* “Es normal que tengamos que cobrarles, porque tenemos la obligación de dar servicios”, argumenta el alcalde * Inaugura obras en tres colonias urbanas

Nelly Bello * El alcalde Zeferino Torreblanca aseguró que los cobros que hace el ayuntamiento a particulares por adeudos de impuestos, anteriores a la actual administración, no son una “cacería de brujas”, sino la aplicación de la ley.

Entrevistado sobre declaraciones del gerente del hotel El Presidente –y dirigente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas (AHETA)–, Rafael García-Pimentel, quien dijo que es “común” la omisión en el pago de impuestos en el sector hotelero, el alcalde comentó que “es normal para algunos deber, pero ahora es normal que tengamos que cobrarles, porque tenemos la obligación de dar servicios”.

El 22 de enero, el ayuntamiento intervino la caja del hotel El Presidente –establecimiento que administra el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas, Rafael García Pimentel– por un adeudo de cuatro años de predial, multas, actualización, recargos y gastos de ejecución, sumados al año que perdió su administrador en un juicio de amparo, y los derechos por el uso de zona federal, que ascienden a un monto de 4 millones un mil pesos en total.

Zeferino Torreblanca fue abordado al término de una gira de inauguración de obras por el quinto distrito, gestionadas por la síndica Adela Román Ocampo. El alcalde negó que el municipio filtrara la información referida al adeudo de El Presidente, pues “no es ético hablar de estas cosas”.

Informó que la actual administración, por medio de la Dirección de Fiscalización, abatió rezagos en el pago de impuestos, pues los más de 100 millones extras que reportó como incremento en recursos propios “son resultado de una mejor fiscalización”.

Torreblanca Galindo aclaró que no entiende mejor fiscalización como cacería de brujas, sino como vigilancia para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. “Todos tenemos que pagar para cumplir con los servicios que demanda la población y no queremos caer en esta lamentable situación de requerir a través de la vía de las leyes fiscales municipales pero quisiéramos que cumplieran a tiempo para hacer más obras”.

Omitió nombres o número de contribuyentes morosos, pues insistió en que “sería poco ético” revelar esa información. “(Con) todos los empresarios que están incumpliendo estamos utilizando el recurso que nos queda, no sin antes agotar la posibilidad de convenios, acuerdos, facilidades, incentivos, para cumplir con el pago de sus derechos e impuestos”.

Aseguró que su gobierno no amenaza ni cobra facturas; sólo hace cumplir la ley, e invitó “de forma respetuosa y atenta” al empresariado acapulqueño y la población en general a que pague sus impuestos, y a que, en caso de no poder efectuar sus pagos, se acerquen al ayuntamiento, pues “estamos dispuestos a dar facilidades, a escucharlos, dar un esquema para que cumplan y servir mejor a Acapulco”.

Un gobierno sensible: Adela Román

En las tres colonias visitadas, donde el alcalde inauguró seis obras con un monto de un millón 959 mil 446 pesos, la síndica procuradora llamó a la administración zeferinista “un gobierno sensible” para dar respuesta a la demanda ciudadana.

En la calle Reforma de la colonia El Mirador, Román Ocampo aceptó que “he entendido que la forma como las cosas caminan es participando, mientras colaboren habrá respuesta”.

Aseguró que la administración que antes criticó como insensible para responder a las demandas sociales “es un gobierno que camina al lado del pueblo”.

El alcalde, luego de llamar a abrir los ojos “y no comer el mismo mole” en el proceso electoral para decidir la administración que le sucederá, dijo que los medios escritos que han pretendido confrontarlo con la síndica, “no van a lograr nada, no les vamos a dar dinero, el aceite de coco de la Costa Grande me lo pongo para que se me resbale”.

Aseguró que “nos podrán culpar de muchas cosas, pero nunca de ratero ni de flojo”.

Luego de cortar el listón amarillo inaugural del andador y la calle Corregidora en la misma colonia, la síndica agradeció “a don Zeferino” llevar obra pública a colonias que pasadas administraciones tenían abandonadas.

Torreblanca Galindo dijo que el comienzo de su gobierno fue difícil, y que recibió críticas por el tardío comienzo de la obra pública, pero “las administraciones que me antecedieron y la mía son dos formas de gobernar”.

Indicó que su propuesta de gobierno es una administración transparente en el manejo de recursos, mismos que son aplicados a obra pública que beneficien a todos, “es el ejemplo de un gobierno que no se roba los recursos”.

Torreblanca Galindo aseguró que esta administración recibe revisiones “hasta por debajo de la lengua”, de la Contraloría estatal, “que pertenece a otro partido del que gobierna en Acapulco”, lo que garantiza que los recursos son bien aplicados.

Informó que en los próximos días publicará en medios impresos las 300 obras que ha efectuado su administración hasta el momento, y reconoció que sólo tres calles no fueron pavimentadas con concreto hidráulico, sino simplemente asfaltadas.

Se trata, precisó, de una calle en el poblado rural El Zapote, la avenida Farallón y una calle en la colonia Zapata, donde sin más información, “por estar cocinando la propuesta”, dijo que reubicará a “algunos comerciantes”, en este caso los agremiados del ex priísta Antonio Valdés Andrade, del Acatianguis.

