La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) convocó a una marcha estatal el próximo 18 de marzo, para comenzar el paro laboral de 72 horas, con el que exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que retome el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la CETEG informó que el paro laboral se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo, como acordó la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, para exigir una mesa de diálogo con el gobierno, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa “Peña-AMLO-Sheinbaum”.
Indicó que el paro laboral contará con un contingente de la CETEG, representativo, “en la actividad central en Ciudad de México y una concentración masiva” en Chilpancingo.
Detalló que que el 18 de marzo habrá una conferencia de prensa en el Angel de la Independencia, a las 9 de la mañana, seguida de una marcha al zócalo de Ciudad de México, “donde se llevará a cabo el mitin y la instalación del plantón y después visitas de cortesía a embajadas”.
Ese mismo día en Chilpancingo habrá una marcha estatal, a las 9 de la mañana, con una “concentración masiva” en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, y también se instalará un plantón, aunque no se especificó en el lugar.
Mientras que los días 19 y 20 de marzo, “las actividades serán con base a los acuerdos de la asamblea”, que se instalará el 18 de marzo a las 6 de la tarde en Ciudad de México.
El pasado 6 de marzo, la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, pidió a los delegados que participaron en el 25 Congreso Político Estatal Extraordinario, que generen condiciones y dialoguen con los padres de familia, para poder participar en el paro laboral.
Los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos fueron hallados el sábado, en un paraje de la comunidad San Pedro Huitzapula Norte, perteneciente al Municipio de Atlixtac.
Las víctimas fueron identificadas ayer lunes como Rubén N y Eulalio N, familiares del hombre cuyo cadáver pretendían exhumar en el panteón de la localidad peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), motivo por el cual fueron retenidos 30 horas por el comisario y presuntos policías comunitarios.
El sábado alrededor de las 9 de la mañana, autoridades recibieron el reporte del hallazgo de dos hombres en el paraje conocido como Piedra Pinta, a las afueras de San Pedro Huitzapula Norte.
Los cuerpos, informaron fuentes de la región, tenían en el cuerpo huellas de tortura e impactos de bala en la cabeza.
El jueves en la mañana las víctimas acompañaban a las autoridades de la FGE a ejecutar una orden judicial para la exhumación del cuerpo de Domingo Pacheco, asesinado en enero último en la comunidad y sepultado en el panteón local.
Al llegar a la comunidad, pobladores interceptaron los vehículos oficiales de las autoridades y les preguntaron el motivo para entrar a la comunidad, y quién les dio la orden de realizar la exhumación.
En el lugar Rubén y Eulalio fueron bajados, golpeados y separados de la comitiva por los pobladores y policías comunitarios.
A los peritos y trabajadores del Semefo los llevaron a la Comisaría donde fueron retenidos y los dejaron incomunicados tras quitarles sus teléfonos celulares, confirmaron el jueves fuentes del gobierno del estado.
Las autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado han mantenido hermetismo desde el jueves que se dio la retención.
Tampoco el Ayuntamiento de Atlixtac, encabezado por el alcalde Guillermo Matías Marrón, ha informado de la situación de violencia que se vive en el municipio.
Los retenidos de Servicios Periciales fueron liberados después de las 6 de la tarde del viernes, luego de que personal de la Secretaría de Gobierno acudió a la comunidad y llegó a una serie de acuerdos con las autoridades del pueblo y los presuntos policías comunitarios.
Tampoco se ha informado de los acuerdos alcanzados.
Fue el sábado en la mañana que los cuerpos de los dos guías de las autoridades fueron encontrados asesinados a balazos.
En el mismo contexto de violencia en la zona, la madrugada del lunes 2 de marzo hombres armados interceptaron en la carretera de Atlixtac a Chilapa a la directora de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio y a su asistente Fulgencio Salgado, a quienes asesinaron con armas largas, cerca de la comunidad de Tepozonalco, municipio de Chilapa.
Los cuerpos fueron encontrados en una cuneta a un lado de la camioneta oficial en la que viajaban los funcionarios.
El policía municipal que los escoltaba fue encontrado sin vida tres días después, el jueves por la mañana en la misma carretera, a la altura de la localidad de Papaxtla.
El hallazgo del agente de la Policía Municipal lo realizaron los peritos y personal del Semefo que ese día subía a realizar la diligencia en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac.
En la zona existe una pugna entre un grupo de civiles armados autonombrados policías comunitarios de Zapotitlán Tablas y pobladores de San Pedro Huitzapula. La situación ha dejado una serie de asesinatos y desapariciones en esa ruta.
