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Otra vez bloquean PRI y aliados en el Congreso exhortos de la oposición contra el gasolinazo

Por segunda ocasión las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM en el Congreso hicieron valer su mayoría y bloquearon dos iniciativas de exhorto propuestas por un diputado del PRD y por el grupo de Movimiento Ciudadano para revertir las disposiciones que permitieron el incremento en el precio de las gasolinas.
Ayer el Congreso local celebró cuatro sesiones para desahogar diversos temas, entre estos los que quedaron pendientes el martes pasado cuando diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en contra del gasolinazo, situación que obligó a la Mesa Directiva a suspender la primera sesión del año y trasladarla a este jueves.
Las actividades del Congreso se desarrollaron en medio de un dispositivo de seguridad que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado.
En la avenida de El Trébol, a la altura del monumento a José Francisco Ruiz Massieu, fueron instaladas vallas metálicas y había presencia de policías estatales que vestían playeras blancas y llevaban toletes; lo mismo que en el encauzamiento del río Huacapa, sobre la calle que queda frente al estacionamiento del Congreso; y en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, a espaldas del edificio.
Se confirmó que la presencia policiaca era para evitar protestas ante las marchas que se realizaron ayer en contra del gasolinazo y el anuncio que hicieron el miércoles militantes de partidos de izquierda, activistas, médicos, maestros y luchadores sociales de que tomarían la sede del Legislativo.
Pese a ello, la presencia de los policías y la instalación de las vallas no implicó cerrar las calles, por lo que se permitía el paso de automovilistas y transportistas; además no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.
La sesión estaba programada a la una de la tarde, sin embargo comenzó dos horas y media después, pues no se completaba el quórum necesario para desahogar los temas pendientes del martes.

Propuestas de MC y PRD

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para que emprenda acciones que frenen y eliminen los aumentos en el precio de los combustibles fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017.
La propuesta incluye también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aplique una política fiscal que impida el incremento en los costos de diferentes productos en el mercado como consecuencia del gasolinazo.
En su exposición de motivos, Mejía Berdeja expresó que en una “época de crisis” económica como la que actualmente padece el país, la peor estrategia es incrementar los impuestos, que es lo que sucede con el aumento en el precio de las gasolinas.
“El gobierno federal ha incrementado los ingresos a costa de la población, el gobierno quiere más ingresos pero exprimiendo a la gente. Siguen los gasolinazos en febrero y con eso se confirma la mentira de que con la reforma energética bajaría el precio de las gasolinas, no hay justificación”, expresó desde tribuna.
Movimiento Ciudadano solicitó que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM, que hacen mayoría, lo rechazaron, y en consecuencia fue turnada a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.
De inmediato el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, presentó otra iniciativa por la que el Congreso de Guerrero exhorta a Peña Nieto a que declare suspendidas las disposiciones establecidas en los artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación que dieron paso al gasolinazo.
El exhorto se extiende a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a un amplio acuerdo nacional que defina el marco jurídico que permita diseñar políticas públicas necesarias para reconstruir el modelo de los mecanismos de aprovechamiento de los recursos petroleros.
En su exposición De la Rosa expresó que sabía que el PRI y el PVEM rechazarían su propuesta, y se refirió a la postura del dirigente estatal del tricolor, José Parcero López, quien el miércoles en un comunicado dio a conocer que en la Montaña habrá una marcha en apoyo a Peña Nieto ante las protestas contra el gasolinazo.
“El gobierno lejos de encontrar o buscar la reconciliación le apuesta cada vez más a la polarización.  Estamos claros que es un asunto que sale de la esfera del gobierno estatal y de este Congreso, pero llamamos a la sensibilidad de todos para que el Poder Legislativo asuma la defensa de su pueblo”.
El perredista aseguró que hay otros mecanismos para enfrentar la crisis actual y que podrían aplicarse en lugar de subir el precio en las gasolinas.
En este caso Sebastián de la Rosa también pidió que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM volvieron a imponerse, por lo que fue turnada a comisiones.
Ya en la ronda de intervenciones, la coordinadora parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, reiteró que el incremento en la gasolina es una consecuencia de la reforma energética que, aseguró, sólo beneficia a las empresas privadas extranjeras.
Indicó que es mentira que el gobierno federal no se beneficia con el alza en los precios de la gasolina y que sólo un porcentaje mínimo de los mexicanos resulta afectado con esta medida.
“En esto se denota la falta de conocimiento de la situación de los pobres en el país por parte del Ejecutivo Federal, porque quienes no tienen vehículo son los que más sufren por el alza de los precios de la gasolina y el diesel, los costos del transporte público aumentan, principalmente los de taxis y los de las combis, no se diga los productos de la canasta básica por los altos costos del transporte”, señaló.
Llamó a la unión de “todas las fuerzas de izquierda” con la sociedad civil organizada a fin de rescatar “la riqueza natural de los mexicanos”.
A esa postura se sumó Ricardo Mejía, quien dijo que el aumento en el costo de los combustibles se encamina a la privatización de los hidrocarburos, pues se despeja el camino a la inversión foránea.
“Se busca entregar a los extranjeros nuestras riquezas. Aunado a ello en este sexenio hay un crecimiento desmesurado de la deuda pública del país, esa deuda ha crecido 15 puntos, esto ha generado que hoy el gobierno recurra a la receta de exprimir a la población”.
El diputado del PT, Freddy García Guevara, dijo que el gobierno federal aún no dimensiona el grado de inconformidad que causó la determinación de subir el precio de los combustibles.
Además exigió a la federación que cuanto antes dé a conocer qué estrategia emprenderá para contener los incrementos que se vienen a diferentes productos, principalmente los de la canasta básica.
Refrendó el compromiso del PT para apoyar las movilizaciones de los diferentes sectores de la población, “no nos cansaremos de levantar la voz en contra de quienes quieren beneficiarse de quienes menos tienen”.

