El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la designación de Dulce Selene Castañeda Arellanes, como titular de la Fiscalía Especializado en Delitos Electorales (FEDE). Esto, a tres meses de que el anterior fiscal dejará el cargo y de que el diputado de Morena Carlos Eduardo Bello Solano exigió apegarse al procedimiento que marca la ley.
De acuerdo con el procedimiento, el Legislativo tendrá que dar el visto bueno a la propuesta que envíe el fiscal general del estado para formalizar la designación.
El dictamen emitido por la Comisión de Justicia que aprueba la designación de Castañeda Arellanes fue avalado con 36 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.
La votación se desarrollo por cédula, por lo que se desconoce quiénes fueron los cuatro diputados que votaron en contra de la designación.
Una vez aprobado el dictamen, el pleno le tomó protesta a Castañeda Arellanes como la nueva fiscal especial en delitos electorales.
Castañeda Arellanes, de acuerdo con su currículum, se desempeña como agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales desde 2013 en la FEDE, tiene 46 años y es licenciada en derecho y maestra en derecho electoral procesal.
En 2025 participó, sin lograr la designación, en la convocatoria para elegir a dos consejerías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
A inicios de febrero, el diputado de Morena Carlos Eduardo Bello Solano solicitó a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Permanente que la Fiscalía enviara la propuesta formal para designar a la persona titular de la  FEDE.
Esto porque el pasado 23 de enero, la FGE notificó al Congreso que Ulises Sandoval Catalán quedó como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tras la salida de Miguel Alejandro Guizado Jaimes, quien dejó el cargo al asumir como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

Daniel Velázquez

De aprobarse en sus términos la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir el número de ediles, en la entidad significaría una disminución del 22 por ciento; de tener 777 ediles se reducirían a 608.
Con la reforma, el llamado plan B, para 2027 estarían en disputa 440 espacios para regidores, 84 sindicaturas y 84 presidencias municipales. En el proceso  electoral de 2024 estuvieron en disputa 604 regidurías, 89 sindicaturas y 84 presidencias municipales, lo que representa una reducción del 21.75 por ciento de los espacios
De acuerdo con la explicación que dio la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la integración de los cabildos con la propuesta que envió la presidenta se definirá con base en el número de habitantes de cada municipio. La misma norma se aplica en la actualidad, pero con la reforma propuesta los parámetros cambiarían.
En la reforma se propone que en los municipios con hasta 50 mil habitantes el Cabildo se integre por siete ediles: cinco regidores, un síndico y el alcalde. En total serían siete ediles. Con base en el censo de población de 2020 realizado por el INEGI, con la población actual, 77 municipios del estado estarían en esa condición.
Para los municipios con población de 50 mil a 200 mil habitantes, se prevé que se integren por nueve ediles: siete regidores, un síndico y el alcalde. En esa situación están Chilapa, Iguala, Zihuatanejo, Taxco y Tlapa.
En las demarcaciones con una población de 200 mil a 500 mil habitantes, sus cabildos se integrarán por once ediles: nueve regidores, un síndico y el alcalde. En el caso de Guerrero, por su población únicamente Chilpancingo entraría en ese supuesto.
En los municipios que tengan una población de 500 mil a un millón de habitantes sus cabildos se integrarán por trece ediles: once regidores, un síndico y el alcalde. En la entidad sólo Acapulco está en esa condición.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la presentación del informe Mujeres de la Montaña: renacer entre los filos del olvido, en la Cámara de Senadores, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y la abogada Neil Arias Vitinio expusieron que la violencia hacia las mujeres en la Montaña se ha agravado por la irrupción en los municipios y comunidades del crimen organizado.
Barrera Hernández agregó que, sumado a ello, “lamentablemente las instituciones del Estado todavía no están diseñadas para escuchar y acompañar ni proteger a las mujeres indígenas”.
Arias Vitinio explicó que el informe plasma la biografía y el viacrucis que viven las mujeres y niñas de la Montaña en este contexto de violencia y visibiliza la situación de marginación, pobreza y de exclusión escolar que enfrenta este sector social.
En su informe, Tlachinollan presentó un registro de 168 víctimas de feminicidios del 2014 al 2026, cifras que, dijo Neil Arias, no aparecen en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), porque en la Montaña no son catalogadas como víctimas de feminicidios, “las mujeres son invisibilizadas”.
“Han matado mujeres; las queman o las encuentran dentro de vehículos, pero nadie hace nada, nadie les hace justicia”, expuso.
Sumado a ello, dijo que hay cientos de niños en la orfandad por los feminicidios u homicidios, a los que ninguna autoridad les hace caso.
La defensora agregó que aparte, actualmente hay 13 mujeres y niñas que están desaparecidas.
“Hay un patrón grave de violencia que se está recrudeciendo más ahora”, mencionó que los municipios más violentos actualmente son Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Zapotitlán Tablas, Atlixtac y Acatepec, “donde las mujeres se convierten en víctimas más frecuentes”.
Explicó que en municipios como Cochoapa el Grande Metlatonoc y Xalpatláhuac, se suma el problema de los matrimonios forzados de niñas. Aclaró que estos son apenas tres de los siete municipios donde se cometen estas prácticas, “y nadie las protege, sólo las albergan en casa hogar, pero no hay una atención integral”.
A su vez, Barrera Hernández comentó que “lamentablemente” el sistema ha permitido la infiltración de la delincuencia organizada en los Ministerios Públicos, en las presidencias municipales y en las comunidades, “y quienes pierden más son las mujeres, por eso se ha incrementado el número de feminicidios en menores de edad y casos de desapariciones”.