En cada punto recorrido conminó a los vecinos a “poner ojo mucho ojo” en el proceso electoral, y aseguró que su gobierno no cometería los mismos errores del pasado, pues “este es un gobierno de convencimiento no de coptación”.

* En 18 meses podría saldar la deuda real, estima

 Raquel Santiago * El gerente general del hotel El Presidente, Rafael García-Pimentel Caraza, negó que el monto del predial que se debe al ayuntamiento y el derecho de uso de suelo de la zona federal marítima –el cual comparte con el hotel Fiesta Inn– ascienda a más de cuatro millones de pesos.

En entrevista, el también presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) dijo que “no me niego a pagar, y haré frente a mis obligaciones”.

Sobre el adeudo con la zona federal marítima, aunque se negó a dar cifras señaló que es una deuda compartida, “pero no en los montos mencionados”, con el hotel Fiesta Inn, el cual comparte el que fuera parte del terreno de El Presidente.

Indicó que sus abogados hacen los trámites necesarios para pagar la deuda “real” del impuesto predial, y calculó que podría ser en 18 meses cuando se salde, porque “sólo se necesita tiempo para hacer frente a esto”.

También, acerca de las acusaciones de que no paga el agua potable, dijo que “no me he robado dinero ni hago nada indebido”.

* Denuncia de los priístas Leonel Lorenzana y Carlos Adams, y de los perredistas Antonio Ayala y Fredy Galeana

Jorge Nava * El síndico procurador del ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Leonel Lorenzana Rivera al igual que otros tres regidores de la comuna se ampararon en el Juzgado Sexto del Poder Judicial de la Federación contra actos de la alcaldesa de ese municipio, Sandra Belkis Ocampo, por haberles recortado y suspendido sus salarios “de manera arbitraria y unilateral, informaron ayer en conferencia de prensa en Acapulco.

El síndico procurador –de extracción priísta al igual que Belkis Ocampo– estuvo acompañado por los otros tres afectados, los regidores Carlos Adams Hurtado –también del PRI–, Antonio Ayala Rodríguez y el perredista Fredy Galeana Sebastián.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves en el restaurante del hotel Las Hamacas, Lorenzana Rivera indicó que por ejemplo los regidores perredistas Antonio Ayala Rodríguez y Fredy Galeana Sebastián, llevan un año sin percibir su salario, además de que no los apoyan con recursos económicos para el desempeño de sus funciones.

Los ediles percibían un salario de 5 mil pesos mensuales antes del descuento de 50 por ciento que les hizo la alcaldesa sin avisarles, informó el regidor priísta de la comisión de Salud del Cabildo de Tecpan, Carlos Adams Hurtado. Dijo que además ya no reciben vales de gasolina, pago de viáticos ni gastos de representación, como sí tenían antes, todo porque, según Adams Hurtado, “no protegemos sus corruptelas” de Belkis Ocampo.

El síndico Lorenzana Rivera agregó que tanto a él y a su compañero el priísta Adams Hurtado, desde la primera quincena de septiembre, Sandra Belkis Ocampo les disminuyó el salario sin ninguna explicación.

“La presidenta municipal conculcó los derechos individuales de nosotros al suspender los salarios”, denunció Lorenzana Rivera.

De acuerdo con la versión del síndico, la alcaldesa de Tecpan no les ha informado el por qué de la medida, aún cuando esperaron que les explicara antes de concluir el año 2001 pero “nunca se presto a un diálogo”. El síndico y los tres regidores de Tecpan dijeron desconocer el motivo de la suspensión de sus salarios y señalaron que la alcaldesa no les avisó les avisó.

Lorenzana Rivera recordó que por ejemplo en el caso de los perredistas Ayala Rodríguez y Galeana Sebastián ni siquiera aparecen en la nómina y que en su caso y el del regidor priísta Adams Hurtado, aparecen pero con una cantidad “que ella quiso poner”.

El edil rechazó que el gobernador René Juárez Cisneros haya determinado dicha acción, porque aseguró que fue iniciativa de Belkis Ocampo “sin ningún motivo”, recalcó.

Por otra parte, el priísta Adams Hurtado expuso que Belkis Ocampo ha realizando sesiones de Cabildo “fuera de la ley” porque no cumple con los artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al efectuar sesiones cuando no se reúne la mayoría más uno de los ediles.

Agregó que la alcaldesa también ha violado la ley al dar nombramientos importantes como el de secretario general a Fernando Rivera Fernández y el de la tesorera Josefina Serna Secundino “sin tomar en cuenta que en las sesiones en que se nombraron no están validadas por el Cabildo”.

Acusó que hay regidores como Alfredo Serrano, José Manuel Acosta Romero y Silvestre Reséndiz Ríos, de extracción priísta, que respaldan a Belkis Ocampo.

Adams Hurtado informó que el resto de los regidores también aparecen en nómina con el mismo descuento, pero indicó que estos “andan contentos”.

* Denuncian hostigamiento de policías judiciales y desinformación contra los activistas del movimiento * Buscan negociar un nuevo planteamiento de coadministración con el gobierno del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * Un mes cumplió ayer la toma de las instalaciones del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa por los habitantes de tres comunidades aledañas a este sitio turístico. Son 15 días transcurridos desde la destitución del administrador, Gabriel Ortiz Bonal, y uno de sus allegados, Alejandro Cruz Estrada, envueltos en líos y desfalcos financieros y boletaje falsificado luego de la auditoría practicada por el gobierno estatal.