Defensa del PRI

En respuesta, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón subió a la tribuna para defender al gobierno federal, y acusó a quienes critican esa medida de asumir una actitud “demagógica y sospechosa”.
Expresó que la liberación del precio de la gasolina es una medida “impopular” pero “fundamentalmente necesaria” para conservar “la salud de la República” y privilegiar el gasto social.
“Los especialistas y el grueso de la academia afirman que esta medida es fuerte, pero postergarla hubiera sido de consecuencias no sólo dañinas sino imprevisibles, tomando en cuenta las constantes variaciones del peso frente al dólar”.
Expresó que extraña la actitud “hasta demagógica, sospechosa, apóstata y populista de quienes engañando al pueblo pretenden distribuir culpas y responsabilidades y erigirse como redentores emergentes de una causa que a todos afecta y a todos golpea”.
Vicario Castrejón explicó que el aumento en el precio de la gasolina no es una cuestión aislada, sino un fenómeno que recorre el mundo, y aseguró que la decisión del gobierno federal fue “dura pero responsable” y que no es consecuencia de la reforma energética o hacendaria.
Antes de su intervención, solicitó que se guardara un minuto de silencio por la muerte del hijo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, quien fuera diputado local y que murió en la madrugada de ayer por un derrame cerebral.

Pide MC justicia por familia asesinada

En la segunda sesión de ayer, que durante la primera hora se desarrolló sin quórum legal, pues sólo había 20 diputados de 24 que se requieren para validar los acuerdos, Ricardo Mejía fijó una postura por el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, de su ex esposo el médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años, ocurridos en Chilpancingo la noche del domingo.
Expresó que si bien el tema de la economía nacional y el gasolinazo han ocupado la mayor atención en el país, uno de los principales problemas al que se enfrentan los guerrerenses es la “violencia imparable”.
“Esta situación de inseguridad sigue preocupando y debe merecer toda nuestra atención. Quiero referirme a la violencia contra universitarios. Hemos venido señalando que la inseguridad afecta  la vida de hombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Guerrero, a alumnos, a maestros o gente de los sindicatos”.
Por ello condenó el crimen en contra de la familia Rosado Cabrera, que calificó como un homicidio “cobarde y ruin”, y que se suma al de otros miembros de la UAG que han sido víctimas de la violencia en diferentes municipios del estado.
Desde la tribuna demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de ese crimen, que se identifique y se detenga a los culpables y se garantice justicia a los familiares.
En las sesiones de ayer se clausuraron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, se nombró a los integrantes de la Comisión Permanente y se instaló el primer periodo de receso, por lo que ahora las sesiones se celebrarán cada miércoles.
La Comisión Permanente quedó conformada por Magdalena Camacho Díaz (MC) como presidenta de la Mesa Directiva; Silvia Romero Suárez (PRD) y Eusebio González Rodríguez (PRI) vicepresidentes; y  Rossana Agraz Ulloa (PVEM) y Jesús Martínez (PT) como secretarios.
Como vocales fueron electos Flor Añorve Ocampo, Héctor Vicario Castrejón y Saúl Beltrán Orozco del PRI; Sebastián de la Rosa y Rosa Coral Mendoza Falcón del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz del PVEM e Iván Pachuca Domínguez del PAN.

