Rechazan 800 mujeres en marcha en la Costera la hecha para apoyar a Abelina

Algunas de las jóvenes participantes en la marcha por el Día Internacional de la Mujer frente a la glorieta de la Diana Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

Unas 800 mujeres de diferentes colectivas y madres buscadoras marcharon en la avenida Costera, de playa Tamarindos a plaza Quebec, contra la violencia vicaria y denunciar la falta de justicia ante los feminicidios y la violencia intrafamiliar.
En el mitin que hicieron en la plaza Quebec criticaron que funcionarios del gobierno municipal hayan “simulado” una movilización para conmemorar el día 8M utilizando trabajadores y recursos para una lucha que no les pertenece.
Ayer a las 4 de la tarde las activistas se concentraron en el acceso a la playa Tamarindos con lonas, cartulinas en las que se leían las demandas, como “Alto a la violencia vicaria, mujeres libres de miedo y manipulación”, “Decidir también es vivir libres” y las consignas que corearon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
“No que no ya volvimos a salir”, “ni una más, ni una desaparecida más”, “los padres buscando también están luchando”, “Abelina escucha esta es nuestra lucha”; “abajo el patriarcado se va caer, se va a caer”, “el policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, entre otras consignas fueron coreadas durante el trayecto de marcha.
Se hicieron paradas durante el trayecto para hacer algunas actividades de batucada y prendieron algunos cuetes de humo color verde y morado.
Para auxiliar en la vialidad y que la circulación fluyera, los agentes de la Policía Vial habilitaron el carril Base Naval al Zócalo en contraflujo.
Los turistas que se encontraban caminando por la avenida Costera se detuvieron a tomar fotografías al contingente de mujeres. Los amigos y novios de las chicas que participaron en la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer caminaron por la banqueta.
Al llegar a la plaza Quebec se hizo el mitin político donde Irma Carreón y Paola Cisneros, leyeron el pronunciamiento, después de que fueron interrumpidas por una señora que denunció a su sobrino por agresión e incluso se quejó que las autoridades no dan seguimiento al caso a pesar de que ya presentó la denuncia.
Irma Carreón leyó una parte del pronunciamiento elaborado por las activistas, dijo: “las mujeres no salimos a las calles por costumbre ni por una consigna vacía. Salimos porque seguimos siendo invisibilizadas y violentadas de múltiples formas, incluso a través de aquellos que más amamos”.
“Resulta inaceptable que desde el propio Estado se intente simular movilizaciones, utilizando a sus trabajadoras y recursos públicos para desvirtuar, neutralizar y vaciar de contenido político una lucha que no les pertenece”, indicó lo anterior al referencia a la marcha que se hizo ayer por la mañana en apoyo a la presidenta Abelina López Rodríguez.
Agregó que mientras “ustedes simulan, nosotras nombramos las violencias que el Estado ha sido incapaz de erradicar. Esta lucha es nuestra, viene desde abajo, desde nuestras ancestras, desde la raíz misma de nuestra historia y de la opresión sistemática ejercida contra nosotras las mujeres”.

Mujeres de colectivas y madres buscadoras durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Costera que recorrió de playa Tamarindos a la plaza Quebec para exigir un alto a la violencia contra las mujeres Foto: Jesús Trigo

