El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, reconoció que la violencia entre los pueblos de la sierra está latente e informó que a partir de esta semana regresaron los militares y policías estatales, para resguardar la zona del conflicto que hay entre pueblos del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), en donde conformaron su policía ciudadana.
Álvarez Heredia informó que el gobierno del estado está buscando el diálogo a través de los presidentes municipales, para lograr la pacificación en la zona.
Asimismo informó que investigan aun si fue asesinado Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como lo informó hace tres semanas la coordinación de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo.
Álvarez Heredia fue consultado sobre estos asuntos al término del homenaje e izamiento de la bandera en la explanada del Palacio de Gobierno.
El funcionario informó que la violencia entre los pueblos de la sierra sigue latente, luego de la violencia que estalló en los pueblos de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, en donde el 9 de junio hubo un enfrentamiento en Corralitos, municipio de Leonardo Bravo, en donde murieron tres personas, entre éstas el comisario municipal, además fueron incendiados dos vehículos y tres casas, otras dos casas fueron atacadas a balazos.
Informó que están buscando la mediación para instalar una mesa de diálogo con los presidentes municipales de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo.
En esa zona hay un conflicto porque la policía comunitaria de Tlacotepec acusa a las de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, de reciente creación, de estar vinculada con un grupo delictivo de Filo de Caballos, que no permite el paso en ese pueblo a las urvan del servicio de transporte, a los camiones distribuidores de productos y a los prestadores de servicios que pretenden pasar hacia Tlacotepec. Mientras que los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, que formaron su policía ciudadana, han denunciado que un grupo delictivo de Tlacotepec es el que ha atacado a los pueblos que se encuentran en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos.
“Reconocemos que existe un problema de violencia latente, derivado de la presencia de grupos delictivos que están enfrentados entre sí, pero es necesario que las autoridades municipales como poderes públicos que son, sean los intermediarios para que se pueda concretar un diálogo lo más pronto posible”, dijo.
Álvarez Heredia dijo que por esa violencia que sigue latente en esa zona, ya regresaron después de las elecciones del 1 de julio los militares y los policías estatales, que habían sido enviados y que se habían retirado por la elección del 1 de julio.
Álvarez Heredia informó, también, que siguen en espera de que la policía comunitaria de Tlacotepec se presente a rendir su declaración, con respecto al asesinato de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, para comprobar si efectivamente fue asesinado, como lo informó la coordinación.
El 22 de junio la coordinación de la policía comunitaria informó en Tlacotepec que en una balacera que duró dos días, cerca de la localidad Laguna de Hueyanalco, municipio de San Miguel Totolapan, fue asesinado el 2 de febrero por policías comunitarios El Tequilero.
Pero Álvarez Heredia dijo este lunes que la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue en espera de que los representantes de esa policía acudan a declarar, para saber dónde está el cuerpo de El Tequilero, en caso de que sea verdad que fue asesinado.
Añadió que independientemente de ello, hay investigaciones que se realizan por parte de la Fiscalía para conocer la veracidad de la información.
El vocero en materia de seguridad, informó por otra parte que el domingo fue liberado el ex alcalde perredista de Heliodoro Castillo y ex candidato a alcalde de Eduardo Neri por el partido Nueva Alianza, Mario Alberto Chávez Carbajal. Dijo que fue liberado después de pagar una fianza de 20 mil pesos.
El ex alcalde fue detenido el viernes pasado, junto con dos acompañantes a la salida de Chilpancingo, rumbo a Chichihualco, por la Policía Federal por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.