Bloquea el grupo Calpulli Tecoanichan los accesos de la Conadepi, la SAI y el Palacio de Cultura




Como medida de presión para que el gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo asuma una postura oficial sobre la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena, ayer cinco integrantes más del grupo cultural Calpulli Tecoanichan se instalaron en huelga de hambre y bloquearon todos los accesos de las oficinas de la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), los de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), y del Palacio de Cultura.
El promotor cultural de música guerrerense, Isidro Ortiz Bernal, mejor conocido como Chilo, se instaló en huelga de hambre en la puerta posterior del Palacio de Cultura; Eusebio Tecolapa Estrada y Felipe Alcaraz hicieron lo mismo en la sede de la SAI y Judith Rodríguez y Emmanuel Reyna en la Conadepi.
“Esperamos que de esta forma logremos que el gobernador nos reciba porque nos interesa escuchar si está dispuesto a ceder las instalaciones del Casino del Estudiante que actualmente se encuentra en comodato al Ayuntamiento para que en este edificio se construya el instituto”, indicó el scretario general del grupo cultural Calpulli Tecoanichan Gelacio Gatica Sánchez.
“Se trata de evitar que los 5 millones de pesos que autorizó la Conadepi desde 2004 no se vayan del estado, que el gobierno del estado asuma su responsabilidad con la preservación de la cultura prehispánica de los pueblos indígenas y que los promotores culturales trabajemos de manera coordinada con las autoridades estatales”, urgió Gatica Sánchez.
Esta acción de protesta en una dependencia federal y dos estatales, que comenzó desde las 8 de la mañana, provocó que decenas de trabajadores no laboraran porque no pudieron ingresar a los diferentes centros de trabajo.
Algunos empleados permanecieron horas sobre las banquetas observando a los huelguistas que colocaron mantas en las puertas.
En este sentido Gatica Sánchez dijo que vía telefónica le informaron que el secretario de Asuntos Indígenas, Crispín de la Cruz Morales, anunció que buscará mediar para que el gobernador Torreblanca Galindo conceda una audiencia a los manifestantes.
“Mientras que el delegado de la Conadepi, Pedro de Jesús Alejandro, nos amenazó que en caso de que no se retiren de sus oficinas los dos compañeros que comenzaron la huelga de hambre en ese lugar, nos atuviéramos a las consecuencias”, aseveró el promotor cultural.
Consultado en la puerta central del Palacio de la Cultura que fue bloqueada desde la semana pasada, Gatica Sánchez –quien comenzó la huelga de hambre este sábado–, señaló que de esta forma es como pretenden obligar al mandatario estatal para que los escuche. “Queremos una audiencia directa con él para explicarle el proyecto porque estoy seguro que sus colaboradores lo único que hicieron fue mal informarlo”, reiteró.
Lamentó la actitud del delegado de la Conadepi y afirmó que cuando formó parte del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, las acciones en las que participó no se caracterizaron por ser pacíficas, ironizó.

