De la Corresponsalía, Coyuca de Benítez * Comisarios de los poblados Las Pulgas, Paso Real y Barrio Nuevo, denunciaron que el presidente municipal Julio Cesar Diego Galeana, “cerró la fecha” para comprar el fertilizante y con ello presionarlos para que los apoyen en su precandidatura a diputado local por el distrito 16. Entrevistados la tarde de ayer durante el bloqueo carretero de mas siete horas, en el que ellos participaron junto con mas de 200 campesinos damnificados por los sismos, los comisarios de Las Pulgas, José Luis Landeros; de Paso Real, Gabriel Pastrana; y de Barrio Nuevo La Laja, Gregorio Díaz Delgado, manifestaron que el pronto limite de la fecha de para pagar el fertilizante –el pasado lunes– es una maniobra del alcalde Julio Cesar Diego, “para cuando exigamos que nos den fertilizante, nos diga que lo tenemos que apoyar”. Pastrana García, de Paso Real, agregó: “Hay otros campesinos que ya pagaron el fertilizante y no les ha llegado; sólo se los da ha quien el presidente quiere, cuando la entrega debe de ser pareja”.

Dijo que esa no es la única forma en la que el alcalde presiona, pues aseguró que también retrasa la entrega del Progresa, para condicionarla por las elecciones. “Ya lleva mas de tres meses que el apoyo del Progresa no llega, desde el pasado 5 de marzo”, expresó. Por ultimo indicó que el alcalde tiene olvidada la zona donde se encuentran sus poblados, ya que nunca les brinda apoyos, “todo por ser simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, y no ser priístas como él”.

Chilpancingo * Habitantes de Hueycantenango que promueven la creación de esta comunidad como nuevo municipio, analizaron los avances de su gestión con el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, el senador Héctor Astudillo Flores y el diputado Roberto Torres Aguirre, informó un comunicado de prensa. El boletín enviado por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, da cuenta de una una reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de Gobierno y en la que Miranda Añorve reiteró la voluntad política del gobernador René Juárez Cisneros para apoyar la creación del municipio de Hueycantenango, “voluntad reflejada en la iniciativa de ley para tal efecto, y que se encuentra en trámite en el Congreso local”.

El boletín oficial indica que el senador priísta Astudillo Flores, explicó el procedimiento legal que sigue para la conformación de un nuevo municipio, como el de cubrir un mínimo de 25 mil habitantes, análisis y aprobación, en su caso por parte del Congreso local, su posterior remisión a los cabildos de los ayuntamientos ya existentes, la publicación del Decreto correspondiente en el periódico Oficial del Estado y la conformación del cabildo. A su vez, los integrantes del Comité Progestión para el Nuevo Municipio de Hueycantenango, encabezados por Alejandro Hernández Villarreal, Viliulfo Morales Merino y Aniceto Morales Bello, coincidieron en reconocer el apoyo del gobernador y de Astudillo Flores, así como de los funcionarios “para responder a un anhelo de unas 120 comunidades que desean conformar este municipio y atender mejor sus necesidades al contar con presupuesto propio”.

Agrega que el diputado local Roberto Torres Aguirre, también del PRI, señaló que los trámites al interior de la Comisión de Gobierno que preside en el Congreso del Estado, se encuentran en un avance considerable y que en breve, se llegará a una determinación que se espera favorable para contar con el municipio número 78 en el estado.

