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Disuade Saúl Alarcón un intento de paro laboral en la CAPACH

* Trabajadores no habían cobrado sus salarios

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El alcalde, Saúl Alarcón Abarca desactivó en las primeras horas de ayer un paro laboral que habían anunciado trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) para exigir la destitución del director, Moisés López Cruz y en protesta porque hasta ayer no habían cobrado sus salarios correspondientes a la segunda quincena de mayo.

El alcalde, quien acudió al organismo a las siete y media de la mañana para dialogar con los trabajadores, no sólo logró disuadirlos de su movimiento, sino que, finalmente, se percató de algunas de las irregularidades que han venido denunciando el público usuario y los propios empleados que repercuten en el funcionamiento y la operación de CAPACH.

Una de estas irregularidades, narró el alcalde, es que a esa hora ya había usuarios haciendo cola esperando hacer sus pagos y, sin embargo, la ventanilla no estaba abierta: “Eso no se vale, si necesitamos dinero y no lo recogemos, yo creo que hay que poner orden en forma rápida”, dijo el edil.

Los trabajadores han venido denunciando otra serie de irregularidades. Entre ellas el embargo de seis vehículos por el IMSS por la falta del pago de 700 mil pesos al fondo de cesantía y vejez, sin embargo, señalaron que siguen saliendo facturas con cargo a esos vehículos por la compra de refacciones, lavado y engrasado.

Han denunciado que los directivos utilizan los vehículos para uso particular.

“Fuimos a platicar con ellos (con los trabajadores) y nos dijeron que no iban a realizar el paro laboral sino que simplemente querían presionar para que alguien escuchara sus demandas”, dijo el edil             después de su encuentro con los empleados.

“Pude darme cuenta de algunas cosas y empezamos a dictar algunas indicaciones para que todo marche bien”, aseguró el alcalde e incluso dijo que se empezó a revisar el trabajo de “algunas personas” que no han funcionado adecuadamente y que, el director y el sindicato, “van a decidir qué es lo que vamos a hacer con la gente que no ha cumplido. Hoy mismo se solucionan muchas cosas que son fáciles de resolver”, expuso.

Por ejemplo, señaló que el dinero para el salario de los trabajadores ya está disponible y que desconocía por qué no se había pagado, aseguró que ayer mismo los trabajadores empezarían a cobrar.

–Los trabajadores piden también la destitución del director, recordó un reportero.

–También se va a estudiar la destitución del director pero primero tiene que resolver todos los problemas que hay en CAPACH.

La empresa CISA Consultores efectúa un diagnóstico del funcionamiento, operación y adeudos del organismo público descentralizado CAPACH para presentarlo al alcalde, y ofrecerse como asesora y garantizar la eficiencia del servicio.

El director de asesoría gubernamental de esa empresa, que tiene su sede en Tamaulipas, Héctor González Charó, informó que el diagnóstico estará terminado en ocho días y que incluye todas las condiciones en que opera el organismo y que será presentado al Cabildo para que decida lo conducente.

Señaló que entre algunas de las irregularidades encontradas es que del 100 por ciento del agua que se entuba, el 73 por ciento se tira por fugas, “agua hay pero está mal operado el sistema”, dijo.

Explicó que las fugas obedecen a que la mayor parte de la tubería tiene casi 50 años que no ha sido rehabilitada. Señaló que no hay eficiencia en el cobro por el servicio y que son comunes las concesiones, por ejemplo, a los envasadores del agua, quienes no pagan por un servicio especial a pesar de que la utilizan para negocio.

Dijo que el organismo no aprovecha el programa federal denominado Promoagua cuyos recursos son a fondo perdido y con el que la federación aporta el 75 por ciento para obras de infraestructura de agua potable y lo único que piden es que el organismo aporte el otro 25 por ciento y que esté funcionando correctamente.

La ex dirigente de la OCSS, Reyna Avelino, grave a raíz de las torturas

* Pide ayuda al gobierno y a organizaciones

Alfredo Mondragón * La militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Reyna Avelino Huizache, quien padece de una etapa terminal de cáncer en columna e intestino, a raíz de la tortura que le hicieron agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) en 1996, solicitó apoyo económico al gobierno del estado.

