el turismo de Acapulco * El empresario hotelero Flavio Machicado señaló que “hay una complicidad implícita del entorno, la gente que no quiere atestiguar por temor a represalias”

Alfredo Mondragón * El cónsul honorario de Francia en Acapulco, Philippe Delmotte Carrade, fue asesinado de dos balazos calibre .38 especial la madrugada del año nuevo en el patio del hotel Hacienda Vayma Resort, de su propiedad, ubicado en Pie de la Cuesta, por el agente de la Policía de Hoteles y Empresas (PHE), Bulmaro Loreto Olayo, a quien reprendió por encontrarlo ingiriendo bebidas embriagantes en horas de labores, junto con otro policía que no hizo nada por detenerlo. Ambos se fugaron.

Los policías de Hoteles y Empresas, Loreto Olayo y David Ramírez Valverde, son buscados por dos grupos especiales de la Policía Judicial del Estado (PJE) y en coordinación, de la Policía Judicial Federal (PJF), informó el delegado de la Procuraduría General de Justicia en Acapulco (PGJE), Adolfo Van Meeter Roque.

Por la tarde, el subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco, Martín Gerardo Saldaña Sixtos, y el titular de la Agencia Mixta del Ministerio Público Federal (MPF), Francisco Villa Buenoleón, acompañados de agentes de la PJF y una persona al parecer detenida, acudieron a la agencia Central del MP del Fuero Común, para “recabar datos y apoyar” en las investigaciones.

A las 4:30 de la tarde de ayer, el presidente de los cónsules en Acapulco y cónsul honorario de Alemania, Mario Wichtendahl Bush, y el cónsul honorario de Austria, Luis Walton Aburto, arribaron a la Agencia Central del MP para “apoyar moralmente a la familia”, y solicitaron a la PGJE “justicia y que se aplique la ley a los responsables de este lamentable crimen”.

Más tarde arribó a la agencia del MP, el presidente de la Asociación de Hoteles de Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Ricardo García Pimentel, quien calificó el hecho como “una tragedia” y solicitó a las autoridades “que se esclarezca este crimen a la brevedad posible y se castigue a los responsables” pues la víctima “fue una persona que hizo mucho por Acapulco” desde el ámbito turístico.

Delmotte Carrade, de 49 años de edad, había recibido su nombramiento como cónsul de Francia en Acapulco hace ocho meses. Estaba casado con Perwin Kojani, originaria de Afganistán. Fue secretario general de la AHETA en el periodo pasado. Actualmente formaba parte de dicho comité y era activo promotor turístico de Acapulco y en especial de la zona de Pie de la Cuesta.

El cónsul francés, Delmotte Carrade fue asesinado de dos balazos, calibre .38 especial, uno en la tetilla izquierda y otro en el hombro a la altura de la clavícula izquierda, luego de que sorprendió “tomando bebidas embriagantes en horas de labores” a los policías Loreto Olayo y David Ramírez Valverde, en el patio de su hotel y los reprendió por tal acción, hecho que molestó al homicida.

Primero, el cónsul francés resultó herido de dos balazos aproximadamente a las 2:30 de la madrugada y fue trasladado por personal del hotel a la Unidad Médico Familiar número 9, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue atendido por el médico de guardia, Mario Vázquez Salazar. Empero, falleció a las 4 de la mañana, víctima de hemorragia interna provocada por los proyectiles de arma de fuego.

Según versiones de testigos oculares, Delmotte Carrade, luego de haber celebrado los festejos de año nuevo, se había acostado en su recámara, pero escuchó escándalo en el patio del hotel y bajó a supervisar qué estaba pasando, cuando encontró a los dos agentes de seguridad privada tomando bebidas embriagantes en horas de trabajo y les llamó la atención. Entonces el policía Loreto Olayo sacó su pistola y disparó contra él dejándolo herido.

