Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Como todos los sábados, el 3 de junio de 2017 Marcela de Jesús Natalia se presentó muy temprano a conducir sus programas en la estación de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en el centro de Ometepec. Era un día especial para trabajar: cumplía 54 años. Después de las nueve de la mañana, terminó sus actividades, salió a la calle y vio a un joven sentado en la baqueta que, en segundos, se levantó y le apuntó con una pistola.
Marcela, indígena ñomndá y activista de derechos humanos, escuchó dos balazos. Del tercero no se enteró. El primero iba hacia su frente, pero alzó el brazo derecho y la bala impactó cerca de la muñeca. El segundo tiro le atravesó el lado izquierdo de la boca. El tercero se incrustó en su sien izquierda.
Quedó tirada en el piso, frente a la puerta negra abierta de la radiodifusora. Protección Civil del municipio la trasladó al Hospital General de Ometepec. El entonces alcalde, Omar Estrada Bustos, solicitó al gobierno estatal que la llevaran en helicóptero al Hospital General de Acapulco. De otra forma no sobreviviría.
Las investigaciones del MP de Ometepec, cuenta Marcela, hallaron que los autores intelectuales pagaron 50 mil pesos para asesinarla y que contrataron a un ex policía municipal. Éste, a su vez, pactó el crimen con su sobrino, Irving Ricardo, quien se asoció con otra persona que, al final, se rehusó a participar en el atentado. Fue el tercer involucrado, que se entregó a las autoridades por miedo. Así se logró la detención de Irving y de su tío. Los tres fueron sentenciados y cumplen condena en Acapulco.
Esta información se la leyeron a Marcela en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que inició la averiguación pero no la concluyó. Ella lo lamenta porque, enfatiza, los autores intelectuales siguen libres. No estuvo presente durante el proceso judicial, en Guerrero, porque su condición de salud era crítica. Una hermana declaró por ella.
La recuperación fue larga, cansada, dolorosa. Su mandíbula quedó despedazada. Pasó largo tiempo para que recuperara la voz. Aprendió de nuevo a caminar, a mover los brazos. A comer. Por tres meses se alimentó con ayuda de una sonda. Ocho meses comió sólo papillas. Pasaron siete meses para que lograra dar sus primeros pasos. Dos años más, para que su caminar mejorara; se caía. La bala que entró en la sien derecha cortó el nervio periférico y perdió el equilibrio. Tiene parálisis de ese lado, su ojo no parpadea. Ha enfrentado cinco cirugías. La terapia ha sido fundamental en su rehabilitación.
Como el o los autores intelectuales siguen libres, ella no puede regresar a vivir a Guerrero. Esa es la instrucción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Defensora de derechos humanos y militante partidista
Originaria de Xochistlahuaca, Marcela vivió una larga temporada en Oaxaca. Regresó a su pueblo ñomnda (amuzgo) en febrero de 2004. Enamorada de la radio, acudió a RTG, en el vecino municipio de Ometepec, a solicitar una oportunidad. Le ofrecieron ser locutora voluntaria. Meses después, una persona renunció y Marcela ocupó su lugar. Ganaba 350 pesos quincenales, sin prestaciones. Se mudó a Ometepec.
No le gustaba su situación laboral porque la mayoría en la radio eran empleados supernumerarios o de base. Fue a Acapulco a exponer su inconformidad al director general de RTG y en 2006 obtuvo un nombramiento supernumerario.
La frecuencia de la radiodifusora, 1100 AM, abarca municipios de la Costa Chica. En su espacio –de lunes a sábado de 5 a 9 de la mañana– Marcela hablaba en español y en su idioma indígena. Logró conducir diversos programas donde abordaba derechos humanos, de la infancia, de mujeres, hablaba de discriminación. Su programa infantil se llamaba Cui, we, nndeé (Uno, dos, tres). Explicaba que los indígenas tenían el derecho a elegir su religión y partido político.
Cuando regresó a Xochistlahuaca se topó con autoridades y escuelas indígenas divididas. Decidió apoyar al PRD. En su momento, dice, lo consideró como la única vía para incidir en su pueblo. Fuera de la radio hizo proselitismo a favor del PRD, sin abandonar su compromiso como defensora de derechos humanos. Era la traductora para indígenas amuzgos en los MP y juzgados.
La situación en zonas indígenas, expone, es altamente violenta, y es peor para quienes no militan con el partido que gobierna. A Marcela, por ejemplo, le aventaban lodo, la apedreaban.
Siendo locutora, descubrió que había “convenios” de la radiodifusora con políticos. Despensas y sobres de dinero para empleados. En las elecciones de 2005, en su programa, invitó al público a ejercer su derecho a votar. “Me llamaron fuertemente la atención”, recuerda. El presidente municipal la acusó de hacer proselitismo a favor de un partido. Eso, asegura ella, no ocurrió.
Años más tarde, el gobernador priista Ángel Aguirre la designó gerente de la radio. El apoyo de Marcela al PRD continuaba y su popularidad, gracias a la radio, iba en ascenso. En la historia de más de dos décadas de RTG en Ometepec, ninguna persona indígena había ocupado ese cargo.
A varios, cuenta, les molestó su nombramiento. Ya en funciones, tomó decisiones que no gustaron a todos, como cancelar un noticiario cuyos conductores hacían proselitismo en favor de alcaldes. En una ocasión algunas personas tomaron la radio, exigieron su renuncia, pero Marcela continuó en el puesto.
