Alfredo Mondragón * Un ex agente de la Policía Judicial Federal (PJF), presuntamente originario de Oaxaca, fue herido de tres balazos de calibre .38 Súper ayer en la tarde, por una persona no identificada, cuando caminaba en la Costera a la altura del centro comercial Bodega Gigante, acompañado de su esposa.

Moisés Marte García, ex policía federal de 40 años de edad, recibió un balazo en el muslo derecho y uno en cada brazo, a las 2:30 de la tarde, cuando caminaba acompañado de su esposa Selene Chávez Verdusco. Quedó tirado en la banqueta, mientras que el agresor huyó a pie a través del parque Papagayo, comentaron fuentes de la Cruz Roja.

El ex agente y su cónyuge están de vacaciones en el puerto desde el pasado lunes, hospedados en el hotel Maris.

La policía supone que provienen de Tijuana, pues el herido portaba credenciales de identificación del Instituto Federal Electoral que así lo indican.

Las fuentes policiacas dijeron desconocer los motivos de la agresión debido a que aún no iniciaban la averiguación correspondiente.

El ex agente Moisés Marte García vestía pantalón de mezclilla color azul cielo, camisa de manga larga color negro, botas vaqueras y gorra negra.

Fue auxiliado por paramédicos de la ambulancia 015 de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al hospital privado Magallanes.

* Nos contrataron para trabajar aquí en el puerto, pero nos maltrataban y cuando le dije que nos íbamos de allí nos metieron a mí, a mi esposa y a mi hijo a un cuarto y no nos dejaban salir, explicó el pintor Ricardo Toribio Flores 

Alfredo Mondragón * Una mujer y su hijo, de un año y medio de edad, fueron rescatados ayer en la noche por agentes de la PJE, luego de ser secuestrados por un matrimonio canadiense en una residencia del fraccionamiento Las Brisas.

Esto presuntamente bajo el argumento de que el matrimonio conformado por Manuel Reyeros y su esposa –de quien se desconoce el nombre– pretendían cobrarles “los gastos por traerlos a trabajar desde el Estado de México”.

Fue el esposo de la mujer secuestrada, Ricardo Toribio Flores, de oficio pintor, quien al lograr escapar de la residencia ayer por la mañana, al saltarse una barda, pidió auxilio en la agencia del Ministerio Público de Costa Azul y a la Policía Judicial del Estado (PJE).

Amalia Brígido García y el menor Ricardo Eduardo Toribio Brígido fueron rescatados durante una inspección que efectuaron agentes de la PJE y del MP, ayer a las 20 horas en el inmueble ubicado en cerrada de Tabachines, número 9, del fraccionamiento Las Brisas. La mujer presentaba golpes físicos en diferentes partes del cuerpo.

Allí, el propietario Manuel Reyeros insultó a los oficiales, además de afirmar que era una persona “muy influyente” y que hablaría con sus amigos de la Procuraduría para que los cesaran.

El pintor Ricardo Toribio Flores, con estudios de secundaria, originario del Estado de México, acudió ayer a la Tercera Agencia del MP luego presentarse a la Comisión Regional de Defensa de los Derechos Humanos para denunciar que sus patrones, Manuel Reyeros y su esposa, debido a que tenían secuestrados a su mujer e hijo.

Vestido con bermuda color gris y una playera color blanco, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Toribio Flores solicitó apoyo al titular de la Agencia del MP y al comandante de la PJE, Alfredo Camacho Millán, porque su esposa y su hijo tenían cinco días en cautiverio y sin comer.

Afirmó que sus patrones no le permitían sacar su automóvil marca Chrysler, tipo Spirit, color rojo, e interpuso su denuncia de hechos registrada con el número TAB/3ª/0145/01, por el delito de privación ilegal de la libertad.

El agraviado explicó que el 17 de diciembre, mediante un anuncio en el periódico se percató que Manuel Reyeros solicitaba un matrimonio para cuidar su residencia ubicada en el fraccionamiento Las Brisas y en una casa ubicada en la ciudad de México.

Agregó que el 29 de diciembre, sus patrones le pidieron que se trasladaran al puerto para que cuidaran su residencia, luego de prometerle un sueldo de siete mil 500 pesos mensuales.

Señaló que “el trato que nos daban era muy malo, nos tenían como esclavos, nos humillaban y cuando le dije que me quería ir porque no aguantaba el maltrato y que nos pagara, él (Manuel Reyeros) dijo que sí pero que le tenía que pagar gastos de gasolina, caseta, los anuncios de periódicos, la ropa que nos dio como uniformes, o de lo contrario no nos dejaría ir o nos mandaría a la cárcel acusándome de cualquier; me quería hacer firmar un papel en blanco”.

El pintor agregó que tras haber acordado con sus patrones trabajar en el cuidado de su residencia en Acapulco, se trasladaron al  puerto a bordo de un automóvil propiedad de su madre –un Spirit color rojo– y siguiendo a un chofer de ellos, pero como su esposa traía a su hijo en brazos sus patrones los reprendieron y ordenaron que lo enviara de regreso a la ciudad de México, donde el menor fue cuidado por su cuñada.