El laboratorio clandestino de metanfetaminas localizado e incautado el fin de semana en Tecpan presenta una afectación económica a la delincuencia organizada de 88 millones de pesos, informó el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.
En el reporte de acciones relevantes del seis, siete y ocho de marzo, destacó la localización del laboratorio en el poblado de La Cuadrilla, con una afectación estimada de 88 millones de pesos.
“En Tecpan de Galeana, en el poblado La Cuadrilla, Guerrero, elementos de Secretaría de Marina localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 450 kilos de metanfetaminas, 27 mil 100 litros de precursores, 20 mil 162 kilos de sustancias químicas, dos reactores con capacidad de 500 litros cada uno, dos de tiradores con capacidad de 100 litros y material diverso. La afectación económica a la delincuencia organizada es de más de 88 millones de pesos”, informó.
El sábado reportó que 300 kilogramos eran de metanfetaminas y 150 en su proceso de secado, además del aseguramiento de centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, plantas de luz y herramientas para elaborar narcóticos, con una afectación de 309 millones de pesos.
Destacó la detención de Román N, policía municipal de Taxco, quien se encontraba en funciones y contaba con orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra de una joven de la comunidad de Juliantla en 2024.
“En Taxco elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a un servidor público perteneciente a una corporación de seguridad municipal, por el delito de desaparición forzada de personas”, indicó el Gabinete. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).
Roxana Enríquez, Paula Mónaco, Tita Radilla, Yadira Reyna, Margarita del Carmen Zárate, Diana Gutiérrez, Natalia Cordero y Rocío Ruiz, ayer en el homenaje en la UAM-Iztapalapa t Foto: Juan Luis Altamirano
Juan Luis Altamirano
Ciudad de México
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, recibió un homenaje de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por su labor de más de 50 años como buscadora de personas desaparecidas y defensora de los derechos humanos.
El homenaje a la defensora de derechos humanos originaria de Atoyac se llevó a cabo en la sede Iztapalapa de la UAM en la Ciudad de México, donde se reconoció su trayectoria y su lucha en la búsqueda de justicia por el caso de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 por soldados del Ejército en un retén militar, en la época de terrorismo de Estado, también llamada guerra sucia.
La homenajeada expuso que en ese lapso no solamente es la lucha de Tita Radilla, sino de cientos de personas y que debido a la impunidad que existe en el país siguen las desapariciones en México.
“No sólo es la lucha de Tita Radilla, sino que es de cientos de mujeres y hombres, de personas que han estado como familiares de personas desaparecidas buscando a sus seres queridos”, dijo.
Tita Radilla agregó que a más de 50 años de la desaparición de su padre considera que es complicado dar con su paradero, pero tiene el objetivo de encontrar a más personas desaparecidas, pues dijo que “probablemente a él no, pero a otros sí”.
“Porque no vuelva a haber un solo desaparecido más, que las instituciones se hagan cargo de buscarles, de apoyar a las familias. Es una situación gravísima la que se vive en el país”, advirtió.
En la mesa de diálogo sobre la trayectoria de Tita Radilla, la catedrática María del Socorro Damián Escobar informó que las desapariciones forzadas se han intensificado en el país en los últimos años debido a la presencia de los grupos del crimen organizado.
Ante dicha situación, Damián Escobar resaltó la importancia de reconocer la trayectoria de una persona que se ha dedicado a la búsqueda de personas como Tita Radilla, además de agradecer personalmente su labor en la defensa de los derechos humanos.
El doctor en Ciencias Antropológicas de la UAM, Luis Reygadas indicó que si bien representa un homenaje a una trayectoria como la de Tita Radilla, es una manifestación de lucha ante hechos que nunca tuvieron que pasar.
“Sí es un homenaje a una trayectoria, pero también es una manifestación de lucha, de rebeldía, de coraje frente a algo que nunca debió haber sucedido y que lamentablemente está sucediendo”.
Diana Gutiérrez del colectivo Buscándote con Amor, y quien también es hija buscadora, afirmó que Tita Radilla no decidió ser hija buscadora, sino que fue la injusticia lo que la empujó a ese camino.
De igual forma, expuso que Radilla Martínez se encargó con su lucha de transformar la justicia en México, además de asegurar que el país tiene una deuda histórica con la familia Radilla.
“La historia de Tita Radilla, una hija buscadora que convirtió la ausencia de su padre en un motor capaz de mover conciencias, instituciones y leyes en México. Hablar de Tita Radilla es hablar de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos, pero también es reconocer a una mujer cuya lucha ha logrado avances históricos para la justicia y los derechos humanos en nuestro país”.