En entrevista, Avelino Huizache pidió que dicho apoyo sea “sin la mediación de líderes que sólo se han beneficiado con mi salud y negocian con el gobierno como los dirigentes de la OCSS Benigno Guzmán Martínez y Luis Olivares”.

Avelino Huizache fue trasladada por sus familiares ayer por la mañana al Instituto Estatal de Cancerología a recibir las primeras sesiones de quimioterapia, y su abogado, José Sánchez, anunció que demandará penalmente a los judiciales que la torturaron.

Reyna Avelino ha perdido totalmente la vista a raíz de la tortura que le hicieron agentes de la PJE cuando fue detenida en 1996 porque demandaba al gobierno insumos agrícolas láminas de cartón entre otras cosas y encabezó los reclamos en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas.

La militante de la OCSS dijo que necesita apoyo económico debido a que cada sesión de quimioterapia cuesta mil pesos y un frasco de cuatro pastillas para el dolor 500 pesos y no tiene ingresos debido a que su esposo está preso.

Además, cuenta con tres hijas (Guadalupe, Montserrat y Catalina de 9, 5 y 3 años de edad) y sus ingresos no le alcanzan ni siquiera para comer, por ello, también pide ayuda a las organizaciones no gubernamentales y partidos políticos.

Los profesores no pueden desempeñar las funciones de un padre, opinan en Prepa 7

* No se impondrá un régimen policiaco: Magdaleno González

Jorge Nava * El día no fue distinto al de otros en la Preparatoria 7 de la UAG, alumnos en sus aulas recibiendo clases, otros jugando en las canchas o en la cooperativa de la escuela. Sin embargo, se percibe la consternación de los estudiantes ante la pérdida de cinco de sus compañeros que murieron en un accidente la semana pasada.

Mientras, profesores afirmaron que no se puede instalar un régimen policiaco en el plantel.

La mañana de ayer se registró el pase de lista. En la entrada al plantel, el encargado de esa área pide la identificación de los estudiantes y observa que porten el uniforme escolar o por lo menos una playera blanca y su credencial de la escuela.

Un pliego de papel bond fue colocado en el periódico mural de la institución donde los estudiantes escribieron que la comunidad estudiantil acompaña en su dolor a los familiares de Luis Enrique Carmona Quiterio, Rafael Domínguez Olea, Jorge Arturo Méndez Prado y Marbin Abarca Irineo.

Algunos alumnos se hallaban en la cooperativa, en las canchas o simplemente afuera del salón, sin embargo, se observó en ellos pena ante lo sucedido.

Para el ex director de ese plantel, Magdaleno González Sandoval, respecto al accidente, todo estaba previsto para que pasara lo que pasó, pues explicó que le pareció “ilógico” que una camioneta Pick Up, con más de 20 gentes, halla circulado por la Costera, por la Escénica, y halla llegado hasta donde llegó, sin que no hubiese ninguna patrulla de Tránsito que los hubiese parado.

De los estudiantes describió que eran muchachos tranquilos, y que por ello, esto les ha causado un gran dilema, “es que pareciera que a los buenos siempre les pasan cosas malas”, esto porque aseguró que eran estudiantes tranquilos los que perecieron.

Con relación a las medidas, González Sandoval aclaró que ellos no son responsables sin embargo, dijo que “la escuela, como escuela, tiene una responsabilidad moral, pero no podemos nosotros, desempeñar funciones de policía”.

Indicó que como escuela, ni la dirección ni los profesores subimos a los muchachos a la camioneta, luego recriminó que los profesores tampoco pueden desempeñar las funciones de un padre, pues recordó que la subdirectora de la institución fue y bajó a los estudiantes y no le hicieron caso. Por ello insistió que “no podemos desempeñar funciones de andar jaloneando nada”.

El profesor evalúo que este caso no traerá como consecuencia que se vaya a poner un régimen policiaco.

Lamentó que ayer hubo una reunión de padres de familia previamente citada a ex profeso, con días de anticipación, y sólo asistieron entre el 20 o 30 por ciento.

“Se les cita pero no los podemos obligar a que venga. En una escuela particular se convoca a los padres a una reunión de padres de familia y asiste el 99 por ciento y el que no asistió presenta un justificante, en una escuela pública como la nuestra, y muchas otras, asiste entre el 20 o 30 por ciento, pareciera que a los padres que mandan a sus hijos a escuelas públicas, no les importa ni las condiciones en las cuales estudia ni si sus hijos aprueban o no aprueban, observó.

