* El ayuno, también en solidaridad con Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agís y Erika Zampra Pardo * Participan en el puerto Misael de la Cruz Soto, Juan García Avila, Moisés Martínez Torres y Omar Guerrero Solís

Cinco miembros del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del reclusorio de Acapulco se pusieron en huelga de hambre, este jueves a las 6 de la tarde, para demandar el regreso a Guerrero de sus compañeros recluidos en Puente Grande, Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez, y en solidaridad con la huelga de hambre de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agís y Erika Zamora Pardo. El presidente de la agrupación, Omar Guerrero Solís, informó por vía telefónica que el ayuno será indefinido y sólo concluirá cuando regresen sus compañeros que fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Jalisco. El sábado 20 de abril, 13 presos políticos de Acapulco se pusieron en huelga de hambre, y la levantaron diez días después. Era parte de un movimiento en varias cárceles del país, en particular en Oaxaca, para demandar que el Congreso de la Unión avanzara en una ley de amnistía general y en el caso de los de Acapulco demandaban también el regreso de Efrén Cortés y Angel Guillermo Martínez.

Como resultado de la huelga, familiares de los presos y dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) dialogaron con el gobernador del estado, René Juárez, quien se comprometió a enviar la iniciativa de ley de amnistía estatal, la cual hizo llegar al Congreso del Estado el 7 de mayo, y a intervenir para el regreso de los presos que están en Puente Grande. Sin embargo, “en vista de que el gobierno federal no ha regresado a Efrén Cortés y Angel Guillermo, hemos decidido ponernos en huelga de hambre, hasta que los regresen”, declaró Omar Guerrero. Señaló que ante esta demanda, “el gobierno federal dice que la respuesta está en manos del gobierno del estado, y el gobierno del estado dice que la decisión corresponde al gobierno federal”, y pregunta “¿cuál es el juego?” Sobre la situación de Efrén Cortés Chávez dijo: “Nos duele mucho que Efrén esté en estado grave de salud, ha perdido mucho peso y está hospitalizado, no sabemos porqué no lo quieren regresar”.

También, dijo que los presos políticos de Acapulco que ayer reiniciaron el ayuno quieren solidarizarse con Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del ERPI, que desde el 20 de abril está en huelga de hambre en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, estado de México, que demanda la libertad de los presos políticos de todo el país. Gloria Arenas Agís, la coronel Aurora del ERPI, se sumó al movimiento el 4 de mayo, en el reclusorio de Neza, estado de México. Erika Zamora, en el reclusorio de Chilpancingo, comenzó el ayuno el miércoles 8, para demandar su libertad mediante la revisión de su proceso penal. En el reclusorio de Acapulco, en el dormitorio D, se pusieron ayer en ayuno Amadeo Campos Ríos, Misael de la Cruz Soto, Juan García Avila, Moisés Martínez Torres y Omar Guerrero Solís.

Omar Guerrero manifestó que también demandan que como un gesto de buena voluntad, el gobierno traslade de las cárceles de máxima seguridad a reclusorios estatales a todos los presos políticos del país, para que puedan estar cerca de sus familiares, mientras se resuelve la ley de amnistía. En Chilpancingo, presos políticos se solidarizaron ayer con la huelga de hambre de Erika Zamora Pardo que cumplió ocho días en demanda de un juicio justo. En un escrito que enviaron a las autoridades del gobierno del estado y federal, los presos Alfredo Barragán Rentería, Tomás de Jesús Barranco, Fidel García Ramírez, Adalberto Lorenzo Martínez y Nicolás Mendoza Villa piden que se revise el caso de Zamora Pardo y que de ser posible legalmente que sea puesta en libertad. En el documento enviado al presidente Vicente Fox y al gobernador René Juárez los presos políticos de esta capital reclaman que si de verdad se respetan los derechos humanos en Guerrero que se revise el caso de Erika Zamora Pardo.