“Este 8 de marzo alzamos la voz para nombrar una de las expresiones más crueles de violencia contra las mujeres: la violencia vicaria. La violencia vicaria sólo afecta a las mujeres. Aunque les cueste, los vacíos legales, la falta de perspectiva de género, así como el machismo que impera en quienes legislan y juzgan, evita que las mujeres víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia”, dijo.
Aunque mencionó que el Código Penal del Estado de Guerrero prevé el delito de violencia vicaria, estableciendo una pena de prisión a quienes busquen dañar a una mujer, utilizando el rompimiento u obstrucción del vínculo utilizando a sus hijos para causar daño.
Sostuvo que la violencia vicaria también se encuentra estipulada en el Código Civil, “así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, sin embargo, esa protección que sólo debiese existir hacia las mujeres por ser una medida necesaria e indispensable para corregir desigualdades estructurales, se ha vuelto un circo”.
Explicó que en el Código Federal es un agravante familiar “no un delito autónomo, siendo omisa la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en atender tal situación”.
Paola Cisneros leyó la otra parte del pronunciamiento, dijo que las mujeres “seguimos siendo amenazadas, manipuladas, padeciendo procesos jurídicos dilatorios no sólo por nuestros agresores, sino también por un sistema omiso y negligente que nos drena la paz golpe a golpe, expediente por expediente”.
Abundó que además perpetúan roles y estereotipos de género, como delegarnos el cuidado y la crianza de infancias o personas enfermas, para apartarlas de la vida pública y puestos de toma de decisión, “es comodidad para los misóginos, porque mientras ellos no pueden hacer ni el mínimo indispensable de pagar pensiones alimenticias justas, nosotras tenemos que padecer una doble jornada laboral, dentro y fuera del hogar”.
Enfatizó que en los procesos lo que se busca es calma, desahogo, escucha, justicia y sólo obtenemos revictimización, reproche social y señalamientos.
“La deuda es pública, nuestras lágrimas derramadas, gritos de auxilio, la ansiedad y angustia que vivimos, el miedo latente por lo que pueda pasarle a las que queremos, es una deuda que el Estado nunca podrá saldar. La justicia en el estado de Guerrero es cobarde, para ellos es más cómodo continuar con su pacto patriarcal”, indicó.
El sábado como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, las integrantes de la Red Feministas de Acapulco Revolución Violeta hicieron una jornada de pintura, donde diseñaron las cartulinas que utilizaron ayer en la marcha, como “Quiero que mi mamá reciba mi título universitario, no mi acta de defunción”.

 

Critica socióloga la descalificación de la 4T a organizaciones rurales: “no todas son corruptas”

Aurora Harrison

La doctora en Sociología, Beatriz Canabal Cristini, presentó a estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero su libro Actores y Movimientos Sociales en el Medio Rural Mexicano. Opinó que la política del gobierno federal de apoyar de forma individual a campesinos y productores es buena, pero no se debió descartar la participación de las organizaciones al calificarlas de corruptas.
Ayer por la tarde ante estudiantes de la Facultad de Sociología de la UAG, la socióloga hizo un recorrido histórico de las organizaciones rurales en México, después de que profesionistas hicieran comentarios que pueden encontrar un lector al momento de leer cada una de las páginas del libro.
En declaraciones, dijo, que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador firmó el documento Plan de Ayala Siglo XXI. “Ahí se conjugaron todos esos actores sociales que reviso históricamente, campesinos, productores, indígenas, mujeres, cada uno con sus demandas, sus luchas y se supone que están dando respuesta, pero lo veo un poco difícil”.
Del porqué dice que ve difícil que se atienda la demanda, respondió: “el Plan de Ayala Siglo XXI lo firmaron organizaciones sociales y ahora se está respondiendo de manera individual, por el giro de la política. Se dice que a través de las organizaciones sociales se iba quedando el presupuesto, el dinero y había corrupción, pero mi opinión es que no todas las organizaciones deberían de definir como corruptas, unas tienen historia muy importante de luchas fuertes por la tierra, algunas sí y otras no, habría que relativizar”.
“La propuesta actual es si dar apoyos pero de manera individual, no a las organizaciones y este es un giro diferente, no digo que esté mal o que no vayan a recibir los campesinos el apoyo, pero es diferente”.
Abundó que los campesinos reciben apoyos directos del Programa Directo al Campo, “se les está dando de manera directa, creo que está bien porque no se propician liderazgos amañados, lo que digo es que no todas las organizaciones eran iguales”.
Agregó que durante la recopilación para su libro se percató de “un cambio fuerte y los cambios se recienten, y veo que de pronto las organizaciones dejaron de tener recursos, son cambios y se tiene que ir adaptando a estos cambios, no quiero evaluarlos ni bien ni mal, es muy pronto para hacer análisis, pero sí hay un cambio, porque a pesar de que van (más) de cuatro años no daría un veredicto si está bien o mal”.
Sostuvo que las zonas rurales están recibiendo apoyos monetarios, con fertilizante, que “cada vez se esta ampliando más la cobertura, hay que esperar, ahorita habrá un cambio en la Financiera Rural y hay cambios que tenemos que esperar un poco”.
La comentarista Nadia Alvarado Salas dijo que la socióloga en su libro explica y demuestra como va creciendo la política agraria en México, los cambios en sus diferentes momentos históricos con la clasificación de liberales y conservadores. Y “este trabajo nos vuelve la mirada al periodo cardenista… que luego de la Revolución mexicana y la Constitución que plasma justicia para todos trabajadores y campesina”.
“Hoy en tiempos de la Cuarta Transformación vemos que no es suficiente un buen diseño de los programas de gobierno para los que menos tienen, si la implementación y la operatividad en el campo no está libre de prácticas corruptas, de compadrazgos, de compromisos de campaña, además de burocratismo y lo tedioso que puede resultar para las personas del campo poder acceder a estos, tomando en cuenta la desigualdad y sus consecuencias, si sabe leer, escribir, si tiene acceso internet o no”.
En tanto Gisela Ayón Ávila, del libro destaco que en los movimientos sociales de la zona rural la participación de la mujer, la cual dijo que siempre acompaña a los hombres en los procesos productivos, pero también comentó que el sector del campo está “descuidado” y que se requieren más apoyos.
También estuvo la representante de mujeres indígenas Magdalena Valtierra, quien en su breve participación mencionó que en Acapulco son 40 mil indígenas radicados en Acapulco en más de 120 colonias, y que se cuenta con siete escuelas bilingües.

