Urge la diputada de Morena al gobernador a responder a los señalamientos del obispo

 

La diputada local de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, reclamó en tribuna al gobernador Héctor Astudillo Flores que evada confrontar los señalamientos del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien insistió en que las autoridades mantienen pláticas con la delincuencia, y le pidió que le envíe al Ministerio Público para que tome su declaración y se inicien las investigaciones.
Por su parte, en declaraciones la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la priista Flor Añorve Ocampo lamentó las declaraciones del obispo y le pidió que reflexione, después de que llamó al gobierno a dialogar con el narco e insistió en que las autoridades tienen vínculos con ellos.
La diputada se refirió a una declaración que el gobernador dio al noticiero Al Instante de la estación Capital Máxima, con el conductor Federico Sariñana, en la que el mandatario dijo el lunes: “es muy importante también que el obispo sepa que la valoración que tenemos de él, es que es una persona muy responsable y muy sensata, y en esa ruta me quiero quedar. Yo no me quiero quedar en una confrontación pública con él, y creo que a veces esas situaciones son tergiversadas”.
En su intervención, la diputada de Morena expresó que “si viviéramos en un Estado de Derecho” las declaraciones del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, “habrían cimbrado las instituciones de Guerrero, pues sus confesiones y revelaciones generan una gran preocupación para la sociedad guerrerense”.
La diputada de Morena lamentó que el gobernador se pretenda deslindar y no querer entrar en confrontaciones tras los señalamientos del obispo, porque insistió en que no sólo “se trata de declaraciones”, sino que son acusaciones, en cuanto a autoridades mantienen negociaciones “bajo la mesa” con el crimen organizado.
Entonces consideró que “lo menos que debiera ocurrir es mandarle al Ministerio Público para que lo dicho en medios conste en actas y se inicien las investigaciones correspondientes para castigar a quienes estén involucrados en actos delictivos o al menos ser citados para que aclaren cualquier vínculo en los que el obispo los involucre”.

Los políticos no se benefician del dinero del narco

En declaraciones en el Congreso local, Flor Añorve dijo que la función de la Iglesia es “ayudar mucho” a las personas y no dialogar con grupos criminales y rechazó la sugerencia de que el gobierno dialogue con los grupos criminales.
La diputada priista fue consultada por reporteros, pero en tribuna la única que habló del tema fue la diputada de Morena.
Cuando se le preguntó por la por lo dicho por el obispo Rangel Mendoza, quien reveló que se ha reunidos con jefes de grupos delictivos a partir de amenazas a sacerdotes y dijo que se tiene que dialogar con ellos, Añorve Ocampo lamentó que “esa sea la postura de un obispo”.
El religioso también dijo que al gobierno no le conviene terminar con la violencia por los acuerdos que tiene con los grupos criminales, lo que les representa también repartición de dividendos. Flor Añorve afirmó que el gobierno sí está tratando de disminuir la violencia, “nadie que esté en su sano juicio puede pedir que continúen estas situaciones”.
Y afirmó que el narcotráfico, los vínculos y acuerdos entre gobierno y grupos criminales que señaló el obispo no son un negocio para los políticos guerrerenses.
“No creo que deje recursos económicos, finalmente impacta en el asunto económico del estado, puesto que el turismo se aleja”, afirmó la priista e insistió: “Yo estoy segura de que no representa recurso para ningún político”.
Del llamado del obispo a dialogar con los grupos criminales del estado, la presidenta del Congreso local consideró que “no existe esa posibilidad, me parece difícil ¿quién va a querer dialogar y pactar el hecho de que siga habiendo muerte, secuestro y droga?, no entiendo de qué manera puede ser un pacto que beneficie a la sociedad”.
De lo declarado por el obispo Salvador Rangel, la priista consideró que el religioso, “necesita hacer reflexión” y platicar con la gente de su diócesis porque afirmó que “nadie quiere esto”.
Se le recordó también que presidente estatal del PRI Heriberto Huicochea Vázquez dijo que “todos los mecanismos que se puedan ocupar para disminuir la violencia son válidos”, en referencia a lo revelado por el obispo Rangel Mendoza. En ese sentido Flor Añorve solo respondió; “no tengo comentario para lo que dijo mi dirigente, él puede tomar las decisiones, yo simplemente no las comparto”.