Pide el gobernador una prórroga de 10 días a comuneros que bloquean El Chorro




El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo pidió a las 16 comunidades que apoyan el bloqueo del acueducto de El Chorro una prórroga de 10 días para definir qué tramo de la carretera Bajos del Ejido-Tixtlancingo se puede construir este año.
Reunidos en la sala de Cabildo, los inconformes mantuvieron la postura de que no liberarán el paso del agua hasta que vean las máquinas, y exigieron la firma de una minuta porque no quieren que los vuelvan a engañar.
Condicionaron a que se haga una obra de calidad y que abarque varios kilómetros porque ya han esperado mucho tiempo, y que además los vecinos de las localidades sean contratados como peones o albañiles.
Esta reunión fue de seguimiento a la que el lunes encabezó el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, y donde se comprometió a dar –ayer– una respuesta a la demanda.
El coordinador de Enlace del gobierno del estado, Rubén Aguirre Ponce, acudió en representación de Chavarría Barrera, quien informó de la prórroga que solicitó el gobernador porque él quería hacer personalmente el anuncio de la obra.
Por su parte, el alcalde Félix Salgado Macedonio dijo que la respuesta a la demanda era positiva y por ello pidió “humildemente que suelten el agua”, pero la respuesta de los inconformes fue no.
Agregó que los vecinos de El Pelillo y Tixtlancingo que mantienen el bloqueo del acueducto “gozarán de todas las garantías, ustedes tienen toda la razón”, y aseguró que “apuraría” al gobernador para ver si el anuncio se podía hacer antes de los diez días y así evitar que los vecinos de las seis localidades afectadas continuaran si el suministro.
Los poblados que desde el 17 de abril no tienen agua son Ocotillo, Pelillo, Lomas del Aire, Loma Larga, Texca y Zapote, pues Tixtlancingo, el pueblo que exige la carretera, cortó el suministro sin afectar a sus vecinos, por lo que es el único poblado que tiene el servicio.
Esta localidad es apoyada por las comunidades de Valle del Río, Ejido Viejo, Bajos del Ejido, Agua Zarca, Papayito, Tecomapa, Yetla, La Lima, San Juan del Río y colonia San Isidro que esperan conseguir la introducción de agua potable a sus localidades.
El tramo que exigen que se pavimente es de 25 kilómetros y de concluirse beneficiaría a los vecinos de La Lima, Papayito, Tixtlancingo, Agua Zarca, San Juan del Río, Platanillo y Ocotillo.
El coordinador de la Unión de Pueblos de la Región Oriente de Coyuca de Benítez, José Antonio Porfirio Dolores, explicó que el transporte del servicio mixto cobra 20 pesos de Bajos del Ejido a Ocotillo y que por los servicios especiales cobran 500 pesos, el cual piden cuando hay algún enfermo.
Dijo que en la época de lluvias la carretera, que actualmente es de terracería, se vuelve peligrosa porque hay barrancos y el terreno se vuelve lodoso.
En la reunión también estuvieron el alcalde de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz; el director de la CAPAMA, Miguel Angel Castro Salas, y unos 100 vecinos de los poblados afectados.

Denuncian que una obra bloquea el acceso a la playa de Punto Muerto, en Acapulco




Restauranteros y prestadores de servicios de playa del acceso Punto Muerto en el bulevar Las Palmas denunciaron que el condominio en construcción Costa Bambú invade y bloquea probablemente el último acceso a la playa disponible en ese lugar sin contar el que está a un costado del hotel Princess.
Asimismo solicitaron no ser excluidos del desarrollo del Acapulco Diamante.
Los restauranteros solicitaron respeto a los accesos públicos y pidieron que no se desaloje a los prestadores de servicios turísticos que laboran en el área más de 30 años.
Se quejaron porque su gremio ha sido excluido del desarrollo y progreso del área de la Zona Diamante y comentaron que más de 100 familias en toda esta franja turística dependen de su trabajo para subsistir.
El secretario general de la Cooperativa Trece Estrellas, Jesús Chávez López, indicó que el condominio Costa Bambú poco a poco ha invadido un acceso que está estipulado que debe medir 12 metros de ancho.
“Ya se están robando los accesos públicos y nuestra fuente de trabajo, porque aquí viene la gente nativa del puerto que no tiene para hospedarse en esta zona que ya la hicieron exclusiva, ahora vemos que si cierran eso pues nos están matando también a nosotros”, manifestó.
“Hemos visto que en otros lugares del bulevar dejan unos accesos de dos metros de ancho, en los cuales usted no puede estacionar su carro, lo tiene que dejar en la calle, con peligro que se lo roben”, detalló.
Jesús Chávez expresó que su deseo, lejos de seguir siendo desplazados como históricamente ha sido su caso desde que habitaban en el fraccionamiento Copacabana, es que sean integrados al desarrollo de la zona y que el gobierno observe su situación para que puedan dar un mejor servicio al turista.
“Estamos en disposición de cooperar con el gobierno, incluso estamos pagando el uso y goce de suelo en zona federal desde 1990. Nosotros no tomamos el lugar, aquí nos asignó el gobierno de Ruiz Massieu y en ese entonces hicimos un convenio de que se iba a modernizar la zona con una palapa para dar servicios turísticos, estacionamientos y nada de eso ocurrió”, añadió.
“Estos proyectos de Zona Diamante son totalmente excluyentes: llegan, invierten y de una manera fácil consiguen sus concesiones cuando aquí la cooperativa llevamos años solicitando las concesiones y nunca nos las han dado. Además estamos denunciando que se están acabando los accesos públicos a las playas, los están dejando de dos metros de ancho y lo demás lo utilizan para poner sus propios negocios con el consentimiento de las autoridades”, informó.
Expuso que representantes de los propietarios del condominio Costa Bambú, se han acercado a ellos para solicitarles que se retiren, por eso temen ser desalojados por la fuerza.