El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Antonio Camarillo Balcázar, informó que en lista de espera hay más de 100 jóvenes que quieren ingresar a esta escuela para el ciclo escolar 2026-2027 en la licenciatura de Médico Cirujano.
La escuela de Medicina es la que tienen más demanda de la UAG, inclusó, para este año el Consejo Universitario mandató reabrir la plataforma para que los jóvenes de las preparatorias de la máxima casa de estudios tuvieran la oportunidad de tener ficha en uno de los 110 programas, donde de nuevo esta escuela tuvo la nayor demanda.
Ante ello, el director dijo que están elaborando una estrategia para que en el próximo ciclo escolar se haga un “examen clínico, de conocimientos médicos, porque el examen ahorita es general. Queremos implementar que los muchachos vayan orientados a la medicina; segundo, que tengan el aspecto psicológico apropiado, para que durante el internado y el servicio social no claudiquen, no se salgan o en determinado momento, al terminar la carrera salgan ellos en otras actividades, que se relacionan con la medicina, pero en realidad no están encausados a proporcionar esa atención médica”.
Este martes fue el segundo día de revisión de documentos a los jóvenes que obtuvieron la preficha y luego la ficha para el examen, que será en julio. Afuera de la escuela esperaban madres de familia a sus hijos, una de ellas doña Alejandra, quien dijo que su hija pudo sacar ficha cuando se abrió por segunda vez la plataforma para egresados de las preparatorias y ahora espera que su hija pase el examen, para que pueda quedarse.
En declaraciones en la facultad de Odontología, donde acudió a la inauguración de la cafetería y el techado de la cancha, la cual encabezó el rector Javier Saldaña Almazán, el director dijo que los espacios serán alrededor de 400, de los cuales, 200 entrarán para el semestre de agosto y la otra parte será en el semestre de febrero.
Dijo que deben tener cuidado en no verse rebasados en alumnos y que les hagan falta campos clínicos, que son los espacios que da la Secretaría de Salud.
Informó que se entregaron alrededor de mil 500 fichas para los que aspiran a ingresar a Medicina y que hoy culmina el proceso de revisión de los documentos de los jóvenes, donde precisó que el promedio mínimo tiene que ser 8.5.
El director informó que cuando se reabrió la plataforma para los jóvenes que van egresar de las preparatorias de la UAG, como lo mandató el Consejo Universitario, se dieron 450 fichas.
El director comentó que existe la posibilidad de que algunos aspirantes, que están en lista de espera, puedan acceder a un espacio, pues en la revisión de documentos es para ver si cumplen los requisitos y si son los promedios reales.
Aclarón que pueden quedar muy pocos lugares para todos los que están en la lista de espera.
La Comisión de Minería del Congreso del Estado acordó brindar acompañamiento a los integrantes de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero, de Taxco para coadyuvar en la conclusión de la huelga que está por cumplir 19 años.
En conferencia de prensa este martes, al término de una reunión entre la Comisión de Minería y una comisión de mineros, las diputadas locales informaron que fungirán como gestoras e interlocutoras ante las autoridades federales correspondientes para avanzar hacía una solución que pueda ayudar a concluir la huelga de los mineros.
La secretaría de la Comisión de Minería, Obdulia Naranjo Cabrera, del PVEM, dijo que buscarán una solución ante instancias federales para que se respeten plenamente los derechos de las y los trabajadores.
“Reiteramos la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre las condiciones de seguridad en las minas y de impulsar apoyos integrales para las familias afectadas por este prolongado conflicto”, dijo al leer un comunicado.
Agregó que la historia de la minería en Guerrero “no puede seguir marcada por la incertidumbre y la injusticia por lo que es momento de acompañar con responsabilidad y firmeza a quienes continúan defendiendo su derecho a un trabajo digno y seguro”.
Por su parte la presidenta de la Comisión de Minería, la morenista Citlali Yaret Tellez Castillo, explicó que el acuerdo emitido de la reunión fue que les brindarán acompañamiento a los mineros en huelga, “para lograr una solución como sucedió con la huelga en Cananea… haremos lo que este dentro de nuestra competencia, como sabemos se trata de un tema del orden federal, pero estamos con toda la disposición tanto el alcalde de Taxco como los integrantes de esta Comisión”.
Para ello, comento, se realizarán mesas de trabajo con los titulares de distintas dependencias para que llevar propuestas a la federación y se solucione el conflicto laboral.
Al respecto, el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza calificó como de mucho valor esa reunión con las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Minería “para dialogar sobre uno de los temas históricos más sensibles para muchas familias taxqueñas”, y dijo que desde su llegada al ayuntamiento se apoya a los mineros en huelga con despensas para sus familias.
