Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

Guerrero es el estado con mayor número de personas periodistas desaparecidas, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Desapariciones en México.
El informe de la CIDH muestra que los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda muestran que con corte a abril de 2025, había 15 personas periodistas desaparecidas y no localizadas y 17 personas periodistas localizadas. De las cuales, la mayoría se concentraron en Guerrero con ocho.
“Los tres estados con mayor número de desapariciones son Guerrero con ocho personas periodistas desaparecidas, Michoacán con cinco y Veracruz con tres”.
En el informe, la Comisión muestra que las desapariciones de personas periodistas se concentran entre 2004 y 2025, con 2020 como el año con mayor número de casos de personas periodistas desaparecidas en el país.
De igual forma, Guerrero es uno de los principales estados con mayor número de hombres desaparecidos, con tres mil 689 con el corte al 3 de junio de 2025, mientras que a nivel nacional son 98 mil 788.
La Comisión tiene registro de 43 personas de la comunidad LGBTIQ+ que desaparecieron en México entre noviembre de 2017 y junio de 2024; de esas notificaciones, dos ocurrieron en Guerrero.
CIDH indicó que tiene medidas cautelares vigentes para la búsqueda y paradero de personas desaparecidas, en ese caso aplica el de Vicente Suástegui Muñoz, secuestrado en Acapulco en 2021.
En el informe, la Comisión señala que se han pronunciado por ataques a periodistas que inician con una desaparición, caso de Enrique Hernández Avilez, el 18 de junio de 2024 y encontrado el 3 de septiembre en una fosa clandestina en Taxco, por lo que la Fiscalía General del Estado de Guerrero indicó que la policía municipal estaría involucrada.
La Comisión señaló que los antecedentes en México de desapariciones datan de los años 60, “principalmente en el estado de Guerrero”, con el surgimiento de movimientos insurgentes y la represión de los mismos.
“Una de las expresiones más emblemáticas de lo anterior tuvo lugar con la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco en 1974 en Guerrero, a manos de integrantes del Ejército en el marco de la llamada guerra sucia, caracterizada por la represión contra movimiento sociales y oponentes políticos”, plantea la CIDH.
La Comisión citó a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990, reporta 244 expedientes que corresponden a 478 víctimas de desaparición forzada, 292 concentradas en Guerrero.
“El Estado mexicano ha reconocido la desaparición forzada cometida por sus agentes estatales militares o policiales en los casos de Faustino Jiménez Álvarez en Juan R. Escudero, Guerrero en el 2001”.
Entre los puntos que toca el informe, la Comisión señala que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les ha permitido “identificar y comprender” las complejidades de desaparición en el país y “los desafíos” para el acceso a justicia y atención a víctimas.
La CIDH reporta que da seguimiento directo en lo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas, por lo que se observa la participación de las autoridades estatales con el crimen organizado, por lo que puede ocurrir como seguimiento de instrucciones directas para la desaparición de personas.
“La CIDH observa que, en algunos casos, como el asunto Ayotzinapa, la respuesta de México ha sido la creación de unidades especiales de investigación y litigio, pero al momento de la judicialización nuevamente el sistema vuelve a fragmentarse en diferentes órganos jurisdiccionales generando una sobrecarga procesal para la entidad fiscal”.

Por un error basado en la declaración proporcionada por el dirigente del Cipog-Ez, Jesús Plácido, y tomada acríticamente, la nota titulada “Salen desplazadas mil familias de pueblos de Chilapa tras cinco días de ataques, denuncian” publicada en la página 6 de la edición de ayer y retomada en la primera plana, debió decir que se refería a mil personas.
Mil familias serían unas 5 mil personas desplazadas. No intentamos minimizar la gravedad del problema de los indígenas nahuas de Chilapa obligados por la violencia a abandonar sus comunidades, pero tampoco contribuir a la confusión o al sensacionalismo.
Una disculpa a nuestros lectores.

