Redacción

Chilpancingo

Tras los ataques que sufrieron por el grupo delictivo de Los Ardillos los pueblos nahuas de Chilapa, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, llamó a la unidad de los pueblos indígenas y campesinos, porque advirtió que la violencia “se pondrá peor”.
En un comunicado fue dirigido al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Consejo Indígena de Gobierno (CIG), a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia en rebeldía, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a los medios de comunicación, a las organizaciones “de luchas dignas en Guerrero” y a los pueblos originarios y campesinos de Guerrero y México.
Allí dicen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, “han pactado con estos grupos en todo Guerrero, por eso sigue sumido en la violencia”.
Denunció que los pobladores nahuas de Alcozacán, Acahuehuetlán, Xicotlán y Tula fueron agredidos y obligados a dejar sus hogares los días del 6 al 11 de mayo pasado, “más de mil 200 personas huyeron de sus comunidades”.
La agrupación recordó que desde el 2015 las agresiones no han parado, “los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) han documentado 81 asesinatos y 25 desapariciones”, dijo.
La OCSS expuso que las agresiones se han recrudecido “y ahora traen drones con explosivos y armas de mayor calibre, muy superior a la cantidad y calidad de las armas de cacería que tienen la mayoría de policías comunitarias”.

Buscan los recursos naturales

De acuerdo con la agrupación, las agresiones a estas comunidades indígenas son un “intento más de apropiarse de los recursos naturales, del territorio, del oro, la plata, otros minerales, de los llamados minerales críticos que tanto necesita el imperialismo norteamericano para sus armamentos, sus guerras y otros negocios”.
Dijo que también quieren controlar las mineras para obtener “superganancias”, con lo que buscan “la penetración, la expulsión, la desorganización o el aniquilamiento de las comunidades indígenas”.
Indicó que con ello quieren acumular más ganancias y han utilizado las funciones de los grupos de la delincuencia.
Aseguró la agrupación que entre la región de la Montaña y la Costa Chica existen 24 concesiones mineras.
“Grupos como Los Ardillos no sólo trabajan para los capitalistas, también para los políticos. En todos los partidos hay políticos que tienen relaciones con este tipo de grupos delincuenciales. Los heredaron, abrieron nuevas relaciones, jinetean sus votos y sus recursos económicos obtenidos en diversos negocios, como lo hace la señora gobernadora y la sombra que la mueve, su padre Félix Salgado”.
La OCSS denunció que la gobernadora y su padre “han pactado todo Guerrero, por eso sigue sumido en la violencia, y no queremos ser ave de mal agüero pero se pondrá peor, por eso llamamos a la unidad de los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero y todo México, allá afuera hay más luchas dignas que no caminan con ningún partido político agusanado; está llegando la hora de buscarnos y encontrarnos para resistir y no morir arrodillados”, convocó la agrupación.

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato del maestro de inglés Luis César Flores Barrera.
La aprehensión del presunto homicida se da dos días después del crimen del joven maestro, del que la Fiscalía General del Estado (FGE) apunta a que se trató de un crimen pasional, que “el motivo fue por celos”.
La tarde de este viernes, la FGE dio a conocer que elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Daniel “N” en una colonia de Chilpancingo, a quien señalan como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Luis “N”.
Luis César Flores Barrera, de 30 años, era coordinador y maestro de inglés del colegio Liceo Británico. Fue egresado del Instituto Windsor de Chilpancingo. Por el caso, diversas instituciones privadas y públicas se pronunciaron para lamentar el homicidio y exigir justicia.
La detención, se indicó en un comunicado, fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo realizados por personal de la PIM, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal.
Según sus investigaciones, el homicidio se cometió la mañana del pasado 13 de mayo, sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero, donde el imputado al parecer disparó en diversas ocasiones contra la víctima, mientras ésta circulaba a bordo de una motoneta.
Según los primeros reportes filtrados por las autoridades, el joven iba acompañado de una mujer.
Tras las diligencias ministeriales, se logró obtener el mandamiento judicial correspondiente y concretar la detención del imputado.
Daniel “N” será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica.
Por el caso, se consultó a fuentes de la FGE sobre las circunstancias de la detención y si en el homicidio habrían participado más personas. Respondieron que la detención fue en una colonia de Chilpancingo, que hasta el momento Daniel “N” era el único identificado y que el motivo del asesinato “fue por celos”.