Agregó que durante el tiempo que laboró en la residencia se dedicó a pulir los pisos, arreglar puertas, a pintar, soldar herrería y a limpiar la casa, pero su esposa se enfermó y al pedirle a su patrona que le permitiera llevarla al médico ésta le contestó “se hace pendeja, ustedes los indios para puro mentir sólo para no trabajar; está bien gorda, tiene buen color, cómo va estar mala”.

Dijo que para suavizar la situación su patrona les preguntó si en realidad extrañaban a su hijo y le dijo que podían traerlo de regreso a Acapulco.

“Ella me dijo que se comprometía a pagar los gastos”, pero como el niño lloraba su patrón les gritaba para que lo callaran y les ordenó que lo encerraran en un cuarto.

“Estábamos en un cuarto feo. Los colchones están podridos, hay mucha humedad, los vidrios rotos. No nos dejaban salir a la calle, pero cuando salíamos a comprar algo, porque sé manejar, uno de los dos (su esposa o él) teníamos que quedarnos en la casa como garantía”, siguió.

Añadió: “Como nos maltrataban mucho y no nos pagaban, el miércoles por la tarde le dije a la señora que nos queríamos ir, o que dejara ir a mi esposa, aunque yo me quedara a trabajar; entonces empezaron a regañarnos, el patrón me pidió las llaves del carro para que no nos fuéramos y ordenó a uno de sus guarura a que me quitara las llaves, pero hoy por la mañana (ayer) me escapé brincando la barda”, narró Ricardo Toribio.

* Lo apoya la inmensa mayoría, a lo mejor no el 100 por ciento, pero sí el 99.9 por ciento de esa corriente universitaria, indica el ex rector

Ossiel Pacheco * Dirigentes, directores y militantes del Frente por la Reforma Democrática de la UAG (Fredeuag), cerraron filas en torno al candidato de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU) a la Rectoría, Nelson Valle López, a quien manifestaron su respaldo, “para que no quede la menor duda”.

En un acto efectuado en la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación (UEPI) en Acapulco, encabezado por el ex rector Rosalío Wences Reza, el ex precandidato del Fredeuag, Arturo Contreras Gómez –quien perdió la consulta interna de la AEU–, el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros y el director del Consejo Académico del Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales (CIET), Ascencio Villegas Arrizón, Valle López escuchó al mediodía aplausos, porras y las adhesiones de la plana mayor de esta corriente.

El acto de adhesión se da después de que uno de los dirigentes de esta corriente que dirige el ex rector Wences Reza, Raúl Vidal Serratos, convocó a los militantes del Fredeuag a votar por el candidato del FAUG, Rogelio Ortega Martínez o por el del MAI, Alberto Salgado Rodríguez y a no hacerlo por el abanderado de la AEU.

Para no dejar la menor duda de que el Fredeuag respalda a Valle López, Wences Reza, quien coordinó el evento, desmintió que el 70 por ciento de esa agrupación universitaria no votaría por el candidato de la AEU, como lo aseguró en días pasados el secretario de Investigación Científica de la UAG, Vidal Serratos, debido a “que el 99.9 por ciento de esta organización está con Nelson”, desafió.

Rosalío Wences también dio la bienvenida al ex precandidato del Frente Académico Democrático Universitario (FADU), Félix González Figueroa, que se sumó a la AEU; y al director de Medicina, Edmundo Escobar Habeica, quienes acompañaron a Valle durante la gira por diferentes planteles de este puerto.

Villegas Arrizón, quien comenzó las intervenciones, manifestó que el Fredeuag antepuso su interés en aras de lograr la alianza con el MAR, sin una negociación que implicara el aumento de categorías ni de incluir de manera irregular a nadie en la nómina, “tenemos la satisfacción de haber logrado la alianza con toda integridad” por ello refrendamos “nuestro total apoyo a Nelson, porque nunca hemos dudado de apoyar su candidatura”, afirmó.

Otro en participar, el director de la Facultad de Ciencias Sociales, Angel Ascencio Romero adelantó que por la tarde, en una reunión con Valle López en ese mismo plantel, “el 90 por ciento del personal docente” manifestaría su respaldo a la AEU, quienes “indiscutiblemente estamos trabajando juntos con Nelson”.

Julián Miranda, director de la UEPI, manifestó que “el 100 por ciento del Fredeuag”, de manera decidida y activa estaban trabajando para que la campaña de la AEU “sea un éxito, porque la estrategia implica visión, misión de la universidad que se quiere, estamos en la lucha por lograr la transformación de la universidad, que es un compromiso que va más allá del 12 de marzo”.

También ratificaron su adhesión el director de la Escuela Superior de Ecología Marina, José Luis Sandoval; la directora de la Preparatoria de Cuajinicuilapa en la Costa Chica, Guadalupe López y el coordinador de la maestría en Administración, Ernesto García, así como profesores que imparten la materia de educación física, dentro del área de Extensión Universitaria.