Por su parte el secretario general local de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, confió en que haya avances en la resolución del conflicto y agradeció a la Comisión de Minería porque en estos 19 años de huelga no habían tenido acercamiento alguno con el poder Legislativo.
“Hemos venido buscando este acercamiento desde hace mucho tiempo y si bien es cierto no es un problema del estado ni del municipio, pero afecta a un estado y al municipio por la falta de empleos. Nos vamos satisfechos por el apoyo recibido en esta ocasión por todos los integrantes de la Comisión”, dijo Hernández Mojica.
El 30 de julio de 2007 estalló la huelga de los agremiados de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en contra de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, cuyo dueño es el empresario Germán Larrea, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y falta de condiciones de seguridad e higiene en la mina de Taxco.
El tituar de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, informó que será decisión de cada escuela modificar el horario escolar de acuerdo con las condiciones de cada plantel y que la determinación de respetar el calendario escolar fue por la “conversación” que causó la idea de reducirlo.
Castillo Peña estuvo en Acapulco, donde encabezó una conferencia de prensa para anunciar la realización del noveno Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, que se realizará en octubre de este año.
En declaraciones a reporteros después de la conferencia, Castillo Peña explicó que en Guerrero serán los directores de escuela los que harán las propuestas de manera directa, para ajustar sus horarios. Un ejemplo que dio es que los alumnos podrían ingresar media hora mas temprano y salir una hora antes de lo habitual.
Agregó que esta medida podría aplicarse en regiones como Tierra Caliente y Norte, donde las temperaturas en esta época del año son elevadas, pero eso dependerá de la comunidad escolar que integran maestros y padres de familia, que serán los directores de los planteles quienes harán la solicitud para que les autoricen ajustar sus horarios.
Indicó que esta medida ya se ha aplicado en la entidad y el ajuste a los horarios será en zonas específicas donde haya altas temperaturas. Hasta este martes, dijo que tenía unas cuatro solicitudes recibidas para hacer ajustes en los horarios.
Indicó que en la reunión del 7 de mayo se habló de la conveniencia de reducir el calendario escolar, para que las familias pudieran convivir con sus hijos viendo los partidos de fútbol, “los niños, los jóvenes, las familias iban a estar al tanto, que si los países, que si las estadísticas, que si los idiomas. Por eso se había hecho la propuesta de reducir el calendario y que no logró ser un acuerdo formal, porque no se publicó en el Diario Oficial de la Federación”.
Abundó que en la reunión del sábado, donde participaron los secretarios de Educación de las 32 entidades, “se consideró que eso iba a seguir generando comentarios y por ello dijimos: ‘vamos a evitarnos problemas’. Vamos a regresar las cosas a como estaban”.
Disposición para atender a los menores de Chilapa
Del conflicto en Chilapa por los desplazados, el secretario dijo que no tiene certeza de cuántas escuelas y niños son afectados por este conflicto, pero se tiene la “disposición” de reubicar a los menores, “les daremos las facilidades que se requieran para que los reciban en otra escuela, y si después tiene que regresar, nosotros haremos los oficios necesarios para que esos niños estén en una escuela, y si tienen que regresar a su escuela de inicio o irse a otra escuela, sin ningún problema”.
Estimó que al menos hay un preescolar y una primaria en cada comunidad.
En Chilapa, al menos unas 800 personas que habitan las comunidades de Xicotlán, Tula y Ahuehuetlán han sido desplazadas por la violencia ejercida contra los vecinos al parecer por el grupo criminal Los Ardillos.
Los días 27, 28, 29 y 30 de octubre se realizará en Acapulco el noveno Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, en el que se espera la participación de investigadores-docentes de Colombia, Cuba, Argentina, Nicaragua, Chile y México, quienes compartirán sus saberes y experiencias en la práctica docente.
Se espera que asistan unos 3 mil 700 docentes. Los interesados pueden registrarse hasta el 16 de octubre, algunos de los temas que esperan abordar son inteligencia artificial, plataformas digitales, territorialidad, pensamiento matemático y narrativa pedagógica.
En la conferencia acompañaron al secretario Ricardo Peña, el director general de Educación Superior para el magisterio, Julio César Leyva Ruiz; la directora general de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Erika Lissete Urióstegui Cuenca; el representante de la junta del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, Miguel Ángel Estrada Gómez; el director general de Servicios Educativos de Ciudad de México, Mario Chávez Campos; el director de la Normal Regional de La Montaña, Primitivo Manzano Moreno; el director del Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco, Rodolfo Ortiz Guerrero, y el director de la normal Raúl Isidro Burgos, Tomás Vargas Cochero.
Aspectos de la reunión de funcionarios y regidores para informar sobre las acciones para atender las alertas por violencia de género Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
Funcionarios informaron a los regidores las acciones y obras que se tienen previstas hacer en las 13 colonias que están dentro de la alerta de violencia de género, para que se reduzcan las medidas y retirar las dos alertas de violencia.
