Economía justa

Carlos Rojas  

Dice el Presidente Fox que el país va por el camino correcto y que su modelo económico es el adecuado para impulsar el desarrollo. Sin embargo, quizá esa declaración, como tantas otras del régimen, tenga como origen la desinformación o la falta de reflexión. En especial, se desconocen las consecuencias sociales de la insistencia en una política macroeconómica aparentemente aséptica, pero que sólo beneficia a unos cuantos y la imposición de un modelo diseñado desde los escritorios de analistas y funcionarios de organismos financieros internacionales, formados en la ortodoxia de las tesis neoliberales.

Tal vez ese modelo, del cual se siente tan orgulloso el Presidente de la República, sea el correcto para algunos grupos de interés económico que son los únicos que han podido sacar ventaja, incluso no sin esfuerzo, de una política que apuesta todo a mantener cifras en apariencia positivas, pero que descuida la calidad de vida de la gente.

Ese proyecto, en efecto, ha sido acertado para las instituciones bancarias y sus accionistas, quienes han obtenido importantes utilidades, pero no por el otorgamiento de créditos que promueva el desarrollo de las empresas o aliente la inversión para crear empleos. En buena medida, los bancos han obtenido jugosas ganancias, en los últimos años, debido a los intereses que reciben cada año del presupuesto para pagar el Fobaproa o por las altas comisiones que cobran a los usuarios de sus servicios, las cuales inexplicablemente están por encima del mercado internacional o de los países de origen de esas instituciones, pero no han sido producto de su trabajo esencial.

Es probable que el Presidente Fox piense que su modelo económico es el que necesita México porque los altos ejecutivos de las empresas privadas o los funcionarios de mayor rango de su administración reciben sueldos más que decorosos, que se cuentan en cientos de miles de pesos, aunque desconozca que casi tres cuartas partes de los trabajadores mexicanos ganan menos de 6 mil pesos al mes, en los casos más afortunados, sin olvidar que alrededor de 50 millones de personas se encuentran atrapadas en la pobreza.

Es posible que el Presidente Fox considere que el país va de maravilla o sea “el más atractivo de la tierra” porque, entre muchas otras cosas, no esté consciente de que el sistema de pensiones y jubilaciones está prácticamente en bancarrota y que se requiere un esfuerzo descomunal, para impedir el estallamiento de un problema social de enormes magnitudes. Porque no sólo hay que corregir el sistema financiero, sino resolver también las míseras jubilaciones que reciben millones de personas que entregaron su vida al trabajo y que ahora de viejos apenas pueden sobrevivir en condiciones inaceptables, prácticamente sin ninguna esperanza.

Es obvio que tampoco nadie le ha dicho al Ejecutivo que con su modelo nuestra economía ha perdido terreno internacional y que por ello México ha dejado de ser el segundo socio comercial del mercado más poderoso del mundo. Aunque ese dato puede parecerle irrelevante pues el principal indicador de la Bolsa de Valores reporte en los últimos meses un aumento inusitado en su administración, alcanzando nuevas marcas, pese a todos los escándalos o quiera engañarse él mismo con una cifra irreal sobre la inversión extranjera directa, que en verdad sólo asciende a poco más de 3 mil 200 millones de dólares y no a 7 mil 400 millones, como declaró recientemente.

Quizá en el gobierno también piensen que su modelo es bueno por haber alcanzado un nivel histórico en las reservas de divisas, sin que importe que buena parte de ellas provengan de varios millones de mexicanos que han ido a otro país en busca del empleo que aquí no encuentran.

El modelo tal vez sea pertinente para aquellos pocos que han hecho del campo un negocio rentable, pero sin duda no lo es para los 30 millones de campesinos que atraviesan por la peor crisis que hayan vivido, sin que ninguna institución los apoye para aumentar su productividad o para participar en el mercado en condiciones menos desfavorables.

La conclusión foxista es equivocada. El modelo económico actual, lejos de ser la solución a la penosa desigualdad es un factor que la agrava. Todos los indicadores muestran que la concentración de la riqueza sigue avanzando y que los esfuerzos para mitigar la pobreza seguirán siendo insuficientes si el gobierno se empecina en sostener un modelo que no promueve el desarrollo, ni siquiera garantiza ya la competitividad en un mercado globalizado y mucho menos ayuda a construir una economía justa.