Pide el Congreso al gobernador dar seguridad en escuelas para impedir las extorsiones

 

En la sesión de este miércoles, a propuesta del diputado del PRD, Ernesto Fidel González Pérez, se aprobó por unanimidad de votos un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores, a autoridades policiacas y militares para emprender un protocolo de seguridad en planteles educativos y evitar así extorsiones de la delincuencia en contra del magisterio que se desatan cada fin de año en que se pagan los aguinaldos.
El diputado perredista subió a la tribuna para recordar que los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Iguala y Chilapa están en la lista de los más violentos del país.
Explicó que “la radiografía de la violencia en nuestro estado se ha polarizado de tal suerte, que los cambios en los mandos de seguridad pública y del Ejército se han empezado a operar de forma sistemática, como es el caso de la llegada del general de división Germán Javier Jiménez Mendoza”, y atribuyó esos movimientos a que no hay resultados.
El perredista expresó que la estrategia de seguridad en Guerrero ha fracasado porque no existe consistencia en los procesos que implican la depuración, capacitación y profesionalización de las corporaciones policiacas.
“La realidad es que la entidad está pasando por un proceso de inseguridad muy alta, la población vive con un miedo constante por salir a las calles, el ciudadano ya no tiene la libertad de salir a divertirse con su familia ni mucho menos el derecho de mandar a sus hijos a la escuela”, expuso.
González Pérez dijo que sectores específicos han sido hostigados, amenazados, secuestrados y hasta asesinados, desde médicos, burócratas, abogados y hasta mineros; pero indicó que el sector que destaca es el magisterio.
Comentó que la exigencia del “pago de piso” en contra de maestras y maestros son denuncias recurrentes, y como ejemplo mencionó las declaraciones que ha hecho el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, en el sentido de que grupos criminales exigen cuotas a los universitarios.
“Ante ello, las instancias educativas y de seguridad pública han guardado silencio. Hoy no se conoce un plan específico que garantice, que impida que lo servidores públicos del magisterio sean extorsionados por grupos delincuenciales, ni se ha hecho pública una estrategia preventiva de fortalecimiento de seguridad que permita no exponer a los miles de alumnos en sus centros escolares”, advirtió.
Por esta situación propuso un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo para que instruya a las autoridades educativas a que realicen un diagnóstico de las zonas con mayor incidencia de extorsión en contra de maestros y a partir de ahí se elabore un protocolo de seguridad en las escuelas.
También que se establezca una estrategia de coordinación con policías federales, estatales y municipales, así como con el Ejército, para reforzar y garantizar la seguridad de quienes se desenvuelven en el sector educativo.
Su propuesta planteaba realizar patrullajes permanente es las zonas marginadas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, porque “han resentido una espiral de violencia sin precedentes”.
El exhorto fue aprobado por unanimidad de votos.

Falta el Anexo 14

El otro punto, el PRI y el PVEM volvieron a ejercer su mayoría en el Congreso y evitaron que fuera resuelto un exhorto, propuesto por Movimiento Ciudadano, por el que se solicitaría a la Secretaría de Finanzas informar en qué invertirá cada dependencia del gobierno estatal el presupuesto que le será asignado para 2017.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco de Aquino, subió ayer a la tribuna para informar que en el paquete fiscal que presentó el gobierno del estado al Congreso hace falta el anexo 14, en el que debe especificarse en qué invertirá cada dependencia el presupuesto que se le asignará para el próximo año.
Además dijo que tras la aprobación del presupuesto federal la propuesta que presentó el gobierno estatal tuvo una pequeña variación, toda vez que en su proyecto se prevén aportaciones federales al estado y a sus 81 municipios.
Por ello consideró necesario actualizar la propuesta de presupuesto de egresos 2017 que presentó la Secretaría de Finanzas, incluyendo las aportaciones federales que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.
Ante esta situación, en nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto dirigido a la Secretaría de Finanzas para que esta dependencia envíe al Congreso el agregado del paquete fiscal para el ejercicio 2017, en el que se retomen las aportaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
También planteaba la entrega del anexo 14 del proyecto de presupuesto de egresos 2017, que contempla el resumen de la Inversión Pública por Dependencia Ejecutora y Fuente de Financiamiento.
Sin embargo, a la hora de someter a votación la propuesta, los diputados del PRI y del PVEM rechazaron que se resolviera como asunto de urgente y obvia resolución, haciendo valer su mayoría, y en consecuencia se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación.

Otros temas

Ayer los diputados aprobaron los dictámenes de Leyes de Ingresos para los municipios de Cuautepec y Malinaltepec; también las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción que servirán de base a los ayuntamientos de Atoyac, Alcozauca, Apaxtla, Cochoapa el Grande, Cuautepec, Huamuxtitlán, Mártir de Cuilapan y Malinaltepec, para el cobro de las contribuciones sobre Propiedad Inmobiliaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
A propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, se exhortó a la federación a que realice acciones e implemente programas o un plan de manejo sustentable en las Áreas Naturales Protegidas, específicamente en el Parque “El Veladero”, de Acapulco.