“Imposible”, cumplir con los tiempos de la convocatoria de la recolección, señalan

 

A pesar de que los representantes de cinco de las seis empresas que participan en la licitación del contrato del servicio de recolección de basura coincidieron en que es “imposible” cumplir con los tiempos que establecen las bases de la convocatoria, el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Ríos Abarca, aseguró que no se harán modificaciones y que la empresa ganadora deberá respetar los tiempos previstos.
Ayer, durante una reunión con funcionarios del Ayuntamiento, los representantes de las seis empresas inscritas plantearon sus dudas respecto a las bases de la convocatoria, entre las que destacó la que señala que la empresa ganadora deberá comenzar a operar cinco días después del dictamen final.
Una de las condiciones que deberá cumplir la empresa ganadora del contrato consiste en que ésta deberá iniciar con 40 camiones recolectores “nuevos”, y prestar el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.
En entrevista por separado, los representantes coincidieron en que se requieren de 45 a 60 días para contar con los 40 camiones nuevos que exige el Ayuntamiento.
El representante de Promotora Ambiental La Laguna, Juan Manuel Gil Galván, opinó que “los tiempos están muy cortos, es prácticamente imposible y ninguna empresa en el país puede surtir (los vehículos) en los tiempos que están solicitando, salvo aquellas empresas que ya los tengan”.
El gerente general de Servicios Urbanos de Puebla, S.A. de C.V. (SUPSA), Arturo Guzmán Miranda, comentó que se requieren entre 45 y 60 días para que los proveedores de cajas y chasis puedan entregar el equipo, y como la intención es empezar el 15 de junio y llegar al 100 por ciento al final de ese mes, “nosotros no podríamos con esas condiciones”.
Por su parte, la representante de la empresa local Promotora Ecológica, S.A de C.V., Lilia de los Santos, afirmó que tienen confianza en cumplir con las bases para continuar en el concurso, “estamos tratando de cumplir con el parque vehicular y creo que no tendremos problema alguno”, dijo.
Juan Manuel Osornio Gómez, de Constructora de Obra Pública, S.A. de C.V. (COPSA), afirmó que las condiciones de la convocatoria “son congruentes”, pero comentó que en su empresa analizan la posibilidad de cumplir con los tiempos previstos, “porque nos están exigiendo un plazo máximo al 30 de junio” para que los 40 vehículos ya estén recolectando la basura.
También el representante de Real Diamante de Acapulco, José Manuel García Sosa, dijo que las condiciones “son un poco difíciles”, porque sería “complicado” contar con los vehículos nuevos en el tiempo que prevé la convocatoria.
Sobre las otras condiciones, los seis representantes confiaron en que podrán cumplirlas, “todo es posible con la debida oportunidad”, comentó García Sosa.
Entrevistado al final de la reunión, Daniel Ríos comentó que los interesados en la licitación formularon unas 150 preguntas –como si es posible ampliar el tiempo de la concesión–, y además plantearon modificaciones a la convocatoria para poder cumplir con los requisitos.
Por otro lado, Ríos Abarca explicó que aunque ocho empresas compraron las bases de la convocatoria, sólo seis asistieron el lunes al recorrido por el relleno sanitario y las instalaciones de la Dirección de Saneamiento Básico, las mismas que estuvieron representadas en la junta de aclaraciones de ayer.
En la reunión privada en la oficina de la Secretaría General, además de los representantes de las empresas, estuvieron los regidores Ricarda Robles Urioste y Oscar Hernández; el secretario de Administración y Finanzas, Alberto Torreblanca Galindo; la coordinadora de Servicios Públicos, Angelina Mercado Carvajal; y el director de Saneamiento Básico, José Salgado Benítez.

