La dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas anunció a sus Defensores de México, donde incluyó los políticos de Guerrero Manuel Añorve, Alejandro Bravo Abarca y Pilar Vadillo.
Moreno Cárdenas anunció que la estructura será coordinada por la ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles y se anunció que serán 50 para los 17 estados en los que para 2027 habrá elecciones de gobernadores.
Al modo de Morena, que en junio tendrá a sus Defensores Estatales de la Cuarta Transformación que se convertirán luego en candidatos a las gubernaturas, en Guerrero el PRI nombrará como Defensor de México al coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve, quien fue candidato a la gubernatura por dicho partido en 2011 y se perfila para serlo en las elecciones del año próximo.
Otros “defensores” serán la secretaria general del CDE, María del Pilar Vadillo –quien busca ser candidata a la alcaldía de Acapulco– y el presidente estatal y coordinador de los diputados locales, Alejandro Bravo Abarca.
Moreno Cárdenas explicó que la figura de los defensores es para reforzar la oposición a un gobierno morenista que se ha “empeñado en debilitar al Estado” y confrontar a la sociedad, política que pone en riesgo al futuro de la nación (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Acapulco resolvió ayer en una audiencia el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a la de libertad condicional, a favor de dos militares detenidos por el delito de tortura sexual en agravio de la indígena de Ayutla, Inés Fernández Ortega.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien representó a la víctima en la audiencia, calificó la resolución del juez Lino Román Quiroz como “ilegal, incorrecta, violatoria de los derechos humanos, y que además viola todos los estándares internacionales porque se aparta de la sentencia que emitió sobre el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Los militares son Raquel Méndez Hernández, quien sigue en activo y era jefe de operaciones cuando Inés Fernández fue víctima de tortura sexual en Barranca Tecoani en el 2002. Raquel fue detenido el 1 de noviembre del año pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y le dictaron sentencia el 7 de noviembre.
El otro es el soldado en retiro Andrés Sosa Zepeda, detenido el 1 de febrero pasado y le dictaron sentencia el 7 de ese mismo mes, informó el abogado Rogelio Téliz.
De acuerdo con el abogado, el juez resolvió para ambos “de manera parcial, sin fundar ni motivar su resolución, el cambio de la medida cautelar de prisión y les concedió su libertad con la condición de firmar cada mes, y depositar una garantía de 5 mil pesos”.
Advirtió que eso significa para Inés un riesgo inminente de que pueda ser agredida “por esta gente”, y dijo que existe el fundado temor de que el delito quede impune, “porque para el juez el delito de tortura es mínimo, prácticamente lo está caracterizando como pequeño y que no amerita cárcel”.
Téliz García informó que de su parte pidió que la medida de prisión preventiva siguiera vigente porque el Código de Procedimientos Penales establece que es un delito grave, y que incluso la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se pronunció en los mismos términos.

Hubo presión de una diputada federal del PVEM y se desacató una orden de la Coidh

