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Critica socióloga la descalificación de la 4T a organizaciones rurales: “no todas son corruptas”

Aurora Harrison

La doctora en Sociología, Beatriz Canabal Cristini, presentó a estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero su libro Actores y Movimientos Sociales en el Medio Rural Mexicano. Opinó que la política del gobierno federal de apoyar de forma individual a campesinos y productores es buena, pero no se debió descartar la participación de las organizaciones al calificarlas de corruptas.
Ayer por la tarde ante estudiantes de la Facultad de Sociología de la UAG, la socióloga hizo un recorrido histórico de las organizaciones rurales en México, después de que profesionistas hicieran comentarios que pueden encontrar un lector al momento de leer cada una de las páginas del libro.
En declaraciones, dijo, que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador firmó el documento Plan de Ayala Siglo XXI. “Ahí se conjugaron todos esos actores sociales que reviso históricamente, campesinos, productores, indígenas, mujeres, cada uno con sus demandas, sus luchas y se supone que están dando respuesta, pero lo veo un poco difícil”.
Del porqué dice que ve difícil que se atienda la demanda, respondió: “el Plan de Ayala Siglo XXI lo firmaron organizaciones sociales y ahora se está respondiendo de manera individual, por el giro de la política. Se dice que a través de las organizaciones sociales se iba quedando el presupuesto, el dinero y había corrupción, pero mi opinión es que no todas las organizaciones deberían de definir como corruptas, unas tienen historia muy importante de luchas fuertes por la tierra, algunas sí y otras no, habría que relativizar”.
“La propuesta actual es si dar apoyos pero de manera individual, no a las organizaciones y este es un giro diferente, no digo que esté mal o que no vayan a recibir los campesinos el apoyo, pero es diferente”.
Abundó que los campesinos reciben apoyos directos del Programa Directo al Campo, “se les está dando de manera directa, creo que está bien porque no se propician liderazgos amañados, lo que digo es que no todas las organizaciones eran iguales”.
Agregó que durante la recopilación para su libro se percató de “un cambio fuerte y los cambios se recienten, y veo que de pronto las organizaciones dejaron de tener recursos, son cambios y se tiene que ir adaptando a estos cambios, no quiero evaluarlos ni bien ni mal, es muy pronto para hacer análisis, pero sí hay un cambio, porque a pesar de que van (más) de cuatro años no daría un veredicto si está bien o mal”.
Sostuvo que las zonas rurales están recibiendo apoyos monetarios, con fertilizante, que “cada vez se esta ampliando más la cobertura, hay que esperar, ahorita habrá un cambio en la Financiera Rural y hay cambios que tenemos que esperar un poco”.
La comentarista Nadia Alvarado Salas dijo que la socióloga en su libro explica y demuestra como va creciendo la política agraria en México, los cambios en sus diferentes momentos históricos con la clasificación de liberales y conservadores. Y “este trabajo nos vuelve la mirada al periodo cardenista… que luego de la Revolución mexicana y la Constitución que plasma justicia para todos trabajadores y campesina”.
“Hoy en tiempos de la Cuarta Transformación vemos que no es suficiente un buen diseño de los programas de gobierno para los que menos tienen, si la implementación y la operatividad en el campo no está libre de prácticas corruptas, de compadrazgos, de compromisos de campaña, además de burocratismo y lo tedioso que puede resultar para las personas del campo poder acceder a estos, tomando en cuenta la desigualdad y sus consecuencias, si sabe leer, escribir, si tiene acceso internet o no”.
En tanto Gisela Ayón Ávila, del libro destaco que en los movimientos sociales de la zona rural la participación de la mujer, la cual dijo que siempre acompaña a los hombres en los procesos productivos, pero también comentó que el sector del campo está “descuidado” y que se requieren más apoyos.
También estuvo la representante de mujeres indígenas Magdalena Valtierra, quien en su breve participación mencionó que en Acapulco son 40 mil indígenas radicados en Acapulco en más de 120 colonias, y que se cuenta con siete escuelas bilingües.

 

Hay una estrategia de descalificación a su movimiento, denuncian padres de los 43

 

Con la exigencia de que se cumpla el acuerdo firmado entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Estado mexicano, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se pronunciaron contra la estrategia de “descalificación a las víctimas, a sus representantes legales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, impulsada por algunos “medios de comunicación oficiales y al servicio de la autoridad”.
En el décimo tercer mes de los ataques de las fuerzas de seguridad contra los normalistas en Iguala, Guerrero, algunos familiares de los desaparecidos y estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez, antes de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
En consulta con reporteros, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, señaló que entre los puntos de urgente implementación de los acuerdos firmados en Washington la semana pasada, resalta la canalización del expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo más importante es que se garantice la creación de la unidad especializada (dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos) para que tomen en cuenta las líneas de investigación propuestas por el GIEI, porque la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ha estado trabajando en contra del informe del equipo de expertos. No podemos mantener en manos de ellos el expediente”, destacó Ortega.
El abogado, quien también representa a familiares de los tres estudiantes ejecutados hace un año, hizo una relatoría de los intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto por “convertirnos en cenizas” al imponer la “verdad histórica” y desplegar “una campaña feroz contra la Normal y los padres de familia”.
Subrayó: “Los editoriales de periódicos, pantallas de televisión y cine, tribunas de legislaturas locales y federales, así como algunos especialistas y analistas públicos, vociferan contra las víctimas y contra el GIEI y su informe”.
Asimismo, resaltó que para desactivar el movimiento, las autoridades han inventado “divisiones inexistentes en la organización de los padres de familia de los 43 estudiantes”. También han recurrido a la criminalización de los normalistas asociándolos “con grupos delictivos” y a “cooptación de víctimas”.
Al censurar la negativa a investigar a autoridades municipales de Guerrero, Morelos y el Estado de México, “señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada”, pero también de la desaparición de los jóvenes, el orador inscribió en la estrategia mediática de “estigmatización, mentiras y desprestigio” la producción de la película La Noche de Iguala, realizada por el periódico Excélsior y dirigida por Jorge Fernández Menéndez.
Para los padres de los normalistas, el filme “criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende la memoria de los estudiantes asesinados”.
De igual manera, va en contra de las conclusiones del GIEI, donde se señala que el objetivo de los normalistas era participar en la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México, que estaban desarmados, que “no se trató de un enfrentamiento” y, sobre todo, que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, en el sentido de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Ortega insistió que los hechos se enmarcan en un “crimen de Estado que debe de ser investigado y castigado”, y exigió la presentación de los estudiantes, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, cese a la “criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia”; el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en Washington, y el acatamiento de los recomendaciones del GIEI.
El abogado también urgió trasladar el expediente de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y crear la unidad especializada, que deberá contar con “la presencia del equipo de expertos hasta que concluya la investigación”.
Luego de señalar que se ha negado a sus representantes –abogados de los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Tlachinollan– el acceso al expediente después de la última detención de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, relacionado con la desaparición de los normalistas, insistió en la necesidad de que el GIEI verifiqué la legalidad de su declaración.
Melitón Ortega urgió a la PGR a implementar el acuerdo de colaboración, con la participación del GIEI, para que se abran las líneas de investigación señaladas y se localice a los jóvenes desaparecidos.