Ayer en una reunión en la sala de Cabildo, estuvieron el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Ignacio Orbe López, y la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Sandra Yolanda Rodríguez Zaragoza, con regidores de las comisiones de Igualdad de Género y la de Hacienda.
El secretario de Planeación, Ignacio Orbe López, durante su participación dio un informe detallado de los avances que se llevan a cabo en cuanto a la aplicación de recursos para combatir las alertas de violencia de género.
Explicó que se tiene un estimado de 393 millones de pesos de tres fuentes de financiamiento para comprar más cámaras de vigilancia, rehabilitar alumbrado público, y recuperación de espacios públicos.
Explicó que de recursos fiscales se tiene un avance de 43 por ciento ejercido, es decir que de 144 millones 559 mil 213 pesos, se han ejecutado 62 millones 839 mil pesos y del Ramo 33 Fondo 3 se asignaron 121 millones 613 mil pesos; y Fondo 4, 127 millones de pesos, que no se han ejercido porque apenas se aprobaron los proyectos en Coplademun.
En tanto Rodríguez Zaragoza recordó a los regidores que el semáforo de las alertas continúa en verde y aunque “no han levantado ninguna medida, porque todo eso lleva un proceso”, dijo que para este año se asignaron recursos que se van a ejercer en obras para recuperación de espacios públicos, y para rehabilitar luminarias.
Entre las colonias que están consideradas en la alerta de violencia de género se encuentran la Progreso, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Costa Azul, Llano Largo, Coloso y Jardín en sus tres secciones, por citar algunas que tienen acciones y obras que se van a ejecutar este año.
Consultado después de la reunión, Roberto Ortega dijo que “la reunión fue para conocer los polígonos y las acciones que se van a hacer en este año, hay más de 300 millones de pesos en distintos gastos y rubros incluyendo obra pública, pero también acciones como reparación de luminarias y corredores seguros”.
“Son varias áreas que se involucran en esta parte de la alerta de género, porque lo que nos ha pedido y mandato el gobierno federal a partir de las alertas en los municipios, nos piden que hagamos este tipo de acciones y nosotros consideramos que al final del año vamos a estar reduciendo las medidas de género que tiene el municipio”, dijo.
Agentes de la Guardia Nacional en Xicotlán, Chilapa, junto a un hombre asesinado por el grupo criminal Los Ardillos afuera de la escuela primaria del pueblo y a un lado de la Comisaría Foto: José Luis de la Cruz
Lenin Ocampo Torres
Alcozacán
En las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, hay muertos, desplazados, miedo y hambre provocado por Los Ardillos. Los pobladores afirman que este grupo del crimen organizado viene apoyado por el Ejército mexicano, que mantiene “mucho odio a sus comunidades porque desde hace más de cuatro décadas hay rebeldía”.
Durante seis días esas comunidades han sido atacadas con disparos y drones artillados; hasta ayer llegó el gobierno. Los ataques dejaron tres muertos, seis heridos y al menos 15 desaparecidos, hombres que se encontraban apagando un incendio forestal en Xicotlán provocado por Los Ardillos y que “ya no llegaron a sus casas”.
En Alcozacán llegaron a refugiarse al menos 800 personas, entre mujeres, niños y ancianos, “los hombres se encuentran en los cerros peleando contra el grupo delictivo”.
Uno de los pobladores más viejos contó a El Sur que desde hace 15 años se encuentran en guerra, en la autodefensa, primero contra el grupo de Los Rojos encabezado por Zenén Nava alias El Chaparro, después contra Los Ardillos encabezado por Celso Ortega Jiménez.
“Todos esos grupos siempre encabezados por los guachos (como llaman a los soldados del Ejército), los guachos nos tienen odio porque hace años un grupo guerrillero los emboscó cerca de estas comunidades, desde esos tiempos siempre vinieron a amedrentarnos y en los últimos años ya mandaron sus grupos de sicarios, pero son los mismos, la forma de organizarnos no les gusta y la forma de defendernos menos”, explicó el poblador.
Hace 29 años, el 24 de mayo de 1997, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) emboscó un convoy militar en la carretera de Chilapa a Tlapa, cerca de Tepozonalco, donde murieron dos elementos del Ejército federal y unos 20 quedaron heridos. También murieron dos guerrilleros. Después de los ataques los militares incursionaron en los pueblos del Rincón de Chautla, Papaxtla, Ayahualtempa, Alcozacán, Tula, Xicotlán y otras comunidades nahuas en busca de los guerrilleros.