Por su parte, Valle López agradeció las muestras de afecto, pero centró su discurso en el bajo presupuesto que la federación destina a la UAG, pese a que Guerrero fue de los estados que más aportó en la lucha por la Independencia, La Reforma y La Revolución, “no hay correspondencia al tener a la universidad postrada” y ejemplificó que la universidad de Chiapas cuenta con el doble de los recursos.

Asimismo, reconoció la labor de Wences Reza dentro de la UAG, porque “no fue fácil derrotar a la reacción, no fue fácil echar a andar este proyecto. Hoy la universidad está en los 38 municipios más importantes, tiene 65 mil estudiantes y casi 5 mil trabajadores”.

Y anunció que este 12 de marzo próximo (fecha de la jornada electoral), “vamos a volver a derrotar a la reacción, porque su proyecto elitista no cabe en una universidad como la nuestra que da cobijo a los más pobres”.

Se comprometió en la defensa de la universidad pública, gratuita y la autonomía, moderna “que se transforma para ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes guerrerenses para que impacte en el desarrollo del estado”, y trabajar por la consolidación de la reforma para que pase del papel a los hechos.

Para finalizar, Wences pidió un cálido aplauso y una porra para despedir al candidato, por lo que a gritos los asistentes vitorearon al ex director de la Prepa 1 de Chilpancingo: “Nelson, Nelson, Nelson” y vivas a la AEU y a la UAG.

En entrevista, Wences Reza dijo que el acto “fue para demostrar de manera fehaciente cuál es la posición del Fredeuag, pues se había puesto en entredicho por Raúl Vidal cuál era la posición del Fredeuag, en lugar de entrar a los dimes y diretes nosotros decidimos mostrar de manera fehaciente que estamos en la AEU y apoyando a su candidato Nelson Valle López”.

–¿Están cerrando filas?

–Estamos cerrando filas, realmente las filas nunca habían estado dispersas y esta es la posición de la inmensa mayoría, a lo mejor no el 100 por ciento, pero sí del 99.9 por ciento. No entremos en los porcentajes pero esa es la posición. Este acto se ha repetido en las dos Costas, en la Tierra Caliente, la Zona Norte y Chilpancingo.

Visita Nelson las Prepas 2 y 27

Por la mañana Valle López encabezó actos relámpagos en las Preparatorias 2 y 27 de la UAG en Acapulco, a la primera llegó a las 8:10 de la mañana, donde encabezó un evento con la asistencia de unos 300 alumnos, que con matracas, banderitas y pancartas manifestaron el respaldo a su candidatura.

En ambos planteles estuvo acompañado del tesorero de la UAG, Germán Cerón Silverio; el ex precandidato del Fredeuag, Contreras Gómez; los directores Edmundo Escobar Habeica, de Medicina –quien lleva la agenda de actividades– y del plantel sede, Tomás Higuera Fuentes; el ex secretario general del STAUAG, Romualdo Hernández Alvinez; el subdirector Académico de Prepa 2, Abel Navarrete Guzmán; el ex precandidato del FADU, González Figueroa y Evaristo Zaragoza.

Allí, al igual que en la Prepa 27, donde se adhirió la comitiva el director Andrés Huerta Javier, pronunció un discurso similar, en el cual se comprometió a dar mano dura contra los vendedores de estupefacientes dentro de los planteles.

Anunció un “programa ambicioso” para fomentar la cultura y el deporte, para lo cual, va a poner en marcha una unidad deportiva para los planteles en Acapulco, que tendrá como fin poner alto al consumo de drogas porque “no queremos estudiantes atarantados”.

Asimismo, se comprometió a dotar los planteles de equipo de cómputo, mejorar la biblioteca y a entregar en la clausura de cursos los certificados de estudios, y no sólo eso, sino a ser padrino de la generación que egresa en los dos planteles, para lo cual, va a aportar lo correspondiente a los bailes de clausura, dijo.

* “Es normal que tengamos que cobrarles, porque tenemos la obligación de dar servicios”, argumenta el alcalde * Inaugura obras en tres colonias urbanas

Nelly Bello * El alcalde Zeferino Torreblanca aseguró que los cobros que hace el ayuntamiento a particulares por adeudos de impuestos, anteriores a la actual administración, no son una “cacería de brujas”, sino la aplicación de la ley.

Entrevistado sobre declaraciones del gerente del hotel El Presidente –y dirigente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas (AHETA)–, Rafael García-Pimentel, quien dijo que es “común” la omisión en el pago de impuestos en el sector hotelero, el alcalde comentó que “es normal para algunos deber, pero ahora es normal que tengamos que cobrarles, porque tenemos la obligación de dar servicios”.

El 22 de enero, el ayuntamiento intervino la caja del hotel El Presidente –establecimiento que administra el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas, Rafael García Pimentel– por un adeudo de cuatro años de predial, multas, actualización, recargos y gastos de ejecución, sumados al año que perdió su administrador en un juicio de amparo, y los derechos por el uso de zona federal, que ascienden a un monto de 4 millones un mil pesos en total.

