En la ceremonia luctuosa por la conmemoración del sexto aniversario de la matanza de El Charco, en Ayutla de los Libres –en donde murieron once personas tras un cerco del Ejército a una reunión de campesinos con integrantes del ERPI, en una escuela primaria– organizaciones indígenas, sobrevivientes y viudas de los asesinados, demandaron la desmilitarización de la zona y el castigo a los responsables de estos crímenes.

En el acto, que congregó a unas 400 personas, se exigió además indemnizar a los hijos de los hombres asesinados en El Charco, y que el gobierno federal destine recursos para el desarrollo de la región, “y no que espere otra matanza para construir escuelas, centros de salud, carreteras”, señaló Arturo Campos Herrera, coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT).

Al acto asistieron integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), como Benigno Guzmán; de la Fodeg, Bertoldo Martínez, y de Tierra y Libertad, así como vecinos de comunidades aledañas. Ninguna autoridad de la presidencia municipal asistió, pese a que fueron invitados.

Efrén Cortez, uno de los sobrevivientes de la matanza y preso político por esos hechos, en su discurso, pidió castigo a los responsables de la masacre, “y también le exigimos a todas las personas que se dicen luchadores sociales y de izquierda que en vez de buscar culpables en los pueblos, por intentar organizarse, mejor exijan que los responsables estén en la cárcel, porque está claro que el Ejército fue a agredir a la comunidad, que se encontraban en una reunión de consulta”.

Demandó que estos grupos se sumen a la exigencia de la desmilitarización de la región, y recordó que la matanza del 7 de junio de hace seis años se dio por el ataque del Ejército “a personas desarmadas, rendidas”.

Señaló que el presidente Vicente Fox debe mostrar su compromiso por el respeto a los derechos humanos y castigar a los responsables de esos hechos, entre ellos los ex comandantes regionales Alfredo Oropeza Garnica, quien era comandante de la 35 Zona militar, con base en El Ticuí, Atoyac de Alvarez, y Luis Humberto Portillo Leal, que lo era de la 27 región militar con base en Acapulco. Ambos coordinaron el operativo de cerco militar a los indígenas y ordenaron disparar sobre los asistentes.

En representación de las nueve viudas de El Charco habló la señora Eustolia Ramírez Castro, de la comunidad de La Palma y esposa de José Rivera, uno de los asesinados durante esos hechos.

Eustolia Ramírez exigió al gobierno federal una indemnización para los huérfanos, la desmilitarización de la región y el castigo a los responsables de la masacre.

Arturo Campos, por la OIPMT, señaló que a seis años de la matanza, la región sigue igual de abandonada por el gobierno federal. A nombre de la organización, exigió la desmilitarización de la zona, y denunció que desde hacía una semana, el Ejército estuvo rondando El Charco, como una manera de intimidar a las comunidades y a quienes asistirían a la ceremonia de este lunes. Además, los soldados mantienen patrullajes y retenes constantes en la región.

Denunció que a seis años “hay impunidad” por la matanza de El Charco, y que incluso el ex procurador militar, Rafael Macedo de la Concha –quien debió juzgar la conducta de los militares–, es ahora el Procurador de la República y es quien debe hacer valer el respeto a los derechos humanos en el actual gobierno. “Más que andarla pregonando fuera de México, tiene que hacer justicia aquí y castigar a los culpables de las muertes de 10 indígenas y un estudiante”.

Demandó al gobierno federal recursos para esta región, pues señalan que en tanto argumentan que no hay recursos para el desarrollo, sí lo existen para mantener al Ejército en la zona. “El gobierno tiene que voltear a ver a los indígenas, y no esperar a que se dé otra matanza para construir albergues, comisarías o dar electricidad”, como en El Charco.

Contó que en esta región indígena, las comunidades reclaman caminos, que “ahora están destrozados. Es nuestro derecho como ciudadanos tener ese camino, que es importante para nosotros, porque si no hay esos caminos no hay salud ni educación, los maestros no suben a los pueblos y los alumnos tienen bajar a Ayutla a estudiar”.

El compromiso de las organizaciones asistentes, es asistir también a la conmemoración del noveno aniversario de la matanza de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, este 28 de junio próximo (Aurelio Peláez).