 * El municipio que gobierna, Atenango del Río, recibirá un millón 250 mil * Tepecoacuilco, dos millones 400 mil; Huitzuco 908 mil pesos, y Copalillo 700 mil * Se buscará el apoyo federal: Sánchez Barrios

 Eduardo Albarrán, corresponsal, Iguala * El presidente municipal de Atenango del Río, Diego Nieves Soriano informó que ya se firmaron las minutas de acuerdo y los representantes del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, se comprometieron a entregar el 10 de junio el dinero para las indemnizaciones de las comunidades afectadas por el derrame de melaza.Nieves Soriano mencionó que fueron afectadas por la contaminación del río 52 comunidades de los municipios de Huitzuco, Copalillo, Atenango del Río y Tepecoacuilco.Indicó que para Huitzuco piden una indemnización de 908 mil pesos, para Atenango un millón 250 mil, para Copalillo 700 mil y para Tepecoacuilco dos millones 400 mil, cantidades que se manejan de acuerdo a la población afectada.

Dijo que se reunieron con representantes del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, a quienes se les plantearon cinco acciones necesarias para reparar el daño de los municipios afectados por la contaminación del río.Los puntos que se propusieron fueron, la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, un cerco perimetral a los tanques de melaza, la indemnización de la gente afectada en los municipios de Guerrero, la siembra de peces en el río, y el seguimiento, verificación y evaluación de la infraestructura mencionada.Señaló que las cantidades de dinero que se darán como indemnización “siendo honestos” no son suficientes para reparar el daño ecológico que se sufrió, el cual “es irreversible” pero viene a subsanar mínimamente algunos problemas de las comunidades afectadas.Debido a la contaminación del río Mezcala y a la sequía que hay en esta región, varias cabezas de ganado vacuno han muerto y la gente no puede dedicarse a sus labores agrícolas porque no cuenta con la seguridad de que el agua ya pueda ser utilizada para sus cultivos y para sus animales, así como para su uso personal.Refirió que los pozos de agua de los cuales se surte la población para su consumo se están clorando, y se analiza el esa agua y la del río, para evitar enfermedades gastrointestinales, y a pesar de que en cierta manera el peligro ya pasó todavía están pendientes de la situación.Antes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Barrios, había informado que el gobierno del estado solicitará recursos para apoyar a las familias afectadas por la contaminación del río Mezacala.Entrevistado al término de la inauguración del Centro Regional de Actualización y Capacitación Municipal en esta ciudad, el funcionario indicó que se gestionan recursos ante la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la República “para que pueda autorizar una partida especial dentro del programa de empleo temporal, que permita a quienes viven de la pesca en los municipios de la ribera del río Mezcala, puedan afrontar esta situación”.En cuanto a cuál sería el monto necesario, Sánchez Barrios dijo no tener una cantidad exacta y confió en que se otorgara una cantidad suficiente para la realización de actividades que puedan permitir que los ribereños hagan frente a esta situación.

Las elecciones en las Unidades Académicas Profesionales

 La nueva Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero entró en vigor desde agosto del 2001. Ley en su sentido material, significa norma jurídica escrita emanada del poder Legislativo.

Claro está que la primera etapa del proceso de reforma universitaria incluyó una discusión colectiva hasta llegar a una propuesta, que fue presentada ante el Consejo para su aprobación. Fueron días, semanas, de gran dedicación de estudiantes y trabajadores; aunque en honor a la verdad, siempre fueron los menos.

Ahora que contamos con una Ley de la Universidad, con un Estatuto (desde abril del 2002), hay que aplicarlo al pie de la letra. La ley, cualesquiera que esta sea, en tanto norma jurídica requiere de su observancia, al margen de que el día esté nublado o haya salido el sol; no distingue sexo, posición social ni posición partidista. Como dijera mi estimado amigo Armando Quijano “la ley es la ley”.

Pues bien, resulta que las autoridades universitarias pretenden hacer caso omiso de los requisitos para ser candidato a director de Unidad Académica. En particular de la fracción III del artículo 32, que a la letra dice: “Contar con Título de Licenciatura y Grado de Maestría o Doctorado, en el caso de las unidades académicas profesionales”.