“Dicen que en México se respetan los derechos humanos pero esto es totalmente falso ya que en los Ceresos del país existen cientos de presos por motivos políticos y se asesinan a defensores de los derechos humanos como a Digna Ochoa”, señalan en su comunicado los presos de esta capital. En el caso de Zamora Pardo denuncian que se le inventaron delitos “fue torturada y posteriormente encarcelada por el simple hecho de alfabetizar a los indígenas en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres”. Zamora Pardo el miércoles pasado fue visitada por el general Francisco Gallardo Rodríguez quien demandó que se revise su caso, luego de que denunció que la masacre de El Charco fue “un abuso excesivo de poder del Ejército mexicano”.

Los presos políticos y de conciencia exigieron que “el gobierno autorice la libertad incondicional de Zamora Pardo”, y exigieron el regreso a Guerrero de los dos presos que se encuentran en el penal de Puente Grande, Jalisco, Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez. También en la carta que enviaron a los medios de comunicación a propósito de la visita de Gallardo Rodríguez, los presos de esta capital demandaron que también se revisen los casos de los presos Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís. (Con información de Zacarías Cervantes).

Brenda Escobar, corresponsal, Petatlán * En una reunión privada, en el cuartel del 19 Batallón de Infantería del Ejército, autoridades militares y civiles de la región de la Costa Grande trataron asuntos relacionados con la seguridad pública. Trascendió que esta junta a la que asistieron el síndico procurador de Petatlán, José Salas Rivera, autoridades de seguridad pública de Tecpan de Galeana, comandantes de la Policías Judicial del Estado, Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, y del Ejército fue con el objeto de tratar asuntos relacionados en el combate al narcotráfico. En las instalaciones de la comandancia del 19 Batallón de Infantería, el teniente J. Romero dijo a esta corresponsal: “No puede pasar. Es una reunión estrictamente privada y la prensa no puede pasar”. La reunión privada en la que también estuvieron los titulares de las agencias del Ministerio Público del Fueron Común y Federal, tuvo una duración de más de tres horas.

Al concluir, se abordó al síndico procurador de Petatlán, José Salas Rivera, quien se excusó diciendo que había sido “estrictamente confidencial, por lo que no puedo decir de qué se trató. Si digo, casi, casi me pegan”. Debido a que el teniente J. Romero indicó que el comandante del 19 Batallón de Infantería, Pedro Aguilar Medicina, no podría ser entrevistado “porque va a estar muy ocupado”, se intentó contactarlo vía telefónica para conocer el contenido de la reunión, pero no contestó las llamadas. De esta junta, sólo se sabe que se citó mediante oficio firmado por Pedro Aguilar Medicina para entablar una reunión de coordinación para combatir de manera frontal al narcotráfico, la delincuencia y crimen organizado, dejando sin invitación al delegado regional de Seguridad Nacional.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Hoy viernes, ciudadanos del barrio de San Antonio y de la Colonia Los Angeles realizarán una marcha para exigir al gobierno de René Juárez Cisneros el esclarecimiento total del secuestro y asesinato del panadero Faustino Romero García. Javier Romero Flores, hijo del panadero asesinado, señaló que a ocho días de que se encontró el cuerpo de su padre en estado de putrefacción en la colonia Villa Campestre, aquí en Chilpancingo, la Procuraduría de Justicia no ha podido detener al autor intelectual de este hecho, Francisco Flores Adame, quien se encuentra prófugo de la justicia. Hasta el momento, están detenidos y bajo proceso judicial Luis Hernández y su padre Juventino Hernández, así como Sergio Santiago López quien en su declaración preparatoria ante el juez tercero penal ratificaron su culpabilidad. Sin embargo, familiares y amigos del panadero Faustino Romero García, saldrán hoy viernes a las calles para exigir al procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, que esclareza este hecho. “No estamos contentos con las investigaciones de la Procuraduría, porque hasta el momento no han detenido al verdadero responsable y tenemos miedo de que algún día regrese para asesinarnos”, externó Javier Romero Flores, hijo de Faustino Romero quien fue secuestrado en abril de este año, y hace ocho días fue encontrado muerto.

