Durante varios años entre la última parte del siglo pasado y la primera del presente, se ha llevado a cabo en México un proceso de cambio político importante, que ha estado caracterizado por avances en la construcción de una sociedad más democrática. De la férrea estructura de control político y electoral que caracterizó al antiguo régimen priista, el país ha transitado por diversas reformas legales y políticas que han permitido una más libre expresión de la disidencia, han posibilitado la existencia de procesos electorales con más credibilidad, los cuales sustituyeron a los terriblemente viciados mecanismos electivos de la época del partido único, lo que ha logrado la alternancia de los partidos en el poder, en todos los órdenes de gobierno, la creación de un sistema más competitivo de partidos y en general la democratización de la vida política del país.
Sin embargo, esta transición democrática que permitió asimilar a través de una vía legal a la disidencia política, más que generar cambios en favor del bienestar de las mayorías, parece haber funcionado como un mecanismo de asimilación y neutralización de los actores que reclamaban cambios radicales en la estructura de la sociedad.
En efecto, a pesar del importante crecimiento de la economía en las últimas décadas la sociedad mexicana continúa sumida en una profunda desigualdad y con amplias franjas de la población excluidas de los beneficios del desarrollo contemporáneo, y además, con la necesidad de enfrentarse a nuevos retos como el deterioro ambiental y la crisis de seguridad derivada de la irrupción cada vez más cruenta del narco poder.
Así, en lugar de que la apertura política y la transición democrática permitiera la reforma profunda de esa sociedad desigual y desequilibrada, parece ser que permitió solo la asimilación de franjas de disidencia política que fueron convidadas a disfrutar de las mieles del poder político, y en forma de una nueva clase con intereses propios, no han permitido que los cambios democratizadores se conviertan en vectores del mejoramiento del bienestar general, sino solamente del bienestar de los nuevos burócratas que sintieron en carne propia las ventajas de utilizar los partidos de oposición no como instrumentos del pueblo, sino solo como instrumentos para acceder al poder.
Así, parece que la situación que tenemos ahora hace justicia a esa máxima que pide que todo cambie para que todo siga igual. Ahora la llamada partidocracia parece ser solo una válvula de escape a las presiones sociales que permite que la desigualdad se mantenga y con ella los privilegios desmedidos de la estrecha minoría que detenta el poder económico y social en el país.
Esto es lo que parece que ha venido sucediendo con el proceso de tránsito político en el estado de Guerrero. El triunfo de Zeferino Torreblanca representó el logro de la alternancia electoral con la llegada al poder por primera vez en la historia de un candidato impulsado por la izquierda. La táctica que siguió el PRD, con un claro sentido de pragmatismo, fue la de postular a un candidato externo vinculado más bien al sector empresarial, que sumado al ascenso en la simpatía electoral que ese partido había venido teniendo desde la elección anterior, permitió ganar la gubernatura. Así dio inicio un proceso de transición que pudo haber desembocado en el establecimiento de un gobierno verdaderamente izquierdista; sin embargo, lo que en el caso Zeferino parecía una táctica pragmática adecuada, se convirtió en un franco exceso con la postulación de Ángel Aguirre. La dirección nacional del PRD prefirió asegurar un triunfo nuevamente, a toda costa, aunque para ello tuviera que dejar la conducción del gobierno en manos de un actor franca y típicamente priista, que gobernó en consecuencia, con fatídicos resultados, que se agravaron dramáticamente con la tragedia de Iguala.
Así, la nueva etapa política que se inicia con la toma de posesión de Héctor Astudillo, se da en el marco de una situación en la que los viejos vicios de desigualdad, marginación, pobreza y falta de crecimiento económico se mantienen tercamente, mientras que los nuevos problemas, especialmente la violencia y el narco poder, se agravan trágicamente. Como bien lo documentó hace unos días Tomás Tenorio en estas mismas páginas, al comparar los indicadores sociales de hace una década con los actuales, el desempeño de los gobiernos de líderes impulsados por el PRD en los últimos diez años (que de ninguna manera significa que hayan sido gobiernos perredistas, no hay que dejar de insistir en ello), no logró cambiar la dramática situación de las mayorías de la población guerrerense.
El inicio de esta nueva etapa política, caracterizada mayoritariamente con el retorno de viejos actores, la asimilación de varios de los priistas que en la pasada elección brincaron a la izquierda y la cooptación de fuerzas antes izquierdistas y hoy subordinadas al PRI, hace evidente con mucha contundencia la necesidad de cambiar drásticamente las prácticas y formas de acción del PRD y la izquierda en general, para rescatar su carácter transformador y lograr que deje de ser solo una vía para que las burocracias accedan al poder y convertirse en realidad en una opción del pueblo para gestionar su mejoramiento y transformar la estructura de la sociedad actual. Tal vez el ejercicio de una inteligente y consistente oposición en estos años por venir, pueda ser el crisol del que surja esa fuerza de cambio verdadero que dé en realidad una esperanza al sufrido pueblo de nuestro estado.