 

Hay una estrategia de descalificación a su movimiento, denuncian padres de los 43

 

Con la exigencia de que se cumpla el acuerdo firmado entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Estado mexicano, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se pronunciaron contra la estrategia de “descalificación a las víctimas, a sus representantes legales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, impulsada por algunos “medios de comunicación oficiales y al servicio de la autoridad”.
En el décimo tercer mes de los ataques de las fuerzas de seguridad contra los normalistas en Iguala, Guerrero, algunos familiares de los desaparecidos y estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez, antes de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
En consulta con reporteros, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, señaló que entre los puntos de urgente implementación de los acuerdos firmados en Washington la semana pasada, resalta la canalización del expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo más importante es que se garantice la creación de la unidad especializada (dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos) para que tomen en cuenta las líneas de investigación propuestas por el GIEI, porque la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ha estado trabajando en contra del informe del equipo de expertos. No podemos mantener en manos de ellos el expediente”, destacó Ortega.
El abogado, quien también representa a familiares de los tres estudiantes ejecutados hace un año, hizo una relatoría de los intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto por “convertirnos en cenizas” al imponer la “verdad histórica” y desplegar “una campaña feroz contra la Normal y los padres de familia”.
Subrayó: “Los editoriales de periódicos, pantallas de televisión y cine, tribunas de legislaturas locales y federales, así como algunos especialistas y analistas públicos, vociferan contra las víctimas y contra el GIEI y su informe”.
Asimismo, resaltó que para desactivar el movimiento, las autoridades han inventado “divisiones inexistentes en la organización de los padres de familia de los 43 estudiantes”. También han recurrido a la criminalización de los normalistas asociándolos “con grupos delictivos” y a “cooptación de víctimas”.
Al censurar la negativa a investigar a autoridades municipales de Guerrero, Morelos y el Estado de México, “señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada”, pero también de la desaparición de los jóvenes, el orador inscribió en la estrategia mediática de “estigmatización, mentiras y desprestigio” la producción de la película La Noche de Iguala, realizada por el periódico Excélsior y dirigida por Jorge Fernández Menéndez.
Para los padres de los normalistas, el filme “criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende la memoria de los estudiantes asesinados”.
De igual manera, va en contra de las conclusiones del GIEI, donde se señala que el objetivo de los normalistas era participar en la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México, que estaban desarmados, que “no se trató de un enfrentamiento” y, sobre todo, que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, en el sentido de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Ortega insistió que los hechos se enmarcan en un “crimen de Estado que debe de ser investigado y castigado”, y exigió la presentación de los estudiantes, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, cese a la “criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia”; el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en Washington, y el acatamiento de los recomendaciones del GIEI.
El abogado también urgió trasladar el expediente de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y crear la unidad especializada, que deberá contar con “la presencia del equipo de expertos hasta que concluya la investigación”.
Luego de señalar que se ha negado a sus representantes –abogados de los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Tlachinollan– el acceso al expediente después de la última detención de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, relacionado con la desaparición de los normalistas, insistió en la necesidad de que el GIEI verifiqué la legalidad de su declaración.
Melitón Ortega urgió a la PGR a implementar el acuerdo de colaboración, con la participación del GIEI, para que se abran las líneas de investigación señaladas y se localice a los jóvenes desaparecidos.