La presunta autora
intelectual del ataque
En las elecciones de 2015, en Xochistlahuaca, Marcela apoyó la candidatura de Aceadeth Rocha Ramírez, del PRI y actual presidenta municipal; ocupa el cargo por tercera vez. Su esposo, Efrén Adame Montalván, también fue presidente municipal de Xochistlhuaca igual número de veces. Opositores políticos y medios acusan a Rocha y Adame de haber forjado un cacicazgo en la zona.
Aquel 2015, recuerda Marcela, Rocha la buscó. La locutora sufrió un desaire por parte de compañeros perredistas. Las dos mujeres negociaron. Marcela se comprometió a impulsar a la candidata priista. A llamar a sus simpatizantes a votarla. Por sus diversas actividades, su exhorto tenía peso.
Rocha le prometió, dice Marcela, la presidencia del DIF, y las subdirecciones de Desarrollo Rural y de Obras y una regiduría para su gente. La priista ganó pero no respetó el acuerdo. Marcela cuenta lo que pasó después: Rocha envió a dos personas para convencerla de olvidarse del DIF porque el cargo lo ocuparía alguien más. Le respondió: “Soy mujer de palabra. Se ganó, no quiero más ni menos”.
Se reunió con Rocha antes de la toma de protesta. “Me dijo que yo tenía capacidad de diálogo y que serviría más cerca de ella que en el DIF. Intentó lavarme el cerebro. No me presté”.
Asumió la presidencia del DIF, pero sin acceso a los recursos. Operó en las instalaciones oficiales, mientras Rocha improvisó otra sede que dirigía su hermana; ahí llegaban las despensas y desayunos.
El regidor Mario Martínez Bautista –quien llegó al cargo por la negociación entre Marcela y Rocha–, la ayudó económicamente. Aunque Marcela no tenía un sueldo, se las arregló para comprar despensas.
La tensión, sin embargo, crecía cada día. Institucionalmente, era la presidenta del DIF. Acudía a las reuniones convocadas por Mercedes Calvo, la esposa del gobernador que sucedió a Aguirre, el priista Héctor Astudillo.
La molestia de Rocha iba en aumento porque Marcela no dejó de trabajar. Si se aferró al DIF, era “porque era el lugar donde tenía las herramientas para brindar apoyos a las autoridades”.
Marcela sospecha que Rocha es la autora intelectual de su atentado. Es la primera vez que lo afirma en forma pública: “Era mucha fricción. Se enojó porque me mantuve. Yo estaba enojada porque no cumplió, pero no le reclamé. El poder lo tenía ella”.
Rocha no se atrevió a separarla del cargo, recalca la locutora, por sus seguidores en la radio. La presidenta municipal quería evitar un conflicto público y Marcela nunca imaginó cómo concluirían las cosas dos años después. “Jamás lo vi venir. Uno, porque somos mujeres. Dos, por el contexto: yo la apoyé”.
“No estoy de vacaciones,
estoy desplazada”
Luego del atentado, Marcela insistió a sus familiares que la sacaran del IMSS de Acapulco, a donde había sido trasladada. Estaba segura de que irían a terminar de matarla. Además, los médicos querían enviarla a su casa de Ometepec, sin hacerle ninguna cirugía.
La familia solicitó al gobernador Astudillo una ambulancia para trasladarla al Hospital de Traumatología del IMSS ubicado en Naucalpan, Estado de México.
Inmersa en su proceso de recuperación, el Mecanismo de Protección federal dio refugio a Marcela en un lugar que ella prefiere no revelar. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le proporcionó ayuda de 2017 a 2020.
El 21 de diciembre de 2021 acudió a una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le entregó un escrito con distintas peticiones, entre las que figuraba una mesa de trabajo con la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para plantearle su situación.
La locutora quiere recuperar su casa, su trabajo, su plaza. Sus pagos están suspendidos. “No estoy de vacaciones. Estoy en condición de desplazamiento forzado. No es por mi gusto que no quiera estar en Ometepec”.
A pesar de que nunca renunció, Marcela asegura que recientemente RTG cedió su plaza a un familiar de una empleada de base de la radiodifusora. Se enteró a través de terceros. Nadie se ha comunicado directamente para informarle.
En 2019 celebró su cumpleaños con su familia y mariachis en el lugar del atentado. Su terapeuta le dijo que fue una acción positiva, porque ese lugar, donde alguien quiso imponer la muerte, al final se impuso la vida.
En la elección de 2021 contendió por la presidencia municipal de Xochistlahuaca. El Mecanismo de Protección le autorizó un periodo corto. Dispusieron para ella, primero, cuatro escoltas. Como el clima electoral se tornó violento, agregaron una camioneta blindada y cuatro elementos de la Guardia Nacional.
Perdió. No ayudaron sus dificultades para hablar y el lapso insuficiente para hacer campaña.
A casi cinco años del atentado, Marcela sigue en recuperación. Vivir fuera de Guerrero, comenta, ha sido una batalla. No se acostumbra.
“Yo sigo aquí. Necesito justicia”. El pasado 30 de noviembre, advierte, el Mecanismo de Protección federal le retiró la escolta. “Ahora es más peligroso porque los que se presume que son mis autores intelectuales tienen el poder económico y político para hacerme daño en donde quiera”.
A fines del año pasado, la junta de gobierno del Mecanismo determinó que corre riesgo si regresa a Guerrero. Puede vivir en cualquier otro estado, pero no ahí. “Es un martirio no poder regresar a casa”, murmura.
