Unas 40 trabajadoras de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) exigieron plazas bases para quienes llevan más de 15 años en el servicio, cese del hostigamiento laboral y que las áreas de trabajo sean seguras, ante daños que presentan partes del edificio.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las trabajadoras protestaron con una caminata en la banqueta de las instalaciones de CICAEG, en la avenida Ruffo Figueroa, así como pegaron cartulinas con leyendas de protesta en la fachada.
“Las Mujeres nos merecemos respeto, oportunidades y reconocimiento”, “entornos laborales libres de hostigamiento y acoso laboral”, “merecemos instalaciones seguras para trabajar” y “nuestra amistad, nuestro compañerismo es un acto de resistencia en el mundo que nos quiere divididas. Tu voz importa”, señalaron.
En consulta, Elizabeth Javier Reyna indicó que enviaron un oficio a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para que les permitan participar en los procesos de escalafón, y el director de Personal del gobierno estatal, Óscar Francisco Herrera Vázquez, les respondió que ellos no dan las bases de la comisión, que las bases las da CICAEG.
Llamó a tener sensibilidad ante la injusticia que enfrentan, porque ven cómo llega personal nuevo que reciben plazas, incluso con base.
“Nosotras también apoyamos a la gobernadora y nos dicen que somos lista de raya, de un organismos no centralizado”.
Señalaron que CICAEG dio de alta en el IMSS a trabajadores de lista de raya, pero con el salario mínimo, con el aviso de que sería por un corto tiempo y ya pasaron tres años, así como los directivos responden a sus oficios con más preguntas.
“La mayor de las trabajadoras cumplimos 18 años trabajando. Nos dicen que no se pueden, nos dicen que las bases son para el SUSPEG”.
Plantearon tres demandas concretas: instalaciones dignas y seguras, bases para los trabajadores con más de 15 años de servicio y una regularización de seguridad social con el salario real.
Consideraron una violencia institucional que el director de CICAEG, Martín Vega Gonzalez, no responda a los oficios que presentan, “ya casi termina el gobierno de Morena y no hay solución”. Las inconformes también denunciaron hostigamiento por parte de la jefa del área de Finanzas, Xitlali Sevilla Sánchez, así como de la secretaria del director, Tania Hernández, que las han cambiado de área sin aviso previo y les niegan permisos. (Lourdes Chávez /?Chilpancingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

En la campaña de toma de muestras biológicas de ADN y aplicación de cuestionarios Ante Mortem (AM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, se presentaron denuncias estatales de casos ocurridos desde 2012 así como víctimas recientes, por las que fueron difundidas nueve fichas para localizar a víctimas de Iguala y Taxco.
Esta primera jornada del año realizada mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la Coordinación general de Servicios Periciales, se desarrolló la semana pasada del 2 al 6 de marzo con miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, mientras que esta semana, del 9 al 13 de marzo, se hace con los del colectivo Independiente de Personas Desaparecidas de Iguala.
La actividad desarrollada en la sede regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en la calle Juan Álvarez del centro de la ciudad, es de recepción de denuncias mediante las que la Fiscalía de Guerrero inicia carpetas de investigación; toma de muestras biológicas de sangre, aplicación de cuestionarios AM, recepción de datos para fichas de búsqueda, atención psicológica y contención emocional.
En declaraciones ofrecidas por teléfono el presidente del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Joel Díaz Díaz, informó que durante esta primera campaña del año, la Fiscalía estatal recepción denuncias de casos que solo estaban federalizados, es decir, que desde la fundación de este colectivo en 2014 solo habían presentado sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la falta de confianza que había entonces con las autoridades en el estado.
Informó que derivado de estas denuncias que ahora se hacen con la Fiscalía estatal es por lo que se están emitiendo fichas de búsqueda de víctimas de desaparición desde 2012 y algunos casos recientes ocurridos en este año.
Asimismo, dijo que la intención de estas campañas es que las denuncias de estos casos estén ahora en el fuero común, además de que con las tomas de muestra genética se pueda hacer el cruce de los perfiles con la base de datos de los cerca de mil 200 cuerpos que se tienen bajo resguardo en el cementerio forense y las morgues en el estado.
Díaz Díaz, uno de los fundadores de Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien ya logró recupera a su hijo desaparecido mediante estas búsquedas, dijo que la intención es que se haga la comparativa genética para identificar los cuerpos en resguardo del estado, luego de que no dieron positivo con la base que tiene la FGR, de los cuerpos que este colectivo y otros han recuperado de fosas clandestinas de Iguala y municipios vecinos, desde 2014.
Derivado de esta primera campaña en el año para recopilar denuncias de víctimas de desaparición, la Fiscalía estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) difundieron fichas de búsqueda de al menos ocho casos ocurridos entre 2012 y 2026 en Iguala y Taxco.
Entre las víctimas de Iguala aparecen los casos más recientes denunciados, el joven Jorge Omar Nava Gallardo, de 21 años, desaparecido el 10 de marzo del año pasado, y Neicer Julián López Domínguez, desaparecido el 15 de septiembre de 2023 cuando tenía 18 años.
Asimismo, Uber Ruiz Suazo, de 51 años, desaparecido el 28 de octubre de 2012; Iván Valencia Ochoa, desaparecido el 23 de mayo de 2013, quien tendría 42 años de edad; Daniel Salazar Alvarado, desaparecido el 1 de marzo de 2013, quien tendría 39 años en la actualidad; Herminia Ríos Bahena, de 51 años, desaparecida en la localidad de El Tomatal, el 2 de abril de 2014, y Roberto Carlos Nava Torres, desaparecido el 18 de septiembre de 2018.
Mientras que de Taxco se reportaron las desapariciones de Jesús Ynacio Díaz Victoria, de 73 años, quien desapareció el pasado 9 de febrero de este año, de quien se indica que como seña particular no tiene el ojo derecho y tiene los dos dientes frontales color plata; así como Víctor Manuel Villamil Vázquez, desaparecido el 1 de diciembre de 2012, cuando tenía 26 años