Zeferino Torreblanca fue abordado al término de una gira de inauguración de obras por el quinto distrito, gestionadas por la síndica Adela Román Ocampo. El alcalde negó que el municipio filtrara la información referida al adeudo de El Presidente, pues “no es ético hablar de estas cosas”.

Informó que la actual administración, por medio de la Dirección de Fiscalización, abatió rezagos en el pago de impuestos, pues los más de 100 millones extras que reportó como incremento en recursos propios “son resultado de una mejor fiscalización”.

Torreblanca Galindo aclaró que no entiende mejor fiscalización como cacería de brujas, sino como vigilancia para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. “Todos tenemos que pagar para cumplir con los servicios que demanda la población y no queremos caer en esta lamentable situación de requerir a través de la vía de las leyes fiscales municipales pero quisiéramos que cumplieran a tiempo para hacer más obras”.

Omitió nombres o número de contribuyentes morosos, pues insistió en que “sería poco ético” revelar esa información. “(Con) todos los empresarios que están incumpliendo estamos utilizando el recurso que nos queda, no sin antes agotar la posibilidad de convenios, acuerdos, facilidades, incentivos, para cumplir con el pago de sus derechos e impuestos”.

Aseguró que su gobierno no amenaza ni cobra facturas; sólo hace cumplir la ley, e invitó “de forma respetuosa y atenta” al empresariado acapulqueño y la población en general a que pague sus impuestos, y a que, en caso de no poder efectuar sus pagos, se acerquen al ayuntamiento, pues “estamos dispuestos a dar facilidades, a escucharlos, dar un esquema para que cumplan y servir mejor a Acapulco”.

Un gobierno sensible: Adela Román

En las tres colonias visitadas, donde el alcalde inauguró seis obras con un monto de un millón 959 mil 446 pesos, la síndica procuradora llamó a la administración zeferinista “un gobierno sensible” para dar respuesta a la demanda ciudadana.

En la calle Reforma de la colonia El Mirador, Román Ocampo aceptó que “he entendido que la forma como las cosas caminan es participando, mientras colaboren habrá respuesta”.

Aseguró que la administración que antes criticó como insensible para responder a las demandas sociales “es un gobierno que camina al lado del pueblo”.

El alcalde, luego de llamar a abrir los ojos “y no comer el mismo mole” en el proceso electoral para decidir la administración que le sucederá, dijo que los medios escritos que han pretendido confrontarlo con la síndica, “no van a lograr nada, no les vamos a dar dinero, el aceite de coco de la Costa Grande me lo pongo para que se me resbale”.

Aseguró que “nos podrán culpar de muchas cosas, pero nunca de ratero ni de flojo”.

Luego de cortar el listón amarillo inaugural del andador y la calle Corregidora en la misma colonia, la síndica agradeció “a don Zeferino” llevar obra pública a colonias que pasadas administraciones tenían abandonadas.

Torreblanca Galindo dijo que el comienzo de su gobierno fue difícil, y que recibió críticas por el tardío comienzo de la obra pública, pero “las administraciones que me antecedieron y la mía son dos formas de gobernar”.

Indicó que su propuesta de gobierno es una administración transparente en el manejo de recursos, mismos que son aplicados a obra pública que beneficien a todos, “es el ejemplo de un gobierno que no se roba los recursos”.

Torreblanca Galindo aseguró que esta administración recibe revisiones “hasta por debajo de la lengua”, de la Contraloría estatal, “que pertenece a otro partido del que gobierna en Acapulco”, lo que garantiza que los recursos son bien aplicados.

Informó que en los próximos días publicará en medios impresos las 300 obras que ha efectuado su administración hasta el momento, y reconoció que sólo tres calles no fueron pavimentadas con concreto hidráulico, sino simplemente asfaltadas.

Se trata, precisó, de una calle en el poblado rural El Zapote, la avenida Farallón y una calle en la colonia Zapata, donde sin más información, “por estar cocinando la propuesta”, dijo que reubicará a “algunos comerciantes”, en este caso los agremiados del ex priísta Antonio Valdés Andrade, del Acatianguis.

En cada punto recorrido conminó a los vecinos a “poner ojo mucho ojo” en el proceso electoral, y aseguró que su gobierno no cometería los mismos errores del pasado, pues “este es un gobierno de convencimiento no de coptación”.

* En 18 meses podría saldar la deuda real, estima

 Raquel Santiago * El gerente general del hotel El Presidente, Rafael García-Pimentel Caraza, negó que el monto del predial que se debe al ayuntamiento y el derecho de uso de suelo de la zona federal marítima –el cual comparte con el hotel Fiesta Inn– ascienda a más de cuatro millones de pesos.

En entrevista, el también presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) dijo que “no me niego a pagar, y haré frente a mis obligaciones”.

