El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio solicitará este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para las comunidades nahuas de Chilapa, que fueron atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos del 6 al 11 de mayo pasado.
Por teléfono el activista y sacerdote, quien se encuentra en Washington D.C desde el lunes pasado, informó que la petición de las medidas de protección incluye no sólo la presencia de las fuerzas federales y estatales para inhibir nuevos ataques, sino la investigación, detención y desarticulación del grupo criminal que los atacó, Los Ardillos.
Informó que la reunión en ese organismo internacional será este jueves, aunque la solicitud la presentó con anterioridad, y celebró que, “algo bueno” fue que no fue rechazada, ni le dieron el plazo de 10 días que luego ocurre en este tipo de peticiones para ampliar los argumentos.
El prelado, quien se encuentra desplazado por amenazas del crimen organizado desde finales del año pasado, explicó que las medidas cautelares de la CIDH están previstas en el artículo 25 de su reglamento, “y estas proceden cuando hay elementos de gravedad, es decir cuando hay riesgos y daño irreparable”.
“Nosotros consideramos que la situación de la Montaña es grave, urgente y hay un daño irreparable porque hay personas que pueden perder la vida, o de alguna manera ser desplazadas y que se cambie su modo de vida”.
Agregó que por ello esperan que la CIDH solicite al Estado mexicano que proteja la vida y la integridad personal y que adopte medidas específicas para reducir los riesgos.
Agregó, que investigue, “eso es algo que se está poniendo en el punto medular, que haya una investigación y que no haya impunidad, que es lo que está originando toda esta situación, además de la complicidad que tiene que ver con algunos funcionarios”.
Indicó que piden que haya, sobre todo, un seguimiento “porque a veces pasan las cosas y no hay seguimiento para ver qué es lo que se está cumpliendo”.
Velázquez Florencio explicó que piden que la atención al caso sea diferenciado, porque las víctimas en este caso son vulnerables, como los niños, las mujeres, los desplazados y por tratarse de indígenas.
El sacerdote también se reunió en Washington con el integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Guy Mentel, a quien le planteó la situación de violencia y el desplazamiento forzado en esas comunidades indígenas.
En este caso informó que apenas se evaluará si procede alguna reacción hacia el Gobierno mexicano por la situación de violencia en la zona.
El eco de las ráfagas de disparos de arma de fuego comenzó a escucharse el 6 de mayo en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa. No es un ruido extraño para los habitantes de esta zona indígena de Guerrero, pero esta vez el asedio no se detuvo al caer la noche. Durante días el grupo delictivo Los Ardillos avanzó con una fuerza implacable, desplazando a pobladores con explosivos aventados desde drones, un enfrentamiento de cerro tras cerro hasta cercar las inmediaciones de Xicotlán y Mexcaltepec.
Dos semanas después de aquella batalla, tres policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que enfrentaron al grupo delictivo y cayeron en combate, fueron sepultados ayer en esa comunidad.
“Nos pidieron que dejáramos que se llevaran los cuerpos, que nos los iban a regresar pronto y hasta el día de ayer (martes) nos los entregaron, es una discriminación, es un dolor de no tenerlos con nosotros y despedirlos”, dijo uno de los familiares.
El 12 de mayo cuando entraron las autoridades estatales y federales a Xicotlán y Tula, los cuerpos de los tres indígenas fueron llevado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo para la necropsia de ley. Más de una semana después fueron entregados a sus familiares en cajas rústicas para que fueran sepultados.
Martín Flores, Abraham Jiménez y Eusebio Migueleño eran policías comunitarios de la CRAC-PF que cayeron en combate para evitar que el grupo delictivo llegara a Alcozacán, a donde llegaron cientos de desplazados.
Allí, en la primera línea de defensa, un centenar de personas resistió el embate. La guerra no declarada dejó tres policías comunitarios asesinados, cuatro personas desaparecidas y un vacío institucional que obliga a las familias a rogar por la devolución de los cuerpos de sus seres queridos.