Ramón Gracida Gómez

La señora Serena Mesino Galicia murió este miércoles en la tarde sin conocer el paradero de su esposo Zenón Zamora Hernández, detenido-desaparecido por el Ejército el 11 de octubre de 1974 en la comunidad serrana Corrales del Río Chiquito, municipio de Atoyac, y sin recibir justicia, informó el representante del colectivo Carmelo Cortes Castro y Aurora de la paz Navarro del Campo, Catarino Hernández del Campo.
El activista informó de la muerte y advirtió que el Estado mexicano “ha burocratizado la tramitología para que (la justicia) no esté al alcance de todas las personas”.
Señaló simulación en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), porque estas instituciones presumen en sus informes a instancias internacionales que tienen contacto con los colectivos y que escuchan a las víctimas, cuando es falso.
“No resuelven los problemas de fondo, es importante un compromiso real en materia de reparación integral con las víctimas. Lo hemos venido diciendo en nuestros comunicados, la justicia no está al alcance de todos los mexicanos, ahora son juicios personalizados los que hay que ganar al Estado”.
En declaraciones, Hernández del Campo puntualizó que en el colectivo que encabeza y que denominó con los nombres de sus padres, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) desaparecidos hace más de medio siglo, participa, Ángel Zamora Mesino, hijo de Zenón Zamora Hernández y Serena Mesino Galicia.
Mesino Galicia falleció en el poblado de El Escorpión en la Sierra de Atoyac el miércoles en la tarde, “tuvo una operación de la cabeza hace unos días, salió aparentemente bien”, pero murió.
El representante del colectivo de víctimas de la guerra sucia o época de terrorismo de Estado llamó a la CEAV a pagar la operación que tuvo Mesino Galicia en una clínica privada en Acapulco por la que sus familiares, “apenas juntaron” 45 mil pesos, también debe solventar los gastos funerarios porque “están en la pobreza extrema”.
Expuso que la solución a las víctimas se dará por medio de amparos y litigios estratégicos, y la finada adulta mayor de 80 años “ya estaba en ese proceso, pero ¿cuántas víctimas no tienen esa posibilidad de acceder a la justicia?
“Y desgraciadamente que ya estaba cobijada por nuestro colectivo y ya estaba a punto de llegar a ese sueño llamado justicia, se nos va porque no le alcanza el tiempo en este plano”.
En el libro Voces por la Verdad y la justicia editado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el 2021, Ángel Zamora Mesino relató que su padre Zenón Zamora Hernández fue desaparecido el 11 de octubre de 1974 en el contexto del secuestro de Rubén Figueroa Figueroa por la guerrilla del Partido de los Pobres y la persecución a campesinos y la población en general.
“Dice mi mamá que llegaron los guerrilleros a decirle a mi papá que les prestara una bestia para trasladar a Figueroa y pues mi papá se las tuvo que prestar porque todos andaban armados. Otro día el gobierno llegó y se llevó a mi papá porque le prestó la bestia a los guerrilleros para trasladar a Figueroa”.
Zamora Hernández fue llevado a la comunidad de Plan del Carrizo donde estuvo tres días y después fue trasladado en helicóptero al Campo Militar Número Uno, desde donde mandó una carta a su familia avisando que estaba vivo. La carta la mandó con Arnulfo Sotelo.
Arnulfo Sotelo salió libre en 1975, precisa la investigación periodística de la lista Apresa, presentada el año pasado por el portal A dónde van los desaparecidos y que consiste en el listado de las presuntas víctimas de los vuelos de la muerte de la base aérea militar de Pie de la Cuesta.
Zenón Zamora Hernández es una de las presuntas víctimas del viaje 19, aparece con el nombre Zenón Zamora Galicia, la 27 Zona Militar fue la responsable de su detención registrada en la lista Apresa el 17 de julio de 1974.
En el anexo de participantes en desapariciones forzadas de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) se responsabiliza de la desaparición de Zamora Hernández ocurrida en Corral de Río Chiquito el 16 de julio de 1974, a Javier Escobedo Corvera, mayor de infantería, a soldados del Ejército y agentes de la Policía Motorizada.