En particular, llama la atención la declaración que hace a EL Sur, en una nota de Sergio Ocampo, el secretario general Académico, Arturo Contreras Gómez, quien afirma que “y si al concluir el proceso, y si por casualidad algunos de estos aspirantes llegaran a ganar la elección en sus unidades académicas no cumplió con algunos de los requisitos… será factor que influya en el Consejo Universitario para que se anule el proceso al no haber cumplido con los requisitos”. (El Sur, 27-05-02).

La pregunta es ¿por qué aceptar como candidato a alguien que no reúne los requisitos para serlo? ¿No es eso violación a la Ley? Lo que procede, señor secretario académico, es el rechazo a la intención de participar, sin más. Aceptar lo contrario es volver a caer en el terreno donde los casos no previstos, que yo llamaría ilegales, los resuelven las fuerzas políticas con arreglo a criterios muy diferentes al espíritu de la nueva Ley de la UAG.

Cito un caso extremo. En la Facultad de Ciencias Sociales se registraron dos aspirantes a la Dirección: Cecilia Salas y Nazarín Vargas. La primera no sólo no reúne los nueve requisitos para ser aceptada a competir, sino que viene de una reciente derrota. Recordará usted que en días pasados fue publicada en este mismísimo diario la Convocatoria para la Consulta, así como los Compromisos derivados de los resultados de la Consulta, dejando en claro que en aras de la estabilidad de la institución y como un ejemplo de civilidad política para cada uno de los seguidores, los candidatos Cecilia Salas Vargas, Dante López Román y Nazarín Vargas Armenta, acatarían, sin derecho de apelación, los resultados electorales.

Bastó que uno de los tres candidatos participantes no reconociera su votación para que el intento de una “Facultad de Ciencias Sociales (que) pretende ser pionera en la incursión de métodos democráticos más directos y auténticos”, se viniera abajo. Y fue precisamente Cecilia Salas, quien no reconoció su derrota y hoy le apuesta a la negociación política de su organización, Fredeuag, cuyo principal dirigente es Rosalío Wences Reza, para ganar en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas.

Me resisto a creer que Arturo Contreras, quien casualmente fue el candidato de Fredeuag a la Rectoría, se preste a violentar la nueva Ley de la Universidad. Le recuerdo que el plazo de 30 días para entregar títulos y/o grados no forma parte de los diez artículos transitorios. En contrapartida, el artículo 47 señala que “para los efectos de esta Ley, y con el propósito de lograr el fortalecimiento de la docencia, la investigación y extensión, en todos los casos los títulos y grados deberán estar debidamente legalizados”. En el caso ya citado el grado no está legalizado porque sencillamente no se posee.

Hago un llamado al rector Nelson Valle López, a seguir muy de cerca este proceso electoral, inédito por la simultaneidad electoral en Unidades Académicas preparatorias y profesionales, y sobre todo a no defraudar la confianza de miles de universitarios que anhelamos un cambio, respetando a nuestra legislación y las relaciones institucionales. A los consejeros les pedimos ceñirse a lo estipulado por la Ley que ustedes mismos crearon.

 * En 1990, el consorcio turístico Punta Ixtapa reubicó la instalación fuera de su concesión “por cuestiones de imagen para sus posibles compradores”, afirma el director de Turismo de Zihuatanejo