“Si no (hubieron resistitdo), a lo mejor la gente ya no anduvieran en esta comunidad, o a lo mejor ya estuviéramos desplazados en otro lado, si no se hubiera defendido Alcozacán hubieran quemado las casas (como pasó en Tula)”, relató Sixto Mendoza Limpia, promotor y vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Su testimonio es el reflejo de una realidad innegable en la zona, aquí la policía comunitaria no es una opción ideológica, sino un mecanismo de supervivencia extrema.
Unos 100 vecinos plantaron cara al grupo criminal que dicen que fue protegido por el Ejército
El ataque en los límites de Xicotlán duró dos días enteros de fuego intenso.
La disparidad de fuerzas era evidente. Para proteger a cientos de familias, apenas lograron organizarse unos 50 elementos de la comunitaria, a los que se sumaron pobladores con lo que tenían a la mano.
Cerca de 100 personas se plantaron cara a cara a un comando fuertemente armado protegido por el Ejército, según la versión de los pobladores.
“Hicimos una línea de fuego para evitar que el pueblo fuera borrado del mapa, nos enfrentamos y logramos que el grupo (de Los Ardillos) no avanzará más”.
En esa resistencia cayeron tres hombres jóvenes, pilares de sus hogares: Martín Flores, Abraham Jiménez y Eusebio Migueleño, cuyas edades son 24, 28 y 35 años. “Cayeron defendiendo el territorio, la comunidad y la vida de sus hijos”.
Para las familias de la Montaña el calvario no terminó cuando cesaron los disparos; apenas comenzaba la vía crucis institucional. Tras el enfrentamiento las autoridades locales y estatales tardaron una semana entera en entregar los restos de los defensores a sus deudos.
Los cuerpos fueron trasladados a Chilpancingo. Durante siete días, las viudas y los padres ancianos recorrieron oficinas recibiendo evasivas.
“El gobierno supuestamente los iba a entregar luego pero ya pusieron puro pretexto: que los estaban preparando, que esto y el otro, y que tenían mucho trabajo”, denunció Sixto Mendoza.
Esta dilación forense no solo prolongó el sufrimiento de una comunidad en guerra, sino que violó los usos y costumbres de los pueblos originarios, donde velar y enterrar a los muertos de manera inmediata es un derecho sagrado.
A la par de la pérdida confirmada, el fantasma de la desaparición forzada sigue rondando la zona. La comunidad reporta formalmente a cuatro personas desaparecidas tras las incursiones armadas. Aunque las autoridades ministeriales localizaron cuatro cuerpos días después en la carretera Chilapa-Tlapa, el abandono y la falta de canales de comunicación eficientes mantienen a los familiares en una dolorosa incertidumbre al no saber si esos restos pertenecen a sus seres queridos, o si la búsqueda debe continuar para encontrarlos vivos.
La muerte de Martín, Abraham y Eusebio ha dejado una estela de orfandad que condena a las nuevas generaciones a la pobreza extrema.
Entre las tres familias de los caídos se contabilizan múltiples niños huérfanos que hoy carecen de sustento.
“Quedaron desamparados, no tienen a sus esposos que eran los que los mantenían, los cubrían y todo; ahora la familia se queda sin nada”, clamó el promotor indígena.
Las viudas, además de enfrentar el duelo en un contexto de guerra contra las comunidades, deben asumir solas la crianza pueblos donde el acceso al empleo, la educación y salud es prácticamente nulo.
Mientras el gobierno estatal argumenta saturación de trabajo y ofrece promesas de pacificación a largo plazo, en la Montaña Baja de Guerrero las familias entierran con flores amarillas y llanto a sus jóvenes, con la certeza de que la línea entre la vida y el olvido depende únicamente de ellos mismos.
