Carlos Rojas  

El nuevo capítulo de los escándalos en los que están enredados el gobierno federal y el de la ciudad de México ha puesto en evidencia una preocupante situación. Por un lado, la justicia sigue siendo utilizada con fines político-partidistas y, por otro, algunas autoridades se resisten a aceptar el veredicto de los jueces vulnerando peligrosamente al Estado de derecho.

Sin embargo, en ese aparente afán justiciero de ambas partes se encubren otros objetivos que distan mucho de hacer valer la ley o de anteponer los intereses de los pobres. Engañosamente se pretende hacer creer a la opinión pública que la decisión del ministerio público fue estrictamente autónoma y que las autoridades políticas del más alto nivel se abstuvieron ya no se diga de emitir algún punto de vista, sino siquiera de conocer el asunto.

Es evidente que si el tema estaba siendo analizado desde hace varias semanas y que incluso la misma PGR reconoció que el documento que envió al Congreso había sido preparado desde el viernes anterior, como lo demuestra la fecha en que fue firmado, la administración foxista tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre el alcance y las implicaciones de su actuación.

Por eso, parece inadmisible que ahora el presidente de la República, en lugar de asumir la responsabilidad, recurra a su acostumbrado ¿y yo por qué? o peor aun, es que hasta con cierta ingenuidad insista en iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas, incluida en la que se ha convertido el jefe de Gobierno del DF, pero que su propio régimen se ha encargado de obstaculizar una y otra vez.

Por lo que toca al gobierno de López Obrador tampoco hay ninguna inocencia en el proceder y mucho menos un deseo de hacer justicia. El desacato a la disposición de los jueces es más que obvia y lo que resulta de verdad inadmisible es la justificación absurda que su testaferro, investido de vocero oficial en los conflictos, el subsecretario Batres.

Es una cobardía escudarse y chantajear con la cancelación de un supuesto proyecto social como la construcción de un hospital, cuando todo mundo sabe que se trata de una institución que no está orientada a atender la salud de los habitantes de la ciudad que menos tienen. Por el contrario, es uno de los centros médicos más caros del país. El argumento de las autoridades citadinas, disfrazadas siempre de su compromiso con los pobres, no es otra cosa que una expresión ramplona más de populismo y demagogia.

El problema de fondo es que se percibe un desprecio mayor por el imperio de la legalidad. Pero no únicamente en uno de los actores de este nuevo espectáculo político, sino en ambos contendientes.

En ninguno de los casos de corrupción o desviación del comportamiento político apegado a ley en los que se han visto involucrados funcionarios del DF ha pasado nada en el terreno jurídico. El gobierno de la ciudad, en cambio, les ha dado toda clase de facilidades a sus protegidos, quienes han protagonizado los bochornosos actos de corrupción para eludir a la justicia.

Lo paradójico es que lo mismo sucede a nivel del gobierno federal, que hoy con tanto énfasis dice defender al Estado de derecho. Sólo por recordar algunos asuntos que han quedado impunes: ¿Qué pasó por ejemplo con los excesos cometidos en las compras en la Presidencia; o por qué se ha protegido a funcionarios que han cometido abusos inaceptables, como el exrepresentante de México en la OCDE? ¿Por qué protegen a los bancos o a quienes recibieron apoyos indebidos en el Fobaproa? ¿Acaso tampoco es un desacato el que el gobierno foxista decida unilateralmente violentar los acuerdos del Congreso, y así mediante todo tipo de argucias negarse a aplicar el presupuesto, a tiempo y de manera completa, que acuerdan los diputados?

En el fondo lo que ha llevado a la descomposición del ambiente político es la falta de voluntad para respetar la ley y el pragmatismo con el que se han conducido, durante los últimos tres años, los responsables del gobierno federal y de la ciudad de México. Lo grave es que quienes se dan baños de pureza y dicen tener un compromiso inquebrantable con la legalidad son los primeros en violentarla. Las ambiciones desmedidas de unos y otros, así como su desprecio por las leyes e instituciones del país son las causas fundamentales de sus sistemáticos desacatos.