Una llamada del general Salinas Altés, y todo el C-4 se moviliza




Una llamada los pone a temblar. En el fin de una aparente tranquilidad, tragan saliva. Por unos minutos, en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), todos se movilizan.
No se trata de alguna amenaza de bomba. Tampoco es otro aviso de alguna nueva ejecución. Ni siquiera un atropellado. Ninguna alerta para los cuerpos de seguridad. Es una llamada del secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés, desde sus oficinas en Chilpancingo.
Es el mediodía del miércoles 17 de mayo. El general retirado pide a sus colaboradores del C-4 que le envíen la grabación de la revista radiofónica Hablemos de Política, que conduce Jorge Zamora Téllez, donde una voz anónima amenazó de muerte al alcalde Félix Salgado Macedonio, al secretario del Ayuntamiento Daniel Ríos Abarca, y aseguró que en unas horas habría una nueva ejecución.
Funcionarios de Seguridad Pública estatal y el reportero de El Sur recorríamos el hasta entonces impenetrable C-4, cuando vino la llamada del general. Aunque intentan que el visitante no se entere, el nerviosismo los delata. Todos andan de aquí para allá.
Apenas unos minutos antes nos habían concedido acceso a la sala del Sistema Estatal de Información Policiaca (Siepol), donde se recaba información confidencial sobre delincuencia, para redactar análisis “para los mandos superiores” y tomar decisiones “táctico-operativas”. El área a la que en los círculos de seguridad pomposamente llaman “de inteligencia”. Una zona cerrada a piedra y lodo.
“Si el acceso a todas las áreas del C-4 está restringido, esta más, pero el señor secretario me pidió que lo accesara”, había explicado Gregorio Onofre Islas, un defeño importado por Salinas Altés para fungir como su asesor.
Y de pronto, la llamada del general. Tras el click del teléfono, el búnker se derrumba.
El primer coordinador, entrenado en Francia
En Guerrero el C-4 fue creado en el segundo año del sexenio de René Juárez Cisneros, como parte de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya existen este tipo de centros en los 31 estados de la República, y una especie de Central en la ciudad de México, con las corporaciones de seguridad del gobierno federal. Sólo falta que opere el que debe tener a su cargo el gobierno del Distrito Federal, con la policía local.
Considerado como fundador de los C-4 en Guerrero, el primer coordinador general de los mismos fue Rigoberto Marín Baños, hombre cercanísmo al ex secretario de Gobierno en el periodo de Juárez Cisneros, Marcelino Miranda Añorve, hoy en la campaña del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
En aquella época se supo del entrenamiento especializado que Marín Baños recibió en Francia, con instructores del FBI y de la Interpol. Así, en el periodo renejuarista promovió la apretura de los C-4 primero en Chilpancingo, luego en Acapulco e Iguala, que mantienen sus operaciones en el actual gobierno zeferinista.
El C-4 cuenta con una red de telecomunicación conectada a unos 2 mil radios MATRA en todo el estado, de alta tecnología francesa, encriptados, de señal no escaneable, lo que permite mantener en reserva interna la frecuencia. El alcance de esta red llega a todas las regiones del estado mediante 15 antenas repetidoras ubicadas estratégicamente en distintos municipios, y con ello se propone intercambiar información y coordinar acciones de todas las corporaciones policiacas, según explica el director de Desarrollo Tecnológico, Gonzalo Torres Ruiz.
Además, el C-4 alberga el sistema 066, la línea telefónica de emergencias que reúne en un mismo sitio a representantes de las policías Ministerial del estado, Preventiva municipal, de Tránsito, y Protección Civil, enlazados cada uno a sus respectivas centrales vía telefónica y por Internet.
En la propaganda que se hizo en el gobierno de Juárez Cisneros, se dijo que con el C-4 Guerrero estaba “a la vanguardia” en la coordinación de las corporaciones policiacas y era comparada incluso con los que existen en los estados del norte del país.
Además de la instrucción que recibió Marín Baños en el extranjero, los primeros mandos del C-4 fueron capacitados en el Distrito Federal por los grupos de élite de inteligencia y de reacción, de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva.
Ha trascendido que a la llegada del primer gobierno no priísta en el estado encabezado por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el grupo de militares que acompaña al general Salinas Altés en la Secretaría de Seguridad Pública desplazó primero al equipo que trabajaba en los tres C-4 que hay en el estado, y luego los despidió. Casi todos fueron liquidados, según la misma versión.
Gregorio Onofre Islas, el asesor de Salinas Altés, asegura que el “cambio de personal” que hubo con la llegada del nuevo gobierno estatal obedeció a que los policías y los trabajadores administrativos “se burocratizaron”.