Los cuerpos de tres policías de la CRAC-PF son subidos a una camioneta para llevarlos al campo santo de Alcozacán, donde fueron sepultados Foto: Lenin Ocampo Torres
Alcaldes de nueve municipios de la Montaña Baja y zona Centro se reunieron con funcionarios estatales y federales para dialogar sobre la seguridad pública y la violencia.
El encuentro se da ocho días después de que cesaron los ataques armados a los integrantes de las Policías Comunitarias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) del grupo criminal Los Ardillos, en las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de cientos de familias de esa zona del municipio de Chilapa.
En un boletín se informó que “con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar las acciones en materia de seguridad y construcción de paz en la región Montaña Baja, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales”.
En dicha reunión estuvieron los alcaldes de Chilapa, Mercedes Carballo Chino; de Acatepec, Ángel Aguilar Romero; Ahuacuotzingo Pedro Ojeda Reyes; Atlixtac Guillermo Matías Marrón; de Tixtla, Alberto Michi Campos; de Quechultenango David Astudillo Morales; de Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García; de Mochitlán, Gerardo Mosso López; y de Zitlala Khalia Areli Ramos Decena.
En representación del Gobierno de México participó el coordinador de Operación y Seguimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, así como mandos militares, de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.
El funcionario federal durante la reunión destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno, como parte de la estrategia nacional de seguridad pública.
Durante la sesión el secretario técnico de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Héctor Ocampo Popoca, mencionó que uno de los objetivos centrales de dichas reunión regionales es fortalecer la participación de las y los alcaldes, así como consolidar el intercambio de información entre las autoridades para atender de manera oportuna las situaciones que se presentan en cada municipio.
Según el boletín, en su mensaje el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros reiteró que la gobernadora mantiene de manera permanente la coordinación de las Mesas para la Construcción de la Paz en Guerrero, “privilegiando el trabajo conjunto entre las instituciones federales, estatales y municipales para atender las causas que generan la violencia y fortalecer la estabilidad en las regiones del estado”.
Rodríguez Cisneros dijo que las mesas regionales permiten construir acuerdos, compartir información estratégica y dar atención puntual a las problemáticas de cada municipio, siempre privilegiando el diálogo y la coordinación institucional.
“Hoy más que nunca necesitamos mantenernos unidos los tres órdenes de gobierno. Cuando federación, estado y municipios trabajamos coordinados, podemos responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía y generar mejores condiciones de paz y seguridad para nuestras comunidades”, agregó el funcionario estatal.
Reconoció la presencia y el trabajo permanente de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad, autoridades municipales, así como la participación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, al señalar que la construcción de la paz requiere responsabilidad compartida, comunicación constante y presencia institucional en territorio.
También asistieron el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna; el comandante de la 35 Zona Militar, general Juan Ignacio Hernández Velazco; representantes de la Guardia Nacional encabezados por el general brigadier Óscar Ponce de León; así como personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre federación, estado y municipios permite fortalecer las acciones preventivas, atender de manera cercana las necesidades de la población y avanzar en la construcción de condiciones de estabilidad y paz en la región Montaña Baja.
Policías ministeriales y peritos de la FGE resguardan la escena del crimen en el lienzo charro de Chilpancingo Foto: Luis Daniel Nava
Redacción
Chilpancingo
El ataque armado en el lienzo charro Darío Arrieta dejó dos muertos y un herido de gravedad, ayer en la tarde en Chilpancingo.
En el mismo contexto de violencia, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo en Tecoanapa a dos hombres con armas y presunta droga.
El crimen ocurrió a las 3:20 de la tarde en uno de los accesos al lugar en el carril de sur a norte del encauzamiento del río Huacapa, al sur de la ciudad.
El sitio se ubica frente al Hospital de la Mujer y el Niño Guerrerense, donde se encuentra instalada una cámara de videovigilancia de las autoridades.
Reportes de la policía dicen que hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a las víctimas que cargaban una camioneta tipo pick up marca GMC tipo Sierra, color blanco, con alimento para caballo.