“Desde ahí vienen nuestros problemas, el Ejército después ocupó a los grupos delictivos para intentar desplazarnos, para sacarnos de nuestro territorio, pero ahora sí vienen con todo, ocupan drones, descuartizan a los pobladores y nos imponen miedo, eso es lo que realmente pasa, la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) sabe lo que nos pasa, nosotros nos estamos defendiendo, no nos queda de otra y lo que pase es culpa del gobierno, porque ellos son los que protegen a los sicarios”, reclamó.
Ayer llegaron decenas de policías estatales y Guardia Nacional a la zona del conflicto. Contrario a lo que había señalado la presienta Claudia Sheinbaum, que desde el lunes había presencia de autoridades.
El convoy fue encabezado por el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, que fue abriendo el camino bloqueado de Atzacualoya a Ayahualyempa, cerrado por troncos de pinos y piedras, que Los Ardillos pusieron para bloquear el paso.
A las 11 de la mañana Rodríguez Cisneros llegó a la cancha de Alcozacán, donde tuvo un diálogo a regañadientes con los pobladores, que en todo momento le reclamaron la seguridad y la falta de atención del gobierno.
En la cancha había cientos de desplazados, en sus mayoría mujeres, niños y ancianos, porque los hombres “se encuentran en las trincheras peleando contra Los Ardillos”.
En ese lugar el subsecretario justificó que llegaron tarde porque no querían poner en riesgo a la población.
“Estuvimos trabajando para evitar todos los riesgos, porque lo más importante para nosotros es la vida de todas y de todos ustedes, la vida de las mujeres, la vida de los niños, de los hombres, de los ancianos, como lo decía el comisario, la vida de la gente que no sabe caminar, o que no puede caminar porque tiene problemas de salud, y evitamos todos los riesgos posibles. Ya estamos aquí, venimos a estar con ustedes, con nadie van a estar mejor que con la autoridad”, les dijo a los desplazados.
“Tengan confianza que lo que vamos a hacer, va a ser construir un acuerdo de paz duradera. ¿Qué les pido a los comisarios, a los coordinadores, a los promotores? que seamos muy cuidadosos en la expresión pública, que seamos muy cuidadosos en lo que decimos”.
En la reunión las mujeres querían dar su testimonio, pero no pudieron por la prisa de los funcionarios.
El Sur tomó algunos de los testimonios, desgarradores y contados entre sollozos, que relataron la imposibilidad de llevar una vida digna.
“No podemos ni salir a trabajar, no podemos ni comer”, confesó una de las desplazadas en la cancha de basquetbol donde había ancianos y niños amontonados en sillas de plástico.
“No es solo de seguridad, es de supervivencia básica. Los campos de labor están abandonados y las escuelas cerradas. No somos parte de un grupo delictivo; somos trabajadores, campesinos y familias que quedaron atrapados en la línea de fuego de una disputa que no entendemos, pero sufrimos a diario”, expresó la mujer desplazada, que además busca a su esposo desaparecido desde el sábado.
Las comunidades se encuentran en medio del territorio de Los Ardillos, en esa parte se encuentra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que en su tiempo fueron comandados por Cirino Plácido Valerio.
En la zona no hay nada, la gente vive en la pobreza extrema, no hay maestros, no hay médicos y los caminos están controlados por la policía municipal de Chilapa que según los pobladores está controlada Los Ardillos.
“Pedimos justicia, pedimos que nos escuchen”, clamó.
El llamado no es solo para el cese de las balas, sino para la restitución de su derecho a la salud, a la alimentación y al libre tránsito. Mientras tanto, en Alcorzacán, siguen llegando los desplazados.
“¿Por qué nos hacen esto? Somos gente de trabajo”, cuestionó otra señora desplazada con mirada firme, pero cargada de tristeza.
“Cuando necesitamos protección, no hay nadie. Cuando queremos trabajar, nos cierran los caminos”, señaló con amargura.
Alcozacán se volvió el pueblo de la resistencia, donde hombres jóvenes con rostros endurecidos y madres sosteniendo a sus hijos esperan una respuesta que no llega.
La gente dejó sus pertenencias, sus animales y su historia atrás para salvar la vida, llegando a refugios donde la ayuda humanitaria es escasa y el futuro es una hoja en blanco.
“Solo queremos que nos dejen trabajar en paz”.
Los pobladores esperan que el gobierno recupere el control territorial y garantice la seguridad de sus comunidades o de lo contrario “están condenados a desaparecer del mapa, devorados por la violencia y el olvido institucional”.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, calificó como una zona de complejidad donde en los últimos días comunidades indígenas de Chilapa han sido atacadas por un grupo delictivo.
“Hemos conocido estos días de lo que ha sucedido en el municipio de Chilapa. Es una zona que tiene complejidad en materia de seguridad y nuestra presidenta ha enviado el reforzamiento por parte de las fuerzas federales que permanecen en el estado de Guerrero”, dijo.