Descarta, asimismo, que en el C-4 haya espacio para infiltraciones de la delincuencia organizada. “Contamos con esquemas rigurosos de contratación”, confía.
Ambiente de película
Al frente del C-4 de Acapulco está precisamente un militar de alto grado en el Ejército, el general Víctor Manuel Bosque Rodríguez, coordinador regional Operativo de la SSP. Está ubicado en la calle Pénjamo, de la colonia Progreso, cerca ya de la avenida El Tanque. Se puede llegar aquí por una subida que comienza en el tradicional expendio de piñatas de la calle Michoacán. El edificio es una estructura de dos niveles en forma cilíndrica, que sugiere una posible inspiración en la arquitectura de los centros de operación del FBI que aparecen en las películas. Su primer acceso cuenta con puertas metálicas, una para autos y otra para entrar a pie con caseta de vigilancia. Está rodeado de una barda, en cuyo borde tiene rollos de alambre de púas.
Ya adentro –también como en las películas– al edificio se entra por una puerta eléctrica de cristal blindado, que se abre sólo mediante el código de una tarjeta, que tiene cada uno de los casi 50 trabajadores. De acuerdo con el coordinador regional de Telecomunicaciones y Administración de la SSP, Fernando Casas Moroyón, hay 17 empleados en el área de telecomunicaciones, unos 10 en el procesamiento de la información y su análisis, y unos 15 en el sistema telefónico de emergencia 066.
La planta baja está adornada por una gran jardinera circular al centro, con plantas muy verdes y estrictamente ordenadas, de tierra permanentemente mojada, según se ve. Los pisos impecables, como en los anuncios televisivos de los limpiadores y aromatizantes. El olor a Pinol penetra en el olfato.
Junto a la entrada principal está la oficina del general Bosque. Y al lado, la Sala de Juntas, de la que se hizo del control la PFP desde la llegada del México Seguro, pues la habilitó como su “centro de mando”. Esta es la única oficina con manejo autónomo. Aquí ningún trabajador de la SPP entra. Ni siquiera los mandos medios conocen lo que sucede adentro.
Más adelante hay varios cubículos privados de los jefes administrativos de esta dependencia. No muy amplios, pero suficientes como para dar cabida a sillones para recepción de visitantes.
También hay un departamento especial de mantenimiento a los aparatos radiocomunicación y cómputo, donde también son reparados los que sufren algún daño o descompostura.
A la planta alta se llega por unas escaleras. Donde éstas terminan, hay otra puerta electrónica que se abre con otra tarjeta, exclusiva para los que laboran en el segundo nivel. “Sólo personal autorizado”, se lee sobre el cristal blindado de alta seguridad, que pesa por lo menos 800 kilos, casi una tonelada.
Aquí se encuentra el denominado Centro de Coordinación de Operación Regional (Cecor), que reúne a las operadoras del 066 y a los agentes representantes de cada corporación de seguridad, llamados “despachadores”. Esta es la “Sala de Crisis”, según se lee en uno de los cristales que rodean como paredes al Cecor.
Otra oficina pertenece al Grupo de Información y Análisis (Guia), integrado sólo por lo que aquí llaman “las fuerzas federales”. Se trata de un equipo que se reúne periódicamente para intercambiar información de delitos, y en particular de los que tienen el sello de la delincuencia organizada. Es similar a una sala de juntas, donde todos los asientos color negro son de piel.
Antes está el restringidísimo Sistema Estatal de Información Policiaca, antes mencionado. Esta es una unidad que maneja el banco de datos nacional de seguridad pública y delitos.
Cuenta con diversas computadoras, donde se elaboran los análisis para las decisiones “táctico-operativas”, dice el director general de Evaluación y Control del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Fabián Hernández Catalán
“Si vemos que en una semana una colonia registra altos índices de delitos, se ordenan operativos especiales y mayor atención a esa zona”, agrega. Aquí, diario se monitorean todas las agencias del Ministerio Público en el puerto. Como si realmente se tratara de un departamento de inteligencia, llega hasta aquí información de “otro tipo de fuentes”, que Hernández Catalán se niega a revelar.
En este mismo cuarto se monitorea también todo tipo de información de noticieros de televisión y de radio, en especial la que tiene que ver con la violencia y la inseguridad.
Al momento del recorrido, uno de los televisores tiene congelada una imagen de pobladores de Copalillo con rifles en mano, que un día antes desarmaron a los policías municipales y tomaron el Ayuntamiento en demanda de la destitución del alcalde priísta Sergio Cenobio.
–Qué, ¿es para ficharlos, verdad? –se le pregunta a uno de los trabajadores.
–Algo así.
La imagen fue grabada del noticiero de Televisa Acapulco, la noche anterior. Se trata del centro de inteligencia y monitoreo, donde la amenaza de muerte contra el alcalde de Acapulco en un programa de radio pasó inadvertida.