Margarita del Carmen Zárate Vidal, de la Universidad, expuso que el homenaje se hace bajo el contexto del Día Internacional de la Mujer y que la lucha de Tita se hizo nacional desde Atoyac.
Zárate Vidal mencionó que Guerrero es un estado que representa una ruta estratégica del narcotráfico, además de recordar que la desaparición de Rosendo Radilla se dio en el contexto del terrorismo de Estado.
Natalia Cordero de Fundar mencionó que Tita es fundamental para que el Estado recuerde a las personas víctimas, y que es la mujer que se enfrentó al Ejército con su demanda de presentación con vida de los desaparecidos.
La periodista e integrante del Colectivo Hijos, Paula Mónaco Felipe, descendiente de desaparecidos argentinos, agregó que era el día de agradecer a Tita no solamente como activista sino como mujer y madre.
“Para nosotros Tita es un faro que desde el primer momento y hasta el último día y este instante de hoy sigue haciendo eso, que es irradiar amor y un amor que puso en el debate público la desaparición de personas en entornos rurales, algo que en México no ocurre ni ocurría mucho”, expresó.
Roxana Enriquez, subdirectora de investigación de la Escuela Nacional de Antropología, indicó que el ejemplo de Tita Radilla representa el poder seguir adelante a pesar de las complejidades de la desaparición forzada, ademas de señalar que “si Tita no para, no vamos a parar nosotros”.
Uno de los principales fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, Bernardino Sánchez Luna, murió el 2 de marzo pasado mientras se encontrada sujeto a “reeducación” en la comunidad de Xicotlán, bajo resguardo de la organización que promovió y fundó.
Ocho días después de su muerte ha despertado polémica debido a que mientras medios informativos de Chilapa aseguran que murió “por envenenamiento”, los coordinadores de la CRAC-PF aseguraron en un comunicado que falleció de un paro cardiaco y deslindaron a la agrupación de su muerte.
Sánchez Luna fue detenido el 31 de octubre del año pasado después de un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Ciudadana de la CRAC-PF y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera.
Los integrantes de las dos primeras agrupaciones señalaron al grupo de vecinos de Ayahualtempa con los que se enfrentaron, entre los que estaba Sánchez Luna, de tener vínculos con el grupo delictivo Los Ardillos.
Sánchez Luna fue detenido tras el enfrentamiento y desde entonces estaba sujeto a “reeducación” por la CRAC-PF realizando labor social en diferentes pueblos donde opera esa agrupación.
Medios de comunicación de Chilapa, entre ellos Chilapa noticias al día, informaron que el 2 de marzo pasado, “murió por envenenamiento” a las 8 y media de la mañana.
Este lunes, en un comunicado enviado a El Sur, los coordinadores de la CRAC-PF Cornelio Germán Hernández, Juan Pasado Ahuelican, Paulina Rendón Martínez, Miguel Ahuejote Xanteco y José Aurelio Máximo Alonso rechazaron esa versión.
“Se hicieron las investigaciones correspondientes donde falleció y lo que causó la muerte fue la enfermedad que padecía desde años atrás, además nosotros como autoridades damos fe de que sólo se encontraba en proceso de investigación, pero de acuerdo a los careos que ya se habían realizado por usos y costumbres no se le encontró culpa de las acusaciones que se le hacía”.
Refieren que, incluso, “varios grupos delictivos estaban en contra de él por los principios que él tenía y por la fundación de la Policía Comunitaria”.
Bernardino con su hermano David Sánchez Luna, de la comunidad de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, fueron los promotores y fundadores de la CRAC-PF en el 2014 en su pueblo, así como en la colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa. Así como en Ayahualtempa y Tlachimaltepec municipio José Joaquín de Herrera.
Antes, el 10 de mayo del 2006, Bernardino y David fueron detenidos junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla, acusados del asesinato de dos hombres de Zacapexco, una comunidad vecina.
El caso trascendió al movimiento social debido a la lucha que dio su madre Escolástica Luna, quien demostró su inocencia y logró su libertad dos años con 10 meses después.
Escolástica también fue fundadora de la CRAC-PF y destacó porque fue una de las primeras mujeres que participó como policía ciudadana.
Comisarios y habitantes de 14 localidades de Chilpancingo y Leonardo Bravo dialogan con el director de Gobernación del estado, Rafael Julián Arcos y el subsecretario de Asuntos Políticos del Ayuntamiento, Iván Medina en la entrada de Omiltemi t Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Omiltemi
Vecinos de 14 pueblos de la sierra de los municipios de Chilpancingo y Leonardo Bravo (Chichihualco) cumplieron este lunes cuatro días consecutivos con el cierre de las válvulas de la red de agua que surte a Chilpancingo, ubicadas en la comunidad de Omiltemi.