En conferencia de prensa desde Chihuahua para anunciar una movilización contra la gobernadora María Eugenia Campos, la recién nombrada dirigente nacional de Morena comentó que cuando fue secretaria de Bienestar conoció la región y las problemáticas, derivadas tras el huracán Otis.
En la conferencia un reportero le preguntó a Montiel si eran “traidores a la patria” los pobladores de Chilapa que en un video solicitaron el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump para ayudarlos contra el grupo delicitivo Los Ardillos, y la dirigente en un primer momento evadió una respuesta directa y ante la insistencia del comunicador contestó:
“Los ciudadanos tienen la vía institucional para hacer sus peticiones. Nosotros no vamos a cuestionar a los ciudadanos por hacer el tipo de petición que quieran en este o en otros casos. Los ciudadanos están en su derecho de pedir el auxilio de la autoridad y la autoridad nacional está en la obligación y la autoridad estatal de hacerlo cumpliendo las leyes, porque no es incumpliendo ni faltando al estado de Derecho como vamos a resolver los problemas de la gente”.
La dirigente nacional del partido oficial acotó que como parte de las tareas de seguridad del gobierno federal hay coordinación entre los estados por medio de la Mesa de Construcción de Paz.
Atender causas y atacar los hechos, plantea Beatriz Mojica
La senadora Beatriz Mojica Morga opinó que la inseguridad en el estado debe abordarse desde dos frentes simultáneos: atender las causas y atacar los hechos.
“La política tiene que estar coordinada. Las causas son importantes porque a veces implican reclutamiento de nuestros jóvenes. Pero también hay que erradicar la impunidad. Guerrero es de los estados con mayor porcentaje de impunidad del país”, declaró.
En entrevista con Joaquín López Dóriga, este martes en Radio Fórmula, Mojica Morga compartió que su propia familia fue desplazada en los años 70 por la violencia en la Costa Chica. “Yo vivía en la Costa Chica, tenía seis meses. Fuimos desplazados y yo me crié en Tierra Caliente. Hoy la Costa Chica es la más pacífica y Tierra Caliente es de las más violentas”, relató.
Señaló que la coordinación entre Federación, estado y municipios es clave. “Los cuatro pilares de la seguridad son atención a las causas, coordinación entre poderes, fortalecimiento de la investigación y erradicar la impunidad. Los municipios no le entran a ese tema y hay que fortalecer la prevención desde lo local”. (Redacción).
Diputada del PRD toca el problema en la sesión, y nadie mas la sigue
La diputada local del PRD, Erika Isabel Guillén Román, expresó su solidaridad con las familias desplazadas por la violencia en comunidades del municipio de Chilapa, en la región Montaña Baja de Guerrero.
Al iniciar una intervención en tribuna, donde habló sobre la libertad de expresión, Guillén Román llamó a reforzar la atención institucional y el acompañamiento hacia las personas que han tenido que abandonar sus hogares por los recientes hechos de violencia registrados en la zona.
“Quisiera expresar mi solidaridad con el pueblo de Chilapa, y las comunidades que han sido desplazadas de sus hogares, hacemos votos para que se refuerce la atención y el acompañamiento a estas personas”, dijo.
Ante el llamado de la perredista, ningún otro diputado volvió a tocar el tema de la violencia en Chilapa en la tribuna, pese a que ha recorrido los principales noticieros de los medios electrónicos y las primeras planas de periódicos de México y el extranjero. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).
No afectan a las escuelas de la UAG los conflictos en Chilapa, asegura el rector
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que las clases en la Preparatoria 26 de Chilapa, continúan de ma-nera normal a pesar del conflicto que ha generado que familias abandonen sus comunidades.
A pregunta sobre si la situación de violencia no ha afectado a las escuelas de la UAG en la zona, respondió que no y añadio: “Ya ha informado el mejor secretario de Seguridad Pública que hemos tenido, de todos los tiempos, Omar García Harfuch, cómo está el tema. Yo soy de la idea de que una de las vías para alcanzar la paz es la educación”. (Karina Contreras).
El rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, en el mensaje que ofreció durante la reinauguración del auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás al recorte del ciclo escolar, el rector Javier Saldaña Almazán dijo que el calendario de la Univeresidad Autónoma de Guerrero continúa normal y que terminan las clases el 15 de junio, para luego venir la etapa de los exámenes extraordinarios, es decir, “como estaba programado. No cambia nada en los tiempos de las vacaciones de verano”.
El rector, el viernes pasado había informado que si la SEP recortaba el calendario escolar, la universidad se armonizaría a lo que indicara la federación. Sobre la entrega de fichas, el rector también hizo un llamado a los padres de familia, para que “no anden dando dinero para una preficha. Todo está sistematizado, si les piden dinero, que demanden por la vía penal, y en la universidad si es un trabajador”.