Pero la concesión, principal demanda de los pobladores, no se ha otorgado.

Las comunidades demandan la administración de las grutas para obras de beneficio comunitario, pero el gobierno renejuarista no parece ceder, ni los pobladores muestran señales de abandonar su lucha.

Varios de ellos denunciaron a El Sur una campaña de interrogatorios y hostigamiento de policías judiciales, al igual que desinformación de quienes llaman “intereses afectados”.

A la propuesta del gobierno estatal, hecha llegar por los enviados en las negociaciones a mediados de enero, los pobladores y sus representantes, después de analizarlas, respondieron a su vez con la exhibición de dos documentos que entregaron el martes 29 al director jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rogelio Gutiérrez Barrios.

Fue esto entendido como un revire que al parecer tendrá contestación la semana próxima en Chilpancingo, cuando un grupo de habitantes y funcionarios se reúnan para discutir sobre el tema, el primer conflicto social del año en Guerrero.

“Todos sabemos, y ahí se ven muy claros los intereses y la corrupción comprobados en donde en sólo cuatro meses del año 2001 hubo un desfalco de más de un millón de pesos, que si los multiplicamos por todo el año y después por cuatro o cinco años que estuvieron esos señores al frente, pues ellos están sentidos y de alguna manera quieren buscar culpables, quieren venganza y como no pueden en contra de un pueblo, de una comunidad o tres que estamos representando, van a buscar chivos expiatorios y ya lo están haciendo, pero detrás del pueblo están las comunidades”, expresó José Reyes Amates, integrante del movimiento.

Dos son los convenios que presentaron por su parte los representantes con el consenso de la población de las comunidades de Cacahuamilpa, Crucero de Grutas y El Transformador.

En el primero reiteran su petición del cumplimiento, pago y administración del 25 por ciento de los ingresos netos del Parque Nacional derivado de los acuerdos suscritos el 19 de diciembre de 2000, de los que hasta la fecha no cumplió el gobierno estatal, por lo que ahora estipulan los pobladores que les entreguen en una sola ministración a la recién constituida Unión de Pobladores de Comunidades Posesionarias del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, A. C., misma que será la encargada de vigilar y administrar los recursos que se destinarán a obras sociales, lo que se realizará previo acuerdo de las mismas comunidades y con el visto bueno del gobierno municipal de Pilcaya.

En otro documento, los representantes de las “comunidades ancestrales” a través de su organización modificaron su exigencia de tener la concesión total de las Grutas y ahora proponen la coadministración de la operación del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa y administración del 50 por ciento de los ingresos mensuales netos del mismo a partir de la fecha de firma del convenio y hasta por 99 años, en el cual firman –si es que se aprueban los dos convenios– por una parte el gobierno estatal encabezado por su representante, René Juárez Cisneros, así como los secretarios de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social y el Contralor general. Por la otra parte, los representantes de la Unión de Pobladores de Comunidades Concesionarias.

En una de las claúsulas del texto citado se especifica que “será a partir del inicio de la operación formal de la coadministración, que se considerará concluido el conflicto que dio origen al convenio, sin que autoridad alguna se reserve alguna otra acción legal por este motivo contra ninguno de los representantes de las comunidades o ciudadano alguno”.

Afirman también que esa Unión, órgano de representación ciudadana, cumple con las expectativas para hacer llegar beneficios a sus representados ante los diversos actos de corrupción que se han encontrado por quienes han fungido como administradores, razón por la que se comprometen en nombre de las comunidades a “destinar los recursos obtenidos (de ese 50 por ciento que ahora piden) para proyectos productivos, ecoturísticos, obras sociales, formación a capacitadotes, e investigación del desarrollo comunitario en sus respectivas comunidades (…) y distribuir los recursos con equidad, en forma honesta, puntual, transparente y participativa”.

En esa figura de coadministración afirman que los ingresos y gastos de los recursos de la Unión de Pobladores tendrán un consejo de vigilancia plural integrado por representantes del gobierno estatal, del ayuntamiento de Pilcaya, del Congreso estatal, la Universidad Autónoma de Guerrero y de organizaciones no gubernamentales.

Otra de las claúsulas da la vuelta al filo de la navaja que se cuestionó con insistencia. Por eso es que la multicitada Unión puntualiza en su propuesta hecha al gobierno guerrerense que reconoce y acepta que el gobierno federal o el gobierno del Estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes “pueda realizar las auditorías que sean necesarias sin previo aviso y en los momentos que considere necesarios con el objeto de garantizar la honestidad y transparencia en el manejo de los ingresos.

Además, la Unión se compromete a publicar los resultados de cada audotoría a través de algún diario de circulación nacional, para que la opinión pública conozca esta experiencia que se rige por principios y valores genuinamente éticos y para bien de las comunidades, posesionarias ancestrales, es decir, sin ningún tipo de discriminación”.