Ramírez Guerrero minimiza la protesta

Por su parte, el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, al enterarse de la marcha de los familiares y amigos del panadero asesinado, dijo que él está en la mejor disposición de atender a los inconformes. Entrevistado al término de una reunión que tuvo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis León Aponte, Ramírez Guerrero sostuvo que en lo que va del año se han registrado diez secuestros, “y todos los estamos investigando”. Casi corriendo y acompañado por el subprocurador de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, Ramírez Guerrero, señaló que “no tengo nada que decir en estos momentos, mejor otro día les declaro”. Y para alejarse de los medios de comunicación, Ramírez Guerrero tuvo que bajar el sótano uno del Palacio de Gobierno para abordar un automóvil deportivo color gris. Y allí dejó plantados a los periodistas.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Conatos de violencia entre trabajadores del volante de esta capital y de Petaquillas se dieron ayer cuando taxistas de Chilpancingo detuvieron a tres de los llamados piratas de Petaquillas, que entraron a esta capital a dejar pasaje; en respuesta los de Petaquillas inmovilizaron cinco taxis de Chilpancingo para exigir la liberación de sus unidades. La operación de los taxistas de la Coalición de Transportistas de la Zona Centro comenzó a las 9 y media de la mañana al sur de esta capital, en donde detuvieron con violencia a tres unidades de las llamadas piratas y que prestan el servicio local de manera tolerada en Petaquillas. Los choferes fueron bajados a golpes y a empujones de sus vehículos, mientras que los taxistas de la Coalición de Transportistas, encabezados por su dirigente, Germán Robles Arriaga, con insultos y burlas festejaban las detenciones. El dirigente de la Coalición de Transportistas de la Zona Centro, Germán Robles Arriaga, justificó la acción porque dijo que “son carros piratas y están viniendo de Petaquillas aquí; ya tienen días y no lo vamos a permitir los taxistas de Chilpancingo”. Estaban prestando sólo el servicio local pero ya se vienen para acá, pertenecen a la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y de la CNC”, explicó.

–¿Por qué ustedes, qué no hay autoridad, no hay ley?

–Lo quisimos hacer así nosotros, pero ya llegaron las autoridades y ya hay ley, hay autoridad.

El dirigente de la Coalición denunció que “en todo el estado hay taxistas piratas pero nosotros no vamos a permitir eso, nosotros somos transportistas y no vamos a permitir que intervenga el pirataje”. En respuesta a la detención de las unidades de Petaquillas en Chilpancingo, los transportistas de esta localidad apoyados por ciudadanos, detuvieron a las unidades que a partir las 10 de la mañana llegaron a la localidad. En Petaquillas, transportistas y ciudadanos retuvieron a los taxis marcados con los números 41 y 114, así como las mixtas 437 y 476.  El secretario de transporte de la CNC estatal, Lauro López Hidalgo, quien apoya a estos transportistas, denunció que el problema es porque la Dirección de Transportes “no ha querido dar solución a la demanda de concesiones que pide el pueblo de Petaquillas para el servicio local y mixto local”.

Informó que ya existe un estudio socioeconómico; hay una aprobación del Consejo Técnico, “desconocemos porqué no se le da solución a nuestra demanda de concesiones”. Agregó que lo que provocó el conflicto ayer fue que los taxistas de Chilpancingo, “junto con el delegado de transportes en la zona centro, Felipe Cardona Merino, retuvieron las unidades de nuestros compañeros y eso no se vale; hay un acuerdo de palabra de que los taxis de Chilpancingo pueden entrar aquí y también nosotros podemos entrar a Chilpancingo sin traernos el pasaje de regreso, pero se violentó el acuerdo”, denunció el dirigente de los transportistas cenecistas. Informó que los transportistas de Petaquillas están solicitando desde hace varios meses que se regularicen sus unidades, pero que la dirección de Transportes no les ha solucionado y que eso los ha obligado a que trabajen sin permiso. 