Los pobladores piden platicar con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, para plantearles cinco demandas; la pavimentación de la carretera Amojileca-Jaleaca de Catalán; la construcción de centros de salud, médicos y medicinas; la construcción de escuelas y maestros, así como la reparación de la red de energía eléctrica y de telefonía.
Los manifestantes cerraron las válvulas el mediodía del viernes desde cuando, además, más de 300 vecinos, hombres y mujeres de esas 14 comunidades se encuentran concentrados en la entrada de la localidad de Omiltemi, ubicada a casi una hora al poniente de la capital.
Luego de cuatro días de protesta, el mediodía de este lunes subió a platicar con ellos una comisión de funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, encabezada por el director de Gobernación del estado, Rafael Julián Arcos y el subsecretario de Asuntos Políticos del Ayuntamiento, Iván Medina.
Sin embargo, los inconformes se rehusaron a tomar acuerdos con ellos, les dijeron que quieren hablar directamente con la gobernadora Salgado Pineda y con el alcalde Alarcón Herrera.
Los funcionarios que subieron a platicar con ellos les prometieron que regresarían después con una propuesta de solución, pero no precisaron si subirán la gobernadora y el alcalde, como piden los manifestantes.
El sistema de captación de agua de Omiltemi es una de las tres fuentes principales de abastecimiento de Chilpancingo, junto con la de Acahuizotla y Mochitlán. Además, es la red que abastece el agua de mejor calidad, principalmente para el centro y las colonias del norponiente de la capital.
De acuerdo con datos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), en la temporada de lluvias el sistema Omiltemi llega a enviar de 160 a 180 litros por segundo a la capital.
Mientras que en la temporada de estiaje, como la que apenas inicia, el caudal se reduce a aproximadamente 60 litros por segundo.
Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos el agua
El representante de la comunidad de Chautipan, Luis Salvador Millán denunció que han sido engañados muchas veces y que por eso ahora sólo dialogaran con la gobernadora Salgado Pineda o con el alcalde Alarcón Herrera.
“La sierra se encuentra en total abandono y descuido, ya es tiempo de que nuestras autoridades de Chilpancingo vean de cerca nuestras necesidades. La vida en la sierra es complicada”.
Se quejó de que han sido ignorados, y que el sábado se comunicó con él el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien, en vez de escuchar las demandas, “de alguna forma sentí que me estaba reclamando algo que en realidad no ha hecho”.
Contó que el funcionario recientemente subió a Chautipan y les dijo que esa comunidad era prioridad para la gobernadora, y que quería darles solución a sus necesidades, “pero ahora que me habló (el sábado) me dijo que ya se habían hecho algunos trabajos, pero es falso, no se ha llevado a cabo nada de lo que se comprometió”.
Reprochó: “Eso no lo vemos justo, por eso aquí están las comunidades reunidas con el propósito de que la gobernadora atienda nuestras peticiones”.
Salvador Millán explicó que algunos de los compromisos que hizo Rodríguez Cisneros cuando los visitó y que no cumplió, fueron el inicio de la pavimentación de la carretera, así como mejorar la atención médica, “porque hay casas de salud sin doctor ni medicamento, y hay comunidades que ni casa de salud tienen”.
Denunció que el sábado que le llamó Rodríguez Cisneros le advirtió que están “invadiendo algo que no nos corresponde”, y que él le contestó que también ellos (los funcionarios) “tienen los recursos en sus manos, pero se los agarran y no hacen las obras”.
“Entonces vimos que tenemos el agua en nuestras manos, si ellos tienen el dinero para las obras, nosotros tenemos el agua, si suben a tratar con nosotros y hacen compromisos formales, serios y con responsabilidad, abrimos las válvulas”.
Pidió a los funcionarios que no teman, “si sube la gobernadora no pasará ningún problema, nosotros nos vamos a sentar a dialogar con ella con respeto, pero queremos compromisos formales; si ella nos promete una obra que nos diga la fecha, porque ya no queremos entregar más documentos y que se los lleve y por allá los arronce, eso no se vale”.
Informó que además de su carretera piden mejoramiento del servicio de salud, porque de las 14 comunidades que se están manifestando al menos 10 tienen casas de salud pero sin médicos ni medicamentos, las otras cuatro comunidades ni casa de salud tienen. “Además, hay casas que ya está muy deterioradas”.
