La alcaldesa de Mártir de Cui-lapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por las omisiones de las autoridades locales para resolver el conflicto político en su municipio y que, insistió, es un caso de violencia política de género.
La presidenta municipal, militante de Movimiento Ciudadano, indicó que pese a que ha solicitado medidas cautelares a diferentes instancias, sus peticiones no han sido atendidas.
Muñiz Gómez asistió ayer al auditorio del DIF estatal, a la proyección de la película Ángeles con garras de acero, organizada por la Secretaría de la Mujer para conmemorar el 63 aniversario del pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Consultada por reporteros al concluir el acto, Muñiz Gómez manifestó que hay una “gran omisión” del gobierno del estado y el Congreso local para atender el conflicto político que priva en su municipio, donde el síndico Be-nito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras encabezan la toma del ayuntamiento y exigen la re-vocación del mandato de la alcaldesa por corrupción, desvío de recursos y nepotismo.
Recordó que luego de las ac-ciones violentas de agosto, cuando el grupo opositor atacó sus propiedades y de sus familiares, así como el incendio de vehículos, solicitó medidas cautelares a las secretarías de Gobierno y de Se-guridad Pública, a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo dijo que no ha recibido ninguna respuesta, por lo que el mes pasado presentó una denuncia ante el Trife en contra de quienes resulten responsables por las omisiones que hay en el caso, principalmente de las autoridades locales, pues dijo que entre el gobierno del estado y el Congreso “se echan la bolita”.
Comentó que también pidió la intervención del Instituto Elec-toral y de Participación Ciudadana (IEPC), pero dijo que el órgano sólo la declaró “víctima” sin que existieran más resultados; mientras que de la Segob, el sábado vino un representante a entrevistarla, pero nada más.
Dijo que además de las omisiones, la denuncia ante el tribunal federal es por violencia política de género.
Recordó que el ex alcalde, José Guadalupe Rivera Ocampo, del PRD, fue extorsionado y obligado a entregar 10 millones de pesos a sus opositores, e insistió en que ese problema se ha vivido en Apango desde hace 25 años.
“No estamos de acuerdo con estas acciones porque tenemos población indígena y se me hace inconcebible que siendo un municipio tan pequeño se generen estos conflictos para satisfacer una necesidad de estos delincuentes, los voy a llamar así, y tengamos que sacrificar a otras comunidades que realmente merecen atención”.
Muñiz Gómez dijo que ante la situación que prevalece en la cabecera municipal, “de vez en cuando” asiste a entregar a poyos.
“Yo estoy haciendo un gobierno itinerante, trabajo en todas las comunidades, de vez en cuando me meto a Apango sin que ellos sepan, platico con la gente, hemos estado apoyando, estoy coordinando el ayuntamiento a pesar de todas las barreras que tenemos, estamos trabajando”.
Pese a que el ayuntamiento está cerrado, dijo que entregó a tiempo la Ley de Ingreso al Congreso, y además explicó que no tiene problemas financieros y podrá cumplir los compromisos de fin de año.