Al 066, delitos menores, muchas bromas, y pocas emergencias graves

“066, ¿cuál es su emergencia?”. Casi ninguna, se responde a sí misma una de las operadoras.
Y es que, por ejemplo, solamente el 2 de mayo se registraron mil 659 llamadas de broma. Cuando se trata de verdaderas denuncias, la mayoría son por delitos menores, de esos que las leyes reconocen simplemente como “faltas administrativas”.
El registro de denuncias en el sistema telefónico de emergencia 066, está lleno de bromas, que van desde llamadas que se cortan cuando apenas entran, hasta piropos e incluso mentadas para las telefonistas.
Al 066 se llama, sobre todo, para pedir auxilio policiaco en casos de violencia intrafamiliar. Llegan también las denuncias de riñas vecinales y si acaso de allanamiento de morada. Hay contra “individuos sospechosos” y las que son catalogados como “personas agresivas”. Es “gente que echa bronca, que se quieren salir de un bar o restaurante sin pagar la cuenta”, explica el coordinador estatal del 066, Francisco Sandoval Vázquez.
Existe la aspiración de que el 066 pueda funcionar también como el 911, de Estados Unidos. Conmovido, el mismo Sandoval Vázquez recuerda que ya una operadora del C-4 de Iguala, le salvó la vida a un niño al que se le atoró una canica.
Hay también el proyecto de instalar una red de cámaras vigilantes en las principales calles de la ciudad, independiente del sistema del Centro de Información y Vigilancia Avanzada (CIVA), del gobierno municipal. La idea es que el monitoreo se controle desde el centro de operaciones del 066, en el C-4.
Mientras ese día llega, a la línea de emergencia entran cientos de llamadas. Las que denuncian a los “vagos” y a los “borrachos en vía pública”, como aquí se clasifica.
“066, ¿cuál es su emergencia?” (Ricardo Castillo Díaz).

En el centro de Acapulco, las colonias de más delincuencia

Según el “mapeo de la delincuencia” del C-4, las colonias donde se registran más delitos no son las de la periferia, sino las del centro de Acapulco y en particular algunas de clase media.
De acuerdo con el coordinador de Planeación y Control Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Fernando Armit Cos, hay más delitos en la colonia Centro, Bellavista, Hornos, Las Playas, Magallanes, Alta Progreso y Progreso.
“Casi siempre aparecen abajo la (Emiliano) Zapata y Renacimiento, hay días en que ocupan entre el quinto y sexto lugar”, afirma.
Según este mapeo, la mayoría de los delitos que ocurren en esas zonas son el robo de autos, y los asaltos a casas, pequeños negocios y a transeúntes. En promedio, el C-4 registra 30 homicidios dolosos al mes en Acapulco.
Armit Cos dice que en las colonias de la periferia operan “más de 20 bandas” de delincuencia común, aunque asegura que “muchos” de sus integrantes “ya están en el Cereso”.
En su registro, los delitos se cometen delitos con mayor frecuencia “entre 8 y 10 de la mañana, entre 10 de la mañana y 12 del día, entre 6 de la tarde y 8 de la noche, entre 8 y 10 de la noche, y entre 10 y 12 de la noche”. Casi a todas horas del día. (Ricardo Castillo Díaz).