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que un equipo del gobierno federal permanece en el municipio de Chilapa, luego de que inició el retorno de personas desplazadas a comunidades de la parte baja de la Montaña de Guerrero, tras seis días de ataques y bloqueos.
En la conferencia matutina informó que aunque la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez ya volvió a sus actividades en la Ciudad de México, un equipo de funcionarios federales se mantiene en Chilapa para atender a la población.
“Ya regresó Rosa Icela, pero está allá un equipo de la Secretaría de Gobernación para seguir atendiendo a la población. Y ya, los desplazados ya regresaron”, comentó.
Respecto de los ataques en San Pedro Huitzapula Norte, municipio de Atlixtac y la petición de ayuda de los pobladores, la presidenta dijo que este viernes en la mañana el gobierno del estado se conectó a la reunión de la Mesa de Seguridad federal para comentar el caso.
“Ayer salió otra noticia de otra comunidad, se me fue ahorita el nombre de la comunidad, que desmintió el gobierno del estado, ya noche, de un incendio o algo así que hubo en la comunidad, que en realidad no ocurrió. Lo desmintió el propio gobierno del estado. Hoy en la mañana se conectaron al Gabinete de Seguridad y nos comentan cómo siguen las cosas”.
El jueves se informó que vecinos de la comunidad de la región de Montaña volvieron con la exigencia de ayuda a gobiernos estatales y federales, pues se reiniciaron los ataques explosivos usados con drones por medio de grupos delictivos, a la zona acudieron policías estatales y militares para atención a la población, y se difundieron fotos y videos de los estragos de la violencia.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco días de que cesaron los ataques armados y con drones a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y a Alcozacán, el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia informó ayer que hay cinco personas desaparecidas; cuatro de Xicotlán y un policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de Alcozacán.
También rechazó la petición del subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodríguez Cisneros quien el jueves les pidió evitar andar en el poblado y sus alrededores con armas, dijo que ellos se rigen mediante la Ley 701 De Derechos y Cultura Indígena y que son electos en asamblea para cuidar a sus pueblos, por lo que la ley los ampara para andar armados.
Mientras tanto, el Gobierno del estado informó en un boletín de prensa que sique la presencia de las fuerzas federales y estatales en esas comunidades.
El dirigente indígena informó por teléfono que los desaparecidos son cuatro hombres de Xicotlán y el policía comunitario de Alcozacán, Lorenzo Rita Nava.
Aseguró que los cinco desaparecieron durante los ataques a las cuatro comunidades, dijo que ya fueron reportados a las autoridades del Gobierno estatal pero que hasta ayer viernes no se había presentado la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el segundo organismo para que recabe las denuncias de los pobladores sobre las agresiones que sufrieron, y la omisión de las autoridades del Gobierno estatal, quienes intervinieron después de seis días de ataques a sus pueblos.