Externo que “es verdaderamente penoso, que venga el padre de familia ya al término del año escolar, que el hijo acabo el tercer año, y de buenas a primeras se entera que su hijo no se inscribió ni en segundo y en tercero”.

Acotó que “no vamos a imponer medidas disciplinarias”.

En tanto, en ese sentido la profesora Lucia Barreto Bohorquez enfatizó que las medidas siempre se han tomado dentro de esa escuela.

“Es una de las escuelas que mejor reglamento escolar y seguimos las normas escolares”, afirmó.

Pese a ello, reconoció que no pueden hacer el papel de padres, porque expuso que el profesor es el que guía a los alumnos, “pero no somos los padres, no tenemos esa autoridad; hasta cierto punto nosotros como profesores podemos llamar la atención, pero no podemos ir más allá donde pueden ir los padres”.

Expuso que la escuela no es la responsable ni los profesores son responsables. Aclaró que tampoco a los alumnos son culpables de lo sucedido, pero sí dijo que los jóvenes deben de tener más cuidado. Argumentó que con esta experiencia espera de los estudiantes, cooperación al igual de que de padres y autoridades.

 

De 4.5 millones ejercidos, Jesús Alvarez sólo comprobó 2, dice el dirigente del STAUAG

* Se reúne Martín Barragán con el rector

* El próximo 11 de julio, la Comisión de Hacienda y Fiscalización entregará la auditoría aplicada a la anterior dirigencia, señala

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * el secretario general del STAUAG, Martín Barragán Solís se reunió ayer con el rector Nelson Valle López para continuar las negociaciones del pliego petitorio pendiente de resolver en diciembre pasado cuando se conjuró la huelga por la revisión del contrato colectivo y dijo que esta vez lograron avances sustanciales.

El dirigente sindical entrevistado en Rectoría al finalizar la reunión con el rector, también dio a conocer que el próximo 11 de julio, en sesión del Consejo General de Representantes, la Comisión de Hacienda y Fiscalización entregará un dictamen de la auditoría aplicada al comité ejecutivo central que presidió, Jesús Alvarez Hernández, donde se dijo ejerció 4.5 millones de pesos pero sólo se comprobaron gastos por 2 millones.

De la reunión con le rector para avanzar en la resolución del pliego petitorio, dijo que se avanzó en el asunto de las violaciones al contrato colectivo, adeudos a los trabajadores y a los beneficiarios de fallecidos que no se le había dado seguimiento.

Indicó que un caso especial es el de los auxiliares académicos –principalmente del área cultural– “a quienes no se les ha hecho justicia” porque desde hace dos o tres años no se les ha dado respuesta, para su recategorizaciones luego de que varios tienen ya, estudios de postgrado.

Quedaron con el rector de que el lunes próximo presentarán los primeros resultados.

En cuanto al pago de adeudos creemos que el lunes nos integran una bolsa para resolver los casos que tenemos pendientes y el sindicato en esta ocasión va a distribuir ese dinero para los trabajadores. El lunes nos dan el monto, en el sentido de los compromisos hay que recalcar sí se acordó que el lunes sin falta nos dan una cantidad con precisión para empezar a distribuir.

También pidieron los 4 millones de pesos para familiares de trabajadores que han fallecido. De la clave 12 –salarios no pagados–. En septiembre se les podría resolver la totalidad, les dijeron.

Otro asunto fue el de las convocatorias para el próximo semestre que no se han emitido para la contratación de personal docente. El acuerdo es que será a través de la por la Comisión Mixta Paritaria y Promoción y que podría ocurrir posterior el próximo 25 de este mes cuando termine su revisión.

En julio entregan auditoría

Sobre la auditoría aplicada a la pasada administración del STAUAG, Martín Barragán dio a conocer que el próximo 11 de julio en sesión del Consejo General de Representantes la Comisión de Hacienda y Fiscalización entregará un dictamen de la auditoria aplicada al anterior Comité Ejecutivo Central que presidió, Jesús Alvarez Hernández, donde se dijo ejerció 4.5 millones de pesos pero sólo se comprobaron gastos por 2 millones.

Dijo que el pasado viernes en su CGR se le había mandatado a la Comisión Autónoma de Hacienda y de Fiscalización para que diera su informe, pero lo dio incompleto.

