El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachino-llan, Abel Barrera Hernández, dijo que la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado es la consecuencia de que en esos cargos se coloque a personas por compromisos políticos y no pensando en servir a la sociedad.
Asimismo, celebró la próxima visita de la relatora especial para México de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, pues dijo que será clave porque los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa quieren saber qué postura tiene el gobierno federal frente a las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Barrera Hernández fue consultado este miércoles en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, después de la conferencia de prensa que ofrecieron autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec.
El defensor de derechos humanos opinó que la renuncia de Robles Hurtado es un indicador de que la justicia en el estado “está hecha trizas porque se quita y se pone a funcionarios y yo creo que en ese sentido estamos muy lejos de que en Guerrero se puedan tener instituciones respetables, honorables y, sobre todo, funcionarios con trayectoria, que no sean colocados por compadrazgo, sino basado en sus méritos”.
Declaró que desde cuando la sociedad escuchó el nombramiento de Robles Hurtado desconfió de él porque no era por sus méritos profesionales o por su trayectoria, “sabíamos que era por otros motivos políticos, por cuotas de poder, y ahora ahí están las consecuencias. Así como llega, así se va”, dijo.
Agregó que ante estas decisiones, como esa renuncia sorpresiva, la pregunta es cómo queda la justicia en Guerrero, y quién le va a garantizar al pueblo que todo el proceso de justicia se va a respetar.
“La justicia está muy manoseada, la justicia y las instituciones están siendo utilizadas como cotos de poder y no se respetan los principios internacionales que debe regir el presidente de un tribunal y de un poder, sobre todo en Guerrero donde el tema de la inseguridad, la violencia y la impunidad están por los suelos”.
Agregó que ahora se entiende que es así porque teníamos a un presidente del Tribunal que simplemente respondía a intereses políticos y no por méritos profesionales y por trayectoria en la carrera judicial.
Añadió que esto es lamentable “porque seguimos teniendo instituciones manoseadas, utilizadas para colocar a los titulares por compadrazgos y sin ética profesional. Son autoridades que no tienen responsabilidad pública de no defraudar al pueblo”, dijo.
Se quejó de que el pueblo de Guerrero “está defraudado, está ofendido porque no hay realmente una acción seria en el nombramiento de sus autoridades que tienen que ser imparciales”.
Insistió que el de Robles Hurtado no fue un nombramiento imparcial “y por eso allí están las consecuencias”, insistió.
En cuanto a la visita de la relatora Esmeralda Arosemena, explicó que responde al plan que ya tiene el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa y que lo trascendente es que viene la relatora especial para México de la CIDH.
“Esta visita va a ser clave porque los padres quieren saber qué postura tiene el gobierno frente a las líneas de investigación que propuso el GIEI y que no han avanzado”.
Agregó que estas líneas se quedaron estancadas desde que se fueron los integrantes del GIEI y que es un síntoma de que el gobierno quiere consolidar su hipótesis, que es la del basurero de Cocula “y no le importa que científicamente no tenga fundamento”.
Denunció que en esto se ve que el gobierno federal mantiene una postura más política que realizar una investigación apegada a los estándares internacionales de derechos humanos, que implica una investigación imparcial.
Barrera dijo que si el gobierno quiere apostarle a una investigación imparcial debe detener a los policías de Huitzuco, a los policías federales, llamar a declarar a los militares que estuvieron la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, así como dar resultados sobre la investigación de los teléfonos celulares, explicar qué pasó con el quinto autobús y abordar todos los temas que quedaron pendientes y observados por el GIEI.
“Los padres ya no quieren discursos huecos, ya no quieren compromisos al aire, quieren resultados y por eso una de las intervenciones de la CIDH será saber para cuándo nos entregan los resultados de estas líneas de investigación”.
Barreras Hernández adelantó que si no tienen esos resultados, los padres ya no quieren volver a sentarse a dialogar con el gobierno, por lo menos hasta que haya resultados, “porque ya no quieren seguir simulando un dialogo sin resultados”, dijo.