Agregó que por ello habían convenido con la autoridad y con los dirigentes de las organizaciones de transportistas para que pudieran prestar el servicio local en Petaquillas y traer pasajeros a Chilpancingo pero sin prestar el servicio de regreso, sin embargo dijo que los transportistas de Chilpancingo rompieron ese convenio. Por su parte el delegado de Transportes en la zona centro, Felipe Cardona Merino reconoció que la intervención de los transportistas en la detención de las unidades fue ilegal pero dijo que estos asumieron la responsabilidad “por su propia seguridad y riesgo”. “Los particulares en ocasiones actúan por su cuenta y riesgo, cosa indebida porque ellos no tienen la facultad para hacerlo, porque para eso está la autoridad, para eso estoy aquí, les he dicho que esas situaciones no deben existir”, dijo el funcionario. Pero también se justificó que la dependencia a su cargo no tiene el personal necesario para este tipo de operaciones, “por eso los hacemos en forma alternada para vigilar que no se infrinja la ley”, indicó. El conflicto se resolvió después de la una de la tarde cuando el delegado de Transportes aceptó liberar las unidades de los de Petaquillas, y a cambio los transportistas de esta localidad aceptaron liberar los de Chilpancingo, pero advirtieron que continuarán exigiendo que les liberen sus concesiones.

* “Nos dijeron que habían sido atacados y necesitaban apoyo, y se encontraban perdidos en la sierra”, dijo el comandante Lino Díaz Arroyo

Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Buenavista de Cuéllar * El comandante de la Policía Municipal, Lino Díaz Arroyo, atribuyó el ataque contra un grupo de la Policía Estatal, el sábado a la medianoche, al impedimento que tuvieron personas desconocidas quienes en seis ocasiones habían abierto la válvula de agua potable que abastece a la cabecera para continuar afectando a la población. Señaló que los hechos ocurrieron después de que el 10 de mayo, seis elementos de la policía estatal fueron asignados y se encontraban en guardia para vigilar la válvula en el punto conocido como Poza de las Ranas en el cerro de Los Pípilos, que a su vez conduce el agua desde la presa del Apache; junto con ella existen las de Terromote y los Ailitos, que abastecen otros puntos del municipio. Díaz Arroyo, quien estuvo a las pocas horas en el lugar del enfrentamiento, a dos horas y media de Buenavista de Cuéllar, manifestó que recibió una llamada de auxilio a las 2 de la madrugada del domingo, a través de un radio portátil de uno de los tres policías que pudieron repeler la agresión y resultaron ilesos.

“Nos dijeron que habían sido atacados y necesitaban apoyo, y se encontraban perdidos en la sierra, por el cerro de Los Pípilos, donde no existen caminos ni brechas; nosotros llegamos hasta allá como a las 4 y media de la mañana y el Ministerio Público se presentó a las 9 de la mañana”, recordó.  Los tres policías que repelieron el ataque, según el jefe policiaco, aseguraron que los agresores fueron de cuatro a seis, que llegaron a pie y retornaron de igual manera, en una “acción premeditada”. Con el traslado a cuestas de los dos cuerpos, el recorrido se tornó difícil y pudieron llegaron a Buenavista alrededor de las 6 de la tarde del domingo, para posteriormente trasladarse al MP y el servicio médico forense a la ciudad de Iguala.  A simple vista, expresó que se vieron tres impactos de bala en el cuerpo del comandante del grupo de la policía estatal y su acompañante, y que el herido sólo recibió una lesión en la mano izquierda. Negó que en el lugar haya visto pintas del EPR, ya que sólo se percató que se quedó en poder del Ministerio Público un  pasamontañas color negro y un manuscrito. 

Según las primeras notas periodísticas, ese manuscrito, en una hoja de cuaderno, tenía las siglas del EPR, por lo que inicialmente los hechos se atribuyeron presuntamente a esa organización guerrillera. Sin embargo, en un comunicado enviado a los medios por Internet el 15 de mayo, la comandancia general del EPR negó su poarticipación en el ataque a la policía en Buenavista de Cuéllar y explicó que su táctica es de autodefensa. Dijo que con ese señalamiento “el Estado intenta generar una provocación”, y condenó a grupos que “con cualquier pretexto” se apropian de sus siglas. En relación con los ilícitos cometidos por desconocidos quienes en varias ocasiones abrieron la válvula en la Poza de las Ranas para afectar la distribución de agua a la población de la cabecera municipal, el comandante dijo no tener idea de quién o quiénes “tengan intereses en perjudicar de esa manera”, pero rechazó que el asunto tengan tintes políticos porque la situación es tranquila. “La verdad desconozco el móvil”, expresó.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Siempre al lado del actual procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, desde que juntos coordinaron el proceso electoral local de 1989, donde hubo protestas de la oposición reprimidas con muertos y desaparecidos, el subprocurador de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, será designado la próxima semana magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia. Ayer jueves, el pleno del Congreso local dio primera lectura al escrito enviado por el gobernador René Juárez Cisneros, en el que nombra a Barreto Sedeño magistrado supernumerario del TSJ, y seguramente la asunción de éste se formalizará la próxima semana. Barreto, oriundo del municipio de Cuautla, Morelos, fungió como secretario técnico del Consejo Estatal Electoral en 1989, cuando el presidente de este organismo era Jesús Ramírez Guerrero, entonces  secretario General de Gobierno en la administración de José Francisco Ruiz Massieu.