Amenaza anónima a Félix Salgado en un programa de radio; anuncian otra ejecución




En un programa radiofónico una voz anónima de acento norteño amenazó de muerte al alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y al secretario del Ayuntamiento, Daniel Ríos Abarca, y anunció una nueva ejecución.
Al mismo tiempo, este martes circuló fuerte la versión de que el ex secretario de Protección y Vialidad del puerto, Genaro García Jaimes, habría sido levantado en el aeropuerto, al regresar de Cuba donde presuntamente se mantenía oculto desde la balacera de La Garita.
Anoche, durante el programa radiofónico Hablemos de política transmitido en MVS y conducido por Jorge Zamora Téllez, entró al aire una llamada de alguien que se presentó como “José Luis García”, quien haría un comentario sobre las deficiencias en la recolección de la basura en la ciudad.
Sin embargo, la llamada llevaba otro propósito y el de la voz advirtió: “Quiero decirle que se cuide Félix Salgado Macedonio porque lo vamos a ejecutar, vamos a poner bombas en todos los interiores de gobierno”.
–A ver, ojalá no, ojalá sea esto una broma –interrumpió Jorge Zamora.
–Esto no es broma, esta noche va a haber otra ejecución –insistió el de la voz.
–Pues ojalá no sea cuento –dice Zamora, quien todavía espera que se trate de una broma.
–Pues ojalá y sí.
El conductor del programa intentó cortar la llamada, pero el de la voz alcanza a lanzar otra amenaza: “Que también se cuide el secretario General”.
Después de esta amenaza, el alcalde Salgado Macedonio se reunió anoche con su secretario Daniel Ríos, y a las 10 de la noche se dijo en el Ayuntamiento que el encuentro podría prolongarse hasta por dos horas. A las 12 de la noche aún no había una postura oficial.
Tampoco hubo información oficial que confirmara el presunto levantón del ex jefe de la policía municipal, Genaro García Jaimes.
El ex funcionario habría llegado al aeropuerto de Acapulco donde habría sido interceptado por dos camionetas de lujo el mediodía del lunes, según la versión.
García Jaimes presentó su renuncia después de la balacera en La Garita el 27 de enero, donde policías municipales enfrentaron a balazos a presuntos narcotraficantes del cártel de Sinaloa, dando muerte a cuatro de éstos.
El ex secretario de Protección y Vialidad no ha aparecido en público desde su dimisión, y uno de los jefes policiacos de la operación fue ejecutado, y su cabeza cortada y expuesta en los muros de la oficina que tiene la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado en La Garita, arriba de una cartulina con el siguiente mensaje: “Para que aprendan a respetar”. (Redacción).

Rechazan vecinos de Puerto Marqués al nuevo oficial del Registro Civil de la zona

 

Vecinos de Puerto Marqués se reunieron con el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Ríos Abarca, para manifestarle su inconformidad con la designación del oficial del Registro Civil de esta localidad.
Unas 40 personas de las colonias –según su propia versión– Miramar, Nuevo Puerto Marqués, La Pepsi, Altos de Miramar y La Guadalupana pidieron que ese cargo lo ocupe Roberto Dolores Acevedo, quien encabezó a los inconformes.
Dijeron que la oficial nombrada, Vianey Matadama, no tiene el apoyo de la mayoría de los vecinos, mientras que Roberto Dolores sí.
Por separado llegaron parianeros al Ayuntamiento, quienes se inconformaron porque tenían una audiencia con el alcalde Félix Salgado Macedonio y por tercera ocasión la había cancelado.
La líder de los parianeros, Elodia Sánchez Torres, amenazó con llevar a cabo una protesta el próximo lunes si el alcalde no los recibe, pues quieren informarle de los problemas que hay en la zona federal marítimo terrestre.

 