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Desacatos

 Carlos Rojas  

El nuevo capítulo de los escándalos en los que están enredados el gobierno federal y el de la ciudad de México ha puesto en evidencia una preocupante situación. Por un lado, la justicia sigue siendo utilizada con fines político-partidistas y, por otro, algunas autoridades se resisten a aceptar el veredicto de los jueces vulnerando peligrosamente al Estado de derecho.

Sin embargo, en ese aparente afán justiciero de ambas partes se encubren otros objetivos que distan mucho de hacer valer la ley o de anteponer los intereses de los pobres. Engañosamente se pretende hacer creer a la opinión pública que la decisión del ministerio público fue estrictamente autónoma y que las autoridades políticas del más alto nivel se abstuvieron ya no se diga de emitir algún punto de vista, sino siquiera de conocer el asunto.

Es evidente que si el tema estaba siendo analizado desde hace varias semanas y que incluso la misma PGR reconoció que el documento que envió al Congreso había sido preparado desde el viernes anterior, como lo demuestra la fecha en que fue firmado, la administración foxista tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre el alcance y las implicaciones de su actuación.

Por eso, parece inadmisible que ahora el presidente de la República, en lugar de asumir la responsabilidad, recurra a su acostumbrado ¿y yo por qué? o peor aun, es que hasta con cierta ingenuidad insista en iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas, incluida en la que se ha convertido el jefe de Gobierno del DF, pero que su propio régimen se ha encargado de obstaculizar una y otra vez.

Por lo que toca al gobierno de López Obrador tampoco hay ninguna inocencia en el proceder y mucho menos un deseo de hacer justicia. El desacato a la disposición de los jueces es más que obvia y lo que resulta de verdad inadmisible es la justificación absurda que su testaferro, investido de vocero oficial en los conflictos, el subsecretario Batres.

Es una cobardía escudarse y chantajear con la cancelación de un supuesto proyecto social como la construcción de un hospital, cuando todo mundo sabe que se trata de una institución que no está orientada a atender la salud de los habitantes de la ciudad que menos tienen. Por el contrario, es uno de los centros médicos más caros del país. El argumento de las autoridades citadinas, disfrazadas siempre de su compromiso con los pobres, no es otra cosa que una expresión ramplona más de populismo y demagogia.

El problema de fondo es que se percibe un desprecio mayor por el imperio de la legalidad. Pero no únicamente en uno de los actores de este nuevo espectáculo político, sino en ambos contendientes.

En ninguno de los casos de corrupción o desviación del comportamiento político apegado a ley en los que se han visto involucrados funcionarios del DF ha pasado nada en el terreno jurídico. El gobierno de la ciudad, en cambio, les ha dado toda clase de facilidades a sus protegidos, quienes han protagonizado los bochornosos actos de corrupción para eludir a la justicia.

Lo paradójico es que lo mismo sucede a nivel del gobierno federal, que hoy con tanto énfasis dice defender al Estado de derecho. Sólo por recordar algunos asuntos que han quedado impunes: ¿Qué pasó por ejemplo con los excesos cometidos en las compras en la Presidencia; o por qué se ha protegido a funcionarios que han cometido abusos inaceptables, como el exrepresentante de México en la OCDE? ¿Por qué protegen a los bancos o a quienes recibieron apoyos indebidos en el Fobaproa? ¿Acaso tampoco es un desacato el que el gobierno foxista decida unilateralmente violentar los acuerdos del Congreso, y así mediante todo tipo de argucias negarse a aplicar el presupuesto, a tiempo y de manera completa, que acuerdan los diputados?

En el fondo lo que ha llevado a la descomposición del ambiente político es la falta de voluntad para respetar la ley y el pragmatismo con el que se han conducido, durante los últimos tres años, los responsables del gobierno federal y de la ciudad de México. Lo grave es que quienes se dan baños de pureza y dicen tener un compromiso inquebrantable con la legalidad son los primeros en violentarla. Las ambiciones desmedidas de unos y otros, así como su desprecio por las leyes e instituciones del país son las causas fundamentales de sus sistemáticos desacatos.