El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que la dependencia federal iniciará un proceso legal contra las empresas que incumplieron los trabajos de construcción en los predios para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Expuso que en el caso del fraccionamiento Papagayo, en Tierra Colorada, se percató de que las 34 viviendas no son habitables, y por lo tanto serán reconstruidas en otra zona.
El delegado se reunió en privado el martes con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio Reyes Carbajal, para conocer los avances en los pagos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y la inversión que ejercerá la dependencia federal en el ejercicio 2016.
A la reunión únicamente se permitió el acceso a fotógrafos durante unos minutos, y una hora después de la reunión el funcionario federal informó que en la reunión propuso la integración de un comité para exigir a los directores de obras el cumplimiento de leyes y reglamentos, que ejerzan de manera eficaz la ejecución de los trabajos.
Indicó que en este proyecto los encargados de obras acatarán las medidas de operación de la entidad, y “obligará” a las dependencias municipales a contratar a más empresas guerrerenses, ya que, entre otras cosas, conocen las zonas donde serán los trabajos.
Armenta Tello solicitó al director de la CMIC asesoraría jurídica para elaborar un contrato en conjunto con las dependencias municipales, para ejercer el recurso presupuestal, que tenga como base la contratación de profesionistas y empresas guerrerenses; aunque apuntó que no sabe el número de obras que serán destinadas este año a los municipios.
Consultado sobre las constructoras que asignará la Sedatu, considerando las múltiples irregularidades en los trabajos de las casas construidas desde 2013, Armenta Tello detalló que la CMIC conoce cuántas empresas incumplieron y fueron irregulares en sus trabajos.
“Ellos conocen a las empresas que fallaron, no solamente con la Sedatu, sino con otras dependencias del gobierno; nosotros conocemos qué empresas tienen especialidades en la construcción de caminos, aguas y drenaje; para este año solicitamos empresas especializadas en edificación, y será la Cámara quien determine cuántas empresas cumplen con el perfil para realizar los trabajos”, apuntó.
En cuanto al pago de los adeudos del Fonden, el funcionario abundó que la Sedatu continúa con pasivos “mínimos”, que comenzarán a ser resueltos en los próximos días, “no tengo el monto o la cantidad exacta, pero todo es por concepto de reconstrucción perteneciente a las viviendas”.
Cuestionado acerca de la sanción que podrían tener las empresas que ejecutaron obras irregulares, Armenta Tello respondió que la Sedatu iniciará procesos legales para determinar los sitios donde fueron detectados incumplimientos o irregularidades, aunque aclaró que serán las instancias correspondientes las que antepongan las sanciones a las empresas señaladas.
Recordó que el lunes durante su visita al predio Papagayo, en Tierra Colorada, comprobó que las 34 viviendas del terreno se encuentran en condiciones irregulares, y que fueron edificadas por una empresa foránea.
En este sentido, el funcionario mencionó que el área técnica del Fonden está preparando la documentación necesaria para comenzar un proceso legal, para solicitar a la empresa encargada de los trabajos que revise nuevamente la obra y considere la reubicación del predio.
Remarcó que el terreno donde están asentadas las 34 casas de Papagayo no es apto para ser habitado, ya que no tiene accesos viables y el material utilizado en la construcción de las casas no fue el adecuado.
Admitió que durante el reconocimiento de las casas, los beneficiados las rechazaron inmediatamente, al considerar que iban en contra de sus usos y costumbres, “ellos necesitaban espacio donde cocinar y colocar a sus animales, sin embargo, estas condiciones no fue considerada en ninguna de las viviendas”, indicó.