Reforzará el gobernador la cobertura del CIVA en Diamante, dice Daniel Ríos




En una reunión privada con el alcalde Félix Salgado Macedonio y otros funcionarios del municipio hace dos semanas, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo aseguró que está interesado en reforzar la cobertura del Centro Inteligente de Vigilancia Avanzada (CIVA) con más cámaras externas, informó el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Ríos Abarca.
Ayer, durante una visita de reporteros de la fuente a las instalaciones del CIVA –que se ubican dentro de las oficinas de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV)– encabezada por Ríos Abarca, se informó que debido a la falta de presupuesto, este centro no ha podido crecer de acuerdo a las necesidades del puerto, pero que es probable que se adquieran 17 nuevas cámaras y que la cobertura se amplíe a la zona de Acapulco Diamante.
Al final del recorrido, Daniel Ríos y el director del CIVA, Ib Joseph Zetina, presentaron videos de algunos hechos delictivos, que “por coincidencia” se han grabado ahí, y que han permitido actuar a las autoridades de manera oportuna.
Entre otros, la detención de una banda de delincuentes, después de que había asaltado una tienda Oxxo; y la repuesta inmediata de la estación de Bomberos, cuando un Volvswagen se incendió en el paso elevado del bulevar Vicente Guerrero.
En cambio, ambos funcionarios comentaron que las cámaras externas colocadas en la Costera no pudieron captar imagenes del crimen del joven Mario René Guerrero Quesada, el pasado seis de abril, debido al follaje de los árboles.
En otro caso, el del abogado Napoleón Guevara Lacunza, ejecutado la tarde del 30 de marzo, el director del CIVA explicó que la cámara ubicada en la avenida Constituyentes tampoco logró grabar detalles del asesinato, porque el equipo estaba en modo automático, y cambió a manual cuando hubo variaciones en el tráfico vehicular.
Ríos Abarca explicó a reporteros que esta área no depende de la SPV, porque el CIVA “no puede ser juez y parte”; por eso es responsabilidad de la Secretaría General del Ayuntamiento y que sólo mediante la petición de un juez se proporcionan copias de los videos.
Se detalló que en lo que va de 2006, el CIVA ha brindado tres mil 821 servicios, datos que complementaron con datos estadísticos; en los cinco años de operación, el centro ha brindado 12 mil 509 servicios, desde accidentes automovilísticos hasta asaltos.
Joseph Zetina agregó que el CIVA envía reportes a Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, Policía Preventiva, Policía Federal Preventiva división Caminos, Alumbrado Público, CAPAMA, Saneamiento Básico, etre otras dependencias.
También se lleva un registro del número de autos que circulan cada día por la Costera, que en promedio asciende a 60 mil carros.
En todo el municipio hay instalados dos mil 979 botones de pánico, sobre todo en escuelas, colonias, comercios e iglesias, con los que se estima que unas 346 mil 293 personas están conectadas a la red de seguridad.

Acusan vecinos a un líder de que vende predios del panteón de la colonia Jardín


Daniel Velázquez Olea

Vecinos de las tres secciones de la colonia Jardín exigieron al alcalde Félix Salgado Macedonio que detenga las invasiones en el predio del panteón de esa colonia.
Después de permanecer por una hora en la sala de Cabildo, unos cien vecinos empezaron a silbar, aplaudir y a gritar “que nos atienda Félix”, además de golpear las mesas en demanda de que el alcalde escuchara sus peticiones.
A los pocos minutos llegaron el secretario general, Daniel Ríos Abarca, y el director de Panteones, Jorge Vielma Heras, para dialogar con los vecinos, pero rechazaron a los funcionarios y continuaron con su protesta de ser atendidos por el alcalde.
Después de unos 15 minutos salió el alcalde acompañado del encargado de despacho de la Secretaría de Protección y Vialidad, Salvador Vargas Villanueva; del director de la policía Preventiva, Humberto Enoch del Valle Zúñiga, y del director de Panteones.
Los inconformes se quejaron de la invasión del panteón de la colonia Jardín por parte de la líder priísta Marbella Hernández, quien es “solapada” por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para vender lotes en 5 mil pesos, según gritó uno de los vecinos.
Explicaron que habitan en las tres secciones de la colonia Jardín: Mangos, Palmas y Almendros, y están inconformes de que se invada el panteón, además de les cobran 3 mil 800 pesos por sepultar a sus difuntos cuando antes no se pagaba nada.
Se acordó que después de la reunión el secretario general, el director de Panteones y el director de Protección Civil, José Antonio Pacheco Albert, acudirían a la colonia a supervisar el terreno en disputa y a constatar las denuncias sobre la construcción de viviendas dentro del camposanto.