“No les creen a las mujeres y niñas. No hay espacios dignos para atenderlas”

Neil Arias secundó a Barrera cuando denunció que fue a partir del 2025 cuando entraron los grupos de la delincuencia organizada, y que a partir de entonces muchos jóvenes comenzaron a consumir el fentanilo, y fue la causa de que al menos cinco de los feminicidios en municipios de la Montaña, “los agresores mataron con más saña a las mujeres”.
Criticó que, mientras tanto, las autoridades siguen siendo indolentes. “No les creen a las mujeres y niñas. No hay espacios dignos para atenderlas. No hay programas de atención al problema de las adicciones”.
Informó que a pesar de que en Tlapa y en otros ocho municipios hay una alerta de violencia de género, no hay políticas publicas que resuelvan el problema, y tampoco hay protocolos que rijan el actuar de los Ministerios Públicos, peritos, fiscales y operadores de justicia, quienes siguen resolviendo los casos sin perspectiva de género y sin un enfoque intercultural.
Recriminó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda lo único que ha hecho es promover los talleres de masculinidad pero que estos no resuelven los problemas, y que igual prometió erradicar los matrimonios forzados de niñas indígenas, y ni si quiera eso ha logrado.
La abogada Neil, reprochó, además, que Tlachinollan promovió cuatro quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por muertes maternas ocurridas en la Montaña, pero en ocho años el organismo no se ha pronunciado, y menos ha emitido alguna recomendación.
En otra parte de su intervención, Barrera Hernández contó que en esa región existen cientos de muertes maternas que no están registradas en las cifras oficiales; “hay niñas que mueren por dar la vida, y esta es una situación grave”.
Dijo que la mayoría de ellas tampoco tienen la posibilidad de estudiar la primaria porque no hay maestros, “últimamente para que haya maestros en la Montaña se tienen que haber plantones y bloqueos en las carreteras, pero solo se logra uno por tres o cuatro meses, porque ya no hay de tiempo completo”.
Abel Barrera explicó que en Tlachinollan no querían contar las historias de estas mujeres y niñas de la Montaña, “pero el impero de nuestra conciencia nos dice que no podemos quedarnos callados, tenemos que romper estas estructuras patriarcales racistas que están enquistadas en las instituciones”.
Agregó que “todavía vemos lejos la luz de la justicia de las mujeres indígenas, falta mucho, las instituciones todavía no están diseñadas para escuchar y acompañar ni proteger a las mujeres indígenas”.
Dijo que en las instituciones todo de reduce en talleres de capacitación a los funcionarios, “donde sólo les afinan las uñas para que cobren mejor y para que sepan cómo lucrar con las mujeres indígenas”.
Denunció que en las fiscalías no hay ni siquiera para fotocopiadoras y cuando se tienen que hacer diligencias, a las víctimas les piden para la gasolina y los agentes ministeriales puedan acompañarlas.
“Las fiscalías, allá, están desmanteladas; sin peritos, sin personas de confianza, sin gente que hable la lengua materna”.
Comentaron el informe la senadora por Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y la representante adjunta ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Maia Campbell.
Ascencio Ortega reconoció que todavía hay “muchísimo” que hacer por las mujeres y niñas de la Montaña donde ni siquiera saben que viven violencia, porque la normalizan, “pareciera que lo toman con tanta naturalidad que cuando se les presenta una cartilla de derechos, les abre los ojos sorprendentemente”.