El Abogado Rogelio Téliz nformó que el expediente inicialmente había sido asignado a la jueza del Juzgado Sexto, también de Acapulco, “y pensamos que por primera vez el caso sería resuelto con perspectiva de género”.
Sin embargo, dijo que la esposa de Raquel Méndez, la diputada federal por el Estado de México del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mirian Silva Mata presionó a la jueza mediante “señalamientos groseros” como que era una “inepta”, y finalmente la jueza se excusó de seguir conociendo el caso y lo turnaron al Juzgado Octavo de Distrito.
Este Juzgado recibió el expediente el 9 de marzo y de inmediato, “de manera oficiosa”, el juez Román Quiróz convocó la audiencia de debate de revisión de medida cautelar para este 18 de marzo, declaró el abogado de Tlachinollan.
No descartó que, así como presionó a la jueza del Sexto Distrito para que se excusara de seguir conociendo el caso, la diputada federal del PVEM Silva Mata haya también presionado al juez octavo de distrito para que resolviera en los términos que lo hizo, para favorecer a su esposo.
Téliz García recordó que cuando fueron detenidos, Raquel Méndez y Andrés Sosa no alcanzaron libertad bajo fianza porque así lo establece el Código de Procedimientos Penales, en el caso de delitos como el de tortura.
Rogelio Téliz dijo que durante su intervención pidió que debido a la gravedad del asunto y porque se trata de una sentencia que emite Coidh, además de que es un caso que se da en un contexto de marginación y de violación a los derechos humanos de una indígena, los militares debían quedar en prisión dado que existe el riesgo de fuga, pues como militares conocen las leyes y tácticas de seguridad, por lo que pueden evadir la justicia y ponen en riesgo la vida y la integridad de doña Inés”.
Explicó que, en cambio, la defensa de los militares ofreció documentos de que tiene un arraigo domiciliario.
“Y el Juez de manera parcial, sin fundar ni motivar su resolución, determinó cambiar la medida cautelar de prisión y les concedió las medidas de firmar cada mes y depositar una garantía de 5 mil pesos”.
Agregó que con ello prácticamente ordenó su libertad, “y lamentablemente el Poder Judicial de la Federación desacató la resolución de la Coidh, respecto a que el caso Inés Fernández debía resolverse con perspectiva de género y tomando en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad”.
Derivado de ello consideró que esta fue una resolución, “ilegal, incorrecta, violatoria de los derechos humanos y que, además, viola todos los estándares internacionales y se aparta de la sentencia que emitió la Coidh”.
Explicó que, además, el juez, sin hacer ninguna motivación, convocó a audiencia para este miércoles a fin de que se decidiera la libertad de los militares.
Por el caso de la tortura de Inés Fernández en el 2013 fue detenido otro militar, Humberto García de León, quien en el 2023 fue sentenciado a 28 años de prisión.
Él era subordinado y estaba bajo el mando de Raquel Méndez Hernández y de Andrés Sosa Zepeda, pero a diferencia del primero éstos salieron en libertad, lo que para el abogado Téliz resulta ilógico.
“De parte del Poder Judicial no hay garantías para la protección de las víctimas, en este caso a la indígena Inés”.
Denunció que la resolución evidencia que el Estado mexicano no quiere acatar ni proteger los derechos fundamentales, “y lo que hace es poner en libertad a los torturadores de doña Inés, lo que es un agravio directo a sus derechos humanos”.

Jacob Morales Antonio

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero pidió a las autoridades aplicar la ley con estricto apego a “derecho, firmeza y oportunidad”, a todos aquellos “en los que se acredite la comisión de delitos relacionados con bloqueos, daños y afectaciones a terceros”, luego de la detención del asesor jurídico de los pobladores de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Daniel Rosas Martínez.
En un posicionamiento del sector privado de Guerrero, manifestó su reconocimiento a la Fiscalía General de Guerrero, a las autoridades del estado y federales por el operativo conjunto de detención del abogado Rosas Martínez, quien fue aprehendido este martes saliendo del Congreso local por la retención de elementos de la Guardia Nacional en Tlayolapa, el 22 de agosto de 2025, y quien estuvo al frente del bloqueo el 2 de febrero, de 6 horas en la Autopista del Sol.
El Consejo sostuvo que “éste esfuerzo coordinado entre las autoridades federales y el gobierno del estado de Guerrero en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, refleja el compromiso institucional, con el restablecimiento del orden, la protección de la ciudadanía y la certeza para la actividad productiva en la entidad”.
El CCE indicó que “el sector privado reconoce la aplicación de la Ley, como herramienta indispensable para prevenir, sancionar los bloqueos de carreteras y autopistas, los actos de vandalismo, los robos, y cualquier otra conducta que atente contra la libre circulación de personas y mercancías, la integridad de ciudadanos y sus bienes, y la normal operación de las unidades de negocios”.
En este contexto, el Consejo solicitó “a las autoridades competentes, que en este caso, y todos aquellos en los que se acredite la comisión de delitos relacionados con bloqueos, daños y afectaciones a terceros, se siga actuando con estricto apego al derecho, firmeza y oportunidad, buscando siempre el equilibrio entre los derechos de manifestación y la salvaguarda del estado de derecho, la seguridad pública y el desarrollo económico de Guerrero”.