Dio a conocer que la Secretaría de Finanzas que presidía Lorenia Fernández Tilaza, del pasado Comité, “egresada de la escuela de Economía y que ahorita está becada, aunque no le han firmado su convenio y no sabemos cómo lo hizo–, no entregó los libros de registro, ni talonarios, “no había estados de cuenta, se suponía que nada más había una sola cuenta con la personalidad jurídica y el banco me aclaró que había tres cuentas, nosotros teníamos el conocimiento que había una sola”.

“Conseguimos a través del banco toda la información de los estados de cuenta de todo el año 2002, para hacer un análisis completo y no nada más de un mes, porque nosotros no vamos a cargar con cosas que no empezamos ni hicimos, ni pensamos hacer”.

Agregó que Lorenia Fernández se ha negado a dar la información, ya fueron a su domicilio para que entregara los estados de cuenta, chequeras y todo pero no lo ha hecho.

Por eso reveló que existen trabajadores académicos que “van a interponer una demanda laboral, porque muchos compañeros se quedaron sin cobrar sus cuotas sindicales del último trimestre del año pasado, tampoco cobraron el Fondo de Resistencia del cual fue descontado un día de salario a cada trabajador, y corresponde que les regresen la mitad y a muchos no les fue entregado, algo así como 130 mil pesos”.

Toman trabajadores de la Ssa la jurisdicción sanitaria en Tlapa

* Exigen el cumplimiento de una minuta

* Participan unos 150 trabajadores de los 17 municipios de La Montaña

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadores de la Secretaría de Salud de los 17 municipios de la región de La Montaña tomaron ayer las instalaciones de la jurisdicción sanitaria con sede en Tlapa en demanda del cumplimiento de una minuta de acuerdos firmada por la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra en marzo pasado.

Los empleados de Salud se solidarizan también con un paro laboral que mantienen desde hace ocho días trabajadores del hospital de Acatepec en demanda de la dotación de medicamentos y equipo, incremento de personal médico y el cumplimiento del rol de enfermeras.

Uno de los dirigentes de los trabajadores, Eduardo Méndez Luna, dijo que en la toma de las instalaciones de la jurisdicción sanitaria que inició a las ocho y media de la mañana de ayer lunes participan cerca de 150 trabajadores de los 17 municipios quienes protestan por el incumplimiento de una minuta de acuerdos firmada por Muñoz Parra.

La minuta de acuerdos contiene la petición de destitución del jefe de la jurisdicción sanitaria, Genaro Juárez Silva y su rechazo a que se designe como coordinador de enlace a Armando Viviano García.

Al primero lo acusan de presuntos desvíos de recursos y del segundo desconocen su representación ante los trabajadores.

Méndez Luna informó que Muñoz Parra se comprometió en el mes de marzo pasado a que daría una respuesta a sus demandas a más tardar en un mes, pero que han pasado dos y que no les ha resuelto nada por lo que ayer decidieron realizar acciones de protesta.

Dijo que con su movimiento apoyan también la toma de las instalaciones del hospital de Acatepec por los trabajadores quienes exigen la dotación de equipo y de medicamentos, ambulancias y la remodelación de sus instalaciones para que puedan prestar un mejor servicio.

Los empleados de ese hospital también demandan que se cumpla con el rol del personal de enfermería y que este sea rotativo. Los trabajadores de Acatepec cumplieron ayer ocho días en paro laboral sin que hayan sido atendidos en sus demandas, según dijo Méndez Luna.

A Acapulco le falta actualizarse y dar mejor servicio a turistas, consideran

* Presenta ponencia hotelero de España en la UAA

Raquel Santiago Maganda * Para el presidente del Consejo de la Escuela de Hostelería y Turismo de Valencia, España, , al modelo turístico del puerto le hace falta calidad en sus servicios, que van desde la infraestructura al trato para los vacacionistas.

El turistero español fue invitado al puerto por José Luis Basilio Talavera, coordinador de la Facultad de Turismo de la Universidad Americana de Acapulco (UAA), institución con la que firmará próximamente un convenio de colaboración.

El objetivo de la ponencia del empresario fue informar a los estudiantes sobre las opciones de trabajo y becas en España, y para invitarlos a trabajar en Europa.