Maia Campbell reconoció el valor de Tlachinollan para elaborar este informe, “vigoroso, que visibiliza las realidades de violencia, represión e impunidad”.
Criticó que a la violencia estructural que sufren las mujeres y niñas indígenas de la Montaña se suma la discriminación y la pobreza.
Reconoció que enfrentan formas múltiples y graves de violencia en los distintos ámbitos; en la familia, en la comunidad y en el espacio público que les afectan “de manera desproporcionada en el contexto de pobreza y discriminación que viven”.
Explicó que el informe de Tlachinollan muestra que las mujeres y niñas enfrentan obstáculos significativos para tener acceso a la justicia, y que demuestra la brecha entre las cifras oficiales y la documentación que ha realizado la organización en esa región de la entidad.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, deslindó al Poder Legislativo de cualquier participación en el operativo realizado afuera del edificio, donde agentes de seguridad detuvieron al representante legal de los comisarios de Tierra Colorada y algunas comunidades de Acapulco, Daniel Rosas Martínez.
En la conferencia de prensa en el la sede del poder Legislativo, acompañado de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, quien por coincidencia salió del edificio al mismo tiempo en que se desarrolló el operativo y fue encañonada por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), los diputados respaldaron la estrategia de seguridad de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
“Creo que hay una orden judicial, por eso fue una retención o una detención a las afueras de este Congreso en la que ninguna diputada, ningún diputado tiene absolutamente nada que ver, que se desconoce de esta persona su actividad”, dijo Urióstegui García.
La diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Araceli Ocampo Manzanares, quien ayer denunció que fue encañonada por militares y elementos de la FGE al salir del Congreso, ya que su salida coincidió con el operativo, precisó que su presencia fue circunstancial y justificó que fue parte de “los protocolos” de las autoridades.
Descartó pese a los hechos poner alguna denuncia o queja en contra de los agentes de seguridad al considerar que “es parte de su trabajo y sus protocolos”.
“La verdad sí fue un tema preocupante de momento. Mi equipo de trabajo se asustó. Estar en esos instantes, en esos segundos, en ese momento, sí preocupa. Nos preocupó la seguridad”. Justificó el actuar “entendible” de los agentes.
“Respaldamos todo el tema que está implementando nuestra presidenta de la República, y el gobierno federal en materia de seguridad”.
A pregunta de si no consideró excesivos los protocolos, respondió qué deberían haber “algunas consideraciones” hacia los derechos humanos y reiteró que todo fue parte de los protocolos y que al final “todo quedó en su susto”.
Ocampo Manzanares también dijo que ella no tuvo nada que ver con la detención ni con Rosas Martínez, como lo quisieron hacer ver en redes sociales y algunos medios de comunicación, y que su presencia a mitad del operativo fue coincidencia.
Urióstegui García aclaró que el operativo de detención se realizó al exterior del edificio del Congreso y todo fue “circunstancial”.
Urióstegui García negó que algún trabajador o funcionario del poder Legislativo esté relacionado con el hecho suscitado la tarde del martes y que tiene conocimiento de que Rosas Martínez acudió con otras personas a entregar un oficio a la Oficialía de Partes.
“Hay todo el respaldo a las instituciones y a los protocolos de seguridad que deben cumplirse, había una orden judicial por la que se dio la detención afuera de este Congreso, pero ningún diputado tuvo absolutamente nada que ver”.