Sobre el adeudo con la zona federal marítima, aunque se negó a dar cifras señaló que es una deuda compartida, “pero no en los montos mencionados”, con el hotel Fiesta Inn, el cual comparte el que fuera parte del terreno de El Presidente.

Indicó que sus abogados hacen los trámites necesarios para pagar la deuda “real” del impuesto predial, y calculó que podría ser en 18 meses cuando se salde, porque “sólo se necesita tiempo para hacer frente a esto”.

También, acerca de las acusaciones de que no paga el agua potable, dijo que “no me he robado dinero ni hago nada indebido”.

* Denuncia de los priístas Leonel Lorenzana y Carlos Adams, y de los perredistas Antonio Ayala y Fredy Galeana

Jorge Nava * El síndico procurador del ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Leonel Lorenzana Rivera al igual que otros tres regidores de la comuna se ampararon en el Juzgado Sexto del Poder Judicial de la Federación contra actos de la alcaldesa de ese municipio, Sandra Belkis Ocampo, por haberles recortado y suspendido sus salarios “de manera arbitraria y unilateral, informaron ayer en conferencia de prensa en Acapulco.

El síndico procurador –de extracción priísta al igual que Belkis Ocampo– estuvo acompañado por los otros tres afectados, los regidores Carlos Adams Hurtado –también del PRI–, Antonio Ayala Rodríguez y el perredista Fredy Galeana Sebastián.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves en el restaurante del hotel Las Hamacas, Lorenzana Rivera indicó que por ejemplo los regidores perredistas Antonio Ayala Rodríguez y Fredy Galeana Sebastián, llevan un año sin percibir su salario, además de que no los apoyan con recursos económicos para el desempeño de sus funciones.

Los ediles percibían un salario de 5 mil pesos mensuales antes del descuento de 50 por ciento que les hizo la alcaldesa sin avisarles, informó el regidor priísta de la comisión de Salud del Cabildo de Tecpan, Carlos Adams Hurtado. Dijo que además ya no reciben vales de gasolina, pago de viáticos ni gastos de representación, como sí tenían antes, todo porque, según Adams Hurtado, “no protegemos sus corruptelas” de Belkis Ocampo.

El síndico Lorenzana Rivera agregó que tanto a él y a su compañero el priísta Adams Hurtado, desde la primera quincena de septiembre, Sandra Belkis Ocampo les disminuyó el salario sin ninguna explicación.

“La presidenta municipal conculcó los derechos individuales de nosotros al suspender los salarios”, denunció Lorenzana Rivera.

De acuerdo con la versión del síndico, la alcaldesa de Tecpan no les ha informado el por qué de la medida, aún cuando esperaron que les explicara antes de concluir el año 2001 pero “nunca se presto a un diálogo”. El síndico y los tres regidores de Tecpan dijeron desconocer el motivo de la suspensión de sus salarios y señalaron que la alcaldesa no les avisó les avisó.

Lorenzana Rivera recordó que por ejemplo en el caso de los perredistas Ayala Rodríguez y Galeana Sebastián ni siquiera aparecen en la nómina y que en su caso y el del regidor priísta Adams Hurtado, aparecen pero con una cantidad “que ella quiso poner”.

El edil rechazó que el gobernador René Juárez Cisneros haya determinado dicha acción, porque aseguró que fue iniciativa de Belkis Ocampo “sin ningún motivo”, recalcó.

Por otra parte, el priísta Adams Hurtado expuso que Belkis Ocampo ha realizando sesiones de Cabildo “fuera de la ley” porque no cumple con los artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al efectuar sesiones cuando no se reúne la mayoría más uno de los ediles.

Agregó que la alcaldesa también ha violado la ley al dar nombramientos importantes como el de secretario general a Fernando Rivera Fernández y el de la tesorera Josefina Serna Secundino “sin tomar en cuenta que en las sesiones en que se nombraron no están validadas por el Cabildo”.

Acusó que hay regidores como Alfredo Serrano, José Manuel Acosta Romero y Silvestre Reséndiz Ríos, de extracción priísta, que respaldan a Belkis Ocampo.

Adams Hurtado informó que el resto de los regidores también aparecen en nómina con el mismo descuento, pero indicó que estos “andan contentos”.

* Denuncian hostigamiento de policías judiciales y desinformación contra los activistas del movimiento * Buscan negociar un nuevo planteamiento de coadministración con el gobierno del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * Un mes cumplió ayer la toma de las instalaciones del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa por los habitantes de tres comunidades aledañas a este sitio turístico. Son 15 días transcurridos desde la destitución del administrador, Gabriel Ortiz Bonal, y uno de sus allegados, Alejandro Cruz Estrada, envueltos en líos y desfalcos financieros y boletaje falsificado luego de la auditoría practicada por el gobierno estatal.

Pero la concesión, principal demanda de los pobladores, no se ha otorgado.

Las comunidades demandan la administración de las grutas para obras de beneficio comunitario, pero el gobierno renejuarista no parece ceder, ni los pobladores muestran señales de abandonar su lucha.