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El comité de muelles de Ixtapa-Zihuatanejo solicitará al consorcio turístico Punta Ixtapa que abra en su propiedad privada un acceso para facilitar el embarque de turistas de Playa Quieta a la Isla de Ixtapa, mientras se resuelve el problema de azolve en el muelle de Playa Linda, donde están suspendidas las actividades desde el 9 de mayo pasado.Pero los lancheros piden que los inversionistas y desarrolladores turísticos de Punta Ixtapa devuelvan el antiguo muelle de Playa Quieta que colinda con esta exclusiva zona, mismo que el grupo constructor Dine reubicó en Playa Linda cuando emprendió la construcción de este desarrollo en 1990 “por cuestiones de imagen para sus posibles compradores”, según argumentó entonces, de acuerdo con un documento dirigido por la Dirección de Turismo de Zihuatanejo a la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) estatal, fechado el 15 de mayo pasado.A la par de estos planteamientos para resolver el conflicto en el muelle de Playa Linda, el constructor de la obra, el Grupo Dine, comenzó el fin de semana urgentes trabajos de desazolve y dragado para que los lancheros y comerciantes abandonen Playa Quieta, que es donde trabajan de manera provisional, por la inoperancia del muelle antes mencionado.Esto, a consecuencia de que en la más reciente reunión del comité de muelles, celebrada el viernes 24 en la sala de cabildos de Zihuatanejo, los lancheros radicalizaron su postura y dijeron que no estan dispuestos a regresar al muelle de Playa Linda.El dirigente de la Sociedad Cooperativa de Prestadores de Servicios Turísticos Triángulo del Sol, José Angel Vázquez Blanco, y el presidente de la cooperativa Teniente José Azueta, Silvano Hernández, enfatizaron que para resolver el conflicto “de fondo”, deberán “devolver la zona original del embarque”, que estaba en Playa Quieta y que se movió para dar paso a la construcción de un desarrollo turístico en el que –de acuerdo al decir popular– tienen propiedades los Slim, los Burillo, los propietarios de la empacadora Herdez y del banco Banamex.