El agente titular del Ministerio Público del fuero común, Francisco Guzmán Díaz, inició la averiguación previa TAB/I/02/002/2002-2 por el delito de homicidio, en agravio de Delmotte Carrade y ordenó a la PJE la localización del policía homicida y el cómplice.

Además giró oficio a Servicios Periciales para que se practiquen los estudios de criminalística de campo, fotografía forense y la prueba de Walker, para determinar a qué distancia recibió los impactos y “castigar a los responsables”.

El empresario hotelero, amigo del occiso y asistente del evento de fin de año en el lugar de los hechos, Flavio Machicado, señaló que la muerte del cónsul francés “va a tener un precio alto en la disminución del turismo en Pie de la Cuesta” y agregó que “lamentablemente hay una complicidad implícita del entorno, la gente que no quiere atestiguar por temor a represalias, es importante que la gente entienda que no se beneficia de cubrir estos hechos”.

De acuerdo con cifras del Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa
(CRIE), en Acapulco hay cerca de 60 escuelas de nivel preescolar y primaria que son
integradoras de alumnos con alguna discapacidad.
La directora del CRIE en Acapulco, Eloína Martínez Figueroa destacó que en el estado, se
ha tenido grandes avances en el proceso de inclusión aunque dijo, “aún nos falta mucho”.
Al celebrar el segundo aniversario del CRIE-Acapulco y luego de inaugurar el foro Juntos
por una sociedad inclusiva, Martínez Figueroa dijo en entrevista, que hablando de la
inclusión de niños y jóvenes con alguna necesidad educativa especial en escuelas
regulares, se ha estado avanzando pues destacó que ya hay muchas escuelas que están
integrando a estos pequeños en todas las actividades.
Tras informar que existen cuatro instituciones del CRIE en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y
Zihuatanejo, apuntó que en el estado hay 9 mil 589 niños y jóvenes entre los 0 a los 19
años que tienen alguna discapacidad y de esos la educación especial sólo está
atendiendo el 31 por ciento, es decir un poco mas de 2 mil alumnos.
Destacó que en Acapulco hay cerca de 450 niños de nivel preescolar, primaria y secundaria
que ya han sido integrados a diferentes escuelas regulares, en donde reciben el mismo
trato que un niño que no cuenta con ningún tipo de discapacidad.
En Acapulco, detalló hay cerca de 60 escuelas integradoras entre preescolar y primaria y
destacó para nivel secundaria apenas se está incursionando, pues sólo se han capacitado
a tres escuelas secundarias para poder ser integradoras de alumnos con necesidades
educativas especiales.
Agregó que a pesar del avance en el estado, aún “falta mucho”, ya que al CRIE todavía
llegan madres de familia quejándose de que los directivos de las escuelas o los mismos
maestros ya no quieren tener ahí a los niños, “y esto muchas veces es por falta de
información del director o del maestro o porque no tienen la capacitación para llevar este
tipo de situaciones”.
En cuanto a la integración al sector productivo, dijo, hay otro gran problema, pues “es muy
reducido el número de personas que pueden ingresar a un trabajo porque les ponen
muchas trabas y por eso hay muy pocas personas que están integradas laboralmente”.
Explicó que la finalidad del CRIE es poder proporcionar, orientar, asesorar a los maestros y
maestras de educación básica e inicial así como al personal de educación especial y a los
padres de familia, con el objetivo de entender, apoyar y saber cómo atender a los niños y
jóvenes con necesidades educativas especiales.

 Reprochan Gloria Sierra, Ríos Piter, Yolanda Villaseñor y Barrera Ríos la falta de comprobación de recursos y poca precisión en las peticiones. El dirigente Onésimo Gil responde que deben pedir cuentas claras también al gobierno anterior

 

En una reunión que sostuvieron ayer con dirigentes del Frente Defensa Popular (FDP) y del Frente Popular Revolucionario (FPR), cuatro secretarios de despacho reprocharon la falta de comprobación de recursos que les fueron entregados en la administración pasada y se quejaron también de la forma imprecisa en que generalmente entregan sus pliegos petitorios o solicitan apoyo para proyectos productivos.