Ambos coordinaron la elección para renovar las 75 alcaldías y las 28 diputaciones locales, y los dos fueron acusados, al igual que José Francisco Ruiz Massieu de haber perpetrado “un descomunal fraude electoral”, frase que dijo Heberto Castillo, entonces prominente dirigente del recién constituido Partido de la Revolución Democrática que dirigía Cuauhtémoc Cárdenas. Durante más de seis meses de conflicto poselectoral, según informes de la dirigencia del PRD, hubo seis desaparecidos y 15 muertos, y hasta el momento estos hechos no han sido aclarados por la autoridad, incluso existe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde que exige el castigo a los responsables, entre ellos al hoy procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero. Barreto Sedeño ha tenido varios cargos dentro de la administración pública local y federal. Cuando José Francisco Ruiz Massieu fue nombrado director general del Infonavit, fungió como asesor jurídico general de este organismo. Luego, después de la muerte de Ruiz Massieu, fue delegado de la PGR en varios estados del país. También fue secretario técnico del Consejo Estatal Electoral en 1993 cuando el presidente de este organismo era Abel Eloy Velasco.

Desde 1999, cuando inició el gobierno de René Juárez Cisneros, ha fungido como subprocurador de Averiguaciones Previas. Ha tenido varias recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). La primera fue en 1999, cuando este organismo lo acusó de haber actuado en forma ilegal en la detención del ahora diputado local del PRD, Juan García Costilla y su hijo Almícar García Estrada, a quienes pretendía involucrar en el homicidio del joven Marco Antonio López, hijo del regidor perredista del ayuntamiento de Acapulco Marco Antonio López García. También investigó a Virginia Montes y a su esposo, Angel Guillermo Martínez González, a quienes los acusó de pertenecer al ERPI.

El procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, instruyó al director de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, para que en el caso de la queja por “amenazas y hostigamiento” hacia el reportero de El Sur Alfredo Mondragón se “actué con eficacia y se adopten las medidas administrativas” contra el comandante regional José Guadalupe Herrera Sánchez. Por escrito, Ramírez Guerrero instruyó al director de la PJE, Leonel Coronel, para que “el personal bajo su mando se abstenga de realizar actos de intimidación, amenaza y detención arbitraria” del reportero Alfredo Mondragón para garantizar su integridad física y psíquica”. Agregó, que en el supuesto de que se presuma la participación del comandante de la PJE en alguna conducta delictiva se proceda conforme a los cauces legales establecidos en la Constitución Política. El procurador de Justicia, en el oficio número PGJE/DGDH/728/2002, giró instrucciones al director de la PJE, Leonel Coronel, para “la aplicación de medidas cautelares” a raíz de la amenaza que vía telefónica hizo el comandante Herrera Sánchez, el pasado sábado 4 de mayo, al reportero de El Sur por una nota que no fue del agrado del funcionario público.