En un primer momento se mencionó que había dos muertos y dos heridos, luego que habían sido tres las víctimas mortales, pero al cierre de esta edición se confirmó la muerte de dos hombres de alrededor de 30 años, cuyas identidades no se pudieron corroborar. Un tercer varón originario de Amojileca resultó herido de gravedad por los disparos de arma de fuego.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, así como personal de Ciencias Forenses de la FG y del Servicio Médico Forense.
En Tecoanapa
En tanto la FGE detuvo en Tecoanapa a dos hombres con armas y presunta droga.
En un comunicado, la institución informó que autoridades federales y estatales detuvieron en flagrancia a Teodoro “N”, El Domínguez, y a Álvaro “N”, El Músico, en el municipio de Tecoanapa, región de la Costa Chica.
En el operativo los imputados intentaron huir al notar la presencia de las autoridades; sin embargo fueron alcanzados y detenidos metros adelante.
Les fueron decomisadas tres armas largas, 38 bolsas con mariguana, 76 bolsitas con cristal, 1 automóvil y 1 báscula gramera.
Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.
Familiares de Santos Ponce González, detenido por de arma de fuego el 6 de mayo del 2024 en El Terrero, municipio de Juan R. Escudero, exigieron ayer su libertad absoluta, debido a que lo consideran inocente y refieren que se armó para la defensa de su familia y de su patrimonio.
Ponce González fue detenido junto con Luis Ángel Durán García, Javier Bruno Castro, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas, y los cinco están presos en el penal de Chilpancingo, mientras que la causa penal la lleva un Juzgado de Control de Acapulco.
El hermano de Santos, Lino Ponce González declaró en llamada telefónica a El Sur que los cinco fueron detenidos por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional en El Terrero, cuando éstos se habían armado para la defensa de sus familias y de su patrimonio tras la irrupción de un grupo delictivo que masacró a personas, allanó y saqueó viviendas, además de que robó ganado.
“Ante la inoperancia de las autoridades para garantizar seguridad en El Terrero y al no hacer nada, al ver tanto saqueo en las casas que Los Ardillos hacían, ellos decidieron cuidar personalmente sus casas pero llegó el Ejército y la GN y en vez de perseguir a los delincuentes los detuvo a ellos”, denunció.
Recriminó la incongruencia de los soldados y de los agentes de la Guardia Nacional, “que los detuvo a ellos cuando sólo cuidaban a su familia y a su patrimonio porque las autoridades no hacían nada”, dijo.
Informó que este jueves se realizará la audiencia en el Juzgado de Control de Acapulco, por lo que demandó que se proceda con la libertad de su hermano, de quien insistió que es inocente, “pues no andaba cometiendo ningún delito, sólo protegía a su familia y a su patrimonio”, insistió.
Informó que el 26 de enero pasado la agencia del Ministerio Público federal que lleva el caso, sólo aceptó la reducción diferenciada de las penas a los cinco procesados.
Para Luis Ángel Duran García, Santos Ponce González y Javier Bruno Castro, el Ministerio Publico les redujo la pena de 10 años con ocho meses de prisión a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión, así como 223 Unidades de Medida de Actualización (UMA).
Mientras que a Darío Avilés Cuenca le redujo la pena a seis años y ocho meses de prisión, así como 176 UMAS.
En tanto que a Wilber Hernández Vargas le redujo la pena a cuatro años, 10 meses y 20 días de prisión y 134 UMAS.
Para Lino Ponce no es justo que su hermano Santos vaya a ser sentenciado a esa pena y demandó que sea puesto en libertad, puesto que está siendo procesado al defenderse del crimen organizado del que su familia era víctima. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que fue detenido un hombre acusado de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en el municipio de Florencio Villarreal, en la Costa Chica.
Mientras que en Tecoanapa, en la misma región, detuvo al presunto extorsionador, Miguel Ángel “N”, El amigo del pueblo, aunque en el boletín oficial no se informa por qué se le dice así.