La Redacción

Ramón Gracida Gómez

Unas fichas del Servicio Médico Forense (Semefo) y unas listas del Panteón de Dolores de la Ciudad de México son los indicios con los que cuenta Catarino Hernández del Campo para solicitar a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) la exhumación de los restos de su padre Carmelo Cortés Castro, el guerrillero fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) asesinado el 31 de agosto de 1975.
Hoy, el también representante del Colectivo Carmelo Cortés Castro y Aurora de la Paz, va a entregar su solicitud formalmente a la CNB para que realice la búsqueda de los restos con la Fiscalía General de la República (FGR), en el cementerio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país, entre las secciones dos y tres del Bosque de Chapultepec.
Un documento de la sección de necropsias admisión de cadáveres del Semefo del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, señala el ingreso a la morgue de un hombre desconocido de 28 años el primero de septiembre de 1975. El diagnóstico de la autopsia revela que tiene una herida por proyectil de fuego penetrante de tórax y abdomen.
Un segundo documento da cuenta de la misma fecha y heridas de un hombre de 26 años. Ambos hombres fueron entregados al Panteón Civil el 31 de diciembre de 1975, indican las fichas.
La deducción es que ambos cadáveres registrados por el Semefo son Carmelo Cortés y su compañero Daniel Flores, caídos cerca de la tienda Sears Roebuck de la avenida Ejército Nacional.
Hernández del Campo también cuenta con documentos del índice general de inhumaciones del Panteón de Dolores, sobre todo de los cadáveres enterrados en la fosa común, donde se presume que pudiera estar enterrado Carmelo Cortés.
En declaraciones, Hernández del Campo puntualizó que los documentos oficiales revelan que el cadáver de su padre estuvo tres meses dentro de las instalaciones del Semefo tras su asesinato el 31 de agosto de 1975.
Carmelo Cortés y Aurora de la Paz, ambos padres de Catarino Hernández del Campo, fundaron las FAR en 1973 como un grupo guerrillero de Acapulco, ambos habían participado en el Partido de los Pobres que dirigía Lucio Cabañas Barrientos en la sierra de Atoyac.
Un texto de recuento de la lucha jurídica que ha emprendido Hernández del Campo señala que en 25 años, el hijo de los guerrilleros logró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación (Segob) reconocieran oficialmente que Carmelo, “fue ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal” y Aurora de la Paz es víctima de desaparición forzada desde 1976.
Ambos líderes guerrilleros están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), el “Estado tuvo que admitir: mató y desapareció”, expuso su hijo.
En 2023 Hernández del Campo ganó un juicio federal que “obligó al Estado a cumplir reparación integral –verdad, memoria, garantías de no repetición–, tras 12 años de trámites, negativas y burocracia. No fue regalo, fue sentencia ganada letra por letra”.
En julio de 2024, narró, una investigación “profunda” realizada junto con la historiadora Adela Cedillo localizó con certeza la tumba donde reposan los restos de Carmelo Cortés en el Panteón de Dolores.
“Allí lo habían enterrado sin nombre, en fosa común, sin aviso a la familia, oculto durante casi 49 años, tal como lo hacían con todos los que consideraban enemigos”.