Zacarías Cervantes

Omiltemi

Desde septiembre de 2024, después del impacto del huracán John les tiró su centro de salud, pobladores de Omiltemi, ubicado en la sierra del municipio de Chilpancingo, vienen solicitando ante distintas autoridades la construcción de un nuevo inmueble, sin que hayan tenido respuesta.
Tampoco ha tenido respuesta a su demanda de un médico y una enfermera permanentes, así como la dotación de medicamentos para que se atiendan los 250 habitantes de esta localidad, denuncio el comisario municipal, Federico Morales Tolentino.
El representante del pueblo informó que fueron los habitantes quienes construyeron su centro de salud y mediante cooperaciones voluntarias surten los medicamentos, mientras que una caravana de médicos y enfermeras los visita, a veces, cada 15 días.
El centro tiene paredes de tablas y techo de lámina galvanizada, se abre cuando de forma esporádica llega la caravana de médicos y enfermeras para atender a los vecinos de sus padecimientos, sobre todo por resfriados y a las mujeres embarazadas.
El mediodía de este lunes, una mujer con su hijo de meses en brazos esperaba afuera del local cerrado a que llegaran los médicos de la caravana, pues ese día les tocaba ir a la comunidad.
“Yo creo que irían a almorzar porque la casa está cerrada, los voy a esperar”, explicó la joven mujer, quien dijo que desde el domingo su bebé tenia mucha gripa y tos, pero hasta este lunes lo llevó al médico porque llega la caravana.
La suplente del comisario municipal, Alma Delia Millan, dijo que además de la falta de médicos, enfermera y medicamentos, a los vecinos les preocupa el deterioro del centro de salud, que fue hecho por los propios vecinos, debido a que el anterior se vino abajo durante el huracán John.
“Nosotros construimos esta casita, con nuestros propios recursos, porque del gobierno no hemos tenido nada”.
Explicó que el local, de unos cuatro por cinco metros, les sirve, aunque sea cuando viene la caravana, “que si bien dan consulta, no traen medicamentos, nomás nos llenan la receta y tenemos que irlos a comprar hasta Chilpancingo. Se supone que lo que uno quiere es que haya medicamentos”.
Pidió al gobierno estatal que les reconstruyan su casa de salud y, sobre todo, que haya de manera constante un doctor, enfermera y medicamentos, “porque no podemos esperar hasta a los 15 días”.
Alma Delia explicó que en esta temporada hace mucho frio, mucha gente se enferma de gripa, tos, calenturas, vómitos y diarreas, pero que ni para eso tienen medicamentos y la mayora se tienen que ir a Chilpancingo.
Declaró que, en septiembre pasado, cuando pasó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rumbo a Jaleaca de Catalán, le entregaron un oficio en el que le pidieron la construcción de su casa de salud, la autorización de un médico y enfermera, así como la dotación de medicamentos, pero que no recibieron respuesta.
A su vez, el comisario municipal, Federico Morales Tolentino, mostró un oficio del 20 de febrero pasado, en el que, ante la falta de respuesta del gobierno estatal, se pide la intervención del diputado del distrito 01, Héctor Suárez Basurto.
En el documento le solicita su apoyo para la construcción de la casa de salud, “con su respectivo equipamiento que se requiere, como también el medicamento necesario, ya que es una necesidad muy primordial para los ciudadanos”. Sin embargo, no ha tenido respuesta.
Otro oficio se lo envió en los mismos términos la anterior comisaria municipal, Alma Delia Millán, y a la ahora ex presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, pero tampoco tuvo respuesta.
Omiltemi es una comunidad que se encuentra a casi una hora de Chilpancingo, pero por las malas condiciones del tramo carretero de esta localidad a Amojileca, a los vecinos se les hace difícil el traslado de sus enfermos a la capital, sobre todo en la noche.

