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Piden defensores de presos políticos la libertad de 40, en reunión con subsecretario

Integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero se reunieron con autoridades estatales para solicitar la liberación de 40 presos por la vía “jurídica con voluntad política”.
Este martes los miembros del comité salieron del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado y en la entrada principal del inmueble colocaron una lona en la que se leía: “Presos Políticos libertad”.
Se presentaron cuatro miembros del Comité, una mujer y tres hombres, vestidos de uniforme, con pantalón camuflado verde olivo, botas, camiseta negra con su emblema y gorras verde olivo.
La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero, Enriqueta Chávez López, dijo que este martes se reunieron con autoridades estatales entre ellos el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Carlos Alberto Villalpando, para organizar mesas de trabajo “para ver la ruta jurídica con voluntad política de los presos políticos”.
La también defensora de derechos humanos del grupo del padre Alejandro Solalinde recordó que en total son 40 presos políticos en todo el estado y 12 más que han pedido ayuda “humanitaria”.
Consideró que fue una reunión fructífera, la cual no estaba planeada, “salimos de una manera optimista, presentamos casos particulares de compañeros que definitivamente están etiquetados como presos políticos y que sus casos han estado tratados como tales y no como del fuero común”.
Enriqueta Chávez López detalló que hay casos emblemáticos como el de Coyuca de Catalán que pertenecen a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y que también hay casos en Ayutla y Acapulco, “esperemos que pronto se resuelvan”.
Por la ley de amnistía, dijo que no se ha liberado ningún preso político, “a los presos políticos se les fabrica delitos del fuero federal, por lo que no son beneficiados, hemos sacado a nueve por otras circunstancias”.
La defensora destacó que: “son varios casos que las autoridades nos dijeron que iban a observar y ver qué ruta jurídica o voluntad política para liberarlos”.
Por último los integrantes del comité enfatizaron que dejaron los casos expuestos a las autoridades estatales y les agendaron otra reunión para darles seguimiento. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Denuncian hostigamiento del director de la cárcel de Coyuca de Catalán a un preso político

El representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Gonzalo Molina González, denunció hostigamiento del director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Coyuca de Catalán a Martín Cruz Avellaneda, porque defiende los derechos de los presos en esa cárcel de la Tierra Caliente.
Vía telefónica, el también promotor de la Policía Comunitaria, informó que el director del Cereso, Armando Gama Martínez, “presiona y hostiga al compañero por defender a los presos y después de protestar porque se les está cobrando 50 pesos por visita conyugal”.
Gonzalo Molina señaló que el directivo “amenazó a Martín Cruz de que si sigue protestando o quejándose será cambiado al Cereso de Acapulco”.
“Es amenazado constantemente, ahora porque protestó en contra de los nuevos reglamentos para la visita conyugal, donde piden exámenes de Covid-19, de Sida y otros requisitos que muchos familiares de los presos por sus condiciones (económicas) no pueden cumplir”.
Molina González acusó que los “directores se ensañan en todos los Ceresos del estado, también con los compañeros que se encuentran presos en Ayutla los presionan y si dicen algo les quitan las visitas, hay muchas violaciones a los derechos humanos que no denuncian los presos por miedo a represalias”.
El promotor comunitario también exigió al gobierno federal y a la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que agilicen “la libertad de los presos políticos como lo prometió Andrés Manuel López Obrador, porque muchos compañeros siguen presos injustificadamente y después de muchos años ni sentencia tienen”.
Martín Cruz Avellaneda se encuentra preso sin sentencia desde hace 21 años, pertenece a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, es acusado de varios delitos y uno de ellos fue por enfrentar a la familia Montúfar por la tala de bosques, informó Gonzalo Molina. (Lenin Ocampo Torres / Chilpancingo).

 

Esperará un año su penúltima audiencia Samuel Ramírez; la programan para el 9 de diciembre

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el 9 de diciembre de este año será la penúltima audiencia del policía comunitario preso, Samuel Ramírez Gálvez, luego de que fue sentenciado a 4 años 100 días de prisión, pero apeló la sentencia porque espera una sentencia absolutoria.
El 14 de noviembre el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra dijo que cuando el organismo mantenía la defensa del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, se le dictó una sentencia en abril y terminaba en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días de multa y se podía conmutar la sentencia.
Entonces declaró, “nosotros optamos en que mejor, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria pudiera Samuel acogerse a la misma, porque daba lo mismo estar peleando los recursos de apelación… en automático Samuel ya hubiera obtenido su libertad, nosotros lo que le dijimos a sus familiares de Samuel, nosotros no queremos estar peleando un recurso”, pero su nueva defensa interpuso un recurso de apelación, y se está obteniendo la reposición del procedimiento, pero no se está dando oportunidad a la defensa de dar pruebas.
En un comunicado el Comité por la Libertad de los Preso informó de la penúltima audiencia del policía comunitario, que será hasta que finalice el año.
Abunda que Ramírez Gálvez fue detenido y consignado injustamente por el Estado el 6 de octubre del 2013, a sus 18 años, de origen na’ savi no habla bien el español, y su nombramiento de policía comunitario fue un reconocimiento al compromiso con su comunidad.
Añade que Samuel  está en espera de que un juez le dicte su sentencia absolutoria, que nunca hubo un crimen que perseguir pero, “ha pagado una condena de más de cuatro años de su vida por un delito que nunca existió”, “esa es la manera de otorgar justicia en Guerrero”.
“Samuel fue elegido en asamblea por su comunidad con tan sólo 18 años de edad para formar parte del sistema de justicia y seguridad normados por usos y costumbres indígenas. El participar en la Policía Comunitaria de la CRAC-PC ha sido tradición en su familia. Su mamá Beatriz Gálvez Macario también perteneció a esa institución, fue la primera mujer elegida para consejera y coordinadora de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, la cual representó dignamente al conformar los primeros comités de mujeres y convertirse en una luchadora incansable de los derechos humanos en su comunidad”, agrega.
El 6 de octubre de 2013 el policía comunitario fue detenido junto a tres policías más y fueron acusados de portación de arma de fuego, mientras que Ramírez Gálvez fue acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sus compañeros alcanzaron fianza y él no.