Varios de ellos denunciaron a El Sur una campaña de interrogatorios y hostigamiento de policías judiciales, al igual que desinformación de quienes llaman “intereses afectados”.

A la propuesta del gobierno estatal, hecha llegar por los enviados en las negociaciones a mediados de enero, los pobladores y sus representantes, después de analizarlas, respondieron a su vez con la exhibición de dos documentos que entregaron el martes 29 al director jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rogelio Gutiérrez Barrios.

Fue esto entendido como un revire que al parecer tendrá contestación la semana próxima en Chilpancingo, cuando un grupo de habitantes y funcionarios se reúnan para discutir sobre el tema, el primer conflicto social del año en Guerrero.

“Todos sabemos, y ahí se ven muy claros los intereses y la corrupción comprobados en donde en sólo cuatro meses del año 2001 hubo un desfalco de más de un millón de pesos, que si los multiplicamos por todo el año y después por cuatro o cinco años que estuvieron esos señores al frente, pues ellos están sentidos y de alguna manera quieren buscar culpables, quieren venganza y como no pueden en contra de un pueblo, de una comunidad o tres que estamos representando, van a buscar chivos expiatorios y ya lo están haciendo, pero detrás del pueblo están las comunidades”, expresó José Reyes Amates, integrante del movimiento.

Dos son los convenios que presentaron por su parte los representantes con el consenso de la población de las comunidades de Cacahuamilpa, Crucero de Grutas y El Transformador.

En el primero reiteran su petición del cumplimiento, pago y administración del 25 por ciento de los ingresos netos del Parque Nacional derivado de los acuerdos suscritos el 19 de diciembre de 2000, de los que hasta la fecha no cumplió el gobierno estatal, por lo que ahora estipulan los pobladores que les entreguen en una sola ministración a la recién constituida Unión de Pobladores de Comunidades Posesionarias del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, A. C., misma que será la encargada de vigilar y administrar los recursos que se destinarán a obras sociales, lo que se realizará previo acuerdo de las mismas comunidades y con el visto bueno del gobierno municipal de Pilcaya.

En otro documento, los representantes de las “comunidades ancestrales” a través de su organización modificaron su exigencia de tener la concesión total de las Grutas y ahora proponen la coadministración de la operación del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa y administración del 50 por ciento de los ingresos mensuales netos del mismo a partir de la fecha de firma del convenio y hasta por 99 años, en el cual firman –si es que se aprueban los dos convenios– por una parte el gobierno estatal encabezado por su representante, René Juárez Cisneros, así como los secretarios de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social y el Contralor general. Por la otra parte, los representantes de la Unión de Pobladores de Comunidades Concesionarias.

En una de las claúsulas del texto citado se especifica que “será a partir del inicio de la operación formal de la coadministración, que se considerará concluido el conflicto que dio origen al convenio, sin que autoridad alguna se reserve alguna otra acción legal por este motivo contra ninguno de los representantes de las comunidades o ciudadano alguno”.

Afirman también que esa Unión, órgano de representación ciudadana, cumple con las expectativas para hacer llegar beneficios a sus representados ante los diversos actos de corrupción que se han encontrado por quienes han fungido como administradores, razón por la que se comprometen en nombre de las comunidades a “destinar los recursos obtenidos (de ese 50 por ciento que ahora piden) para proyectos productivos, ecoturísticos, obras sociales, formación a capacitadotes, e investigación del desarrollo comunitario en sus respectivas comunidades (…) y distribuir los recursos con equidad, en forma honesta, puntual, transparente y participativa”.

En esa figura de coadministración afirman que los ingresos y gastos de los recursos de la Unión de Pobladores tendrán un consejo de vigilancia plural integrado por representantes del gobierno estatal, del ayuntamiento de Pilcaya, del Congreso estatal, la Universidad Autónoma de Guerrero y de organizaciones no gubernamentales.

Otra de las claúsulas da la vuelta al filo de la navaja que se cuestionó con insistencia. Por eso es que la multicitada Unión puntualiza en su propuesta hecha al gobierno guerrerense que reconoce y acepta que el gobierno federal o el gobierno del Estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes “pueda realizar las auditorías que sean necesarias sin previo aviso y en los momentos que considere necesarios con el objeto de garantizar la honestidad y transparencia en el manejo de los ingresos.

Además, la Unión se compromete a publicar los resultados de cada audotoría a través de algún diario de circulación nacional, para que la opinión pública conozca esta experiencia que se rige por principios y valores genuinamente éticos y para bien de las comunidades, posesionarias ancestrales, es decir, sin ningún tipo de discriminación”.

Fundamento legal de la demanda

La propuesta de convenios de la organización de pobladores, explican, está fundamentada en el artículo 39 constitucional y citan que “todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste”, al igual que de varios artículos de la Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, “que otorgan libertad plena a las comunidades para la realización y toma de decisiones para el uso y disfrute de sus recursos naturales”, en el caso de las cavernas legendarias que han estado abiertas, según los pobladores, desde 1920, primero concesionadas al gobierno federal, luego al gobierno del Estado de Guerrero y, por cuatro meses en 1996, al canadiense Barry Sendel Angel, “El artista del fraude”, quien en varias ocasiones espetó al reportero su molestia por el seguimiento periodístico de él y su proyecto truncado Las Grutas del Tiempo.