Fundamento legal de la demanda

La propuesta de convenios de la organización de pobladores, explican, está fundamentada en el artículo 39 constitucional y citan que “todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste”, al igual que de varios artículos de la Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, “que otorgan libertad plena a las comunidades para la realización y toma de decisiones para el uso y disfrute de sus recursos naturales”, en el caso de las cavernas legendarias que han estado abiertas, según los pobladores, desde 1920, primero concesionadas al gobierno federal, luego al gobierno del Estado de Guerrero y, por cuatro meses en 1996, al canadiense Barry Sendel Angel, “El artista del fraude”, quien en varias ocasiones espetó al reportero su molestia por el seguimiento periodístico de él y su proyecto truncado Las Grutas del Tiempo.

Eso quedó atrás y ya transcurrió un mes en el cual las reacciones son de acoso a la gente de los poblados y a los representantes y militantes del movimiento a quienes envían amenazas veladas.

De esto platicó también José Luis Hernández Rosas: “Ahora acusan a los compañeros Margarito y Alejandro Sánchez Mérida, que son no sólo miembros del PRD, sino que incluso pertenecen a grupos armados, y eso no solamente es una artimaña sino que es una bajeza, porque si tienen las pruebas que lo demuestren; por eso, si algo les sucede en su integridad física y su familia, responsabilizamos a Gabriel Ortiz Bonal y la gente que estaba a su alrededor, además de que policías judiciales lo han estado hostigando al pasar cerca de su casa y han estado yendo a sus trabajos. Ellos ahora no encabezan el movimiento (como lo hicieron en 1996 durante seis meses que se tomaron las grutas por vez primera), son ciudadanos que nos apoyan como todos”, dijo.

También acuso que a varios ciudadanos los ha parado la Policía Judicial “para interrogarlos, o que han recibido llamadas telefónicas, y a el mismo presidente del comisariado ejidal de Cacahuamilpa (Enrique Mederos Rosas) ha denunciado que en su casa ha recibido amenazas”.

Ante el panorama y con los dos documentos-convenio que ellos plantearon ahora al gobierno estatal, el comisario municipal de Crucero Grutas afirma que “la propuesta es el camino definitivo a seguir, en primera porque si esto llegara a prolongarse un poquito más podría enfadar al gobierno y recibir represiones, pero las comunidades están firmes, podríamos aguantar más.

“Vamos a empezar la propuesta del 50 por ciento y veremos si se puede ir canalizando la concesión, tenemos que hacer méritos y realmente este parque tenga otra cara diferente, y creo que si el gobierno ve que las comunidades que están al frente van rehabilitando este lugar, entonces el gobierno tendrá que darnos la razón.

“Esperamos demostrar cómo hacemos obras buenas, e incluso si nos pueden hacer una auditoría cada ocho días, adelante. Nosotros lo hacemos con el fin de demostrar al gobierno que hay honestidad por parte de las comunidades y si nosotros vamos por buen camino y el gobierno ve que realmente somos merecedores de esto, es posible que nos den la concesión”, concluyó.

* Actualmente, una hegemonía en la ley permite a los priístas tener el poder absoluto, considera * Habrá que luchar para arrebatarle triunfos, adelanta

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El PAN se retirará de la reforma política porque  ha sido “abortada” por el gobernador René Juárez al no haber obligado a sus diputados del PRI a trabajar en serio para lograr la reforma electoral, anunció ayer el presidente estatal del blanquiazul, Marcos Efrén Parra Gómez.

En entrevista dijo “que es una verdadera decepción que los legisladores asumieran una actitud aberrante dejar al estado sin una reforma electoral, luego de que ya se tenía una programación agendada de actividades para hacer una realidad la reforma política”.

Señaló que la parece decepcionante “la falta de voluntad” del gobernador para concretizar la reforma, “luego de haberlo anunciado y presumido con bombo y platillo” ante el presidente Vicente Fox Quesada en su primera visita a Guerrero como titular del Ejecutivo federal.

Eso “condena a Guerrero a mantenerse en el atraso”, al seguir con un Código Electoral inequitativo, “por eso no es posible que sigamos con representantes políticos así”, señaló.

Para el PAN, “es el temor de perder las elecciones de parte del PRI, al permitir que las modificaciones al Código pudieran permitir el avance de las oposiciones, porque actualmente hay una hegemonía en la ley que permite a los priístas seguir teniendo el poder absoluto”, agregó.

De todas maneras, indicó, las limitaciones del Código le permitirán al PRI obtener triunfos, y para arrebatárselos habrá que luchar.

Dijo que el PAN se está prepara para seguir adelante en su crecimiento en Guerrero, y que esos planes no están sujetos a la reforma electoral.

Anunció entonces que el PAN se retira de la reforma política porque ha sido “abortada” por el gobernador René Juárez, por no haber obligado a sus diputados a trabajar en serio para lograr la reforma electoral.

Luego consideró que el mandatario no leyó el resumen recogido en todos los foros sobre sistema electoral, y eso está peor, criticó.

Esto porque el gobernador el miércoles dijo que su compromiso es la reforma política, y que eso es más que repartir curules.

Consideró que políticamente afecta a Guerrero que no haya reforma electoral porque no permite una participación justa y equitativa de la sociedad en la toma de decisiones, porque el PRI se aferra en mantener el control con las leyes que los priístas aprobaron.