Daniel Velázquez

Dirigentes de organizaciones del entorno de la llamada Cuarta Transformación manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las presiones del gobierno estadunidense, y llamaron a los poderes legislativos del estado y de la federación a pronunciarse en apoyo a la mandataria.
En conferencia de prensa en las oficinas de la llamada CTM Progresista, trabajadores del Tecnológico de Acapulco, del Frente Socialista Guerrerense y de la CTM Progresista compartieron un recuento de los programas sociales del gobierno federal en el estado y de la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, desde el aumento al salario, vacaciones, disminución de semanas para acceder a una pensión y la disminución de la jornada laboral.
En nombre de sus compañeros, Efrén Arellano Wences leyó un posicionamiento en el que alertan de hostigamiento por parte de Estados Unidos contra varios países de América latina, entre ellos México.
“El objetivo del gobierno de Donald Trump y sus halcones es descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación porque van en la ruta de la resistencia y la liberación y según ellos esa no es la estrategia ni la opción, la estrategia de Donald Trump es la violencia y la desestabilización contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.
De la CTM Progresista, Milly Ramírez Olmedo dijo que las tres organizaciones dan su respaldo total a la presidenta.
Del Frente Socialista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén llamó al Congreso de la Unión y al Congreso local a pronunciarse en respaldo a la presidenta porque es importante que se sepa a nivel internacional el apoyo que tiene, “ellos como representantes populares tienen la obligación moral, ética, de hacer este pronunciamiento y se incorporen a la defensa de la soberanía nacional y a la libre autodeterminación de los pueblos”.
También llamó a los aspirantes a la gubernatura a convocar a sus simpatizantes a respaldar al pueblo de Cuba promoviendo ayuda a la isla para comprar víveres que necesitan los cubanos.
Sandoval Melo pidió a los guerrerenses “estar atentos porque hay y está pesando sobre los mexicanos la posibilidad de intervención, no es catastrófico lo que queremos decir, es advertir de una realidad que está frente a nuestros ojos, que le pasó a Venezuela, que le está pasando a Cuba, a Colombia. Mañana advertirán que desde territorio mexicano se están tirando los drones a los Estados Unidos, motivo más que suficiente para la intervención y generar la aniquilación de la política de la Cuarta Transformación y de apropiarse de los recursos naturales”.
“Se gasta mucho en democracia”: Sandoval