El encuentro que duró más de tres horas, se llevó a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y también estuvieron representantes de dependencias estatales y directivos de diversos Organismos Públicos Descentralizados (OPD).

Por separado, cada titular respondió a las demandas que días antes les habían hecho llegar por escrito ambas organizaciones –recién llegadas de una manifestación en la ciudad de México.

Pero cuando le tocó el turno a la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, a quien demandaban recursos para infraestructura social, comenzaron los reclamos.

El desencuentro fue debido a que la funcionaria requirió la comprobación de 2 millones 110 mil pesos de los 6 millones 676 mil pesos que recibió el FDP, que encabeza Clemencia Guevara Tejedor y el millón que aún no había justificado el dirigente del FPR, Onésimo Gil Pérez.

Más tarde, éste reconoció que sí había tal adeudo y aunque al principio se habló de más de un millón de pesos, después aclararon que sólo era de 871 mil.

Gil Pérez agregó que muchas de las personas que recibieron el recurso ya no están dentro de su organización, pero “sí están en la comunidad; que los vaya a detener la fuerza pública para que hagan la comprobación correspondiente”.

E indicó que ellos no van a “solapar la corrupción y vamos a dar los elementos al gobierno del estado para que actúen, ojalá y actúen de la misma manera con los funcionarios de la administración anterior, ahí no vemos que los toquen”, reclamó.

En otro momento, Onésimo Gil, se quejó de la negativa del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, para recibirlos en audiencia “se ha reunido con otros sectores y no lo vemos mal, pero a nosotros no nos ha recibido”.

Ante esa postura, Sierra López –parca–, aclaró a los dirigentes: “Yo soy parte del gobierno de Zeferino Torreblanca, no estoy aquí como Gloria Sierra, sino como parte del gobierno del estado, entonces no entiendo por qué el reclamo. Lo que sí debe quedar claro es que no vamos a seguir con aquella política que consiste en corporativizar la demanda, hoy las cosas son distintas”, atajó la funcionaria.

El otro funcionario que también pidió la comprobación del programa de Fertilizante 2005 fue el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Piter, y advirtió que de no hacerlo, no van a poder recibir el insumo agrícola el próximo año y más porque ya va a estar descentralizado; sin embargo, tanto Onésimo Gil como Clemencia Guevara negaron tener adeudos y aseguraron que todo había sido comprobado.

Asimismo Ríos Piter reclamó a los dirigentes que en distintas manifestaciones hayan denunciado falta de atención hacia ellos “cuando constantemente nos hemos estado reuniendo; el enlace que se designó ha estado trabajando con ustedes”.

Se quejó de la falta de precisión en las solicitudes que entregan para demandar apoyos para proyectos productivos, e insistió en que “hoy todo se tiene que hacer con una visión integral, no es entregar pollos por entregarlos, se necesita más precisión sobre los beneficiarios”.

Al reclamo de la ausencia de precisión en los proyectos, se unió de igual modo la secretaria de la Juventud, Yolanda Villaseñor Landa –a quien demandaron materiales deportivos– argumentando “que pareciera que hay un machote y es una misma persona la que hace los proyectos y la que los firma.

La funcionaria pidió que en el caso del apoyo que demandan para jóvenes que tienen proyectos operando “me digan dónde están, en qué localidades, hoy queremos pelos y señales, porque los vamos a visitar”.

En tanto, el secretario de Salud, Luis Barrera Ríos, en su intervención sostuvo su negativa de firmar un convenio para que los integrantes de ambas organizaciones recibieran atención médica especializada, erogando un pago menor al que comúnmente se cobra.