No regresaron todos a Xicotlán y los de Tula y Acahuehuetlán siguen refugiados en la iglesia

Informó que hasta ayer sólo algunas familias de Xicotlán habían regresado, aunque no precisó cuántas, en tanto que las de Tula y Acahuehuetlán aseguró que siguen en la iglesia de Alcozacán “porque tienen miedo de regresar” a sus pueblos.
Además, declaró que muchas de las familias no podrán regresar de inmediato porque sus casas fueron quemadas o destruidas totalmente durante los ataques, sobre todo en la comunidad de Tula.
El dirigente indígena informó que hasta ayer viernes los cuerpos de las seis personas que fueron asesinadas durante los seis días de ataques no habían sido entregadas a sus familiares y permanecían en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
En un video que subió a las redes sociales este viernes, Sixto Mendoza exigió al gobierno que detenga a los agresores.
También demandó el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para que los habitantes de los pueblos que se encuentran bajo asedio, puedan ir comprar sus víveres a Chilapa o a Chilpancingo, “necesitamos ir a comprar nuestros alimentos o ir a vender nuestros productos que tenemos aquí en el campo”.
Mencionó que la gente de las comunidades que están bajo la protección del Cipog-EZ no pueden ir a Chilapa, “porque ahí están los integrantes del grupo que nos quiere asesinar”.
Dijo que por ello no pueden andar desarmados en sus pueblos y sus alrededores, como lo pidió el subsecretario Rodríguez Cisneros.
“Nosotros en ningún momento hemos firmado un acta de acuerdo en donde nos comprometemos a no andar armados, porque somos nombrados en asamblea comunitaria en la que se nos mandata por usos y costumbres resguardar como Policía Comunitaria a nuestras localidades”, explicó.
Indicó que los elementos de esta policía son nombrados en una asamblea regional con base en la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena”.
El activista pidió que el Gobierno los apoye para la reactivación de la telefonía celular, que todavía tiene deficiencias.
En el último día de los ataques armados el pasado lunes los pobladores de Alcozacán y pueblos vecinos se quedaron sin luz eléctrica y el servicio de telefonía celular Telcel, debido a que los agresores les tumbaron el servicio. En el caso del servicio de teléfono sigue suspendido, según Mendoza Limpia.
Dijo que sólo está funcionando la telefonía celular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “pero con muchas fallas”.
En un boletín de prensa se informó que en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se revisó “el reforzamiento” de las Bases de Operaciones Interinstitucionales desplegadas en la región de la Montaña Baja, “con el objetivo de continuar garantizando la seguridad, atención y estabilidad en las localidades de esta zona”.
Se dijo que también que se presentaron los avances y acciones que se mantienen en la región, “información que se compartió de manera virtual con el Gabinete de Seguridad Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez”.
Según el comunicado del Gobierno estatal, “se descartan nuevos ataques en la región y se mantiene presencia permanente de las fuerzas de seguridad, fortaleciendo las labores de vigilancia, atención y proximidad con la población”.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Mientras que la presidenta de la República dijo en su conferencia que el gobiereno del estado le reportó que no hubo los hechos de violencia que denunciaron pobla-dores de San Pedro Huitzapula Norte, municipio de Atlixtac, vecinas de la localidad en un video defendieron su versión, pero también reconocieron que ya hay presencia de fuerzas de seguridad
Respondieron que “no es mentira lo que nos está pasando; es realidad, tenemos evidencias, no estamos hablando de cosas falsas o de algo que no ha pasado en el pueblo”, en respuesta a los boletines oficiales que aseguran que “de acuerdo con los primeros reportes, no se ha registrado ningún hecho de irrupción”.