Indicó que luego les cobran y dicen que fue el rector cuando “yo los puedo ver de frente, yo cuando puedo les ayudo de buena manera. Así como está de limpia financieramente la universidad, así están limpias mis manos. Yo no me voy a meter en problemas y mi filosofía es ,si no te ayudo no te voy a perjudicar”.
También pidió a los universitarios que se abstengan de andar recomendado para ingresar a las áreas de la salud. El rector estuvo en Acapulco, para la reinauguración de los dos auditorios del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), donde se invirtieron más de 9 millones de pesos, y en la Facultad de Odontología, para reinaugurar el techado de la cancha, con una inversión de 4 millones de pesos.
Además, se colocaron cortinas anticiclonicas, se rehabilitaron las clínicas y del auditorio, así como la cafetería, con un monto de 6 millones de pesos, pues todos fueron afectados en 2023 tras el impacto del huracán Otis.
El rector informó que faltan todavía nueve edificios por reparar, de los cuales tres, están en el puerto, dos en Chilpancingo, uno en San Marcos y el Comedor Universitario de Acapulco, que de acuerdo con el dictamen de Protección Civil de la UAG debe ser demolido para hacerlo nuevo, por lo que espera que sea el próximo año. Indicó que la reconstrucción de los edificios universitarios ha sido gracias al apoyo que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Durante la entrevista al rector le preguntaron si va participar en la encuesta de Morena y respondió: “Me voy a quedar mudo, como la tía Abe” y luego dijo que es institucional, que su vocación es la academia, “me voy a mantener al margen y voy a trabajar con la gobernadora hasta el último minuto de gestión y con la presidenta. Si en la parte educativa puedo hacer algo más, lo haré”.
Señaló que no le gustaría que le falten el respeto a la UAG “por una calentura mía, porque luego no afectan al interesado, te pegan colateralmente y prefiero, como dicen, ‘machete estate en una vaina’. Yo estoy aquí, tranquilo, trabajando con la gobernadora y nuestra presidenta”. Agregó que su apoyo va continuar como ha estado, en referencia al apoyo que ha expresado al senador Félix Salgado Macedonio.
La UAG ha coadyuvado en la investigación
Sobre la situación del asesinato en la Coordinación General de la Zona Sur, el rector Saldaña Almazán informó que la universidad ha entregado toda la información que ha pedido la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dijo que todo lo que les han pedido las autoridades lo han entregado, “sé que hay mucho profesionalismo, ellos tienen datos importantes, así que confiamos en que pronto nos den resultados”.
El pasado 19 de abril un pistolero disparó contra las personas que tenían un plantón afuera de estas oficinas, ubicadas en la calle Río Balsas, donde Ivvone Hernández Nava falleció y quedó herida Ángela Cantú Martínez, quien ya fue dada de alta del hospital El Quemado.
Ahí, también fue herido el secretario de la delegación de Laboratorios de Análisis Clínicos, Flaviano Herrera Mejía, quien todavía se encuentra internado en el hospital de alta especialidad del ISSSTE. Los manifestantes tenían una semana en plantón, donde exigían mejoras para su centro de trabajo.
Los dirigentes de la CETEG sectorial región centro, Reyna Bello, y Víctor Bartolo de la Cruz junto al abogado Rubén Cayetano en conferencia de prensa que en el ex Ineban en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), sectorial de la región Centro, anunciaron que impugnarán ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una resolución del tribunal que coloca a los maestros como “servidores públicos” que deben rendir su declaración patrimonial.
En conferencia de prensa explicaron que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, con sede en Chilpancingo, interpretó de manera incorrecta una ley secundaria y esto va en contra del artículo 123 constitucional.
Los cetegistas Reyna Bello de Jesús y Víctor Bartolo de la Cruz, acompañados del abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, informaron que los trabajadores del sector educativo fueron catalogados como “servidores públicos” para que presenten su declaración patrimonial, por lo que decidieron proceder de manera jurídica para ampararse.
Reyna Bella recordó que Rubén Cayetano ha sido “aliado” del magisterio desde 2013, que “gracias a su intervención jurídica” durante la aplicación de la reforma educativa, que sometió a los maestros a una evaluación, pero ellos no la presentaron, “ningún sancionado hubo en Guerrero. Hoy, de nuevo le pedimos su apoyo con la declaración patrimonial”.
Por su parte, Rubén Cayetano explicó que el 22 de junio de 2022 un total de 537 maestros de distintas regiones promovieron un amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, para no presentar su declaración patrimonial.
