Un grupo de ex braceros tramitó un amparo contra el gobierno federal ante su negativa de pagarles el Fondo de Ahorro Campesino, una alternativa de justicia social para otorgar un apoyo a los a migrantes que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, con el argumento de que no hay fuentes de información que otorguen certeza sobre el destino del dinero.
El abogado de los ex braceros, Carmelo Loeza Hernández reprochó que las autoridades no se hagan responsables de los ahorros de los campesinos y se justifiquen diciendo que se perdió toda la información en el terremoto de 1985.
En una reunión pública en el Zócalo de Acapulco, Loeza Hernández informó a los ex braceros y a sus hijos sobre la respuesta a la petición que entregaron el 8 de febrero dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que solicitaron la devolución del dinero del Fondo de Ahorro Campesino que se les descontó semanalmente a los trabajadores.
La Unidad de Enlace y Coordinación con Entidades Federativas, Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migrantes Mexicanos, del gobierno federal, dio a conocer que “no cuenta con la información necesaria para responder a la solicitud”, y que carece de facultades para regresar el dinero por conceptos o prestaciones.
Además, que la escasez de fuentes de información que otorguen certeza sobre el destino del Fondo de Ahorro Campesino, dio origen al Fideicomiso, creado el 25 de mayo de 2005, como una alternativa de justicia social para otorgar un apoyo a aquelos connacionales que laboraron en Estados Unidos los años de 1942 a 1964.
El gobierno federal explicó en su respuesta por escrito, que en sus invetigaciones no encontró la documentción o los registros que amparen la transferencia que dé a conocer el monto y destino de las cantidades que le retuvieron a los mexicanos, y que debido al terremoto del año 1985 se depuraron toneladas de documentos.
Loeza Hernández enfatizó que es algo injustificable que el gobierno de la República le eche la culpa al terremoto, pues ni el edificio de la Secretaría de Gobernación ni el del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) se cayeron con el sismo.
Afirmó que por eso tramitó el amparo número 278 en el Juzgado Octavo de Distrito, para exigir que el gobierno federal entregue los ahorros de los ex braceros, del que aseguró saben que se transfirió de un banco de Estados Unidos al Banrural, y no quieren entregarlo, con el argumento de que se perdieron los documentos.
Dijo que desconoce la cantidad de dinero, y que de no ser otorgado el amparo, pedirán un recurso de revisión y llevarán el procedimiento hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respeten los derechos de los ex braceros, porque México está obligado a respetar los tratados internacionales que ha firmado.
El abogado estimó que en Guerrero hay unos 60 mil ex braceros, de los que sólo unos 200 pelean el pago que no se les ha hecho del dinero que les descontaron para su ahorro.
Recordó que los ex braceros tienen una demanda laboral porque el gobierno de la República los está despojando del dinero que fue producto de su trabajo.
Uno de los ex braceros, Teodulo Duque Hernández dijo: “Estamos de acuerdo que nos dieran una negativa cuando no tuviéramos derecho, pero tenemos todo el derecho porque trabajamos hasta 14 horas diarias, no es justo que nuestro gobierno digan que no (nos) pagarán”
Afirmó que es un fraude grande el que está comitiendo el gobierno federal con los ex braceros, y dijo, “no nos vamos a dejar”.
Del 2005 al 2008 Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos pagó 38 mil pesos a los ex braceros que comprobaron que trabajaron en Estados Unidos entre los años de 1942 al 1964.
Carmelo Loeza aseguró que esta cantidad fue un apoyo, pero no la cifra que les correspondía de los ahorros hechos por su trabajo.