España es considerada como la segunda potencia mundial en la actividad turística después de Estados Unidos, pero tiene problemas en el sector hotelero y restaurantero por la falta de prestadores de servicios calificados.

Por esa situación tienen que acudir a la exportación de personal, principalmente de Iberoamérica.

Informó que en este año requieren de cinco mil trabajadores provenientes de Latinoamérica, incluyendo a México, aunque se conforman con captar a dos personas de Guerrero.

El Acapulco que se perdió

Angel Campillo recordó que Acapulco era uno de los lugares más importantes del mundo y que ahora ha venido a menos porque no se ha actualizado, “y el problema podrían ser los empresarios”.

Mencionó que el modelo turístico de Acapulco sigue vigente, pero la falta de calidad en los servicios provocó el detrimento y se refleja en la captación de dinero.

Ejemplificó que el concepto de sol y playa está maduro, pero que España es el ejemplo de que a pesar del modelo viejo, la calidad lo renueva constantemente.

Reiteró que la clave es dar un servicio de calidad. “Hace nueve años que no venía a Acapulco, pero todo lo veo igual aunque más deteriorado”, y recordó que “el tipo de turista extranjero o nacional siempre debe ser tratado como lo mejor, porque así le puedes cobrar más y si das calidad puedes ofrecer a que venga otro tipo de gente, vas diversificando y generando la expectativa”, consideró.

Recordó que hace nueve años vino al estado para impulsar un proyecto para demoler los hoteles que no reunieran las características importantes de calidad, pero que no se hizo porque requiere de mucho dinero, mientras que en España ha sido una de las claves para su éxito.

Consideró que el sector turístico del puerto no crece porque cambió a un turista nacional de segunda vivienda, es decir quien compra departamento y no utiliza el alojamiento ni el restaurante.

Explicó que una de las consecuencias es la generación de menos ingresos por turistas, y por lo tanto no hay mercado de trabajo sino más centros comerciales en lugar de empresas turísticas, fenómeno que persiste en el puerto.

También por eso la oferta hotelera no crece, y no es posible hacer prácticas y prepararlos para dar un servicio de calidad.

Como turista sugirió que se debe dar un cambio de calidad en los servicios, en la infraestructura, los recursos humanos, la seguridad y poner más policías.

Aunado a que haya seguridad en el país, porque la ciudad de México es muy insegura a pesar de ser el punto de entrada y salida de los vuelos internacionales y nacionales.

Sólo tres ayuntamientos entregaron la cuenta pública a tiempo: Rendón

 * De 2002, no rindieron cuentas 38 alcaldes, informa el funcionario * Analizarán el próximo lunes si se les somete a juicio político o se resuelve por la vía penal

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer en la primera reunión de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, el auditor general, Ignacio Rendón Romero, dio a conocer a los diputados que al vencerse el viernes 30 el plazo para la entrega de las cuentas públicas del primer cuatrimestre del 2003, sólo lo hicieron tres ayuntamientos; el gobierno del estado y los organismos descentralizados tienen como fecha límite el 15 de junio.

Además informó que por rezago aún no se revisan las cuentas públicas mensuales y anualizadas municipales del 2002, de las cuales 38 alcaldes no entregaron, así como la entrega recepción de bienes muebles e inmuebles de los ayuntamientos.

Y se comprometió a que el mañana miércoles entregará el dictamen sobre la auditoría al Centro Internacional Acapulco (CIA) y el próximo viernes dará un informe detallado sobre la entrega cuatrimestral de la cuenta pública mensual.

Sobre la auditoría al hospital de Taxco, el auditor general recomendó a los diputados pedir información a la Contraloría General del Estado.

La reunión de la Comisión de Vigilancia y Evaluación se realizó con los diputados desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

Por los diputados estuvieron la presidenta de la Comisión, diputada del PRI, Alicia Zamora Villalba, y la secretaria por el PRD, Gloria Sierra López, luego se incorporaron los diputados del PVEM, Marco Antonio de la Mora; del PT, Fredy García Guevara; del PRS, Heriberto Noriega Cantú y del PAN, Max Tejeda Martínez.

Ante ellos a pregunta de los diputados el auditor general, Ignacio Rendón Romero, les dijo que de las cuentas públicas del 2002 faltan 38 ayuntamientos pendientes de entregar y montos por solventar.