Relató que cuando alguien se enferma tienen que bajar hasta Chilpancingo “y es complicado sobre todo cuando tenemos que hacerlo a deshoras de la noche”.
“No es tan fácil porque por acá no hay trabajo, eso queremos que entienda el Gobierno, no hacemos esto porque queremos violencia, sino porque queremos que se resuelvan nuestras necesidades pacíficamente, sentarnos a platicar con las autoridades y que de verdad hagan algo por nosotros”.
Otro de los problemas, dijo, es el deterioro en que se encuentran las escuelas, y otras en las que no hay maestros, “hay comunidades que hace años que están solicitando telebachillerato, otras que necesitan telesecundaria y no reciben respuesta”, reprochó.
“Hay escuelas primarias que sólo son casitas de madera, no son seguras para los niños porque en tiempo de lluvias se mojan. Ya es justo que a estas alturas tengan una escuela bien construida y equipada”.
Reprochó que a la sierra no ha llegado la transformación, “al contrario, vemos que día con día en nuestras comunidades van aumentando las necesidades”.
Advirtió que por ello esta vez se van a mantener movilizados hasta que vean que hay compromisos serios de las autoridades.
“No hicimos esto pensando en que vamos a salir derrotados, tenemos que sacar una respuesta, porque tenemos derechos como ciudadanos mexicanos y vamos por esos derechos y por lo que nos toca”.
En la sierra no hay una sola obra
Un representante de la comunidad de Jaleaca de Catalán, Diego Memije informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sabe las condiciones en que está el camino, porque ha visitado Jaleaca y hasta se ha comprometido con su rehabilitación, “pero no ha cumplido”.
Dijo que de las comunidades de Chilpancingo que participan en protesta están Amojileca, Jaleaca de Catalán, Omiltemi, Chautipan, San Vicente, Aguajitos, Cuapango, Fresnos y Risco de Oro, que son las que se beneficiarían con el arreglo de la carretera.
Aunque también en la protesta, en el plantón hubo gente que dijo vino de Tierra Colorada, del municipio de Leonardo Bravo.
Declaró que como en casi todas las comunidades de la sierra, en Jaleca que tiene unos 10 mil habitantes tienen problemas en el servicio de la atención médica por la falta de médicos, enfermeras y dentistas.
“Hay varias comunidades cercanas que ocurren a Jaleaca, y si no tenemos estos servicios hay que trasladarnos a Chilpancingo y con las carreteras en el mal estado que tenemos no es fácil”.
Contó que igual pasa con el servicio educativo, “no hay maestros y las escuelas están en malas condiciones; son escuelitas de madera en las que les cae la lluvia a los niños”.
Agregó que piden, además, que se mejore la red de energía eléctrica “porque tantito corre el aire, se va la luz y hay postes caídos”.
Diego Memije declaró que igual tienen un mal servicio de telefonía; “a veces nos pegamos el teléfono al oído y pensamos que quien no está hablando nos está escuchando, pero estamos hablando como tontos, solos, porque se cortó la línea”.
Advirtió: “Si no se nos cumplen estas peticiones nos iremos más adelante y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y las válvulas van a seguir cerradas, no habrá agua para Chilpancingo”.
Dijo que están conscientes de que los ciudadanos de Chilpancingo necesitan el agua, “pero también nosotros necesitamos que nuestras peticiones se cumplan; la sierra es el mantenimiento de las ciudades y, sin embargo, estamos mal en agricultura, en ganadería, nos tienen olvidados completamente, así es que si no nos hacen caso no nos vamos a quitar, al contrario, vamos a avanzar”.
Declaró que ya es justo que le hagan caso a la sierra donde “no hay una sola obra que se haya hecho por parte del del Gobierno del estado, ni del Ayuntamiento”.
Otro de los manifestantes, Eliseo Jiménez, también de Jaleaca de Catalán, denunció que el problema es el desvío de los recursos destinados para la sierra.
“Por eso queremos respuesta y que las obras se empiecen a la voz de ya, no podemos esperar más tiempo, hay enfermos que se necesita trasladarlos en la noche y no se puede por el camino que se encuentra muy feo”.
Trabajadoras de la CICAEG se manifestaron ayer por el Día Internacional de la Mujer t Foto: Jessica Torres Barrera
Unas 40 trabajadoras de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) exigieron plazas bases para quienes llevan más de 15 años en el servicio, cese del hostigamiento laboral y que las áreas de trabajo sean seguras, ante daños que presentan partes del edificio.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las trabajadoras protestaron con una caminata en la banqueta de las instalaciones de CICAEG, en la avenida Ruffo Figueroa, así como pegaron cartulinas con leyendas de protesta en la fachada.