Indicó que al gobernador lo afecta “porque pierde legitimidad, queda mal, porque no mostró voluntad y no impulsó esa reforma como corresponde a un mandatario estatal; incluso no mandó al Congreso su propuesta como Poder Ejecutivo; con eso quiere decir que no estaba interesado”.

Al PRI, dijo que le perjudica igual que al gobernador, “y eso es verdaderamente vergonzoso”.

* Los perredistas pretendían imponer sus propuestas electorales” porque “no tienen seriedad, asegura

Maricela Santos * Al defender ayer al Partido Revolucionario Institucional y al gobernador René Juárez ante las críticas de la oposición por el fracaso de la reforma electoral, el diputado local priísta Roberto Torres Aguirre dijo que “no podemos ni debemos culpar al Ejecutivo del estado, a los partidos políticos ni a la Legislatura, porque cada quien, con oportunidad y en su tiempo, cumplió”.

En conferencia de prensa, el diputado llamó a sus homólogos a reconocer que “faltó capacidad para poder establecer consensos” para concretar la reforma.

El encuentro con los medios de comunicación ocurrió justo una hora después de la que hicieron PRD, PAN y PRS para señalar que el fracaso de la reforma electoral fue parte de una táctica dilatoria del PRI y del Ejecutivo estatal.

Torres Aguirre, que preside la comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, responsabilizó a la fracción parlamentaria perredista de que no estuviera a tiempo el dictamen sobre la reforma electoral.

Dijo que la crisis de la reforma deben asumirla los diputados que integran las tres comisiones que debieron emitir sus dictámenes: la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, que encabeza el perredista Sebastián de la Rosa; la de Justicia, que encabeza el priísta Ernesto Sandoval Cervantes, y la de Asuntos Políticos, que coordina él.

“Mucho se dice por parte de la fracción del PRD y culpan a la fracción parlamentaria del PRI, al Ejecutivo del estado, pero en este momento los que tuvimos las responsabilidad de emitir un dictamen sobre reforma electoral antes del 30 de diciembre –o de enero, según la interpretación jurídica que deba dársele–, pero es responsabilidad de los diputados que son parte de las comisiones”.

Dijo que “la ruta crítica” que tomó el proceso de reforma política, sobre el análisis del sistema electoral “fue responsabilidad de la fracción del PRD, que pretendía imponer sus propuestas electorales” porque es “un partido que no tiene seriedad.

Aseguró que lo que se cuidó al interior de las comisiones fue específicamente “no ceder a las propuestas que sólo beneficiaban al PRD, porque para ellos la reforma se circunscribía en que al interior del Congreso aprobaran que tuvieran más diputados para tener más representatividad al interior de la Legislatura”.

Recordó que la reforma política partió de la instalación de una mesa central encargada de hacer la agenda con los temas trascendentales para la entidad, de los cuales analizaron los relativos a derechos y cultura indígenas, fortalecimiento municipal, ley de amnistía y sistema electoral.

Dijo que después de ellos hicieron foros de consulta, en los que recogieron las propuestas que se llevaron al Congreso del Estado, y que el pleno turnó a las comisiones unidas de Justicia, Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Políticos y Gobernación, incluyendo  iniciativas del PRD, propuestas de reformas al Código Electoral enviadas por PRS y PAN.

Aseguró que las comisiones acordaron abordar primero el tema del sistema electoral, porque la Constitución obliga a que cualquier reforma en este rubro sea publicada 90 días antes del comienzo del proceso constitucional.

Dijo que la intención de las comisiones era no circunscribirse “a las iniciativas enviadas por la fracción del PRD y los diputados”, sino incluir la respuesta del Legislativo para emitir el dictamen con base en las propuestas que la Mesa Central recibió, “y no única y exclusivamente como intentó el PRD, en el sentido de legislar solamente sobre su iniciativa, sobre asuntos que solamente le interesan al PRD”.

Señaló que las comisiones lograron analizar 17 temas en relación a la reforma electoral y que establecieron consensos en torno al incremento de presupuesto a los partidos, las candidaturas comunes y las coaliciones e incluso sobre la transformación del Consejo Estatal Electoral (CEE) en Instituto Estatal Electoral (IEE), que en opinión de la fracción del PRD equivaldría sólo a cambiar de nombre, cuando para ellos era “dar un sentido profesional al organismo y evitar que estuviera regido por afinidad política con partidos”.

Dijo que el proceso se estancó cuando analizaban la asignación de las diputaciones plurinominales, porque, por un lado, el PRI buscaba mantener el orden actual de las cosas –que le permitió lograr 30 diputaciones–, mientras que el PRD estaba interesado en que se asignara como tope 28 diputaciones, y que las dos curules restantes “se le asignaran”, con lo cual afectarían las representaciones de partido que actualmente ostentan PRS y PAN.

Señaló que “no está abortada la reforma ni está muerta”, y que de cualquier forma se analizarán los cuatro temas que se abordaron al seno de las comisiones y se emitirá un dictamen, aunque este no tendrá vigencia para el próximo proceso electoral.