En reunión con funcionarios, denuncian comisarios incumplimiento de obras

Cristina Sierra Rosas

Inconformes por el incumplimiento de sus peticiones, 30 comisarios y delegados de comunidades rurales y suburbanas se reunieron con funcionarios del Ayuntamiento, quienes les informaron de las pequeñas obras que se llevarán a cabo antes de que termine su gestión.
En la reunión de ayer estuvieron 30 comisarios y delegados de la zona suburbana y rural, además de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop), Arquelao de la Cruz; de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Miguel Ángel Castro Salas, y el secretario general Daniel Ríos Abarca.
Allí los funcionarios recibieron quejas y peticiones sobre servicios públicos como pavimentación de calles, construcción de comisarías, introducción de agua potable y de su infraestructura para suministro, así como el pago de su mensualidad para gestión.
Al final de la junta algunos comisarios y delegados se quejaron que a pesar de que ya había gestionado sus obras y algunas estaban aprobadas, sin explicación las cambiaron y a otros se las quitaron.
El delegado de Cumbres de Llano Largo, Socorro Montalbán Organista, se quejó que en su comunidad sí tienen la obra, es decir un tanque de agua, pero falta el agua. Reprochó que la CAPAMA suministra agua por cuatro días en la Zona Militar y a la población sólo tres.
Dijo que los militares llenan una alberca olímpica y dejan sin agua a la comunidad, asimismo denunció que las válvulas están aseguradas con un candado que sólo los militares pueden abrir.
Amenazó con llevar a cabo protestas con todos los pobladores de Cumbres de Llano Largo.
En respuesta, Miguel Ángel Castro le dijo que la CAPAMA ya atendía el problema de forma jurídica.
En entrevista, el comisario de El Carrizo, Vicente Delgado Hernández, indicó que se solicitó la demolición de la comisaría pero las autoridades no le respondieron. El campesino reprochó que faltan dos meses para terminar su gestión y el gobierno municipal no hizo obras en su comunidad.
Mientras que el comisario de Barrio Nuevo de los Muertos, Humberto Elacio Santiago, señaló que su pueblo solicitó pipas de agua pero en la CAPAMA les dijeron que no había unidades.
Asimismo exigió que le informaran sobre la pavimentación de una calle de 100 metros que tiene buen grosor de cemento en una zona pero al finalizar es endeble, “nos vamos a ir en blanco, pura solicitud y ninguna se hizo”.
También el comisario de Aguas Calientes, Silvestre Hernández Calixto, pidió la construcción de dos aulas para un Colegio de Bachilleres y el desazolve de un pozo en el centro de salud, pero tampoco ha obtenido respuesta.
Los comisarios y delegados se quejaron que los funcionarios les pidieron que llenaran un documento para hacer de nuevo la petición formal de las obras.

Las cámaras del CIVA no han grabado ninguna de las ejecuciones: Daniel Ríos

Daniel Velázquez Olea

El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Ríos Abarca, reveló que en dos ocasiones personas desconocidas se han acercado a él, con la intención de venderle videograbaciones del enfrentamiento entre policías y presuntos narcotraficantes en La Garita, el pasado 27 de enero.
Precisó que en dos ocasiones que ha salido del Ayuntamiento acompañando al alcalde, personas desconocidas se acercaron para ofrecerle los videos, pero que rechazó las ofertas por que no lo consideró adecuado.
Por otro lado, Daniel Ríos informó que las cámaras del Centro Inteligente de Vigilancia Avanzada (CIVA) no grabaron imágenes del enfrentamiento de La Garita, ni de ninguna de las ejecuciones que han ocurrido en el puerto, porque su cobertura no es suficiente y porque los crímenes han sucedido en lugares donde no hay cámaras.
Entrevistado ayer, el secretario general del Ayuntamiento recordó que las cámaras fueron colocadas con criterios “de vialidad” y no de seguridad, aunque aseguró que han dado buenos resultados en esta materia, porque gracias a ellas se detuvo a una banda de delincuentes que asaltaba a las tiendas Oxxo.
Aclaró que los videos del CIVA no están disponibles para los medios de comunicación, y que sólo en caso de ser requeridos por alguna corporación policiaca se les proporcionan copias.
Más adelante, explicó que actualmente operan 17 cámaras de video, pero adelantó que “en unas cuantas semanas” se comprarán otras 40, que se colocarán en sitios estratégicos para que cumplan funciones de vigilancia, sobre todo en los accesos del puerto y en los cruceros mas transitados.
En Acapulco operan 17 cámaras ubicadas en el Zócalo, La Diana, Icacos, Puerto Marqués, el crucero de El Cayaco, en las avenidas Ruiz Cortines y Diego Hurtado de Mendoza, el bulevar Vicente Guerrero y en el Centro de la ciudad.
En febrero de este año, el director del CIVA Ib Joseph Zetina informó que se necesitaban de 30 a 35 millones de pesos para adquirir nuevo equipo para aumentar la cobertura de las cámaras.