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El vocero del Movimiento por la Dignidad y Resistencia del Pueblo de Petacalco, en el municipio de La Unión, Jesús Campos Albarrán, calificó como una “burla” y una falta de respeto la cancelación de la campaña de detección de cáncer, que personal del Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) y la Secretaría de Salud de Guerrero realizarían en esta localidad.
Campos Abarrán recordó que Petacalco es una población impactada por la contaminación ambiental debida a la emisión de cenizas de la central termoeléctrica, Plutarco Elías Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 17 de febrero pasado, el asesor legal de esta agrupación se reunió en Chilpancingo con funcionarios de la CFE, así como de distintas dependencias federales y estatales, para darle seguimiento a la reunión que estaba pendiente desde el 19 de noviembre del año pasado.
Durante esa reunión, se pactó una campaña de revisión ginecológica para las mujeres de Petacalco, la cual estaba programada del 9 al 13 de marzo, pero las autoridades de salud estatal pusieron la condición de que los pobladores debían de cubrir los viáticos, que consistían en pagarles el combustible, el hospedaje y la alimentación a los médicos y enfermeras que iban a asistir.
Vía telefónica, Jesús Campos denunció que pese a que las mujeres de la comunidad ya se encontraban organizadas, incluso dispuestas a realizar “boteos” en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas y en la autopista Siglo 21 Morelia-Lázaro Cárdenas, para costear la alimentación y hospedaje del personal médico, las autoridades estatales suspendieron la jornada sin ofrecer una explicación oficial ni alternativa.
Campos Albarrán señaló que la noticia cayó “como un balde de agua fría”, en especial tras conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, “las mujeres se pusieron serias y enérgicas, porque esto es una mentira. Me decían: ‘miren el premio que nos da el gobierno del estado’”, relató.
Enseguida, aseguró que en Petacalco la incidencia de enfermedades oncológicas es alarmante y que una campaña de este tipo no se ha visto en años en ese poblado, ni en ninguna de las otras nueve comunidades afectadas por la contaminación atmosférica que provoca la termoeléctrica.
Explicó que ni el Ayuntamiento de La Unión ni los diputados locales atendieron las gestiones de apoyo, por lo que la comunidad había asumido la logística de manera independiente, “estábamos esperando para encargarnos de los alimentos y ver en qué más ayudarlos. Las señoras estaban puestísimas”, lamentó.
Aunque el malestar es generalizado contra la Secretaría de Salud, el líder pesquero deslindó de esta decisión a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, atribuyendo la cancelación a la dirección del Instituto Estatal de Cancerología o a mandos administrativos.
“Lamentamos mucho que sea decisión de la doctora de Cancerología, Irma Carrillo, que fue la doctora con quienes nosotros hablamos o del director de la institución. Yo creo que de esto no sabe la gobernadora, pero esto molestó y mucho aquí a la comunidad, porque hubo tiempo de avisar y la gente estaba dispuesta hasta salir a botear a las carreteras con tal de que vinieran esos doctores”.
Ante la falta de respuesta, el dirigente adelantó que el próximo jueves tendrán una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos, de la Secretaría de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ángel Almazán para definir las acciones a seguir.
Advirtió que el ánimo en Petacalco es de protesta social, “las mujeres querían que hoy mismo (lunes) nos manifestáramos o nos paráramos en la puerta de la termoeléctrica temprano. Hay gente que dice que, si no nos hacen caso, los enfermos nos vamos a encadenar, y yo soy el primero”, sentenció Campos Albarrán, quien recordó que él mismo padece problemas de salud derivados de la situación ambiental en la zona.
Luego, hizo un llamado urgente a la gobernadora para que intervenga y se reagende la jornada médica, pues el cáncer “no espera” y sigue cobrando vidas en una comunidad que se siente abandonada por el sector salud estatal, “también queremos pedirle la destitución de quien tenga la responsabilidad de haber cancelado este beneficio, que iba a ser para las mujeres no sólo de Petacalco, sino también de las otras nueve comunidades afectadas”, apuntó.