“Las Mujeres nos merecemos respeto, oportunidades y reconocimiento”, “entornos laborales libres de hostigamiento y acoso laboral”, “merecemos instalaciones seguras para trabajar” y “nuestra amistad, nuestro compañerismo es un acto de resistencia en el mundo que nos quiere divididas. Tu voz importa”, señalaron.
En consulta, Elizabeth Javier Reyna indicó que enviaron un oficio a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para que les permitan participar en los procesos de escalafón, y el director de Personal del gobierno estatal, Óscar Francisco Herrera Vázquez, les respondió que ellos no dan las bases de la comisión, que las bases las da CICAEG.
Llamó a tener sensibilidad ante la injusticia que enfrentan, porque ven cómo llega personal nuevo que reciben plazas, incluso con base.
“Nosotras también apoyamos a la gobernadora y nos dicen que somos lista de raya, de un organismos no centralizado”.
Señalaron que CICAEG dio de alta en el IMSS a trabajadores de lista de raya, pero con el salario mínimo, con el aviso de que sería por un corto tiempo y ya pasaron tres años, así como los directivos responden a sus oficios con más preguntas.
“La mayor de las trabajadoras cumplimos 18 años trabajando. Nos dicen que no se pueden, nos dicen que las bases son para el SUSPEG”.
Plantearon tres demandas concretas: instalaciones dignas y seguras, bases para los trabajadores con más de 15 años de servicio y una regularización de seguridad social con el salario real.
Consideraron una violencia institucional que el director de CICAEG, Martín Vega Gonzalez, no responda a los oficios que presentan, “ya casi termina el gobierno de Morena y no hay solución”. Las inconformes también denunciaron hostigamiento por parte de la jefa del área de Finanzas, Xitlali Sevilla Sánchez, así como de la secretaria del director, Tania Hernández, que las han cambiado de área sin aviso previo y les niegan permisos. (Lourdes Chávez /?Chilpancingo).
En la campaña de toma de muestras biológicas de ADN y aplicación de cuestionarios Ante Mortem (AM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, se presentaron denuncias estatales de casos ocurridos desde 2012 así como víctimas recientes, por las que fueron difundidas nueve fichas para localizar a víctimas de Iguala y Taxco.
Esta primera jornada del año realizada mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la Coordinación general de Servicios Periciales, se desarrolló la semana pasada del 2 al 6 de marzo con miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, mientras que esta semana, del 9 al 13 de marzo, se hace con los del colectivo Independiente de Personas Desaparecidas de Iguala.
La actividad desarrollada en la sede regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en la calle Juan Álvarez del centro de la ciudad, es de recepción de denuncias mediante las que la Fiscalía de Guerrero inicia carpetas de investigación; toma de muestras biológicas de sangre, aplicación de cuestionarios AM, recepción de datos para fichas de búsqueda, atención psicológica y contención emocional.
En declaraciones ofrecidas por teléfono el presidente del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Joel Díaz Díaz, informó que durante esta primera campaña del año, la Fiscalía estatal recepción denuncias de casos que solo estaban federalizados, es decir, que desde la fundación de este colectivo en 2014 solo habían presentado sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la falta de confianza que había entonces con las autoridades en el estado.
Informó que derivado de estas denuncias que ahora se hacen con la Fiscalía estatal es por lo que se están emitiendo fichas de búsqueda de víctimas de desaparición desde 2012 y algunos casos recientes ocurridos en este año.
Asimismo, dijo que la intención de estas campañas es que las denuncias de estos casos estén ahora en el fuero común, además de que con las tomas de muestra genética se pueda hacer el cruce de los perfiles con la base de datos de los cerca de mil 200 cuerpos que se tienen bajo resguardo en el cementerio forense y las morgues en el estado.
Díaz Díaz, uno de los fundadores de Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien ya logró recupera a su hijo desaparecido mediante estas búsquedas, dijo que la intención es que se haga la comparativa genética para identificar los cuerpos en resguardo del estado, luego de que no dieron positivo con la base que tiene la FGR, de los cuerpos que este colectivo y otros han recuperado de fosas clandestinas de Iguala y municipios vecinos, desde 2014.
Derivado de esta primera campaña en el año para recopilar denuncias de víctimas de desaparición, la Fiscalía estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) difundieron fichas de búsqueda de al menos ocho casos ocurridos entre 2012 y 2026 en Iguala y Taxco.