Indicó que “agotamos todas las instancias”, pero la jueza de distrito determinó que “mientras no exista una sanción”, los maestros no se pueden amparar, pues la invitación de las autoridades a presentar la declaración patrimonial no es definitiva; sin embargo, quedó abierta la posibilidad, lo que calificó como una “respuesta ambigua”.
Agregó que esta respuesta preocupa, porque se reconoce a “los trabajadores de la educación como servidores públicos”, lo que va en contra de la determinación del artículo 123, “que consagra los derechos de los trabajadores”.
Aclaró que la resolución no es condenatoria ni definitiva, pero sí tiene un extracto de interpretación, “que no se debe de consentir, porque entonces, del 123 se trasladan al 108 de la constitución, que fue reformado por (el ex presidente) Enrique Peña Nieto, producto del mal llamado ‘pacto por México’, pero que, en los hechos, ni Peña Nieto se atrevió a ejecutar. Pero ahora, los gobierno de la cuarta transformación, federal y estatal, están llevando a ejecución”.
Detalló que ante la última resolución, emitida el pasado 23 de abril, recurrirán ante la CDHEG y la CNDH para determinar cuál de los dos artículos debe prevalecer, “el 108 que es para servidores públicos que manejan recursos públicos, presupuesto, hacen obras y deben rendir, no solamente su declaración patrimonial sino también la cuenta pública” o permanecerán como trabajadores que pagan sus cuotas obrero-patronales.
Resaltó que los maestros, al ser trabajadores, también tienen derecho a organizarse de manera sindical, como no lo pueden hacer los funcionarios.
En ese sentido, Reyna Bella señaló que el secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, “está coaccionando a los compañeros, incluso con sus computadoras los está obligando a que lleven a cabo su declaración patrimonial”.
No obstante, a la fecha, ningún órgano normativo ni el propio SNTE han explicado por qué el magisterio tiene que presentar su declaración, “es muy grave para nosotros, porque violenta nuestros derechos laborales, de acuerdo con la constitución”.
Víctor Bartolo llamó a los trabajadores del sector a no presentar su declaración patrimonial, “porque cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecer”. Agradeció a Rubén Cayetano por su apoyo en la ruta jurídica y añadió que la CETEG sectorial también emprenderá otras acciones para derogar esta disposición oficial.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que “la huelga va”, a pesar de las estrategias del gobierno federal por frenar al magisterio disidente.
El pasado 5 de mayo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y sus homólogos en los estados, acordaron modificar el calendario escolar y adelantar el fin de clases para el próximo 5 de junio, debido a las altas temperaturas registradas en el país y por el mundialde fútbol; sin embargo, este lunes recularon en el ajuste, luego de las críticas de distintos sectores sociales, en especial, padres de familia.
Este martes, en una conferencia de prensa virtual, la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, y sus homólogas de la CNTE, Eva Hinojosa Tera, de la sección 18 de Michoacán; Yenny Aracely Pérez Martínez, de la sección 22 de Oaxaca; Pedro Hernández Morales, de la sección 9 de Ciudad de México; Isael González Vázquez, de la sección 7 de Chiapas, y Marcelino Rodarte Hernández, de la sección 58 de Zacatecas, criticaron las acciones de las autoridades educativas.
Elvira Veleces dijo que, con estas acciones, “nos dimos cuenta de la capacidad de improvisación de las autoridades educativas. También evidenciaron que les interesa más el espectáculo, el mundial, cualquier otra situación menos la educación”.
“Evidenciaron que, así como se reúnen para modificar el calendario, desconocen la dinámica administrativa”, puntualizó.
Señaló que primero se justificó el adelanto del fin de clases, pero el lunes “nos dicen que ya hay condiciones, entonces evidencian su poco conocimiento” de la situación real de las escuelas y los trabajadores del sector, “ante esta estrategia fallida, queremos ratificar que la huelga va”, subrayó.
Indicó que el próximo 16 de mayo se realizará la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE en Ciudad de México, para definir las acciones que se realizarán rumbo a la huelga nacional en junio, en el marco del mundial.
Manifestó que así como se reunieron los funcionarios por el tema del calendario escolar, “también queremos que se reúnan para ver cómo le pueden dar a los trabajadores una jubilación digna, que busquen propuestas para resolver nuestras demandas”.
Criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo todavía sigue haciendo “berrinche” y se niega a reunirse con los contingentes de la CNTE, bajo el argumento de que la dejaron “plantada”, cuando “nunca hubo una cita como tal. Nos recibieron con gases lacrimógenos”.
Sin embargo, “si el gobierno federal en realidad le apuesta al diálogo, queremos que lo demuestre. El tema no es el calendario escolar sino el modelo que explota al trabajador”.
Isael González aclaró que la CNTE no demandó ni propuso la modificación del calendario escolar; además, “hay un rezago educativo en el país, muy marcado en algunos estados. Hacen falta maestros y condiciones para laborar”.