Karina Contreras

Padres de familia de la primaria Emiliano Zapata, de la comunidad Barra Vieja, se quejaron de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) los ha engañado, pues no ha cumplido con el compromiso de mandarles el docente que están pidiendo para cuarto grado, así como un conserje.
En una llamada telefónica a El Sur, uno de los padres señaló que están siendo burlados por las autoridades educativas, por lo que exigen atención, porque el compromiso fue que el jueves o viernes de la semana pasada les iban a asignar el docente, pero transcurrió este lunes y no han cumplido.
El director del plantel, Eduardo Acosta, reconoció que hay inquietud en los padres de familia, pues le preguntan sobre cómo va el tema de la asignación del maestro y ellos siente que las autoridades educativas “nada más le están dando largas al tema”. Que le han dicho que deben tomar otra medidas, pues se sienten engañados porque no protestaron en el Abierto Mexicano de Tenis, porque se comprometieron a enviar el docente la semana pasada.
Añadió que ya han pasado dos meses y no tienen maestro para cuarto grado afectando a los niños, pues aunque el director atiende al grupo algunas veces, no es siempre, porque tiene que hacer las actividades propias de un director. Sobre la protesta, dijo que los padres de familia ya están molestos, “ya no es algo que yo pueda detener, ya están molestos y preocupados por el maestro que no llega”.
“Parece que las autoridades educativas se hacen expertos en dar largas y largas, sin dar respuesta a las demandas de las escuelas”.
El Sur informó que el pasado 25 de febrero, los padres realizaron una protesta para exigir el docente para cuarto año porque los 32 niños no tienen clases regulares. El 27 de febrero, los padres y el director se reunieron con el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Adalid Nava Morales, y el director general de Educación Primaria, Salomón Beltrán Barrera, quienes se comprometieron a que el jueves o viernes de la semana pasada ya lo tendrían, pero no cumplieron.