Daniel Velázquez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), confirmó una multa al PRD Guerrero por 3 millones 752 mil 897 pesos impuesta por el INE, luego del proceso de liquidación del PRD nacional tras perder el registro nacional en los comicios de 2024.
En el documento del Trife se especifica que son cinco multas de carácter formal y siete de carácter sustancial; de cada una se especifica el monto pero no la razón.
En sesión del pasado jueves en la Sala Regional Ciudad de México del Trife, los magistrados por unanimidad consideraron infundados, sin razón, inoperantes, ineficaces los argumentos expuesto por el PRD en su impugnaación para eludir el cobro de la multa.
El INE alega que el PRD Guerrero recibió en 2026 21 millones 527 mil 343 pesos como financiamiento público para actividades ordinarias como partido local, por lo que considera que tiene capacidad económica suficiente para cumplir las sanciones.
También argumenta que el PRD Guerrero “mantiene una importante conexión con el partido extinto al punto de existir una transferencia integral entre ambos, por lo que no solo se transfieren derechos y prerrogativas, sino que también obligaciones, entre ellas las obligaciones en materia de fiscalización”.
Como elementos de prueba de la conexión entre ambos, señala el nombre, al cual se le añade el de la entidad federativa, el emblema y los colores, la fuerza electoral y la representatividad que sirve para justificar su registro como partido local y los bienes obtenidos del partido nacional.
En el fallo, el Trife sostiene que “la determinación de la autoridad responsable resulta acorde con el marco normativo aplicable, pues reconoce la continuidad jurídica entre el partido político nacional en liquidación y los partidos políticos locales que de él derivan, garantizando la eficacia del sistema de fiscalización y evitando que la pérdida de registro se traduzca en un mecanismo para eludir responsabilidades, máxime cuando existe un parámetro objetivo de capacidad económica como lo es el financiamiento público asignado”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En Guerrero aún no está definida una alianza entre Morena, PVEM y PT como lo aseguró el jueves el senador Manuel Velasco Coello, al salir junto con Félix Salgado Macedonio tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
A pesar de lo mencionado por el senador, en la entidad las dirigencias de los tres partidos han dicho que aún no hay acuerdos y están en espera de las negociaciones para determinar si hay coalición o no.
De acuerdo con el Artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y el Artículo 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) la Ley Electoral, los partidos deben registrar sus convenios de coalición 30 días antes del inicio de las precampañas electorales, previsto para enero del 2027, por lo que tienen aún seis meses para definir su alianza.
Diferentes líderes morenistas como el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona o el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, han asegurado que están abiertos a ellas.
González Varona incluso ha dicho que depende solo del PT y del PVEM que se decidan a continuar la coalición, ya que Morena está abierto a seguir pero no permitirá condicionamientos.
El presidente del PVEM en Guerrero, Alejandro Carabias Icaza, a preguntas sobre el futuro de la alianza responde que sí hay coincidencias habrá de continuar, pero no hay nada definitivo.
Aunque el PVEM también ha manejado la idea de postular a su dirigente nacional, Karen Castrejón como aspirante a la gubernatura.
Mientras que el PT es el partido que más se ha alejado de la coalición, ya que en los últimos meses el dirigente estatal Victoriano Wences Real ha manifestado la intención de ir solos en el 2027 si en Morena no les dejan la candidatura.
En marzo y abril Wences Real encabezó una serie de marchas en las ocho regiones donde manifestó la idea de ir solos si en la alianza no hay condiciones para una candidatura que le favorezca.
Wences Real ha dicho que están abiertos a escuchar propuestas por parte de Morena, pero que hoy están concentrados en su organización para ir con candidatos propios en 2027.

En uno de los varios videos difundidos ayer por el Cipog-EZ, una mujer indígena suplicó por la intervención del gobierno de Estados Unidos para que los salve ante la violencia que padecen.
Rodeada de otras mujeres y niños llorando, una indígena nahua clamó: “Queremos apoyo del gobierno de Estados Unidos porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso, no nos quiere mandar el apoyo”.
“Ahorita estamos todos refugiados los de los pueblos indígenas, no nos hace caso la presidenta, queremos apoyo, los niños están sufriendo, no comemos. Apóyenos”, agregó.
“Queremos que este video llegue hasta Estados Unidos por favor, Claudia Sheinbaum no nos hace caso. Donald Trump ayúdenos, mándenos helicópteros para que nos salven, ya estamos rodeados, por culpa de Los Ardillos, los criminales nos están atacando, ya vienen cerca, están quemando las casas, este video queremos que llegue hasta Estados Unidos”, dice mientras se hinca junto a otras mujeres. (Redacción / Chilpancingo).

La dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), reportó la mañana de ayer cuatro desaparecidos de la comunidad de Xicotlán, comunidad que junto con Tula, del municipio de Chilapa, fueron ocupadas el sábado por el grupo delictivo Los Ardillos, luego de cuatro días de ataques.
Por separado, fuentes policiacas informaron ayer el hallazgo de cuatro cadáveres a orillas de la carretera Chilpancingo-Tlapa, en el crucero de Papaxtla, a unos 25 kilómetros de Chilapa, cerca de una brecha que lleva a la comunidad de San Jerónimo Palantla.
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, dijo que temen que sean sus compañeros de Xicotlán que desaparecieron en el transcurso de la noche del domingo.
Sin embargo, hasta a las 10 de la noche de ayer las autoridades no habían informado de la identidad de los cuerpos hallados.
El dirigente del Cipog-EZ, declaró por teléfono que el domingo se informó, también, mediante las redes sociales que 15 vecinos de Xicotlán habían sido levantados y que fueron llevados por el grupo delictivo de Los Ardillos a la comunidad de Colotepec, donde tienen un centro de operaciones, pero aclaró que los vecinos se encontraban en sus tierras de labor y que regresaron para incorporarse al grupo de desplazados. (Redacción / Chilpancingo).

Un cargamento de 41 kilos de mariguana y un automóvil fueron asegurados en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte del estado, durante un dispositivo de seguridad en el que no se reportan personas detenidas.
El decomiso de la droga se realizó por efectivos del Ejército y la Policía Estatal durante acciones coordinadas “de prevención e inhibición del delito”, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal mediante un comunicado de prensa difundido a las siete de la tarde de ayer.
De acuerdo con la información oficial, durante recorridos operativos implementados en la carretera estatal de la cabecera municipal a la comunidad de Temalac, se logró el aseguramiento de cuatro paquetes envueltos en cinta canela y un costal con un peso de 41 kilos de la hierba seca.
Asimismo, se informó del aseguramiento de un automóvil “presuntamente relacionado con hechos delictivos”, sin que se haya informado de personas detenidas, y sin precisar si la droga era transportada en el mismo vehículo.
Los envoltorios con la mariguana y el automóvil fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, se agrega. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Dentro de costalillas tiraron los restos descuartizados de seis hombres en la carretera Olinalá-Temalacatzingo, la mañana de este lunes.
Las autoridades ministeriales confirmaron el homicidio de los seis hombres luego de que recogieran y trasladaran las costalillas con los restos humanos al Servicio Médico Forense de Tlapa.
El lunes como a las 9:00 de la mañana se informó que en medio y a un costado de la carretera que comunica la cabecera municipal de Olinalá y Temalacatzingo, en el crucero de Lomas de Cocoyoc, municipio de Olinalá, había varios costales con sangre.
En la tarde se confirmó que eran restos humanos de seis personas que no fueron identificadas.
En lo que va del año el municipio de Olinalá ha sido escenario de muertes de personas descuartizadas, como el pasado 31 de marzo en que los grupos delincuenciales de la zona tiraron en la carretera que conecta Tlapa con Olinalá a siete hombres, cerca del crucero que comunica con Cualac.
En la carretera dejaron ollas de aluminio y cajas negras que usaron para trasladar los restos de los hombres.
Días después tres fueron identificados, eran de la comunidad de Teticic, habían sido reportados desaparecidos, un abuelo y sus dos nietos, cuando fueron a alimentar a su ganado en el cerro.
Los otros cuatro también fueron reportados desaparecidos, eran de Chautipa.
En la localidad de Teticic un grupo armado atacó una vivienda dejando un muerto y un herido.
En ese rumbo en la carretera que va de Olinalá a Paso Morelos, cerca de la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo, asesinaron a tres hombres un padre, su hijo y un acompañante, a quienes recibieron impactos de rifles AK-47 al ser emboscados en el interior de la camioneta roja en que viajaban.
Además de otros cuatro homicidios en la cabecera municipal de Olinalá.
Se menciona de una pugna entre grupos delincuenciales por el control del territorio, donde han decomisado drogas y desmantelado un laboratorio. (Carmen González Benicio / Tlapa).