De las cuentas públicas cuatrimestrales del 2003, les dijo que sólo tres ayuntamientos entregaron: Xochistlahuaca gobernado por el PRI, Coyuca de Catalán del PRI y Zihuatanejo del PRD (sin la firma del síndico Joaquín González), el gobierno del estado y organismos descentralizados tienen como fecha límite el 15 de junio.

En esa reunión también se dejó pendiente para la sesión del próximo lunes analizar si en el caso de los 38 ayuntamientos que no entregaron sus cuentas públicas y los que no solventaron sus cuentas pendientes, se les somete a juicio político o se resuelve por la vía penal (luego de que a pesar de que el 30 de noviembre pasado culminaron sus administraciones, después pueden ser sometidos a la ley).

Ignacio Rendón explicó que en el caso de las cuentas públicas cuatrimestrales del 2003, donde sólo tres ayuntamientos cumplieron, los alcaldes justificaron y se quejaron de no haber tenido a tiempo el catálogo de cuentas para efectuar la contabilidad, aunque aseguró que sí las envió en tiempo y forma.

Y como este día apareció en diferentes medios de comunicación una declaración del contralor general del gobierno estatal, Enrique Alarcón Vélez, de que procederán administrativamente y penalmente contra los alcaldes que incumplieron con la entrega de las cuentas públicas, el auditor general, Ignacio Rendón, dijo a los diputados que la Contraloría del gobierno estatal no puede hacer eso porque no se lo faculta la ley.

Por eso acordaron solicitar al gobierno del estado que autorice la comparecencia del contralor general del estado, Enrique Vélez, para que dé una explicación al respecto y sobre la auditoría aplicada a la construcción del Hospital de Taxco, pero no dijeron la fecha.

Acuerda el PAN rechazar la prórroga en la cuenta que piden alcaldes del PRD

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Dirigentes estatales del PAN y sus diputados locales, así como el alcalde de Leonardo Bravo, se reunieron ayer en una comida para intercambiar información y definir estrategias para tratar los problemas, y analizaron cerrar el paso a los alcaldes perredistas que pidieron una prórroga para entregar sus cuentas públicas cuatrimestrales, cuando el plazo que venció el viernes 30.

El alcalde de Leonardo Bravo, Leopoldo Ramiro Cabrera Sánchez, pidió apoyo para denunciar que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farill, les retiró un millón de pesos que serían destinados para la construcción del mercado municipal.

Esto porque locatarios del mercado central se negaron a construir el mercado afuera del poblado en un terreno de 7 mil metros cuadrados e insistían en que se construyera en el centro de la cabecera municipal donde el terreno es reducido.

Los diputados del PAN en voz de su coordinador, Max Tejeda Martínez, les dijo que buscarán hablar con el funcionario estatal para que regrese el recurso al proyecto de la construcción del mercado afuera de la cabecera municipal.

Mientras que la dirigencia encabezada por su presidente estatal, Francisco Rodríguez Otero, y los diputados, acordaron negarse a aprobar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la petición que hizo el coordinador estatal de autoridades municipales del PRD, el alcalde de Teloloapan, Modesto Brito González, de una prórroga para entregar la cuenta pública.

También dieron a conocer los diputados que este martes la Comisión Instructora –donde ninguno de los diputados panistas tiene representación–, presentará su dictamen sobre si da entrada o no a la petición de juicio de procedencia solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para revocar el mandato al alcalde, síndico y regidor panistas del municipio de Zapotitlán Tablas, señalados como responsables de la muerte de cinco indígenas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), el 11 de mayo.

El acuerdo al respecto fue que analizarán el dictamen y si no está apegado a derecho lo rechazarán.

En tanto, Francisco Rodríguez Otero dio a conocer que ha sostenido cuatro reuniones con el procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, y dos con el gobernador, René Juárez Cisneros, a quienes ha pedido una investigación apegada a derecho.

Dijo que tanto el gobernador como el procurador se comprometieron a realizar una investigación imparcial y respetando los derechos de los ediles panistas, para que tengan un proceso judicial de acuerdo a la ley y sin tintes partidistas.

La reunión de este lunes, corresponde a una costumbre de reunirse cada mes (el primer lunes) entre dirigentes estatales, alcaldes y diputados del PAN para intercambiar opiniones, información y tomar acuerdos sobre la problemática del estado y del partido.