Alejandro Guerrero

Iguala

Comerciantes de la plaza Progreso, en Teloloapan, bloquearon este lunes por cerca de seis horas la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, para denunciar amenazas, hostigamiento e intento de desalojo por la fuerza por parte del alcalde Narvel Mojica Sotelo, sin que éste haya ofrecido algún proyecto de reubicación.
El bloqueo total a la circulación vehicular, en la carretera federal que enlaza a las regiones Norte y Tierra Caliente, inició a la 8 de la mañana y concluyó minutos antes de las 2 de la tarde, tiempo en el que sólo permitieron el paso de vehículos por 15 minutos, dejando varados a decenas de conductores en ambos lados del bloqueo.
Roberto Castañeda Sánchez, uno de los comerciantes afectados, informó en declaraciones por teléfono, que en una acción completamente radical y “por el simple hecho de ser alcalde”, el alcalde Narvel Mojica les advirtió, mediante el personal de la Dirección de Reglamentos, que los va a desalojar.
Contó que días antes se presentaron trabajadores de Reglamentos, con un oficio, el cual no les entregaron sino que sólo les mostraron, por la orden de desalojo de la zona argumentando un supuesto “foco de infección”, que no arregla el supuesto problema de salud, sin ofrecer un proyecto de reubicación.
Los enviados del alcalde Mojica Sotelo advirtieron a los comerciantes que “no hay día ni hora, pero que se salgan, porque ya van a empezar a tirar los locales con la maquinaria”.
La plaza comercial Progreso, en la que están instalados 116 locales, de los cuales sus propietarios cuentan con escrituras de propiedad, de compra venta o recibos de pago de la Tesorería de la administración, al ser un predio privado, está ubicada a orilla de la calzada Club de Leones, la principal vía que conduce el zócalo de la ciudad, asentada a unos 300 metros de la carretera federal, frente a la tienda de autoservicios Super Che y la terminal de autobuses Estrella Blanca.
El comerciante advirtió que existe miedo entre ellos, por los antecedentes en el modo de proceder del alcalde, con lo que hizo el año pasado con el mercado central Cuauhtémoc, del que logró bajo amenazas el desalojo de cientos de comerciantes que reubicó en el mercado Progreso, con la visible anuencia del gobierno estatal.
De acuerdo con las declaraciones del comerciante, ese predio, en el que actualmente tienen sus locales, fue donado por el gobierno 2005-2008, que encabezó el alcalde Timoteo Manjarrez Medina, luego de que todos ellos eran ambulantes o semifijos del mercado Cuauhtémoc y fueron reubicados a esos locales, que compraron y escrituraron.
Denunció que el alcalde Narvel Mojica “quiere derrumbar” la plaza comercial Progreso y existe la suspicacia de que lo pretende usar para él, pues no existe ningún proyecto de remodelación o de reubicación.
El bloqueo concluyó a la 1:50 de la tarde, luego de una mediación del gobierno estatal, a trevés de una comunicación telefónica con el delegado de Gobierno de la zona Norte, Felipe de Jesús Adán Ramírez, quien acordó una mesa de negociaciones para el jueves al mediodía.
Durante el bloqueo instalado en el paraje La Condesa, en la salida para Iguala, los comerciantes colocaron piedras, huacales de madera y rejas de refrescos, para evitar el paso de los vehículos, y mostraron cartulinas en las que se leyó: “Señora gobernadora, no al despojo de la plaza El Progreso”, “justicia para el comercio de Teloloapan” y “señora gobernadora, exigimos respeto a nuestro trabajo”.

Carmen González Benicio

Tlapa

Los integrantes del Patronato del Banco de Sangre en Tlapa exigieron a las autoridades estatales y federales que asignen recursos para su funcionamiento, en lugar de pretender desmantelarlo, llevándose el equipo.
En conferencia de prensa se informó que entregaron oficios hace un mes a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y al delegado federal de Gobernación en Guerrero, Juan Carlos Barrios Curti, para establecer una mesa de diálogo que permita darle continuidad al funcionamiento del Banco de Sangre, sin tener respuesta.
Agregaron que el nombre de banco es un membrete, porque sólo es un puesto de sangrado donde las personas donan, pero su análisis lo tienen que hacer fuera, porque aquí no cuentan con los insumos que se requieren, por lo que resulta impostergable asignarle recursos.
Ademas de que urge una bajada de energía eléctrica acorde con sus necesidades e independiente, para el funcionamiento correcto del equipo, ya que ahora dependen del Hospital de la Madre y el Niño Indígena, al compartir terreno.
También piden que se asignen los recursos económicos, para echar andar el área de serología, que permitirá saber si la sangre que se dona esta sana o libre de enfermedades en tiempo breve, sin necesidad de llevar las muestras a Acapulco o Chilpancingo, perdiendo tiempo, como tres días, y dinero.
Los integrantes del patronato dijeron que volvieron a reunirse, ante los trascendidos de que pretenden llevarse el equipo de plaquetoferesis, que sirve para separar las plaquetas de la sangre, y la centrífuga que separa la sangre completa de sus componentes en plasma, glóbulos rojos y plaquetas, y que falta un aire acondicionado.
Por eso pidieron a la gobernadora que en lugar de desmantelar hable con salud federal y estatal, para que asignen presupuesto para el área de serología, porque ahora sólo pagan al personal médico y algunos reactivos, pues aquí se pueden hacer las muestras si se cuenta con el material necesario, porque el personal ya está capacitado.
Remarcaron que como patronato realizaron la construcción y equipamiento con sus gestiones, con equipo completo y de calidad, dejando que las autoridades se hicieran cargo de su operatividad, pero a nueve años de que se concluyó, no se ve la voluntad política de las autoridades para atender una necesidad de la Montaña, para que no tengan que esperar horas y deriven en la muerte de las personas.
Recordaron que la Montaña tenía altos índices de muertes maternas y que en días recientes se han dado agresiones a balazos y un accidente en el que las personas requieren sangre de inmediato.
Estuvieron también representantes de clínicas particulares que respaldan su funcionamiento.
Los integrantes del Patronato son Alvaro Acevedo, Godofredo Garnelo, Enrique Herrera Gálvez, Maribel Angelica Flores Rivera, Margarita Eloina Oscuro López, Obdulia Isabel Estudillo Ayala y Elidio Imedldo Manzano Flores.