En un video enviado a los medios, una mujer, al frente de un grupo de la localidad, leyó un pronunciamiento en el que relató que desde 2024 están exigiendo justicia “para nuestro pueblo”.
Reconoció que “a partir de hoy (ayer viernes) recibimos una respuesta por parte de la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum Pardo) y la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) en la que autorizan y refuerzan la seguridad para resguardar y realizar patrullajes en las carreteras y en los cerros por donde se ubicaron los grupos criminales”.
Quien leyó el documento, agregó: “a nombre de los 3 mil 500 ciudadanos de San Pedro Huitzapula Norte expresamos nuestro agradecimiento y recono-cimiento por la labor que realizan la presidenta y la gobernadora”.
Aprovechó para demandar la construcción del Banco del Bienestar “para facilitar el acceso a servicios financieros para todos los ciudadanos que están en peligro de trasladarse a las ciudades para realizar sus compras, porque los levantan en el camino”.
Pidió la construcción de un hospital con equipamiento de laboratorio para los estudios, así como médicos especialistas, enfermeras y medicamentos.
Solicitó la creación de un nuevo municipio para el núcleo agrario de San Pedro Huitzapula y obras públicas para 10 comunidades, así como la rehabilitación de las viviendas dañadas durante las balaceras.
Otra de sus peticiones fue la búsqueda del oficial del Registro Civil de la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, Luis Fernando García Sánchez, vecino de San Pedro Huitzapula Norte, quien está desaparecido desde el 10 de septiembre del 2025, después de que hombres armados lo bajaron de una camioneta de pasajeros, cerca de Tlatlauquitepec, en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
Informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la carpeta de investigación desde el 11 de septiembre del 2025, sin que les hayan informado de los avances.
“Hasta la fecha no se ha localizado y exigimos que nos ayuden con la investigación”.
En ese momento el resto de las mujeres coreó varias veces: “exigimos justicia”.
En seguida, quien leía el documento, agregó: “no es mentira lo que nos está pasando, es realidad, tenemos evidencias, no estamos hablando de cosas falsas o de algo que no ha pasado en el pueblo, todo lo que hemos solicitado y lo que hemos dicho es porque tenemos la necesidad y lo ocupamos, lo necesitamos”.
En la conferencia de prensa matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se informó que la mañana de ayer el gobierno del estado se conectó a la mesa de seguridad e informó que sobre los ataques en San Pedro Huitzapula Norte sólo se trataba de un “incendio”.
Más tarde, en un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que “continúan las acciones de atención, vigilancia y presencia operativa en comunidades del municipio de Atlixtac, en coordinación con instituciones federales y autoridades de gobernación”.
Agregó que agentes de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional “mantienen recorridos de seguridad y proximidad social en localidades como San Pedro Huitzapula Norte, San Pedro Huitzapula Sur, Ahuacatitlán y zonas aledañas, así como patrullajes y recorridos pie tierra en caminos y cerros de la región, con el propósito de atender reportes ciudadanos y fortalecer las condiciones de seguridad”.
Se informó que las autoridades “mantienen diálogo permanente con pobladores y representantes comunitarios, en coordinación con instancias de gobernación, para continuar atendiendo temas sociales y de seguridad mediante la comunicación y el trabajo conjunto”.
En un segundo comunicado el Gobierno estatal aseguró que “no se han dado nuevos ataques ni enfrentamientos, en las comunidades de Huitzapula Norte y Huitzapula Sur”.