Ayer, la FGE informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Iván “N”, señalado como probable responsable del delito de abuso sexual agravado contra niñas, niños y adolescentes, en agravio de una víctima de identidad reservada.
El detenido presuntamente se encuentra relacionado con hechos ocurridos en el año 2023, cuando una menor fue llevada a un domicilio ubicado en Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, lugar donde presuntamente se cometió el delito.
En otro hecho, la FGE detuvo a Miguel Ángel “N” por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, en el municipio de Tecoanapa, región Costa Chica.
El detenido presuntamente se encuentra relacionado con hechos de extorsión mediante los cuales habría exigido una cantidad de dinero a una víctima.
Durante su detención le fue asegurada un arma corta calibre 9 milímetros. (Redacción / Chilpancingo).
El fundador del mariachi Perla Negra de Chilpancingo, Agustín Velasco Olivares de 36 años murió ayer en la mañana, después de estar hospitalizado cuatro días por las lesiones provocadas al caer de su motoneta el fin de semana.
El sábado a las 8:30 de la mañana, el músico cayó a bordo de su motoneta en la calle Bugambilias, frente a la Escuela Normal “Rafael Ramírez”, en la colonia Jardines del Sur, al poniente de Chilpancingo.
Autoridades de Protección Civil informaron que por la caída sufrió una fractura severa en el cráneo por lo que fue internado en el hospital general de IMSS-Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
El lunes y martes colegas e integrantes del mariachi Perla Negra realizaron una serenata en el Zócalo de Chilpancingo y realizaron una rifa, para recaudar dinero para cubrir los gastos médicos de Agustín Velasco.
Ayer en la mañana autoridades ministeriales fueron informadas del fallecimiento del músico en el nosocomio.
El cuerpo fue llevado por sus familiares a su casa.
La comunidad artística dedicó condolencias por la muerte del líder de Perla Negra.
El grupo de sones de tarima “Laguneros de Tixtla Guerrero Show”, expresó:
“Nos unimos para expresar nuestras condolencias a los amigos mariachis de Chilpancingo y principalmente al Mariachi Perla Negra por el fallecimiento de su fundador, Agustín Velasco”.
“Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares. Un gran músico y una gran persona que se va, dejando el recuerdo de su alegría y su talento con el Guitarrón”. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).
La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la incineración de una tonelada y 428 kilogramos de drogas decomisadas en Guerrero, así como la destrucción de 436 objetos del delito.
En comunicado reportó que la incineración de la droga se realizó en Chilpancingo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía del Estado y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Entre lo incinerado había cocaína, heroína, amapola, opio, así como semillas de mariguana y principalmente una tonelada con 391 kilogramos de mariguana.
“Tres gramos de cafeína, ocho kilos 326 gramos 100 miligramos de cannabis sativa l, 832 gramos 760 miligramos de clorhidrato de cocaína, 648 gramos 100 miligramos de clorhidrato de diacetilmorfina, 26 kilos 472 gramos 80 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 22 gramos 600 miligramos de clorhidrato de heroína, 46 gramos 900 miligramos de cocaína, 313 gramos 200 miligramos de opio, una tonelada 391 kilos 21 gramos 100 miligramos de mariguana, 145 mil 500 plantas de amapola, 298 mil semillas de amapola, 22 mil 600 semillas de mariguana, 352 gramos 230 miligramos de sustancia negativa y 19 unidades de narcóticos”, detalló.
Por su parte se destruyeron 436 objetos del delito entre los que se encontraban chalecos, mochilas, bolsas, placas y prendas de vestir. El contexto y pesar de las sustancias corrió a cargo del Ministerio Público de la Federación. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la red de drenaje sanitario en Tuxpan, con la instalación de más de 600 conexiones de hogares y negocios, obra con la que se anunció la reducción al 100 por ciento de cualquier posibilidad de derrame o filtraciones que contaminen la laguna.