Karina Contreras

Dos niños de 15 y 8 años de edad solicitaron un amparo en los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicado en el bulevar de Las Naciones, para exigir justicia y protección, luego de que son víctimas de desplazamiento forzado en Acapulco.
A las 11 de la mañana los niños llegaron acompañados de sus padres y la señora Victoria Martínez Torres dijo que son reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado interno, y “mis hijos sufren las consecuencias porque ninguna institución del estado les ha brindado atención y apoyo. Mis hijos están aquí para defender sus derechos con las leyes”.
En declaraciones dijo que este lunes empieza su amparo exigiendo justicia y protección, que “hoy nace la esperanza con libertad para los niños y adolescentes de Guerrero víctimas de desplazamiento”.
Denunció que el desplazamiento les ha causado muchas limitaciones en la educación, en la salud, en la alimentación y en apoyo psicológico porque “en las instituciones no nos han brindado a pesar de que tenemos la calidad de víctima, no nos han apoyado en ese sentido”.
Dijo que está una suspensión de plano dado por los magistrados y ante el tribunal de judicatura, es decir, que hay una medida cautelar urgente dictada de oficio por un juez de amparo inmediatamente al recibir la demanda, sin necesidad de trámite adicional, para detener actos graves de autoridad.
Agregó que el desplazamiento los ha afectado en lo económico porque “muchas veces no le puedo comprar la variedad de comida que un niño debe tener, frutas, verduras, carnes. No puedo porque estoy en esta lucha con ellos, se va mucho en copias”.
Manifestó que los niños van a la escuela y lo hacen con miedo, así como cuando los acompañan, porque “no saben si vamos a regresar o no”.
Mientras el padre de los menores, Sergio Luis López Vargas dijo que es víctima de desplazamiento forzado interno según la Fiscalía General del Estado (FGE), y que es una violación grave a los derechos humanos.
Manifestó que los juicios y procedimientos deben ser con medidas reforzadas y diferenciadas, es decir, “que no es un delito común, que viola los derechos humanos”.
Dijo que el Estado ha sido omiso y agravado porque hay una suspensión de plano otorgada por magistrados, y hay una orden que están desacatando desde diciembre del 2025 porque “hasta la fecha no tenemos medidas de proteción de parte de la Fiscalia General del Estado. Nos están yendo a amenazar en represalia de que denunciamos”.
Agregó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa Abelina López Rodríguez han sido omisas y no los quieren recibir, y que el juicio que tienen está viciado, dijo que es el primer juicio de la historia en Guerrero por desplazamiento forzado interno, donde están “haciendo todo lo posibles por callarnos”.
Sobre el amparo de sus hijos destacó que va ser el primer amparo “iniciado por menores de edad por su propio derecho con el artículo 1, 4 y 17 de la Constitución Política, por lo que se lo tienen que recibir”.
Según el padre, su hija, ante la omisión de las autoridades, vio una nota de una niña colombiana que ganó un amparo ante el hecho de que la obligaban a ver a su papá que era violento, y se le vino la idea de interponer un amparo y aunque le da miedo que se involucren, pero “fueron víctimas directas, a ellos los amenazaron con armas varias veces”.
Agregó que este será el primer amparo del país de víctimas directas de desplazamiento, y lo que se busca es que se haga “justicia” y va dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, a la Fiscalía General del Estado por “el juicio viciado”.
Aunque no lo mencionaron por el juicio que mantienen, la familia es una de las 48 que fueron desplazadas de manera forzada de la colonia Clemencia Figueroa en la zona poniente de Acapulco desde 2021 debido a un conflicto por la tierra.