Vázquez Blanco y los comerciantes que venden artesanías en la zona aseguran que el muelle tiene problemas desde su construcción y que la misma empresa constructora ha invertido durante ocho años “mucho dinero” en desazolvarlo. Estiman que se gastan anualmente más de 870 mil pesos en el constante dragado del muelle de playa Linda.En el documento que envió el director de Turismo de Zihuatanejo, Gregorio Lara García, a la Sefotur el 15 de mayo, expone que el Grupo Dine “ha llevado a cabo trabajos de dragado en la dársena (del muelle) constantemente por más de seis años. Sin embargo, debido a la mala ubicación del muelle de Playa Linda y a las corrientes marinas en la zona, el azolve es inminente”.Especifica ahí que para poder desarrollar turísticamente Punta Ixtapa, el consorcio reubicó el viejo muelle de Playa Quieta y privatizó la zona del antiguo embarcadero, pero a cambio aportó “la construcción de un muelle y dársena, así como un mercado de artesanías, baños públicos y estacionamiento”.Pero Dine firmó un convenio con el comité de muelles de la comuna azuetense –que incluye a autoridades del sector turístico de los tres ámbitos, a lancheros y a comerciantes–, aceptando que “si el muelle de Playa Linda resulta inoperante por las altas mareas, por el azolve de la dársena o por el cierre de operaciones del muelle de parte de Capitanía de Puerto, los lancheros, cambiarían las maniobras de embarque y desembarque del muelle de Playa Linda a Playa Quieta”, lo cual ocurrió el 9 de mayo pasado.El subsecretario de la Sefotur en Costa Grande, Juan Nava Analco, informó que en la más reciente reunión del comité de muelles se acordó proponerle a Punta Ixtapa que permita el acceso de turistas por su propiedad, a fin de acortar la distancia hacia Playa Quieta, donde se da el servicio de embarque a la Isla de Ixtapa.Nava Analco dijo que esta solicitud será provisional y que será sólo para facilitar el paso de microbuses o taxis “que lleven turismo ex profeso a la isla”.Urgió por eso a que el gobernador René Juárez Cisneros y las autoridades federales intervengan “para hacer un muelle digno, que no se azolve en temporadas de mareas altas y que esté en buenas condiciones los 365 días del año” para que los turistas puedan llegar con seguridad a la Isla de Ixtapa, que es un sitio turístico por excelencia.Calificó de “conflictos menores” las inconformidades por el azolve del muelle y opinó que podrían destrabarse si el consorcio permite el acceso al viejo muelle, pues todavía se conservan los antiguos baños públicos y la vialidad de acceso, que sólo esta rodeada de una malla ciclónica.Para la regidora priísta que preside la Comisión de Turismo de la comuna azuetense, Rebeca Farías Salazar, la posición que asuma al respecto el encargado de Punta Ixtapa, Eduardo Martínez Lace, será definitiva para la solución provisional del conflicto, en tanto se consiguen los 3 millones y medio que costaría rehabilitar el muelle.Dijo que “los lancheros solicitan la construcción de un nuevo muelle en Playa Quieta” y que eso es difícil porque el área ya esta concesionada a Punta Ixtapa.Además de las afectaciones a los lancheros y las incomodidades que tienen que pasar los visitantes a la Isla de Ixtapa para poder embarcar en Playa Quieta, el presidente de la Unión de Comerciantes Ignacio Burgoa, Cruz Marcos Matías, así como el dirigente de la unión de Comerciantes de Artesanías Teniente José Azueta, Pedro Margarito García, denunciaron que la suspensión de operaciones del muelle de Playa Linda por parte de los lancheros afecta sus ventas.Pedro Margarito García dijo que “desde hace quince días, que los lancheros se cambiaron, el mercado de artesanías del muelle de Playa Linda está solo porque el turismo está llegando a Playa Quieta”, por lo que provisionalmente empezaron a ofrecer sus productos en el acceso a este lugar que colinda con el desarrollo turístico Punta Ixtapa.“Ese conflicto les va a reventar en las manos por no buscar los recursos necesarios. Nosotros estamos tentados a tomar medidas drásticas si no hay respuesta definitiva del gobierno municipal, de SCT o de quien corresponda”, dijo Margarito García, quien consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es responsable del estado en que se encuentra el muelle, pues debió construirse con su aprobación y con su supervisión.Incluso señaló que en un encuentro que tuvieron con Martínez Lance, el representante del consorcio dijo que éste no tiene nada que ver con el conflicto porque hace dos años entregó la obra, y que en todo caso proponía dotarles de la maquinaria para dar mantenimiento al muelle.Por su parte, Marcos Matías consideró que el problema es responsabilidad del ayuntamiento azuetense y agregó que el azolvamiento del muelle afecta a los comerciantes, “que no podemos estar todo el tiempo cambiándonos de un lado para otro, y por eso también pensamos que debe repararse urgentemente el muelle y que haya coordinación de los tres niveles de gobierno por el dinero que se requiere para concretar una obra de esta magnitud”.Opinó que es inviable que lancheros y comerciantes den mantenimiento a la obra, por los costos que esto tiene, lo cual fue secundado por el dirigente de la Sociedad Cooperativa de Prestadores de Servicios Turísticos Triángulo del Sol, José Angel Vázquez Blanco, quien dijo que este segundo regreso de los lancheros a Playa Quieta en lo que va del año “es definitivo”, porque “de nada ha servido que draguen el muelle, porque sacan arena y esa misma es regresada por las corrientes del mar. De antemano sabemos que la obra no funciona, y para nosotros es un peligro, tanto para los turistas, como para nuestras lanchas, nuestro patrimonio y los propios lancheros”, cuyas barcas han volcado en dos ocasiones por el azolve, afortunadamente sin turistas a bordo.Reconoció que existen problemas de información respecto a la suspensión de actividades en el muelle de Playa Linda, porque algunos meseros y trabajadores de los restaurantes dicen que no hay servicio hacia la Isla de Ixtapa con el fin de que los visitantes consuman en sus locales y no intenten cruzar hacia ese sitio.“Creo que en pocas palabras nos hicieron pendejos, porque el viejo muelle de Playa Quieta funcionaba bien. No entiendo por qué se permitió que nos cambiaran al muelle de Playa Linda, donde no funciona el embarque. Tal vez nada más para darle paso al desarrollo de la propiedad privada”, concluyó Vazquez Blanco.