* Critican con los diputados Angel Pastra, del PAN, y Demetrio Saldívar, del PRD, que no se haya concretado la reforma electoral

Maricela Santos * Entre reiteradas acusaciones de que el PRI y el Ejecutivo estatal impidieron que se concretara la reforma política, diputados locales del PRD, PRS y PAN rechazaron que fuera la disputa por las curules plurinominales lo que estancó el proceso, como lo declarara el gobernador René Juárez Cisneros el miércoles en el puerto.

“El gobernador escupe para arriba sin darse cuenta de que le puede salpicar”, expresó al respecto el coordinador de la fracción parlamentaria perredista, Octaviano Santiago Dionicio, quien adelantó que ante el inminente fracaso de la reforma política y electoral, PRD, PAN y PRS perfilarán una alianza para ganar el Congreso y consolidar “una sola fuerza” tendiente a parar “prácticas viejas de 70 años que siguen obstaculizando el proceso de la transición democrática de la entidad”.

Además de Santiago Dionicio, participaron en una conferencia de prensa aquí en Acapulco sus compañeros Sebastián de la Rosa Peláez, Rosario Merlín García y Severiano Prócoro Jiménez, así como los diputados del PAN, Angel Pasta Muñúzuri y del PRS, Demetrio Saldívar Gómez.

El coordinador perredista dijo que el fracaso de la reforma electoral tiene que ver con la intención gubernamental de que el PRI logre de nueva cuenta la mayoría en el Congreso en las elecciones de octubre.

Para el PRI, dijo, la propuesta de candidaturas comunes era “un aviso de la derrota anticipada del partido de Estado, que le tiene miedo a una convergencia de fuerzas políticas antidespóticas y antiautoritarias”.

De todas formas, adelantó, es ahora más probable que se constituya “una alianza entre las fuerzas progresistas y democráticas” para ganar el Congreso e impedir que se repita el “mayoriteo indebido” que acostumbran los priístas en detrimento del Poder Legislativo.

“Esta gran alianza que hoy se perfila, seguramente que no dejará dormir a los mapaches principales del oficialismo priísta”, subrayó

Opinó que René Juárez sabe que fue la mayoría priísta “la que detuvo el proceso de reforma, sabe que engañó a las mujeres a quienes prometió el 50 por ciento en espacios y que detuvo la compactación electoral”.

La reforma “sí fracasó”, contradijo Santiago Dionicio al gobernador, pues será hasta dentro de tres años cuando nuevamente se establezca un debate para modificar las reglas que rigen los procesos electorales.

El también integrante de la Comisión de Gobierno del Congreso consideró que la dilación de la reforma electoral refleja una incongruencia “ante los reclamos generalizados de apertura y de generación de documentos electorales justos, equilibrados, y menos cargados hacia el partido autoritario”, pero confió que incluso bajo las condiciones inequitativas establecidas en la legislación electoral actual, “se impondrá la voluntad de los partidos para desterrar al PRI en la entidad”.

Los diputados del PRD, aseguró, “acudimos de buena fe, llevamos nuestra propuesta de manera oficial. Los encargados de las comisiones no nos presentaron ni listado de puntos de acuerdo. Hicieron vacíos, y actualmente el gobernador escupe sin darse cuenta que se puede mojar con la saliva”.

En su intervención, el presidente estatal del PRD, René Lobato Ramírez acusó a los diputados priístas de asumir “actitudes de simulación y de tardanza”, y al Ejecutivo estatal de manejar un lenguaje “perverso” en los medios de comunicación “desde el mismo poder legislativo, al seno de las mismas comisiones que representa el PRI, por medio de la persona de Roberto Torres Aguirre”, que preside la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en el Congreso local.

Dijo que ante la nueva situación los grupos “progresistas y democráticos de todos los partidos políticos” se verán obligados a establecer “todas las formas de acuerdos posibles a fin de abrir oportunidades a la participación ciudadana en los procesos electorales”.

Afirmó que esta convencido de que el fracaso de la reforma electoral “es un tropiezo que ha tenido el Ejecutivo y la fracción del PRI”, que se convertirá en un revés en las próximas elecciones.

En tanto, el diputado del PRS, Demetrio Saldívar Gómez señaló que su partido no buscaba “espacios políticos”, sino evitar que de forma anticonstitucional el PRI mantuviese su mayoría en el Congreso.

“Se equivocan en la estrategia y la táctica de querer desacreditar a los partidos políticos. Los culpables son los que siempre han sido y los que se opusieron a modificaciones al código electoral”, acusó.

Por el PAN, el diputado Angel Pasta Muñúzuri lamentó la falta de consensos para concretar la reforma electoral y de que ante la falta de quórum en las comisiones dictaminadoras se estancara este proceso.

Criticó que los diputados y dirigentes del PRI digan que hubo voluntad para sacar adelante la reforma cuando la fracción del Revolucionario Institucional no hizo el trabajo legislativo que le correspondía.

Dijo que el PAN está indignado y que la representación de este partido en el Congreso lamenta el engaño a la sociedad que representaron los trabajos inconclusos de la reforma electoral, y señaló que “si el gobierno de René Juárez estuviera haciendo bien las cosas, no habría oposición de ningún legislador” para concretar este proceso, pero señaló que “hay miedos de los que están deteniendo la reforma”.

Sin embargo, declinó hablar sobre la posibilidad de concretar coaliciones para lograr la mayoría en el Congreso, pues dijo que esto es responsabilidad directa de las dirigencias de los partidos políticos.