Eso quedó atrás y ya transcurrió un mes en el cual las reacciones son de acoso a la gente de los poblados y a los representantes y militantes del movimiento a quienes envían amenazas veladas.

De esto platicó también José Luis Hernández Rosas: “Ahora acusan a los compañeros Margarito y Alejandro Sánchez Mérida, que son no sólo miembros del PRD, sino que incluso pertenecen a grupos armados, y eso no solamente es una artimaña sino que es una bajeza, porque si tienen las pruebas que lo demuestren; por eso, si algo les sucede en su integridad física y su familia, responsabilizamos a Gabriel Ortiz Bonal y la gente que estaba a su alrededor, además de que policías judiciales lo han estado hostigando al pasar cerca de su casa y han estado yendo a sus trabajos. Ellos ahora no encabezan el movimiento (como lo hicieron en 1996 durante seis meses que se tomaron las grutas por vez primera), son ciudadanos que nos apoyan como todos”, dijo.

También acuso que a varios ciudadanos los ha parado la Policía Judicial “para interrogarlos, o que han recibido llamadas telefónicas, y a el mismo presidente del comisariado ejidal de Cacahuamilpa (Enrique Mederos Rosas) ha denunciado que en su casa ha recibido amenazas”.

Ante el panorama y con los dos documentos-convenio que ellos plantearon ahora al gobierno estatal, el comisario municipal de Crucero Grutas afirma que “la propuesta es el camino definitivo a seguir, en primera porque si esto llegara a prolongarse un poquito más podría enfadar al gobierno y recibir represiones, pero las comunidades están firmes, podríamos aguantar más.

“Vamos a empezar la propuesta del 50 por ciento y veremos si se puede ir canalizando la concesión, tenemos que hacer méritos y realmente este parque tenga otra cara diferente, y creo que si el gobierno ve que las comunidades que están al frente van rehabilitando este lugar, entonces el gobierno tendrá que darnos la razón.

“Esperamos demostrar cómo hacemos obras buenas, e incluso si nos pueden hacer una auditoría cada ocho días, adelante. Nosotros lo hacemos con el fin de demostrar al gobierno que hay honestidad por parte de las comunidades y si nosotros vamos por buen camino y el gobierno ve que realmente somos merecedores de esto, es posible que nos den la concesión”, concluyó.

* Actualmente, una hegemonía en la ley permite a los priístas tener el poder absoluto, considera * Habrá que luchar para arrebatarle triunfos, adelanta

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El PAN se retirará de la reforma política porque  ha sido “abortada” por el gobernador René Juárez al no haber obligado a sus diputados del PRI a trabajar en serio para lograr la reforma electoral, anunció ayer el presidente estatal del blanquiazul, Marcos Efrén Parra Gómez.

En entrevista dijo “que es una verdadera decepción que los legisladores asumieran una actitud aberrante dejar al estado sin una reforma electoral, luego de que ya se tenía una programación agendada de actividades para hacer una realidad la reforma política”.

Señaló que la parece decepcionante “la falta de voluntad” del gobernador para concretizar la reforma, “luego de haberlo anunciado y presumido con bombo y platillo” ante el presidente Vicente Fox Quesada en su primera visita a Guerrero como titular del Ejecutivo federal.

Eso “condena a Guerrero a mantenerse en el atraso”, al seguir con un Código Electoral inequitativo, “por eso no es posible que sigamos con representantes políticos así”, señaló.

Para el PAN, “es el temor de perder las elecciones de parte del PRI, al permitir que las modificaciones al Código pudieran permitir el avance de las oposiciones, porque actualmente hay una hegemonía en la ley que permite a los priístas seguir teniendo el poder absoluto”, agregó.

De todas maneras, indicó, las limitaciones del Código le permitirán al PRI obtener triunfos, y para arrebatárselos habrá que luchar.

Dijo que el PAN se está prepara para seguir adelante en su crecimiento en Guerrero, y que esos planes no están sujetos a la reforma electoral.

Anunció entonces que el PAN se retira de la reforma política porque ha sido “abortada” por el gobernador René Juárez, por no haber obligado a sus diputados a trabajar en serio para lograr la reforma electoral.

Luego consideró que el mandatario no leyó el resumen recogido en todos los foros sobre sistema electoral, y eso está peor, criticó.

Esto porque el gobernador el miércoles dijo que su compromiso es la reforma política, y que eso es más que repartir curules.

Consideró que políticamente afecta a Guerrero que no haya reforma electoral porque no permite una participación justa y equitativa de la sociedad en la toma de decisiones, porque el PRI se aferra en mantener el control con las leyes que los priístas aprobaron.