Barrera Ríos justificó que el convenio que ellos planteaban no tendría caso pues días después pudiera ser inválido; indicó que como gobierno del estado están buscando que los Ayuntamientos acepten pactar un convenio pero para otorgar el Seguro Popular, con el cual no pagarían un solo peso las familias con mayor marginación.

Señaló que para poder equipar Centros de Salud –que estaban entre las peticiones de las organizaciones–, “se tiene que ingresar al Seguro Popular, por eso deben ayudarnos a convencer a los presidentes municipales a que firmen el convenio. Hoy esa es la única manera de obtener recursos”.

Al tocar el turno a los representantes de secretarías como la de Desarrollo Económico; de la Mujer; de Educación, Asuntos Indígenas; así como de los OPD, todos coincidieron que habían atendido ya a las dos organizaciones.

Por eso, Sierra López –que fue quien convocó a la reunión–, insistentemente les decía: “ya ven, ustedes se quejan de que nadie los recibe, y ahorita me estoy enterando de que han sido atendidos”.

De la reunión no hubo mayor acuerdo. Todos los secretarios y representantes de dependencias, sólo hablaron de reunirse después del 15 de enero, una vez que haya sido aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado.

 * En los tres años de Zeferino Torreblanca el Ejecutivo estatal no asistió a ninguna conmemoración del Día del Trabajo

 Aurelio Peláez * La presidenta del Comité municipal del PRD, Beatriz González Hurtado, descartó que la reaparición del gobernador René Juárez en un desfile del Día de Trabajo, al lado de autoridades municipales en Acapulco, sea porque desde la presidencia municipal se le haya preparado un desfile a modo.

Ello porque durante los tres años de gobierno de Zeferino Torreblanca en Acapulco, Juárez Cisneros no estuvo en ninguno de los desfiles del Día del Trabajo, al lado de un primer presidente municipal no priísta. Trascendió que no se asistió como medida de seguridad al jefe del Ejecutivo estatal. Esta vez, se tiene prevista la presencia del gobernador, aunque también de una mayoritaria presencia del sindicalismo oficial en el acto.

“No creo yo que al gobernador se le haya preparado un desfile a modo. Ya en el pasado se han dado casos donde están el Ejecutivo estatal y el presidente municipal en turno. Sí recuerdo que el año pasado no estuvo el gobernador. Si a este desfile del 1 de mayo que se trata de reivindicar los derechos de los obreros viene el Ejecutivo del estado, no le veo mayor problema”.

Para Carlos Arturo Millán Sánchez, secretario general de la delegación estatal del PAN, los desfiles del Día del Trabajo siguen reproduciendo el viejo estilo del culto a la personalidad a los gobernantes en turno, para lo cual los líderes sindicales utilizan a los obreros.

Más que opinar sobre si el gobierno municipal perredista trabajó para crear las condiciones que hicieran posible la asistencia de René Juárez a un acto, tradicionalmente de corte priísta, Carlos Millán señaló que “pienso que el evento del primero de mayo debe ser un festejo de los trabajadores, pero no obligarlos a que rindan tributo al gobernante en turno obligados por sus líderes. La asistencia a los desfiles no debe ser obligatoria”.

Para el presidente del Partido Convergencia por la Democracia, Luis Walton Aburto, “si en el desfile va aparecer el gobernador junto con el alcalde qué bueno. Sé que el gobernador había suspendido su asistencia por asuntos de seguridad. Yo estoy de acuerdo en que los trabajadores se expresen en el Día del Trabajo”.

De si hubo una preparación especial para que asistiera René Juárez, señaló que “es cosa de ellos, cada quien conoce su responsabilidad, pero lo que no se debería hacer es obligar a los trabajadores a asistir al desfile”.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (que agrupa a telefonistas, electricistas y trabajadores universitarios), Silvestre Morales Trinidad, apuntó que los sindicatos de esta central desfilarán enarbolando sus demandas principales, en relación a que se considere el proyecto de modificación a la ley laboral de la UNT y no la Ley Abascal, que se modifique la Ley federal de telecomunicaciones, pero tomando en cuenta la propuesta de los telefonistas, y que se revise el TLC en su apartado agrícola.