Con Pasta estuvo el secretario general del PAN, Antonio Gallegos García quien criticó que el PRI no viera “más allá de la próxima contienda electoral”, y responsabilizó al Ejecutivo estatal de lo que pueda suceder en el próximo proceso “porque la reforma fue verdaderamente un fraude”.

* Preside la Comisión de Asuntos Jurídicos

El diputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez –presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, una de las comisiones que debían de dictaminar sobre la reforma– dijo que asumirá la parte de responsabilidad que le corresponda por el fracaso de la reforma, pero acusó a los diputados priístas de negarse a resolver el conflicto.

En la conferencia de prensa que diputados de la oposición ofrecieron ayeer en Acapulco, el perredista narró que el 25 de enero al filo de las 21 horas, en la última sesión de trabajo, Torres Aguirre decía que sólo faltaba que se aprobaran las propuestas, y dijo que a las 22:30 horas de ese mismo día se excusó diciendo que no había logrado hablar con el presidente estatal del PRI, Juan José Castro Justo, y que por lo tanto no podría emitirse el dictamen.

Con este antecedente, consideró que “la reforma respondió a la voz del gobernador René Juárez Cisneros y del PRI, que todavía no quiere aceptar los cambios que le urgen al estado”.

Señaló a Castro Justo y al gobernador “de moverle las cuerdas a los títeres que tiene en el Congreso” y ante la versión de que será llamado por el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, el priísta Héctor Apreza Patrón, dijo que acudirá “con gusto a decirle que es un irresponsable porque estuvo permanentemente declarando que había voluntad para sacar la reforma, pero sus diputados nunca asistieron puntualmente a los trabajos”.

Dijo que de los tres presidentes de comisiones encargados de dictaminar sobre la reforma electoral, el priísta Ernesto Sandoval Cervantes de la comisión de Justicia no asumió con seriedad el proceso y cedió la toma de decisiones a Torres Aguirre. (Maricela Santos).

* El secretario de Educación participó en la Reunión Estatal del Consejo Académico de Educación Indígena donde asistió el director general de Educación Indígena de la SEP, Rubén Viveros Alvarez

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El secretario estatal de Educación, Daniel Pano Cruz informó que no habrá ningún recorte presupuestal a la SEG por lo que la dependencia ejercerá este año un monto de 6 mil 700 millones de pesos, similar al presupuesto asignado el año pasado.

Asimismo, dijo que la Secretaría buscará apoyo con el Banco Mundial para mejorar los 10 mil planteles que se encuentran muy deteriorados y que requieren una inversión de cuando menos 600 millones de pesos.

Pano Cruz expuso lo anterior al finalizar la Reunión Estatal del Consejo Académico de Educación Indígena, en el que participaron maestros y directivos indígenas bilingües, presidida por el director general de Educación Indígena de la SEP, Rubén Viveros Alvarez, quien reiteró que el estado “continúa en los últimos lugares en lo que a educación se refiere”.

El titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), dijo que propondrán el impulso de algunos programas para fortalecer el proceso educativo, a través del Banco Mundial, “no conocemos ningún presupuesto específico pero existe interés por parte del BM por el desarrollo y la economía de Guerrero”.

El funcionario estatal manifestó su interés en que el Banco Mundial pueda dar atención al Programa de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Educativa, “que es una de las deficiencias que se tienen, en los 10 mil planteles oficiales; ya se plantearon estas necesidades y otros programas que ya se están financiando a través del Banco Mundial”, adelantó.

De igual forma, reconoció que faltan recursos para abatir el rezago educativo, a pesar de que se han impulsado acciones que permitan arraigar a las familias indígenas ofreciéndoles alternativas de empleo, lo que ha permitido que los niños no pierdan clases durante la migración permanente: “Se han generado 10 mil empleos en las zonas indígenas a partir de la puesta en marcha de maquiladoras”.

Señaló que el gobierno estatal ha previsto que en aquellas ciudades receptoras de ciudadanos guerrerenses haya la suficiente infraestructura educativa que permita atender a los niños indígenas, “en Zihuatanejo ya se inició con este proyecto dirigido a la población indígena”, indicó.

Afirmó que se han instalado albergues indígenas en la región de La Montaña, y que se va continuará trabajando para fortalecer estos centros de enseñanza indígena, “se ha impulsado también la construcción de viviendas para arraigar a los maestros indígenas a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas”, anunció.

Ante el representante de la SEP, Pano Cruz reclamó más apoyo por parte del gobierno federal para que haga llegar a Guerrero recursos que permitan enfrentar de mejor manera ese desafío educativo: “Tenemos un índice superior al 2.8 por ciento de deserción escolar de niños indígenas que se registran en las escuelas; es decir, casi 3 de cada 10 niños dejan la escuela, de los casi 100 mil que asisten al preescolar y al nivel básico; además de que existen 180 escuelas cerradas por falta de maestros en las distintas regiones de la entidad”.

Daniel Pano justificó esta situación al señalar que esto es producto de la necesidad de emplear a los niños a temprana edad en tareas del campo, donde se convierten en coadyuvantes de los ingresos de sus familias.