Llevan 17 días las balaceras y las bombas llueven: Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan reportó que la violencia en la comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula Norte lleva 17 días.
“Las balaceras y las bombas llueven de los cerros donde más de 300 civiles armados autodenominados policías comunitarios se encuentran apertrechados dispuestos para matar y someter a las familias indígenas”.
Refirió que el 13 de mayo, a las 10 de la noche, 80 mujeres se fueron a refugiar a la Comisaría municipal, “17 eran niñas y 15 niños con los ojos inundados de lágrimas por el miedo”.

Carmen González Benicio

Tlapa

La Policía Comunitaria de la Casa de Enlace de San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas se deslindó de los señalamientos de ataque con armas de fuego, explosivos y quema de casas en la comunidad de Huitzapula, municipio de Atlixtac.
En un comunicado dirigido a la opinión pública fechado este 15 de mayo, los coordinadores regionales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) ubicada en San Juan condenaron los hechos de violencia en San Pedro Huitzapula porque atentan contra los ciudadanos.
Remarcaron su deslinde de todos los señalamientos que les hicieron porque no tienen injerencia en ese lugar al no ser territorio comunitario y dijeron que son difamaciones, que se han acentuado en redes sociales de mala fe para descalificar a la institución de seguridad comunitaria.
Enfatizando que lo que realmente ocurre son pugnas internas entre familias, además de que no tienen injerencia en ese lugar, que no respaldan ni pertenecen a ningún grupo delictivo.
Solicitaron a las autoridades competentes su intervención inmediata en el asunto imponiendo el poder del Estado y que se recupere la estabilidad social antes de que avance la escalada de violencia en la comunidad y región.
Manifestaron que la Coordinadora Regional que representan aboga por la paz y el bienestar de las familias del territorio comunitario.
Firman Bonifacio Flores Navez, Alfonso Gaspar Méndez, Rufino Rosendo Domínguez y Genaro Mateos Cruz en hoja membretada que dice Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña Alta de Guerrero, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Casa de Enlace de San Juan, Zapotitlán Tablas, con sede de la Casa de Justicia de Crucero de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y sus logotipos.
El coordinador Bonifacio Flores reiteró que lo que pasa en Huitzapula es un tema interno que viene desde el 2024 en que se creó un grupo de la Policía Comunitaria que al realizar su trabajo se topó con un grupo de personas dedicadas al abigeo de la misma comunidad, dándose un enfrentamiento donde fueron asesinados varios policías, por lo que decidieron suspender sus actividades de seguridad en esa comunidad, pero los problemas se quedaron debido a las muertes.
Agregó que está el conflicto entre familiares porque están tomando justicia por propia mano, tanto de una familia como de otra.
Y que lo lamentable, al menos lo que saben, es que los familiares de los policías asesinados se fueron a refugiar con grupos del crimen organizado.
Insistió en que el conflicto es interno porque unos son abigeos afines a los Tlacos y otros fueron policías comunitarios que no permitían eso.
Sobre los incendios de casas dijo que saben que incendiaron una casa y salieron huyendo, que sí hay varias familias desplazadas de ex policías y del ex comisariado.
Del uso de explosivos y drones dijo que no sabe nada y ellos no tienen acceso a esa tecnología.
Agregó que para ellos son disputas internas por el control del pueblo, que siempre ha sido así, que buscan conflictos.
Recordó en el año 2000 tenían conflicto con la comunidad de Cuapala del mismo municipio donde resultaron varios muertos.
Remarcó su petición al gobierno federal y estatal a que intervengan de inmediato ya que no sólo afecta a Huitzapula, sino que también a las comunidades vecinas.

 

Una pipa que transportaba gas LP volcó la mañana de este viernes en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, cerca del municipio de Copala, en la región Costa Chica.
El accidente provocó el cierre de la vía por cinco horas, tiempo en el que se mantuvo la tensión ante el riesgo de una explosión.
La Secretaría de Protección Civil en la región, informó que alrededor de la 6:30 de la mañana, personal operativo brindó atención al reporte de la volcadura de una pipa que transporta gas LP sobre la carretera Acapulco-Pinotepa, cerca de la curva conocida como Pata de Mula, en el municipio de Copala.
El punto se ubica cerca del crucero que conduce a las comunidades Las Salinas y Ojo de Agua.
En un primer momento, transportistas de servicio público argumentaron que existía una fuga de gas, porque observaron que el tanque de almacenamiento se dañó y también tras percibir el olor.
Como una medida preventiva, las autoridades y servicios de emergencia cerraron ambos carriles, para cortar la vialidad en ese tramo, y se utilizó como vía alterna la carretera estatal Playa Ventura-Playa Azul.
También se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad la suspensión de la energía eléctrica en la zona. El paso por la vía federal se restableció a las 11:40 horas. La unidad fue remolcada por una grúa. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

