El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton, el Tribunal Internacional de Conciencia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la admisibilidad de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
La petición también la respaldan Diana Cordero y María Pérez, de la agrupación Kaos en la Red, así como Aníbal Garzón, de Hispan TV.
En su escrito dirigido a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, con sede en Washington, le plantean emitir “de manera inmediata el informe de admisibilidad y fondo a este caso paradigmático”.
En el escrito plantean que Ayutla, donde se encuentra la comunidad de El Charco, es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 81 que integran el estado de Guerrero. Recuerdan que allí, en 1998, la mayor parte de estas comunidades indígenas carecía de los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y teléfono. “Ángel Aguirre era el gobernador interino del Estado de Guerrero, sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, quien solicito licencia como consecuencia de la Masacre de Aguas Blancas”.
Destacan que por eso el 6 y 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco se había convocado a las autoridades tradicionales na savi a la asamblea regional en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, para tratar los temas de proyectos productivos y una propuesta de alfabetización en las comunidades. “Se pretendía convertir la región na saavi, en una región autónoma de facto. El día 6 de junio de 1998, asistieron a esta asamblea representantes de 30 comunidades, todas pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, la asistencia fue de aproximadamente 150 autoridades indígenas, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de México: Ericka Zamora Pardo y Ricardo Zavala Tapia y el activista social Efrén Cortés Chávez.
Pero denuncian que la madrugada del domingo 7 de junio de 1998, efectivos del Ejército Mexicano rodearon la escuela, al frente del operativo se encontraba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, comandante de la 27 Zona Militar, “quienes dispararon a pesar de la rendición y súplica de los desarmados indígenas, quienes salieron con las manos en alto y gritando que estaban desarmados, que no dispararan”.
El escrito detalla que el saldo fue 11 personas ejecutadas extrajudicialmente, siete personas fueron heridas, 23 detenidos que fueron obligados a rendir su declaración ante el Ministerio Público Militar, entre ellos cuatro menores de edad, dos de ellos sin saber leer ni escribir y sólo hablando el na savi, y dos más que apenas entendían el español y apenas si leían y escribían. “Subrayamos que el Ejército mexicano no sufrió daños, mientras una de las personas ejecutadas, Ricardo Zavala Tapia, de 24 años, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, su cuerpo tenía 10 heridas, el rostro deshecho, por una herida provocada por proyectil de arma de fuego a corta distancia; Ericka Zamora Pardo, quién ha señalado, tanto en sus declaraciones en juzgado como en los medios, al general Oropeza Garnica como el responsable de sus torturas”.
Destacan que en su momento varias organizaciones internacionales se manifestaron porque se investigara esta masacre, “incluso la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, se manifestó por una investigación de los hechos”. Pero denuncian que a 16 años de estas ejecuciones extrajudiciales realizadas por integrantes del Ejército mexicano, y a cuatro años de que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ingresó la solicitud de admisibilidad de este caso a la CIDH, no han tenido respuesta.