Indicó que los integrantes del magisterio disidente “tenemos clara la necesidad de infraestructura. No es posible que los padres paguen la luz, el agua. Por eso, la CNTE sí lucha, porque las demandas siguen sin solución”.
Consideró que fue “un gravísimo error modificar el calendario y después, tuvieron que decir que no, porque hubo un rechazo general. Claro que con esa decisión no se desmoviliza al magisterio disidente”.
Los líderes de la CNTE reiteraron que aún no se define la dinámica de las protestas durante el mundial, pero coincidieron en que todo “depende de la cerrazón del gobierno federal y lo emplazamos a que escuche las demandas, que se reúna con el magisterio disidente”.
Mientras que en conferencia de prensa en Chilpancingo, los cetegistas Reyna Bello de Jesús y Víctor Bartolo de la Cruz también se pronunciaron en contra de las acciones de las autoridades educativas, en respaldo a las acciones que determine la CNTE.
Reyna Bello resaltó que “la huelga va, el paro va, vamos por mejores condiciones de los trabajadores”, así como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa y todas las leyes que atenten en contra de los derechos laborales.
Hoteles, salones de fiestas, restaurantes, florerías, fotógrafos y hasta los talleres de joyería tienen un impacto significativo en sus servicios y ventas, ante las clausuras de fin de curso del ciclo escolar.
Es una economía de gran relevancia para algunos sectores económicos como los salones de fiestas, en promedio la renta va de los 25 mil a 35 mil pesos, según la capacidad que se requiera.
En el caso de los hoteles, el promedio es de unos 25 mil pesos, con espacios hasta para 350 personas. El gerente del hotel Amares, Javier Mestiza, explicó que junio es una de las fechas con más demanda de espacios, sobre todo de escuelas privadas.
Indicó que en esta semanas, las escuelas aún están solicitando cotizaciones y no había fechas precisas para las clausuras. Tampoco cancelaciones ni cambios de días. Lo anterior, luego del anuncio de la anticipación y la ampliación de las vacaciones por parte de la Secretaría de Educación que este lunes dio marcha atrás.
La presidenta de la Canirac en Acapulco, Lilian Álvarez Rodríguez, indicó que muchos restaurantes, sobre todo en la zona turística, lanzan paquetes para las familias de los graduados, que van de 450 a 500 pesos por persona, dando el consumo de regalo al graduado.
Pero también hay otros paquetes que alcanzan hasta mil pesos y que son de tres tiempos de comida, mezcla de bebidas, y música. La restaurantera indicó que estas fechas aumentan el flujo de comensales en los restaurantes, sobre todo aquellos ubicados en las áreas cercanas a los salones o espacios donde se efectún las clausuras.
Otro sector que es muy demandado, es el servicio de fotografía. Un fotógrafo de la zona Dorada de Acapulco, que lleva 40 años, ofreciendo sus servicios a los padres de familia de las escuelas, indicó que hubo un momento de zozobra, ante la anticipación de las vacaciones anunciada el viernes, debido a que los proveedores habían encargado los materiales a usar para mediados de junio.
Indicó que las clausura son una de las fechas que más trabaja y que más ingresos le deja. Cada cuadro de grupo, que ofrece a los padres de familia de recuerdo, tienen un costo de 500 pesos por alumno, pero además si los padres quieren un cuadro individual este tiene un costo de 200 a 300 pesos.
El fotógrafo comentó que durante el sábado y domingo uno de los proveedores de los cuadros le marcó para comentarle que no iba a tener disponible el material y que incluso le iba a regresar parte del dinero que ya había adelantado para apartar los cuadros. Sin embargo, este lunes al conocerse la noticia de que el calendario escolar no tendría cambios de anticipación ni ampliación de las vacaciones, mantuvo su contrato.
Las florerías ubicadas en Las Cruces en el bulevar Vicente Guerrero, son las más concurridas durante las clausuras. Una de las vendedoras indicó que estaban hablando con los proveedores para que durante la primera semana de junio les enviaran las flores que estaban agendadas para mediados de ese mismo mes.
Indicó que durante las tres primeras semanas de junio, los arreglos florales en canastas son las más solicitadas y tienen precios desde 500 pesos hasta los más grandes de 2 mil pesos o más.
El Centro Joyero de Acapulco es otro de los espacios donde los padrinos y padres de familia también recurren a comprar oro, ya sea una esclava, una cadena o un anillo para regalar al graduado.
Sin embargo, este año los propios comerciantes indicaron que esperan una baja venta debido al alto precio del metal por la guerra arancelaria de Estados Unidos, así como la guerra en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, el gramo de oro ronda entre los mil 400 a mil 600 pesos, cuando antes del huracán Otis no rebasaba los mil pesos.