Benjamín Sandoval Melo opinó que la reforma de la presidenta “se quedó corta” en la propuesta.
Consideró que se recorte el presupuesto que se asigna a los partidos en un 50 por ciento y que este sólo se entregue en procesos electorales y en los años en que no hay elección que se mantengan con cuotas de sus militantes.
Opinó que mantener una Cámara con 500 diputados es un exceso, que deben ser 200 los distritos en el país y cien que sean electos como primera minoría.
Eloy Cisneros Guillén opinó que México necesita reducir los gastos superfluos que ha tenido el país. Consideró que el gasto en democracia ha sido excesivo y se gasta mucho inútilmente, por lo que debieran usarse para aplicarlo en las necesidades que tienen los ciudadanos.
Rodrigo Ramírez Justo también respaldó la propuesta de que se reduzca el número de representantes populares. Dijo que deben ser 300 diputados, 200 electos por distrito y cien por primera minoría, “ya es demasiado, es un exceso el gasto en las cámaras de diputados, en el Senado, en los congresos locales y en los cabildos”.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, negó que en el Congreso local haya gastos onerosos, como asegura la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, pero se dijo dispuesta a acompañar el Plan B de la reforma electoral si se garantiza que el dinero ahorrado se destine a obras y a necesidades de la población.
En conferencia de prensa en la sede del poder Legislativo, la emecista dijo que la postura de su partido referente al llamado Plan B electoral, es que, aunque en la mayoría de los puntos está de acuerdo, hay dos en los que no están dispuestos a acompañar.
El primero es que MC no está de acuerdo en que se empalme la revocación de mandato con las elecciones intermedias, y el otro punto es que en el documento se eliminó la paridad de género en los cabildos.
Sobre los argumentos de ahorro y de disminuir los presupuestos a los congresos de los estados, Lührs Cortés aseguró que en el poder Legislativo de Guerrero no hay gastos onerosos y que por el contrario hay deficiencias en temas de infraestructura.
“Lo que se ve no se juzga. Yo me quejo mucho que a los compañeros trabajadores no les dan las condiciones adecuadas. El otro día le comenté al diputado (Alejandro) Carabias, presidente de la mesa, le dije, ‘oye, ¿ya viste cómo está tu curul? Hay que mandar tapizar la curul del presidente de la mesa directiva’.
“También ya hasta tenemos alergias porque no se ha cambiado la alfombra del pleno en quién sabe cuántos años. Yo no veo esos gastos (onerosos). Sin embargo,  ha corrido muchos litros de tinta hablando del presupuesto y de la dieta y de lo que reciben los diputados y diputadas, pero tenemos que entrar a lo que es el resto del presupuesto, porque lo que reciben los diputados, es casi una cuarta parte. Hay que estudiar el resto y si es necesario y si es posible hacer ahorros, pues hagámoslo con todo gusto”.
La diputada dijo que MC se suma a que haya ahorros, que se revisen los presupuestos, pero que haya certeza y transparencia en que ese dinero se destine verdaderamente a las comunidades o poblaciones que más lo requieran. (José Miguel Sánchez / Chil-pancingo).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La diputada por Morena, Claudia Sierra Pérez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar y reconocer la violencia contra la libertad reproductiva como un tipo de violencia contra las mujeres.
En la sesión del Congreso local de este miércoles, la mayoría de las propuestas fueron para reformar leyes en materia de igualdad de género, procesos legislativos y la aprobación de permisos para que regidores puedan desempeñar funciones de docentes.
Sobre la propuesta de la morenista, dicha reforma busca tipificar la violencia contra libertad reproductiva; es decir, según lo explicado ante el pleno, podría ser un delito el embarazo forzado, la esterilización forzada, el impedimento del aborto “y todas aquellas prácticas obstétricas y ginecologicas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los proceso emocionales de las mujeres”.
“Con esta iniciativa se van a fortalecer las atribuciones institucionales en materia de prevención, atención y erradicación, a fin de garantizar una protección integral y con enfoque de derechos humanos”, dijo la morenista. La propuesta fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género.
La Comisión para la Igualdad de Género del poder Legislativo propuso reformas y adiciones a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para prohibir legalmente el registro de candidaturas a personas con sentencias firmes por delitos sexuales, violencia familiar o violencia política en razón de género, así como a deudores alimentarios morosos.
Al presentar la iniciativa, la diputada Leticia Mosso Hernández como presidenta de la mencionada Comisión, explicó que su propuesta “responde a una exigencia histórica de organizaciones civiles, colectivos feministas y defensoras de los derechos humanos”.
“Esta iniciativa es fruto de un largo proceso de lucha, avances legislativos nacionales y compromisos institucionales. Su aprobación permitirá que Guerrero avance hacia un sistema democrático más justo, paritario y libre de violencia, con un marco jurídico robusto que proteja la dignidad e integridad de las mujeres”.
Mosso Hernández dijo que la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, busca armonizar la ley para incluir sanciones a agresores identificados, no solo con sentencias penales firmes, sino también mediante registros administrativos.
La propuesta fue presentada por Mosso Hernández a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, conformada por las diputadas Araceli Ocampo Manzanares, Obdulia Naranjo Cabrera, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Pilar Vadillo Ruiz.
La diputada Erika Isabel Guillén Román, del PRD, propuso un exhorto dirigido al DIF Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de las áreas competentes, diseñe e implemente un Protocolo de Atención Integral para la Niñez en Situación de Orfandad por Violencia.
De acuerdo con la perredista, el objetivo de crear ese protocolo es para establecer mecanismos de identificación, atención, acompañamiento psicosocial, seguimiento educativo y restitución integral de derechos para niñas, niños y adolescentes en dicha condición. Fue turnada a la Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Plazo máximo de seis meses para función de encargado de despacho