Propuso un frente común por la educación en Guerrero con el gobierno federal para aliviar esta situación, en donde podrán participar las autoridades educativas, maestros y padres de familia.

De forma espontánea, el maestro indígena Félix López González intervino para reclamar que “nos da pena que las jefaturas de sector sólo nos reúnan para que nos miremos en una pantalla de televisión, tal vez porque piensan que como indígenas somos personas raras”.

Demandó tanto al representante de la SEP como al titular de la SEG que “la Secretaría de Educación Indígena nos apoye realmente porque las jefaturas en las zonas escolares carecemos de equipos de cómputo esencial para poder desarrollar muchas de las actividades que nosotros tenemos; incluso no hay ni siquiera máquinas de escribir, ya no digamos escritorios, sillas y edificios propios”.

Luego de esta intervención, correspondió el turno al director general de Educación Indígena, Rubén Viveros Alvarez aseguró que el gobierno federal tiene interés en apoyar a las comunidades indígenas, “se tienen que respaldar sus propuestas para poder superar la iniquidad que se ha vivido durante 500 años”.

Invitó a los maestros indígenas bilingües para que a través de una reflexión hicieran la comparación y se pudieran percatar cómo eran los servicios educativos y la infraestructura hace 15 ó 20 años, y cómo es ahora: “Seguramente en algunos lugares siguen estando las cosas muy difíciles, pero en otros también estamos seguros que ya se cuenta con lo necesario, ha habido de alguna manera ciertos apoyos”, dijo.

Explicó que educación indígena ha atravesado por diferentes corrientes políticas de las cuales el sector educativo ha respondido a ello, pero ahora de lo que se trata es de mejorar la educación indígena en la entidad.

No obstante, manifestó que los indicadores educativos colocan a Guerrero en una situación difícil y esa parte es la que preocupa.

“Es cierto que el sistema de educación indígena ha mejorado, se ha reducido la deserción escolar y mejorado la aprobación y la eficiencia terminal, pero no como se quisiera, porque no dejamos de estar en los últimos lugares”, afirmó.

* Afirma que cada quien fue a gestiones particulares con el gobernador

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El presidente estatal del PRI, Juan José Castro Justo declinó informar sobre lo tratado en la reunión a la que asistió este miércoles en Acapulco con el gobernador René Juárez Cisneros y los precandidatos del PRI a la alcaldía del puerto, Ernesto Rodríguez Escalona y Miguel Mayrén Domínguez.

Castro Justo dijo que allí no se habló nada sobre el proceso interno para elegir el candidato del PRI a la presidencia municipal de Acapulco.

Expresó que su asistencia y la de los aspirantes fue “coincidencia”, dado que cada quien fue a plantear gestiones de acuerdo al cargo que representan.

Y el presidente estatal del PRI no quiso decir más.

Por otra parte, como lo señaló el gobernador René Juárez Cisneros en Acapulco, el PRD sólo quería el reparto de más curules, dijo Castro Justo y calificó a los perredistas y diputados del PAN y PRS de “irresponsables” por adjudicarle al jefe del Ejecutivo estatal y al tricolor la culpa de que en Guerrero no haya reforma electoral. De todas maneras anunció que buscará la reconciliación para continuar con la reforma política.

Entrevistado en esta capital, Castro Justo lamentó que no se hayan dado los consensos entre los diputados de las comisiones unidas de Justicia, Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado para hacer una realidad la reforma electoral.

Sin embargo, destacó que el actual Código Electoral del Estado “ofrece un marco jurídico que es de avanzada que está por encima de otras leyes en el país, consistente para ir a un proceso electoral”.

Acorde a los argumentos del gobernador René Juárez Cisneros y del coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, Castro Justo destacó que en Guerrero la reforma política no sólo es la reforma electoral, porque indicó que están pendientes otros temas de orden social y económico, por lo que invitó a los partidos políticos a continuar con el proceso de transformación política del estado.

Luego indicó que no hay mandato alguno para su fracción parlamentaria en el Congreso local para que en estos momentos continúen en el análisis de una reforma electoral.

Para Castro Justo que no haya reforma electoral tiene que ver con que las fracciones parlamentarias no pusieron de acuerdo, “esa es la razón real”, afirmó.

Acerca de que el PRD, el PAN y el PRS responsabilizan al PRI y al gobernador del fracaso de la reforma electoral, señaló: “Es una actitud irresponsable la de esos señores”.

–¿Las posiciones de esos partidos indica un rompimiento para la reforma política pretendida por el gobernador?

–Significan sólo opiniones encontradas.

–¿Quién sale perjudicado de que no haya reforma electoral?

–El proceso de reforma electoral, solamente. Porque se quería hacer algunas modificaciones, pero no es determinante para la tranquilidad en el desarrollo del proceso que se realizará en Guerrero.

–¿Pero los partidos político prevén conflictos poselectorales por lo inequitativo de ley electoral?

–No debe de ser así. Hay un Código electoral que garantiza equidad.

Como anteayer en Acapulco el gobernador René Juárez dijo que la reforma política era mucho más que repartir curules, Castro Justo indicó que eso es verdad, porque era el argumento del PRD en las negociaciones en el Congreso local.

Anunció entonces que buscará conciliar las relaciones con los partidos políticos para dar continuidad a la reforma política.