Apuntó que participarán en la movilización al lado de los sindicatos de la CTM, con quienes “hemos tenido diferencias políticas, pero ahora vamos con mismo tenor”, aunque dijo desconocer si los cetemistas tendrán una participación preferencial o de si se preparara un escenario a modo para el gobernador.

No obstante, se quejó de que en el gobierno de René Juárez se ha negado el reconocimiento como sindicato independiente a los trabajadores del DIF estatal, que ya no quieren pertenecer al SUSPEG, de orientación oficialista, por lo que en la marcha se demandará el respeto a la organización sindical de los trabajadores de esa dependencia dependiente del gobierno del estado.

Jorge Nava * Un zafarrancho se registró ayer entre maestros que acudieron a la Subcoordinación de Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez y estudiantes de la Escuela Secundaría Técnica 233 que demandan a la dependencia estatal la adquisición de un predio para la construcción de su plantel en la unidad habitacional Colosio.

Los estudiantes, padres de familia y profesores del plantel no lograron que el subcoordinador, Raúl Vega Astudillo ni el subdirector de la Subsecretaría de Planeación Educativa, David Pérez Cortés, les resolviera el problema.

Por la noche, vía telefónica, el presidente de la sociedad de padres de familia del plantel, Armando Vázquez Camacho informó que aún cuando el gobernador, René Juárez Cisneros y el secretario estatal de Educación, Daniel Pano Cruz, se comprometieron adquirirles el predio para la construcción del plantel, lo único que lograron fue que Vega Astudillo llevará a una comisión de 20 personas a Chilpancingo para que hablen con el director de Planeación Educativa, Jorge Salgado Leyva.

El zafarrancho ocurrió a las 13:05 horas, cuando desesperados porque no los recibía Vega Astudillo, los profesores pidieron a los estudiantes que impidieran la salida de las personas.

Esto provocó que los maestros que acudieron a la dependencia se irritarán. A empujones lograron que dejaran salir a unos cuantos, luego los estudiantes volvieron a negar el acceso y salida.

Algunos estudiantes enojados porque los maestros les reclamaban por su acción, los orilló a llorar y gritar que lo hacían porque quieren el predio para su escuela. Otros maestros les pedían que se moderaran o optaran por otra manera pacífica de exigir su demanda.

Un conato de enfrentamiento se dio entre un estudiante enojado y el trabajador de la Subcoordinación de nombre Joel Sahagún, justo cuando maestros, padres y autoridades educativas evaluaban las demandas.

El enojo de los estudiantes se observó cuando golpeaban un mural de esa dependencia y las puertas de las oficinas.

A la demanda de los estudiantes se sumó la de profesores y directivos de la escuela primaria Diana Laura Riojas, ambas ubicadas en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.

Los profesores de la escuela primaria demandan la construcción del plantel porque es de “palitos”, insistió el director Ricardo Reyes Ruiz, quien advirtió a las autoridades una protesta de 280 niños en esa dependencia de no responder a su demanda.

Ayer tenían planeada una reunión entre las autoridades educativas y el subsecretario de Desarrollo Social del municipio, Heriberto Pastrana Cruz, quienes les darían respuesta a las demandas de los padres de familia y estudiantes de la Técnica 233. Esperaban la presencia de la titular de esa dependencia municipal, Rossana Mora Patiño, pero no llegó.

El presidente de la sociedad de padres de familia, Vázquez Camacho se quejó porque aún cuando Mora Patiño les informó que el municipio está dispuesto a aportar el 50 por ciento de los recursos económicos para la compra del predio, las autoridades educativas no cedieron a su demanda.

El argumento del subsecretario de Planeación Educativa, Pérez Cortés, es que los recursos están etiquetados y que la Secodam “está dura” y según, no pueden desviar recursos.