Asimismo, inauguró junto al alcalde Erik Catalán Rendón, la ampliación del sistema de drenaje sanitario en la parte alta de Ciudad Industrial, para reducir la contaminación en el río San Juan, obras en las que fueron invertidos cerca de 80 millones de pesos.
La gira de la gobernadora inició a las 10:30 de la mañana, en la localidad Tuxpan, con acompañamiento de unos cien pobladores y funcionarios estatales y federales, así como su mamá, María de Jesús Pineda, y su hermana Celeste Salgado, quien aspira por la alcaldía en este municipio.
En el acto fue inaugurada la obra de saneamiento integral, con miras a dejar de contaminar la laguna con descargas de aguas residuales ante la falta de drenaje en esta comunidad, considerada como uno de los atractivos turísticos del municipio.
De acuerdo con la información oficial, esta obra tuvo un costo total de 44.03 millones de pesos, de los que el gobierno estatal aportó 24.73 millones, el federal 11.8 millones de pesos y el municipio 7.5 millones de pesos.
Durante el poco más de un año que duró su ejecución, hubo protestas de algunos pobladores, que incluso amagaron con parar la obra ante afectaciones que tuvieron en el proceso, sobre todo con la llegada de visitantes por las malas condiciones del camino provisional.
En su mensaje, Salgado Pineda denunció que antes otros gobernantes no querían hacer este tipo de obras, porque todo el material va enterrado y arriba sólo va una parte, “tengo una deuda histórica con Tuxpan y se tiene que saldar, para que siga siendo este un lugar emblemático, Tuxpan tiene que seguir brillando”.
Sostuvo que esta obra “se siente en el cambio de vida de la población, hoy queremos ver una laguna limpia y digna que reciba a muchos visitantes”.
La gobernadora dijo que en poco más de cuatro años de su gobierno, en esta localidad se han invertido más de 54 millones de pesos en obra sanitaria y la carretera de acceso, de la que anunció la construcción de la tercera etapa, con una inversión mayor a los 7 millones de pesos.
Asimismo, dijo que en lo que va de su gobierno, en Iguala se han invertido 414 millones de pesos en infraestructura educativa, pavimentaciones, bibliotecas, mejoramiento de viviendas y caminos, además de continuar con el programa de la Tarjeta Violeta y que este año se va a incrementar el número de beneficiarias, ofreciendo mantener la coordinación de trabajo con el alcalde Erik Catalán Rendón.
El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastelum Félix, destacó esta obra como una de las más importantes y “emblemáticas” del gobierno estatal.
En su mensaje, dijo que la atención integral y saneamiento de la comunidad Tuxpan y su laguna, que no contaba con infraestructura sanitaria, fue una de las principales demandas de la población, ante el alto riesgo de que las aguas residuales generadas en los hogares y negocios se fueran a parar a la laguna.
Explicó que el drenaje tiene una capacidad de recolectar y conducir, sin excepción, la totalidad de las aguas que se generen en hogares y restaurantes de la comunidad, llevar “cada gota” de los drenajes a los tres cárcamos construidos en tres distintos cuadrantes, para al final llevar estos residuos a una planta de tratamiento fuera de la comunidad.
Afirmó que la estructura de los tres cárcamos, construidos cerca de la orilla de la laguna, está diseñada con concreto armado y una total permeabilidad, para reducir al 100 por ciento cualquier posibilidad de derrame o filtraciones que contaminan la laguna, incluso en casos de inundaciones en la zona.
Asimismo, indicó que toda la tubería que conduce esas aguas residuales y que corren por el perímetro de la laguna, cuenta con un sistema de “total hermeticidad” para que no haya derramamiento ni incorporación de las aguas de la laguna.
Informó que esos cárcamos están equipados con granjas solares, que generarán el 80 o 90 por ciento de la energía que consumirán los equipos para el bombeo de las aguas ya tratadas.
Por su parte, el alcalde Erik Catalán informó que el municipio se hizo cargo de 136 descargas de las casas y el gobierno estatal de más de 500, “ya no hay una sola casa que no tenga conectadas sus descargas a la red de drenaje y que estén vertiendo los residuos a la laguna”.