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con el objetivo de establecer un plazo máximo para el ejercicio de funciones de las personas designadas como encargadas de despacho en los órganos administrativos y técnicos.
En tribuna, al presentar la iniciativa, dijo que la figura de la encargada o encargado de despacho “constituye un mecanismo administrativo excepcional que permite garantizar la continuidad operativa de dichos órganos, y que se ha recurrido a esta figura como una vía de continuidad institucional ante ausencias temporales o definitivas de las personas titulares”.
Advirtió que dichas designaciones pueden extenderse de manera indefinida, sin un plazo claro ni una obligación expresa de realizar el nombramiento definitivo correspondiente.
Por ello, la diputada consideró necesario establecer un límite temporal de seis meses para el ejercicio del encargo, “garantizando así que la provisionalidad no se convierta en una permanencia de facto”.
En la sesión los diputados aprobaron permisos para que los regidores puedan ejercer la docencia al mismo tiempo que sus labores edilicias.
Lo aprobado fue para que la síndica procuradora del Ayuntamiento de Santa Cruz del Rincón,María de Lurde Roberto Mendoza, desempeñe funciones en el área docente y edilicia, en los mismo términos están los casos de la regidora del ayuntamiento de Zihuatanejo, Mayra Luz Ruiz Pineda; el regidor de Santa Cruz del Rincón, Roma Ruigan Rea Zarate y el de San Luis Acatlán, Gaudencio Barragán Ávila.

Redacción

Chilpancingo

El senador Félix Salgado Macedonio declaró que aportará de sus ahorros a la colecta ciudadana de apoyo al pueblo cubano que convocó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consultado en los pasillo del Senado de la República, aseguró que no se impuso ninguna cuota para los representantes populares de Morena, “es cada quien, no es por grupo, ni con recursos del Senado, es del salario de cada senador”.
Sin dar cifras, añadió que hará una donación de sus ahorros en solidaridad y apoyo a Cuba, atendiendo el llamado del ex presidente, un hombre muy humano, el mejor presidente del mundo”.
Con un mensaje en su cuenta de X, López Obrador solicitó el sábado pasado el sábado pasado el respaldo de los mexicanos para reunir fondos que se enviarán para la compra de medicinas, petroleo y gasolina, ante el bloqueo petrolero y energético que Estados Unidos intensificó este año contra la isla.
“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.
Llamó a no mantenerse indiferentes ante la situación de la isla, con las palabras del general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, e invitó a los ciudadanos a colaborar con el pueblo cubano mediante depósitos en una cuenta bancaria.
Estados Unidos amenazó con el incremento de aranceles a países que suministren petróleo a la isla, donde ya escasea el combustible y alimentos.
Difundió una cuenta de Banorte que pertenece a la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual dijo, está conformada por ciudadanos, escritores y periodistas.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Los diputados del PRI, Alejandro Bravo Abarca y Pilar Vadillo Ruiz, solicitaron licencia para separarse del cargo por cinco días con el fin de buscar su reelección como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal (CDE) de su partido.
En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la presidencia estatal del PRI, Juan Agama Montaño aseguró que no habrá dados cargados para nadie y podría haber más registros de fórmulas el próximo sábado.
En la sesión del Congreso local de este miércoles, los diputados locales aprobaron ambas peticiones, como parte del procedimiento legislativo.
La licencia de los priistas será para que puedan cumplir los requisitos de la convocatoria que emitió el PRI para la
renovación de la presidencia y secretaría general del CDE.
La convocatoria exige a los aspirantes a dirigir el partido que “en los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, de dirigencia partidista ejecutivo territorial o se desempeñen como servidores públicos de mando medio o superior”, soliciten licencia al cargo efectiva desde el momento de solicitar su registro al proceso interno y mantenerla, al menos, hasta su conclusión.
La licencia aprobada por el Congreso es a partir del jueves 17 de marzo y piden ser reincorporados el lunes 23 de marzo.
Los registros de los aspirantes a dirigir el PRI en Guerrero se realizarán el próximo sábado 21 y hasta hoy públicamente se sabe que Bravo Abarca y Vadillo Ruiz son la única planilla.
Aunque al interior del PRI se niegan a aceptar públicamente que solo habrá una planilla, por el corto periodo de tiempo de las licencias se espera que sea así.
Ya que la convocatoria indica que en caso de que solo haya una planilla registrada se omitirá el periodo de campañas y los ganadores serán nombrados en un plazo de 24 horas después de su registro.
Es decir que se prevé que el proceso interno de la elección priista concluya el próximo domingo, y partir del lunes los diputados se reintegren al Congreso.