Ramírez Guerrero envió el oficio a la Oficialía de Partes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, el 13 de mayo, en atención al presidente del organismo Juan Alarcón Hernández, “tomando en consideración que el denunciante pueda ser objeto de actos atentatorios de sus derechos e incluso ser privado de su libertad de manera arbitraria”. Ente las medidas, dice el documento, instruyó a Leonel Coronel para que “con el objeto de garantizar la salvaguarda de la integridad física y psíquica del reportero Alfredo Mondragón, se actúe con eficacia oportuna y se adopten las medidas administrativas que correspondan con el objeto de que el personal de la Policía Judicial bajo su mando se abstenga de actos de intimidación, amenaza y detención arbitraria”. El presidente Codehum, Alarcón Hernández, solicitó al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, medidas cautelares para el reportero de El Sur Alfredo Mondragón, en contra de “actos de hostigamiento y amenazas” de parte del comandante Regional de la Policía Judicial del Estado (PJE) en Acapulco, Guadalupe Herrera Sánchez. La respuesta del procurador se dio luego de la queja presentada por el reportero, Alfredo Mondragón, ante la Codehum, el 6 de mayo, tras la amenaza vía telefónica del comandante Herrera Sánchez el 4 de mayo para reclamar por una nota publicada en ola edición de ese fin de semana.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * En la sesión realizada ayer en el Congreso del Estado se aprobó por unanimidad la decisión del gobernador, René Juárez Cisneros, de desaparecer el Instituto para el Desarrollo de la Empresas del Sector Social (INDESS). El voto de los diputados del PRI, PRD, PRS y PAN fue si debatir la decisión del gobernador. El dictamen fue votado luego de que desde el 21 de noviembre del 2001, el gobernador envió la iniciativa al pleno y fue turnado a la Comisión de Justicia que preside el diputado priísta Ernesto Sandoval Cervantes. El INDESS fue creado el 28 de abril de 1987 por el gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, para proporcionar el apoyo técnico y administrativo y la gestión financiera indispensable para la creación, consolidación y expansión de las empresas del sector social. Pero, se dice en el texto aprobado, actualmente el gobierno de René Juárez no quiere la duplicidad de funciones con otras dependencias y entidades públicas, y por ello ha promovido la liquidación de algunas empresas paraestatales “que ya no son indispensables, o bien que ya cumplieron sus propósitos”. El resto de los asuntos en el Congreso local fueron de trámite que será desahogados en el sesión del martes 21.

* Instalarán en ocho días una mesa de trabajo para atender las demandas de cuatro comunidades de Coyuca de Catalán

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * Después de una tensa negociación entre campesinos afectados por la presa El Gallo que como forma de presión para el cumplimiento de algunos acuerdos de la Comisión Nacional del Agua decidieron cerrar las compuertas de la presa desde el pasado 26 de abril y el subdirector de Información Política de la Secretaría de Gobernación, Javier Flores Macías, los campesinos se comprometieron a entregar las instalaciones de la presa durante la tarde de este jueves ante un notario público que daría fe del estado de las instalaciones. El acuerdo fue logrado después de varias horas de reunión en la que cada uno de los representantes de las comunidades afectadas, Amilpillas, La Playa, La Cañada y Hacienda de los Guajes, expusieron sus reclamos a la CNA, de la que dijeron, sólo les ha dicho mentiras, aunque al final exigieron la presencia del subgerente de la Zona Sur de esa dependencia, Guadalupe Contreras, quien, según la versión de Javier Flores Macías, tenía instrucciones de no asistir a la reunión, pero su presencia era la muestra de que el gobierno federal tenía la intención de arreglar el conflicto mediante la negociación, dijo Flores Mecías.

 

¿Quieren salir con la frente en alto o a garrotazos?

 

Después de plantearles sus limitaciones como negociador debido a que su función sólo consistía en abrir un espacio para la negociación, Javier Flores Macías les propuso separar los diversos puntos de discusión, para lo cual pidió a otros campesinos de otras comunidades que salieran para discutir exclusivamente el caso de la presa El Gallo y las implicaciones legales. Con carácter privado, sin la presencia de medios informativos, Javier Flores discutió con los campesinos su situación legal, y logró el acuerdo de que los campesinos entreguen las instalaciones de la presa, como primer punto. Sin embargo, cuando Javier Flores les leyó el proyecto de minuta –cerca de las 4 de la tarde, después de haber iniciado a las 10:30 y de la mañana– incluyó como segundo punto que en un plazo no mayor de ocho días, el 24 de mayo, del CNA y los campesinos en conflicto se sentarían en una mesa de trabajo para fijar sus posiciones sobre cada uno de los campesinos y el gobierno del estado. La mesa sería presidida por quien determine el gobierno del estado, participando el gobierno federal, el gobierno municipal y las diversas dependencias involucradas. Los puntos propuestos serían abordados por la CNA de acuerdo al orden propuesto por los afectados. Que el aspecto legal se analice en los términos menos lesivos para los involucrados.  La CNA ofrece no abundar en el aspecto legal del conflicto; los campesinos se comprometen a conducir los conflictos por la vía legal.