El sector privado siempre ha solicitado aplicar la ley: Urióstegui

Consultado por teléfono el presidente del CCE, Julián Urióstegui Carbajal, subrayó que entienden la estrategia del gobierno para mantener la gobernabilidad y su política de diálogo; sin embargo, “hay una línea muy fina entre el derecho de manifestación y los derechos de los particulares y de libre tránsito”, reconociendo la actuación del gobierno, estatal y federal, porque el sector privado siempre ha solicitado la aplicación de la ley, “y que haya Estado de Derecho”.
Urióstegui Carbajal, precisó que hay movimientos de luchas y causas loables con las que incluso simpatiza el sector privado, y que ellos no pueden estar en contra de los maestros que buscan mejores condiciones de trabajo, sin embargo, no deben de afectar los derechos de los terceros.
Dijo que los bloqueos de las vías de comunicación en Guerrero dan una mala imagen, no sólo al estado, sino Acapulco, que vive del turismo y que es “severamente afectado”. Insistió en que reconoce la estrategia del diálogo por parte del gobierno estatal, pero también debe de existir “la aplicación irrestricta de la Ley”, porque hay grupos sociales que tienen “intereses cuestionables o dudosos”.
El presidente de la Asociación de la Riviera Diamante, y abogado Xavier Olea Trueheart, consideró que las autoridades deben fincar responsabilidad, de obstrucción y ataques a las vías de comunicación contra quienes bloquean las carreteras. Luego de precisar que el asesor jurídico fue detenido por la retención de los elementos de la Guardia Nacional.
El representante de la Asociación expresó su reconocimiento al gobierno del estado y federal, así como las fuerzas de seguridad que participaron en esta detención y la determinación de aplicar la ley, y pidió a las autoridades, ya no permitir los bloqueos en las vías de comunicación, porque afectan la vida social, económica y política de la entidad.
Indicó que la Asociación contabiliza al menos 6 mil departamentos en la zona Diamante donde cada fin de semana miles de familias que tienen segunda residencia en Acapulco y que son del centro del país. Llegan, pero muchas veces se quedan varados en la Autopista del Sol por las protestas y bloqueos.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Jose Luis Smithers Jiménez, dijo que este tipo de acciones dan tranquilidad al sector turístico y  a los empresarios, además de la sociedad que son los más perjudicados al quedarse varados en las carreteras de Guerrero.
El dirigente destacó que no se había realizado una acción similar por parte de los gobiernos estatal y federal, porque el perjuicio para el sector hotelero y otras cadenas económicas es bastante fuerte, pero que Acapulco ha salido adelante, debido a la gran confianza y lealtad que hay de las familias del centro del país, pero que también tienen un límite y es cuando dejan de venir.
Smithers Jiménez dijo que para contrarrestar el malestar provocado por los bloqueos en las carreteras, los colaboradores de hoteles, restaurantes y todas las cadenas de servicios que tienen un contacto directo con los visitantes deben de dar un buen servicio, tener buena actitud y atención.

La Secretaría de Salud federal reportó la segunda muerte materna en lo que va del año en Guerrero. Con este deceso, la Razón de Muerte Materna (RMM) pasó de 10.4 a 16.7 por cada 100 mil recién nacidos en la entidad.
En el documento de la semana epidemiológica 10, publicado el martes con información preliminar, se indica que el nuevo fallecimiento se notificó en instalaciones de la Secretaría de Salud. El caso se suma al registrado en el IMSS-Bienestar en la semana 8, así como a la defunción tardía y secuela notificada en la semana 5.
En el ámbito nacional, las dos defunciones maternas representan el 2.4 por ciento del total nacional, de un total de 84. Cinco estados concentran el 47.6 por ciento: Estado de México con 12, Chiapas con nueve, Puebla con ocho, Michoacán con seis y cinco en Veracruz.
En comparación con la semana 8, la RMM nacional disminuyó de 22.5 a 21.9 por cada 100 mil recién nacidos. Nayarit, Colima y Tlaxcala encabezan el listado de 16 estados con la mayor tasa, con 83.9, 52.2 y 42.7, y Guerrero se ubicaría en el lugar 20. (Yee Trujillo).

