Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato, denunció este lunes en conferencia de prensa, que funcionarias de la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculadas con un “cártel del despojo”, están detrás del grupo de comerciantes que quieren quitarle un terreno ubicado en el tianguis, cerca del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.
Insistió en que el predio de 10 mil metros cuadrados es de su propiedad y lo compró en 1991 al Ayuntamiento de Chilpancingo, a través de la asociación Empresarios Unidos de Guerrero.
El conflicto por el predio ha provocado dos connatos de violencia entre el grupo de comerciantes, que ocupa una parte del sitio, y seguidores del empresario que intentan desalojarlos. El primero ocurrió el 17 de julio y el segundo el viernes pasado.
En conferencia de prensa en su edificio del centro de la capital, Damián Huato insistió en acreditarse como propietario del terreno, que hasta antes de 1991 fue ocupado por la central de autobuses, antes conocida como Flecha Roja.
El terreno se encuentra a un costado del mercado Baltazar R Leyva Mancilla, y en la actualidad está rodeado por puestos de frutas, verduras y legumbres del tianguis aledaño al mercado.
De acuerdo con Damián Huato, el predio fue propiedad del gobierno estatal, pero en el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), éste lo donó al Ayuntamiento de Chilpancingo para que lo enajenara y obtuviera ingresos para el pago de una deuda de 600 millones de pesos por la construcción del mercado Baltazar R Leyva Mancilla.
Contó que en la administración municipal de Efrén Leyva Acevedo (1990-1993), el terreno fue vendido a la asociación Empresarios Unidos de Guerrero, entre los que se encontraban Carlos Armando Cuevas, Ramón Hidalgo Hernández, Salvador Tejeda Vargas, Moisés Guevara Alcázar, Adrián Alarcón Ríos y Pioquinto Damián Huato.
Dijo que el terreno fue comprado mediante acciones de cada uno de los integrantes de la asociación, que a la postre él compró el 41 por ciento de las acciones y después, el resto de los miembros de la agrupación le fueron vendiendo hasta hacerse del total de la propiedad.
En la conferencia de prensa mostró documentos en los que el terreno se encuentra incluido en el Registro Público de la Propiedad con el folio 4400, volumen quinto, todavía bajo el nombre de Empresarios Unidos de Guerrero.
Este lunes, se informó que una parte de los 10 mil metros cuadrados la está rentando a un particular, para un estacionamiento, y a comerciantes del tianguis. Otra parte la rentan integrantes de otro grupo de comerciantes a un empresario distinto, que se coordina con Juvencio Arias Oropeza, el comerciante que encabeza al grupo que quiere desalojar a los que les rentan a Damián Huato para quedarse con la propiedad del empresario, según explicó éste.
Damián Huato denunció que atrás de Arias Oropeza hay lo que se conoce como el “cartel del despojo”, que cuenta con el respaldo de la fiscal regional de la zona Centro, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Imelda Lucero Muñiz Jijón, y la fiscal de despojos Minerva Miranda Sierra, así como la abogada Eugenia Guzmán Salgado, “hay una coalición entre los comerciantes que quieren despojarme con las dos funcionarias de la Fiscalía”, denunció.
Contó que es evidente la parcialidad con que están actuando las dos funcionarias de la Fiscalía a favor de Juvencio Arias.
Por ejemplo, dijo que no le han dado entrada a su denuncia por el delito de despojo, que presentó el 3 de julio, que por el contrario, al día siguiente enviaron peritos y policías ministeriales “con el propósito de amedrentar a la persona que me renta, para que se salga de ahí”.
Además, informó que las funcionarias dictaron medidas cautelares en su contra y le impiden que se acerque a Arias Oropeza, a pesar de que, aseguró: “Yo nunca me he ido a parar a la casa de Juvencio, es él el que ha entrado a mi propiedad. Lo que indica que dictaron las medidas cautelares para que no me acerque a él, adentro de mi propiedad”.
También, aseguró que le impiden que tenga un abogado para defenderse, “cuando la Constitución es bien clara: cualquier mexicano tiene derecho a un abogado y si no lo tengo, el Estado me lo proporciona”.
Según el empresario, hay una “absoluta complicidad” entre Imelda Lucero Muñiz Jijón y Minerva Miranda Sierra con Juvencio Arias Oropeza, para quedarse con su propiedad.
Damián Huato pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención, para que recomiende al fiscal Zipacná Torres Ojeda que realice una investigación de la actuación de las dos funcionarias y se separen de su cargo.
Indicó que las dos fiscales han llegado a tomar decisiones “que rayan en la locura, como el hecho de dictar medidas en mi contra para que yo no entre a mi propiedad”.
Informó que ha entregado denuncias en contra de las dos funcionarias en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal, en la Contraloría interna de la FGE y que también presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Damián Huato deslindó de este conflicto a su sobrina, la aspirante de Morena a la gubernatura, Estela Damián Peralta. Anunció que él no busca ser candidato de nada y que si llegase a ser gobernadora Damián Peralta, se mantendrá alejado de ella.