Entre las víctimas de Iguala aparecen los casos más recientes denunciados, el joven Jorge Omar Nava Gallardo, de 21 años, desaparecido el 10 de marzo del año pasado, y Neicer Julián López Domínguez, desaparecido el 15 de septiembre de 2023 cuando tenía 18 años.
Asimismo, Uber Ruiz Suazo, de 51 años, desaparecido el 28 de octubre de 2012; Iván Valencia Ochoa, desaparecido el 23 de mayo de 2013, quien tendría 42 años de edad; Daniel Salazar Alvarado, desaparecido el 1 de marzo de 2013, quien tendría 39 años en la actualidad; Herminia Ríos Bahena, de 51 años, desaparecida en la localidad de El Tomatal, el 2 de abril de 2014, y Roberto Carlos Nava Torres, desaparecido el 18 de septiembre de 2018.
Mientras que de Taxco se reportaron las desapariciones de Jesús Ynacio Díaz Victoria, de 73 años, quien desapareció el pasado 9 de febrero de este año, de quien se indica que como seña particular no tiene el ojo derecho y tiene los dos dientes frontales color plata; así como Víctor Manuel Villamil Vázquez, desaparecido el 1 de diciembre de 2012, cuando tenía 26 años
Una mujer de la localidad de Omiltemi espera la llegada de un doctor en la entrada de la casa de salud de esta comunidad en la sierra del municipio de Chilpancingo, donde vecinos denunciaron que sólo cada 15 días va una caravana de salud pero sin medicamentos t Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Omiltemi
Desde septiembre de 2024, después del impacto del huracán John les tiró su centro de salud, pobladores de Omiltemi, ubicado en la sierra del municipio de Chilpancingo, vienen solicitando ante distintas autoridades la construcción de un nuevo inmueble, sin que hayan tenido respuesta.
Tampoco ha tenido respuesta a su demanda de un médico y una enfermera permanentes, así como la dotación de medicamentos para que se atiendan los 250 habitantes de esta localidad, denuncio el comisario municipal, Federico Morales Tolentino.
El representante del pueblo informó que fueron los habitantes quienes construyeron su centro de salud y mediante cooperaciones voluntarias surten los medicamentos, mientras que una caravana de médicos y enfermeras los visita, a veces, cada 15 días.
El centro tiene paredes de tablas y techo de lámina galvanizada, se abre cuando de forma esporádica llega la caravana de médicos y enfermeras para atender a los vecinos de sus padecimientos, sobre todo por resfriados y a las mujeres embarazadas.
El mediodía de este lunes, una mujer con su hijo de meses en brazos esperaba afuera del local cerrado a que llegaran los médicos de la caravana, pues ese día les tocaba ir a la comunidad.
“Yo creo que irían a almorzar porque la casa está cerrada, los voy a esperar”, explicó la joven mujer, quien dijo que desde el domingo su bebé tenia mucha gripa y tos, pero hasta este lunes lo llevó al médico porque llega la caravana.
La suplente del comisario municipal, Alma Delia Millan, dijo que además de la falta de médicos, enfermera y medicamentos, a los vecinos les preocupa el deterioro del centro de salud, que fue hecho por los propios vecinos, debido a que el anterior se vino abajo durante el huracán John.
“Nosotros construimos esta casita, con nuestros propios recursos, porque del gobierno no hemos tenido nada”.
Explicó que el local, de unos cuatro por cinco metros, les sirve, aunque sea cuando viene la caravana, “que si bien dan consulta, no traen medicamentos, nomás nos llenan la receta y tenemos que irlos a comprar hasta Chilpancingo. Se supone que lo que uno quiere es que haya medicamentos”.
Pidió al gobierno estatal que les reconstruyan su casa de salud y, sobre todo, que haya de manera constante un doctor, enfermera y medicamentos, “porque no podemos esperar hasta a los 15 días”.
Alma Delia explicó que en esta temporada hace mucho frio, mucha gente se enferma de gripa, tos, calenturas, vómitos y diarreas, pero que ni para eso tienen medicamentos y la mayora se tienen que ir a Chilpancingo.
Declaró que, en septiembre pasado, cuando pasó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rumbo a Jaleaca de Catalán, le entregaron un oficio en el que le pidieron la construcción de su casa de salud, la autorización de un médico y enfermera, así como la dotación de medicamentos, pero que no recibieron respuesta.
A su vez, el comisario municipal, Federico Morales Tolentino, mostró un oficio del 20 de febrero pasado, en el que, ante la falta de respuesta del gobierno estatal, se pide la intervención del diputado del distrito 01, Héctor Suárez Basurto.