El ejido de Carrizalillo mantiene de manera parcial el plantón frente a la unidad minera Los Filos, propiedad de la empresa canadiense Equinox Gold, en el municipio de Eduardo Neri (mejor conocido como Zumpango), después de que el 4 de marzo autorizó el acceso total a la transnacional en sus tierras, para atender las medidas de remediación y mantenimiento ordenadas por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), en la clausura de cinco sitios en riesgo.
El plantón se instaló el 1 de abril de 2025, hace casi un año, debido a la falta de acuerdos para la continuidad de la explotación de sus tierras tras el vencimiento del Convenio de Ocupación Temporal (COT) el 30 de marzo, en medio de una lucha legal por las demandas que promovió la empresa contra los núcleos agrarios y los ejidatarios, y con las que respondió la comunidad en la Procuraduría Agraria y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que no ha concluido.
La comunidad espera que la próxima semana se reanude la mesa negociación del convenio de continuidad sobre la renta de sus tierras en el diálogo que se recobró este año, o en su defecto, para discutir el proceso de cierre, “no sabemos qué pueda pasar”, dijeron representantes del ejido vía telefónica.
En la consulta confirmaron que hay un avance sustantivo en las discusiones, sin embargo aún no se precisan los mecanismos del tiempo y forma de pagos, donde la empresa se mantiene en una postura inflexible.
Expusieron que el ejido tampoco acepta más condiciones que van en contrasentido de un convenio basado en el respeto entre las partes, luego de que el ejido aceptó reducir en más de 50 por ciento el pago del convenio anterior.
Informaron que el 4 de marzo la asamblea aceptó un acuerdo “chico”, sólo para que la empresa atienda en tres meses -hasta el 30 de junio-, todo lo relacionado con las clausuras que dictó la Profepa, necesario para la continuidad de la explotación de minerales o para el cierre de la mina.
En este mismo periodo continuarán discutiendo algunos componentes relacionados con el convenio de largo plazo, confirmaron.
En estas dos semanas la empresa avanzó en la contratación de personal sindicalizado y algunos servicios de concesionarios para las actividades de remediación, por una temporada corta de tres meses, junto a los trabajos de remediación, informaron. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Los casos de gusano barrenador en Guerrero, confirmados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ya suman 614 y Acapulco ahora aparece como el municipio con el mayor registro, con 48.
Los animales afectados por la infestación de larvas eran 567 en 62 municipios. Ometepec, Cuajinicuilapa y Acapulco encabezaban la lista, pero en el corte del lunes Acapulco llegó al primer sitio, con 48 acumulados, Ometepec con 45 y Cuajinicuilapa con 44.
Además, la plaga ya se ha propagado a dos municipios más: Cualac y Tlapehuala. El primero aparece repetido en la lista, con cuatro casos en total y en el segundo se reporta uno.
Los casos de animales que cursan la enfermedad son 61 en 30 municipios, mientras que en todo e país los activos son mil 139. Guerrero pasó del quinto al sexto lugar y por los acumulados, del sexto al séptimo. (Yee Trujillo).

 

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a Luciano Juárez Maldonado de 59 años, reportado desaparecido en el municipio de La Unión, en la Costa Grande.
Según la información proporcionada en la ficha número HVGRO/0043/2026, el hombre fue visto por última vez el pasado 15 de marzo de 2026 en la comunidad de Coyuquilla, en la zona costera poniente de ese municipio.
Como señas particulares se informó que tiene dos coronillas plateadas en la dentadura superior frontal. Mide 1.70 metros, es de tez morena, con ojos pequeños color café oscuro y cabello canoso, corto y lacio.
Se solicita a la población que en caso de contar con información sobre su paradero se comunique al número 800 832 7692 o a través de los canales oficiales de la Fiscalía de Guerrero. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).