La asociación civil Verdad y Justicia para los Otros Desaparecidos de Iguala, denunció que el Estado ha fallado a las familias de las víctimas, ante su incapacidad de sancionar y llevar a los culpables ante un juez, así como su falta de capacidad de recuperar cuerpos, identificarlos y restituirlos a sus familias de manera digna.
Este viernes, el colectivo concluyó una jornada de búsqueda de fosas clandestinas, en un paraje cerca de la colonia Los Laureles, asentada en la parte baja de Cerro Gordo, sin que hayan logrado el hallazgo de cuerpos.
Derivado de una reunión con colectivos de familiares de víctimas de desaparición, realizada el miércoles en Tlaxcala a convocatoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la que fue convocada la presidenta del colectivo, Adriana Bahena Cruz, se criticó que este nuevo encuentro fue sólo “para hablar de nuestras tragedias”.
En un comunicado de prensa de la asociación, se criticó el hecho de que la gobernadora de esa entidad, Lorena Cuéllar Cisneros, abandonó las mesas después de la foto oficial.
Advierten que estos encuentros con representantes del Estado mexicano, entre ellos la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; la fiscal general de Ciudad de México, Berta Luján; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, “no puede ser otro ejercicio de diálogo vacío”.
Denunciaron que “el Estado mexicano ha fallado, ante su incapacidad estructural para sancionar y llevar a los culpables ante un juez; también nos enfrentamos a su incapacidad de recuperar cuerpos, identificarlos y restituirlos”.
El colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala, que surgió tras el emblemático caso Ayotzinapa, subraya que no es una “concesión” lo que exigen a todos los órdenes de gobierno, sino “una exigencia ante su propia incompetencia para devolvernos lo que nos quitaron. La restitución humana no puede seguir sujeta a la voluntad de funcionarios que no en entienden el peso de una ausencia”.
Señalan que los representantes del Estado mexicano parecen sólo “acumular promesas y carpetas de investigación”, mientras que las familias de víctimas de este delito “volvimos a poner sobre la mesa el dolor que no cesa y la impotencia que nos asfixia”.
Para el colectivo, señala, no hay diplomacia que valga cuando lo que impera es una enorme crisis de impunidad, que mantiene a nuestros seres queridos en el limbo y a nosotros en una muerte en vida.
Denuncian que la gestión de la información sigue siendo “discrecional y opaca”. Por lo que no aceptan más simulaciones en el manejo del Banco Nacional de Información Genética y el Registro Nacional de Fosas Comunes; así como del Registro Nacional Forense Federal y el Registro de Personas Fallecidas no identificadas.
Señalan que la falta de homologación en las leyes de donación de cuerpos y el déficit de personal especializado en las fiscalías, “no son errores administrativos, sino decisiones políticas que perpetúan la desaparición”.
Asimismo, advierten que mientras los recursos materiales sean limitados y los funcionarios actúen sin protocolos claros, “el Estado mexicano seguirá siendo cómplice por omisión”.
El colectivo de Iguala, que concentra a cerca de 500 víctimas de desaparición, algunos de ellos por miembros del Estado, reitera la urgente necesidad de un centro de identificación humana.
“Estamos cansadas de escuchar la misma lista de promesas incumplidas en las últimas administraciones, mientras que el Banco de Datos Genéticos sigue siendo una herramienta de acceso restringido y caprichoso”, señala el colectivo.
Enfatiza que no quieren más mesas de diálogo “para administrar nuestro dolor, porque su presencia no nos devuelve la paz. Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad frente a esta crisis forense y humana”.

Concluye la jornada de búsqueda sin hallazgos

Este viernes el colectivo concluyó su primera jornada de búsqueda de fosas clandestinas de una semana, en la que los resultados fueron negativos en la localización de restos humanos.
De acuerdo con integrantes de la asociación civil, la diligencia se realizó en un paraje cercano a la colonia irregular Los Laureles, asentada en la parte baja del Cerro Gordo frente a la colonia Loma de Coyotes, cerca de la carretera federal a Ciudad Altamirano.
En este predio, que fue señalado a miembros del colectivo, mediante una denuncia anónima, de su presunto uso para inhumar personas de forma clandestina, se realizaron excavaciones de pozos de sondeo en posibles fosas, pero los resultados fueron negativos en la localización de restos humanos y se descartó como un sitio de interés para miembros de este colectivo.