Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El empresario Pioquinto Damián Huato denunció que a luego de un mes de que presentó su denuncia por el despojo de 10 mil metros cuadrados ubicados en el tianguis, cerca del mercado Baltasar R Leyva Mancilla, ésta no ha procedido “por la actitud parcial” de la fiscal de la Región Centro y la fiscal de Despojos, de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Derivado de este conflicto, el viernes pasado los comerciantes que reclaman una parte de los 10 mil metros cuadrados, encabezados por el abogado David Clemente Herrera Mijangos y el locatario Juvencio Arias Oropeza, exigieron a las autoridades que se mida el predio para que se aclare la propiedad y evitar que siga el conflicto.
Argumentaron en esa conferencia de prensa que la Asociación Empresarios Unidos de Guerrero, que adquirió el predio en 1991, se disolvió el 10 de octubre del 2005, y en esa misma fecha Pioquinto Damián Huato fue destituido. Al desaparecer la asociación, el predio se dividió y fue el señor Bernardo López Gasga, esposo de Columba Corona, quien se quedó con el 70 por ciento.
Sin embargo, Damián Huato rechazó esa información e insistió en que “a mí me corresponde todo, los 10 mil metros”, y advirtió que por lo mismo no acepta la propuesta de que se mida el predio para acreditar que cantidad le corresponde a cada quien.
Informó que en su denuncia, además del delito de despojo, incluyó el de delincuencia organi-zada, asociación delictuosa, extor-sión y amenazas en contra del grupo de comerciantes que encabeza Arias Oropeza; además, incluyó a la fiscal de Despojos de la FGE, Minerva Miranda Sierra, y la fiscal regional, Lucero Imelda Muñiz Jijón.
Insistió en que ambas funcionarias están desempeñando una función parcial a favor de los que quieren despojarlo, porque a la fiscal regional “le ofrecieron una fracción del terreno”.
Explicó que el 3 de julio presentó la querella ante la Fiscalía de Despojo, pero cuando la estaba presentando, los de la Fiscalía esta-ban en el terreno con la intención de intimidar a quienes le rentan a él.
Además, dijo que cuando firmó el acta vio que en el texto se referían a él como “el investigado”, cuando es el querellante.
“Hasta la fecha no ha prosperado ni le han dado entrada a mi denuncia”, se quejó en la entrevista, realizada en su oficina de su edificio ubicado en el zócalo de la capital.
Insistió: “Sé que a la fiscal Imel-da Lucero le ofrecieron parte de la propiedad, por eso hay una evidente parcialidad hacia el instigador Juvencio Arias Oropeza”.
Refutó el documento al que se refirieron los integrantes del grupo contrario, que señala la disolución de la sociedad Empresarios Unidos de Guerrero el 10 de octubre de 2005, cuando también, refieren, Damián Huato fue desconocido de la sociedad.
Mostró una resolución del 21 de mayo de 2019 del juez segundo de Primera Instancia en Materia Civil, Prudencio Nava Carbajal, y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia el 1 de octubre de 2019, que lo confirma como propietario del predio.
El abogado del empresario, José Cruz Santamaría Chamú, explicó que después de esta resolución los comerciantes encabezados por Arias Oropeza, se fueron al amparo directo, que es la última instancia, y el 30 de noviembre de 2020 “se les negó la protección de la justicia federal”.
El abogado explicó que la conclusión fue que se declaró nula la asamblea del 10 de octubre de 2005 celebrada por Empresarios Unidos de Guerrero SA de CV, “y en consecuencia se declaró la nulidad de todos los acuerdos tomados en la asamblea, para ser precisos en referencia a la liquidación de la persona moral Empresarios Unidos de Guerrero, así como la división en seis fracciones que hicieron del inmueble ubicado en prolongación 5 de Mayo, colonia Ampliación Caminos, de Chilpancingo”.
Dijo que en el quinto resolutivo se declaró también la nulidad del acta del notario público 1, donde se protocolizó la liquidación de la sociedad anónima.
Pioquinto Damián agregó que, lo que está haciendo ahora el grupo de comerciantes que encabeza Arias Oropeza “es una extorsión y están incurriendo en delincuencia organizada, porque se agruparon 13 personas para despojarme”.
Indicó que es la causa de que en su denuncia haya incluido los delitos de delincuencia organizada, extorsión y asociación delictuosa es “porque saben y están conscientes de que no son propietarios”.
Argumentó que la fiscal de Despojo de la FGE, Minerva Miranda, y la fiscal regional, Lucero Imelda Muñiz “en su lógica piensan que yo voy a dejar perder esa propiedad, porque siendo Esthela (Damián Peralta, aspirante a la candidatura de Morena a la guber-natura) mi sobrina, no voy a querer meterme en problemas de carácter legal o provocar escándalo”.
Sin embargo, atajó: “Yo no estoy incurriendo en ninguna acción ilegal, por el contrario, soy sujeto y víctima de una actividad ilegal y no me voy a dejar”.
Dijo: “Quieren aprovechar esta coyuntura para despojarme completamente de la propiedad”.
Damián Huato aclaró que este conflicto no le afecta políticamente a su sobrina, “¿por qué tendría que afectar? Yo no soy un delincuente, tal vez si lo fuera sí le afectaría, pero cada quien trae una biografía en su vida”.
El abogado Santamaría Chamú, anunció que ante la inacción y omisión de la Fiscalía, van a pedir ante el juez de control que intervenga y requiera al fiscal o al Ministerio Público que le informe las causas o motivos que han orillado a que no le den entrada a la denuncia de su defendido.