Fue el segundo punto el que no gustó a los campesinos, y exigieron que las negociaciones se llevaron a cabo este mismo viernes y Pablo Espinoza Gurrostieta exigió que en la mesa de negociaciones estuviera presente el propio secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve. Otro campesinos de Amilpillas exigió que no participara el subgerente de la Zona Sur, Guadalupe Contreras, a quien, dijeron, ya no le creen nada. Molesto, el funcionario federal de Gobernación les volvió a explicar su situación legal, les manifestó las implicaciones que su acción de cerrar las compuertas de la presa trae consigo y les espetó: “Para el sábado ustedes ya no estarán en la presa, como sea, saldrán, mi objetivo es abrir un espacio para evitar eso ¿Quieren salir con la frente en alto o a garrotazos?”. En este momento pareció perderse todo lo que se había logrado avanzar, pues otro campesino tomó lo anterior como una amenaza, a lo que el funcionario contestó que lo tomara como una advertencia de buena fe, al hablarle con la verdad, sobre su situación.

Otro campesino de Amilpillas manifestó que la gente que está en la presa está dispuesta a morirse o a ir a la cárcel. Javier Flores hizo un nuevo intento por regresar al terreno de la negociación y advirtió que él tenía que entregar esta misma noche, antes de las 8, una solución, favorable o desfavorable. Les manifestó que no se puede disponer de los funcionarios de alto nivel porque todos trabajan con agendas y les pidió quedarse solos para analizar su respuesta. A las 5 de la tarde, los campesinos aceptaron firmar la minuta propuesta, en la que se estableció como primer punto, entregar las instalaciones de la presa ante el notario público esta misma noche y comenzar en la mesa de trabajo el análisis de los diversos asuntos dentro de 8 días.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Vendedores de la Unión de Comerciantes Establecidos en Zihuatanejo y locatarios del mercado central, desde el miércoles por la tarde tienen cerrado el acceso del Centro Social de este puerto, en donde se llevaría a cabo un tianguis de ropa y calzado, provocando que éste se cancelara y los comerciantes regresaran a Acapulco en donde estuvieron recientemente. Liderados por Enrique Sánchez Hernández, medio centenar de comerciantes establecidos en este puerto protestaron por la competencia desleal que la Canaco realiza en su contra, ya que organiza la venida de comerciantes “por dos o tres días, se llevan el dinero y nosotros nos quedamos sin vender nada”. Marina Moreno, gerente de Operadora de Convenciones, Exposiciones y Eventos Especiales Conexpo, dio a conocer que el tianguis fue coordinado con la Canaco de Zihuatanejo, al que asistirían 35 expositores que previamente habían pagado 4 mil pesos por los cuatro días que estarían vendiendo en el Centro Social, es decir, pagaron 140 mil pesos.

Myrty Moctezuma, organizadora del grupo de los 35 comerciantes foráneos provenientes de la región del Bajío, señaló que “hasta donde tengo conocimiento, a los comerciantes establecidos de Zihuatanejo se les invitó a participar mediante un oficio y de manera verbal, sin embargo, no quisieron argumentando que no podían bajar sus precios”. Por su parte, Héctor Ezeta Gómez, presidente de la Canaco local, explicó que pese a que los comerciantes que participarían en la expo de ropa y calzado no pagarían ningún tipo de impuesto, se les cobró mil pesos para destinarlo a agua y energía eléctrica que utilizarían los días del evento. El dinero tuvo que ser regresado a los vendedores foráneos. Los visitantes exigieron a la Canaco el pago de los gastos de transportación, el más económico de 5 mil pesos.

Mientras tanto, los comerciantes establecidos de Zihuatanejo permanecen apostados en el acceso del Centro Social municipal hasta en tanto las autoridades acuden a atenderlos, “para hacer un convenio en donde se compromete el ayuntamiento a no seguir autorizando este tipo de competencias desleales que dañan nuestra economía”.