Indicó que al gobernador lo afecta “porque pierde legitimidad, queda mal, porque no mostró voluntad y no impulsó esa reforma como corresponde a un mandatario estatal; incluso no mandó al Congreso su propuesta como Poder Ejecutivo; con eso quiere decir que no estaba interesado”.

Al PRI, dijo que le perjudica igual que al gobernador, “y eso es verdaderamente vergonzoso”.

* Los perredistas pretendían imponer sus propuestas electorales” porque “no tienen seriedad, asegura

Maricela Santos * Al defender ayer al Partido Revolucionario Institucional y al gobernador René Juárez ante las críticas de la oposición por el fracaso de la reforma electoral, el diputado local priísta Roberto Torres Aguirre dijo que “no podemos ni debemos culpar al Ejecutivo del estado, a los partidos políticos ni a la Legislatura, porque cada quien, con oportunidad y en su tiempo, cumplió”.

En conferencia de prensa, el diputado llamó a sus homólogos a reconocer que “faltó capacidad para poder establecer consensos” para concretar la reforma.

El encuentro con los medios de comunicación ocurrió justo una hora después de la que hicieron PRD, PAN y PRS para señalar que el fracaso de la reforma electoral fue parte de una táctica dilatoria del PRI y del Ejecutivo estatal.

Torres Aguirre, que preside la comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, responsabilizó a la fracción parlamentaria perredista de que no estuviera a tiempo el dictamen sobre la reforma electoral.

Dijo que la crisis de la reforma deben asumirla los diputados que integran las tres comisiones que debieron emitir sus dictámenes: la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, que encabeza el perredista Sebastián de la Rosa; la de Justicia, que encabeza el priísta Ernesto Sandoval Cervantes, y la de Asuntos Políticos, que coordina él.

“Mucho se dice por parte de la fracción del PRD y culpan a la fracción parlamentaria del PRI, al Ejecutivo del estado, pero en este momento los que tuvimos las responsabilidad de emitir un dictamen sobre reforma electoral antes del 30 de diciembre –o de enero, según la interpretación jurídica que deba dársele–, pero es responsabilidad de los diputados que son parte de las comisiones”.

Dijo que “la ruta crítica” que tomó el proceso de reforma política, sobre el análisis del sistema electoral “fue responsabilidad de la fracción del PRD, que pretendía imponer sus propuestas electorales” porque es “un partido que no tiene seriedad.

Aseguró que lo que se cuidó al interior de las comisiones fue específicamente “no ceder a las propuestas que sólo beneficiaban al PRD, porque para ellos la reforma se circunscribía en que al interior del Congreso aprobaran que tuvieran más diputados para tener más representatividad al interior de la Legislatura”.

Recordó que la reforma política partió de la instalación de una mesa central encargada de hacer la agenda con los temas trascendentales para la entidad, de los cuales analizaron los relativos a derechos y cultura indígenas, fortalecimiento municipal, ley de amnistía y sistema electoral.

Dijo que después de ellos hicieron foros de consulta, en los que recogieron las propuestas que se llevaron al Congreso del Estado, y que el pleno turnó a las comisiones unidas de Justicia, Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Políticos y Gobernación, incluyendo  iniciativas del PRD, propuestas de reformas al Código Electoral enviadas por PRS y PAN.

Aseguró que las comisiones acordaron abordar primero el tema del sistema electoral, porque la Constitución obliga a que cualquier reforma en este rubro sea publicada 90 días antes del comienzo del proceso constitucional.

Dijo que la intención de las comisiones era no circunscribirse “a las iniciativas enviadas por la fracción del PRD y los diputados”, sino incluir la respuesta del Legislativo para emitir el dictamen con base en las propuestas que la Mesa Central recibió, “y no única y exclusivamente como intentó el PRD, en el sentido de legislar solamente sobre su iniciativa, sobre asuntos que solamente le interesan al PRD”.

Señaló que las comisiones lograron analizar 17 temas en relación a la reforma electoral y que establecieron consensos en torno al incremento de presupuesto a los partidos, las candidaturas comunes y las coaliciones e incluso sobre la transformación del Consejo Estatal Electoral (CEE) en Instituto Estatal Electoral (IEE), que en opinión de la fracción del PRD equivaldría sólo a cambiar de nombre, cuando para ellos era “dar un sentido profesional al organismo y evitar que estuviera regido por afinidad política con partidos”.

Dijo que el proceso se estancó cuando analizaban la asignación de las diputaciones plurinominales, porque, por un lado, el PRI buscaba mantener el orden actual de las cosas –que le permitió lograr 30 diputaciones–, mientras que el PRD estaba interesado en que se asignara como tope 28 diputaciones, y que las dos curules restantes “se le asignaran”, con lo cual afectarían las representaciones de partido que actualmente ostentan PRS y PAN.

Señaló que “no está abortada la reforma ni está muerta”, y que de cualquier forma se analizarán los cuatro temas que se abordaron al seno de las comisiones y se emitirá un dictamen, aunque este no tendrá vigencia para el próximo proceso electoral.