En el documento le solicita su apoyo para la construcción de la casa de salud, “con su respectivo equipamiento que se requiere, como también el medicamento necesario, ya que es una necesidad muy primordial para los ciudadanos”. Sin embargo, no ha tenido respuesta.
Otro oficio se lo envió en los mismos términos la anterior comisaria municipal, Alma Delia Millán, y a la ahora ex presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, pero tampoco tuvo respuesta.
Omiltemi es una comunidad que se encuentra a casi una hora de Chilpancingo, pero por las malas condiciones del tramo carretero de esta localidad a Amojileca, a los vecinos se les hace difícil el traslado de sus enfermos a la capital, sobre todo en la noche.
El vocero del Movimiento por la Dignidad y Resistencia del Pueblo de Petacalco, en el municipio de La Unión, Jesús Campos Albarrán, calificó como una “burla” y una falta de respeto la cancelación de la campaña de detección de cáncer, que personal del Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) y la Secretaría de Salud de Guerrero realizarían en esta localidad.
Campos Abarrán recordó que Petacalco es una población impactada por la contaminación ambiental debida a la emisión de cenizas de la central termoeléctrica, Plutarco Elías Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 17 de febrero pasado, el asesor legal de esta agrupación se reunió en Chilpancingo con funcionarios de la CFE, así como de distintas dependencias federales y estatales, para darle seguimiento a la reunión que estaba pendiente desde el 19 de noviembre del año pasado.
Durante esa reunión, se pactó una campaña de revisión ginecológica para las mujeres de Petacalco, la cual estaba programada del 9 al 13 de marzo, pero las autoridades de salud estatal pusieron la condición de que los pobladores debían de cubrir los viáticos, que consistían en pagarles el combustible, el hospedaje y la alimentación a los médicos y enfermeras que iban a asistir.
Vía telefónica, Jesús Campos denunció que pese a que las mujeres de la comunidad ya se encontraban organizadas, incluso dispuestas a realizar “boteos” en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas y en la autopista Siglo 21 Morelia-Lázaro Cárdenas, para costear la alimentación y hospedaje del personal médico, las autoridades estatales suspendieron la jornada sin ofrecer una explicación oficial ni alternativa.
Campos Albarrán señaló que la noticia cayó “como un balde de agua fría”, en especial tras conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, “las mujeres se pusieron serias y enérgicas, porque esto es una mentira. Me decían: ‘miren el premio que nos da el gobierno del estado’”, relató.
Enseguida, aseguró que en Petacalco la incidencia de enfermedades oncológicas es alarmante y que una campaña de este tipo no se ha visto en años en ese poblado, ni en ninguna de las otras nueve comunidades afectadas por la contaminación atmosférica que provoca la termoeléctrica.
Explicó que ni el Ayuntamiento de La Unión ni los diputados locales atendieron las gestiones de apoyo, por lo que la comunidad había asumido la logística de manera independiente, “estábamos esperando para encargarnos de los alimentos y ver en qué más ayudarlos. Las señoras estaban puestísimas”, lamentó.
Aunque el malestar es generalizado contra la Secretaría de Salud, el líder pesquero deslindó de esta decisión a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, atribuyendo la cancelación a la dirección del Instituto Estatal de Cancerología o a mandos administrativos.
“Lamentamos mucho que sea decisión de la doctora de Cancerología, Irma Carrillo, que fue la doctora con quienes nosotros hablamos o del director de la institución. Yo creo que de esto no sabe la gobernadora, pero esto molestó y mucho aquí a la comunidad, porque hubo tiempo de avisar y la gente estaba dispuesta hasta salir a botear a las carreteras con tal de que vinieran esos doctores”.
Ante la falta de respuesta, el dirigente adelantó que el próximo jueves tendrán una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos, de la Secretaría de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ángel Almazán para definir las acciones a seguir.
Advirtió que el ánimo en Petacalco es de protesta social, “las mujeres querían que hoy mismo (lunes) nos manifestáramos o nos paráramos en la puerta de la termoeléctrica temprano. Hay gente que dice que, si no nos hacen caso, los enfermos nos vamos a encadenar, y yo soy el primero”, sentenció Campos Albarrán, quien recordó que él mismo padece problemas de salud derivados de la situación ambiental en la zona.
Luego, hizo un llamado urgente a la gobernadora para que intervenga y se reagende la jornada médica, pues el cáncer “no espera” y sigue cobrando vidas en una comunidad que se siente abandonada por el sector salud estatal, “también queremos pedirle la destitución de quien tenga la responsabilidad de haber cancelado este beneficio, que iba a ser para las mujeres no sólo de Petacalco, sino también de las otras nueve comunidades afectadas”, apuntó.