No hay dados cargados para nadie: Agama

En conferencia de prensa después de que el Congreso aprobó las licencias de los diputados, el secretario de Organización y actual encargado de despacho de la presidencia estatal del PRI, Juan Agama Montaño, dijo que no hay dados cargados para nadie y que cualquier priista es libre de participar en el proceso y de registrarse el próximo sábado.
Agama Montaño explicó que el proceso interno de elección de dirigencia del PRI es un asunto “muy básico” para que “cualquier militante pueda cumplirlo, no hay ninguna traba, no hay ninguna limitante. En ese sentido, todos los cuadros y militantes que deseen hacerlo se pueden registrar, las puertas estarán abiertas, la mesa de registro es el día sábado”.
A pregunta de si no había dados cargados para la reelección de Bravo Abarca y Vadillo Ruiz, Agama Montaño aseguró que no, que aún puede haber otros registros el sábado y que todo está plasmado en la convocatoria.
“La Comisión de procesos internos ha hecho pública de manera oportuna la convocatoria y los requisitos están a la vista. ninguno más, ninguno menos de lo que establece la convocatoria, de lo que establecen los estatutos y la reglamentación interna, todos están en su derecho de ser registrados, y vamos a esperar a ver si hay una segunda y una tercera fórmula”.

Daniel Velázquez

El delegado de programas federales, Ivan Hernández Díaz, contó que esperará a conocer la convocatoria de Morena para definir si participará por un cargo en los comicios de 2027.
Este miércoles, el funcionario federal encabezó junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el comisionado de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vazquez, la entrega de tarjetas de débito a los beneficiarios del programa Bienpesca.
Consultado sobre sus aspiraciones para 2027, dijo que está concentrado en las tareas de la delegación pero está informado de lo que pasa en el proceso interno, “pero nuestra concentración está en los programas del gobierno federal”.
A pregunta de si prevé renunciar en mayo o en junio cuando se emita la convocatoria de Morena, respondió: “vamos a esperar los tiempos, si bien hay reglas, son muy generales; yo por ahora estaré concentrado en los programas y una vez que haya claridad sobre los procesos vamos a hacer un análisis”.
De las restricciones que impuso Morena para quienes aspiren a un cargo de elección popular, dijo que están apegados a los principios del partido, como la austeridad. “Creo que es importante que se mantenga un movimiento bajo esa línea de austeridad”.
De qué cargo buscará en 2027, respondió que no está en ese análisis porque quienes tienen una responsabilidad deben enfocarse en esa tarea, “no es el momento”.
Al recordarle que faltan tres meses para que Morena arranque el proceso interno de definición de candidatos con la emisión de la convocatoria, reiteró que cuando conozca las reglas tomará una decisión.
Se le indicó que mientras espera la convocatoria, hay otros morenistas que ya están en campaña con la pinta de sus nombre en las paredes. Dijo que no opinaría sobre esas acciones porque como funcionario debe ser respetuoso de las acciones ajenas a sus funciones.
Entre los morenistas se sabe que el delegado federal es una de las propuestas del grupo de los nuñistas para aspirar a la gubernatura del estado que se renovará en los comicios del próximo año.