Luis Blancas

Chilpancingo

El contralor interno del Ayunta-miento, Erick Javier García Ocampo, informó que 45 funcionarios del gobierno del perredista Antonio Gaspar Beltrán fueron inhabilitados por un año de la función pública, por no presentar la declaración patrimonial de conclusión del cargo.
En conferencia de prensa en el Palacio Municipal, indicó que entre los sancionados están la ex secretaria general, Anacleta López Vega, la ex directora de Ecología, Perla Juárez Moreno, la ex secretaria de Desarrollo Urbano, Sandra Dolores Almazán Alcaraz, la ex directora de Recursos Humanos, Mariana Teresa Delgado Adame, y la ex directora administrativa de Obras, Irais Jacqueline Vélez Pacheco.
Los ex regidores Oscar Armando Garibay Valedez, Adolfo Calderón Nava, la ex directora de Recursos Humano, Maria Teresa Delgado, ex directora de Licencias Comerciales Veronica Selena Benítez Díaz, ex director de Recursos Naturales y Ecologia Carlos Alberto Nicolas, ex directora de Actividades Cívica, Martha Imelda Cuenca Vélez, ex director de Ahorro de energía, Ricardo Arturo Rodriguez y la ex directora de turismo, Brenda Denisse Carbajal Rojas.
Explicó que estos ex funcionarios no pueden estar al frente de algún cargo en el gobierno del municipio, estatal y federal durante un año y si lo hacen, la Contraloria Interna da parte a la Contraloría del Estado y después a la Secretaría de Función Pública para destituir a los que están procesados, por no presentar la declaración patrimonial de conclusión del cargo.

Auditorías al relleno sanitario

García Ocampo comentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó auditorías a 50 obras públicas, que en el caso de la celda número 3 en el relleno sanitario del cerro de Huiteco, que tuvo un costo de más de 9 millones de pesos, detectaron irregularidades con daños estructurales y agrietamientos, no tenía estudios de suelo y de construcción, causó daños al medio ambiente y no opera porque no está en óptimas condiciones.
Indicó que por estas irregularidades hay actas administrativas y de investigación por abuso de funciones, peculado, encubrimiento de servicios públicos, contra el ex alcalde Antonio Gaspar, la ex síndica Vianey Castorena, el ex secretario de Finanzas Wilibaldo Valente, la ex secretaria de Obras, Ana Dilcia Romero, el ex director de Obras Sabi Ortiz Díaz y la ex directora de Ecología, Perla Lilian Juárez.
Mientras que en el comedor comunitario de Santa Rita, que tuvo un costo de un millón de pesos, también hubo irregularidades que se están investigando.
García Ocampo añadió que en esta administración están siendo investigados siete titulares de secretarías, dos subsecretarios, dos coordinadores de área, cuatro administradores de área, personal administrativos y operativos por abuso de autoridad, acoso laboral, abuso de funciones, acoso sexual e incumplimiento de sus funciones, “se esta atendiendo el primer acoso sexual de una mujer hacia un hombre”.
Detalló que les llegó el requerimiento 881 de la ASF, en la que ya fue notificado el ex alcalde Gaspar Beltrán, que en su periodo no comprobó la cantidad de 165 millones 924 mil 291 pesos, dinero que pertenece a la federación, mientras que también el ex alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena le llegó un procedimiento de que no comprobó a la federación 10 millones de pesos, por lo cual se iniciaron los requerimientos para que el ex funcionario atienda el proceso.
Recordó que cuando llegó a la Contraloría Interna no encontró registros, antecedentes, auditorías financieras y expedientes y sólo 200 procedimientos administrativos re-zagados desde una década. Tampoco hallaron expedientes en la entrega recepción, “no se le dio seguimiento oportuno, quiero pensar que hubo encubrimiento de funcionarios de la administraciones pasadas”.
García Ocampo reiteró que la Contraloría Interna “no tiene la misión de meter a Gaspar Beltrán a la cárcel, no es una institución de persecución política y las instancias correspondientes son las encargadas de deslindar responsabilidades”.
Por último la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez dijo que estás investigaciones no son cacería de brujas, sino para cuidar su gobierno para que no haya irregularidades al interior de su administración y ayudará a mejorar el desempeño de sus funcionarios.