Pidió a la gobernadora seguir trabajando de la mano en lo que resta de su gobierno, que todo se haga en beneficio de la población de Iguala.
Una hora después, en un segundo acto realizado en la zona de Ciudad Industrial, en la parte norte de la cabecera municipal, la gobernadora inauguró junto al alcalde Erik Catalán la ampliación del sistema de drenaje sanitario, en una zona cercana al río San Juan, de la que dijo tuvo un costo de 34 millones de pesos, de los que el municipio aportó 7.5 millones.
En su mensaje, Salgado Pineda ofreció que no dejará obras inconclusas o “mochas” al concluir su administración, “tengan la seguridad que lo que hemos arrancado la vamos a dejar al cien por ciento, obras completas y compromisos cumplidos”.
En los dos actos, como ha sido una práctica recurrente de este gobierno, se instalaron amplios cercos de vallas metálicas en el perímetro, para impedir el acercamiento de la prensa a la gobernadora, quien, además, es resguardada por un importante número de guardaespaldas con vestimenta civil.
En esta gira la gobernadora estuvo acompañada también de las diputadas locales de Morena, Luissana Ramos Pineda y Ana Lilia Botello Figueroa, así como miembros del Cabildo y funcionarios estatales.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entre el alcalde Erik Catalán Rendón y el director de la Capaseg, Facundo Gastélum Félix, observa uno de los tres cárcamos construidos en la comunidad de Tuxpan, Iguala dentro de la obra de introducción de la red de drenaje Foto: Gobierno del Estado
En la presa de La Calera, que no funciona desde hace más de 15 años porque se llenó de tierra, se hará un proceso de rehabilitación para buscar que almacene agua por lo menos para el ganado durante la temporada de secas, mediante inversión municipal, anunció el presidente municipal de Zirándaro Jaime Torres García.
El alcalde respondió a una publicación del cantante de corridos Gerardo Díaz, quien expresó su preocupación por el estado de la presa.
Gerardo Díaz publicó en redes sociales imágenes de la presa mostrando la forma en la que se va secando y dijo: “así se encuentra la presa de mi pueblo, La Calera, a nada de secarse y aquí ando pensando seriamente qué podemos hacer por ella”.
El presidente municipal, a su vez, emitió un comunicado diciendo que “quiero agradecer y valorar profundamente su preocupación por el tema de La Calera, particularmente por la situación de su presa, el abastecimiento de agua y la necesidad de contar con un espacio que permite retener y conservar este importante recurso”.
“Deseo informarles que como gobierno municipal y dentro de nuestras posibilidades, alcances y límites, hemos decidido actuar y atender este tema que también nos preocupa y nos compete como autoridad local”.
“A partir de estos días, estarán trabajando una máquina excavadora y un camión de carga para retirar el material pétreo acumulado en la presa, realizando labores de desasolve que permitan resguardar, contener y aprovechar mejor el agua”.
La presa se ha llenado de tierra con el paso de los años, y por falta de mantenimiento ya no tiene capacidad de almacenar agua.
En el pasado, además del almacenamiento de agua, esta presa permitió un control de las aguas en tiempos de lluvia, evitando incluso algunas inundaciones, pero actualmente tampco es útil para esta función.
Sin embargo, el costo de su rehabilitación se estima muy alto. En el año 2008, desde el Congreso del Estado y mediante la gestión del diputado local Eli Camacho Goicochea, se anunció que se destinarían 50 millones de pesos para la rehabilitación de esta presa, pero el dinero nunca se aplicó.
En la propuesta del alcalde, se buscará retirar los excedentes de tierra de zonas que podrían afectar a la población y tratar de ir abriendo el vaso que se ha llenado de tierra.
La presa de La Calera estaba destinada a las labores agrícolas, con intenciones de potencializar la siembra en el municipio de Zirándaro.
