Hoy comenzarán las actividades del 91 aniversario de la escuela con la exigencia de presentación con vida de sus compañeros y para reforzar el plantón de los padres de los normalistas en la Ciudad de México frente a la Procuraduría General de la República (PGR).
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tiene 12 alumnos asesinados, siete en manos de policías, además 50 lesionados de los cuales 15  tienen secuelas o daños permanentes, además de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos.
En el recuento de los caídos cada año, los estudiantes recuerdan que el 12 de octubre de  1988 fue asesinado a balazos por policías estatales  Juan Manuel Huikan Huikan, de la Normal Rural de Campeche, en una jornada de lucha en contra de la desaparición del bachillerato pedagógico en el periodo del gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
En un desalojo policiaco a balazos, el 12 de diciembre fueron muertos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús;  fue el primer caso donde la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) documentó graves violaciones a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, tortura y tratos inhumanos. No hay detenidos ni responsables de aquellos hechos.
La normal también reivindica la demanda de justicia por el homicidio de tres estudiantes en la carretera de Coyuca de Benítez que fueron arrollados por un tráiler el 7 de enero 2013. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que este proceso sigue abierto y en investigación.
Hace dos años y medio, los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala alcanzaron resonancia internacional y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como medida cautelar para las víctimas. Provocó la separación del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, aunque hay más de 100 de detenidos, ni uno ha sido sentenciado con responsabilidad material o intelectual de los hechos.
En un contexto de agresiones y un ambiente enrarecido por la impunidad  y la violencia en Guerrero, otros dos estudiantes fueron asesinados con balazos en la cabeza  el 4 de octubre de 2016, Jonatán Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro. La línea de investigación es que se trató de un asalto a mano armada donde fueron asesinadas otras personas. Los normalistas así como los abogados defensores consideraron que la agresión va más allá de los implicados que están en proceso.
En la acciones de lucha por la aprobación de la matrícula de nuevo ingreso y plazas docentes de cada año —que por estrategia aumentan en intensidad al paso de los meses— habían ocurrido desalojos con uso excesivo de la fuerza pública, pero el más recordado por la base estudiantil es del 14 de noviembre de 2007.
La magnitud de ese movimiento se comparaba con un movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en el estado vecino. Frente al Congreso de estado, El Sur documentó que policías de Chilpancingo dispararon sus fusiles automáticos mientras perseguían y golpeaban a  egresados y alumnos en un intento por “rescatar” a un agente de Gobernación del estado que espiaba a los normalistas. Hubo gases lacrimógenos, toletazos y denuncias de vejaciones. En ese entonces el gobernador era Zeferino Torreblanca Galindo.
Fuentes estudiantiles indicaron que del año 2000 a la fecha hubo 50 estudiantes lesionados, 15 personas con heridas y lesiones permanentes como amputaciones de dedos. Es el caso de cuatro jóvenes en los hechos de Iguala.
En el desalojo de 2011, Édgar David Espíritu Olmedo sufrió impactos de bala en el pecho y se lesionó permanente un pulmón, es profesor y trabaja con esta discapacidad que modificó su alimentación y su vida.
Un antecedente histórico de esta tradición de lucha es el movimiento popular y estudiantil de 1960 que culminó en la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el abogado Vidulfo Rosales detalló que en ese periodo eran normalistas Lucio Cabañas, Carmelo Cortés y Desidor Silva, quienes luego formaron parte del Partido de los Pobres (PDLP), por lo que han tenido, durante décadas y hasta la fecha, el estigma de guerrilleros.