Trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) tomaron las instalaciones y pararon labores, para exigir la destitución del delegado Víctor Hugo Soto Martínez, a quien acusaron de desviar recursos de la dependencia.
Desde las 7 de la mañana, los inconformes cerraron el acceso a las instalaciones ubicadas en la avenida José Francisco Ruiz Massieu, donde colocaron lonas en las que exigieron al director general del Conafe, Simón Villar Martínez, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, la destitución inmediata de Soto Martínez.
El trabajador Jesús Ramírez Marino, con clave de auxiliar operativo, una de las más bajas en cuanto a salarios del Conafe, dijo que Soto Martínez viola los derechos de los empleados, abusa de autoridad y desvía recursos de la dependencia.
Señaló que el Conafe se creó para atender a las comunidades marginadas del estado y “no se vale” que se desvíen los recursos, que no se atienda la educación “como debe de ser”.
Aseguró que los inconformes cuentan con facturas de alimentación por más de 5 millones de pesos, cantidad que les parece exagerada, pues no creen que éste sea el monto real, sino que es una manera de justificar la falta de recursos en la dependencia.
“El rezago educativo así está porque no hay atención, los programas no se aplican como debe de ser. Él (Soto Martínez) se está moviendo para lanzarse como diputado y a la vez utiliza figuras educativas para que crezca su carrera política”, expresó.
Al lugar llegaron Soto Martínez y un grupo de trabajadores, opositores a los manifestantes, acompañados de un abogado particular que informó que sin un documento que la amparara, la protesta no tenía validez, a pesar de que los inconformes argumentaron que tienen derecho a la libre manifestación.
Soto Martínez exigió que se abrieran las instalaciones, pues “queremos trabajar” y aseguró que los manifestantes no entregaron ningún pliego de demandas, además de que tampoco le han solicitado mesas de trabajo para resolver sus inconformidades.
Los manifestantes se negaron a abrir las instalaciones, los opositores se retiraron y al lugar llegaron representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para levantar un acta ante el temor a represalias.
Por la tarde, Ramírez Marino dijo que ninguna autoridad estatal ni federal acudió a dialogar con los manifestantes, quienes decidieron mantener su plantón de manera indefinida, hasta que se solucionen sus demandas.
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Revela dictamen de Contraloría el desvío de 45 mdp por el ex alcalde de Taxco
Sin comprobar los montos de inversión de 44 obras fantasmas en diversas comunidades del municipio que gobernó Isaac Ocampo Fernández, actual subsecretario de Desarrollo Social
Claudio Viveros Taxco Por los menos 44 obras fantasmas y un monto no comprobado de más de 45 millones de pesos, son los presuntos actos de desvío de recursos cometidos por el ex alcalde y actual subsecretario de Desarrollo Social, Isaac Ocampo Fernández, a unos días de concluir su periodo en noviembre de 2002.
De acuerdo con un dictamen técnico de la Contraloría General del Estado, obtenido por El Sur, en un acta se detallan los resultados obtenidos en la revisión físico-financiera de las supuestas obras que ejecutó el ayuntamiento de Taxco, contempladas dentro de los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Inversión Estatal Directa y Ramo 20 en el ejercicio presupuestal 2002.
De ahí se desprende que con pleno conocimiento de los resultados, tanto el gobernador del Estado, René Juárez Cisneros, así como de la Contraloría entonces a cargo de Enrique Alarcón Vélez, no actuaron al aplicar la ley ante estas irregularidades y en donde además, las obras de las comunidades mencionadas y los montos de inversión nunca fueron del conocimiento de los habitantes, es decir nunca se iniciaron, según se observó en algunos recorridos.
La documentación, que comprende más de 60 hojas, es un resumen en el que se da cuenta del no ejercicio de obras y comprobación de recursos por un total de 45 millones 264 mil 845 pesos, de los cuales, tan sólo en el programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), conocido como Ramo 33, en el aspecto físico existe un total de 64 obras con observaciones, 20 en proceso y 44 de ellas no iniciadas con un monto de 18 millones 200 mil 637 pesos.
En cuanto al aspecto financiero, la revisión y análisis de estos recursos y comprobación de obras del mismo programa FISM, los resultados generales señalan irregularidades y observaciones por 20 millones 505 mil 832 pesos por comprobar, de un total de más de 31 millones asignados y la comprobación de sólo 5 millones 840 mil 630 pesos, sin que las obras hayan comenzado, y aún cuando también los auditores se enteraron que para el manejo y control de estos recursos se abrió la cuenta número 0132499614 de BBVA Bancomer, sucursal Taxco, que curiosamente tenía un saldo de 1 millón 831 mil 589 pesos con 05 centavos.
El acta circunstanciada, con clave CGE/DGFE/126/2002 de la Contraloría General del Estado, fue firmada el 4 de noviembre del año 2002, a 26 días de concluir su administración el presidente municipal Isaac Ocampo Fernández, el tesorero, Miguel Antúnez Cuevas, y Víctor Gómez Blanco quien fungió como director de Obras Públicas.
Así, la tarea comenzó el 18 de septiembre del 2002 mediante un oficio girado por el entonces contralor general del Estado, Enrique Alarcón Vélez, quien comisionó a los analistas auditores José Guadalupe Nava Acevedo, Arnulfo Torres Catalán, Leticia García Vázquez e Hildeberto Barrios Culebrina para llevar a cabo dicha revisión de 271 obras en el municipio, con un monto de inversión de 60 millones 319 mil 051 pesos con 97 centavos de los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Inversión Estatal Directa y Ramo 20.
De acuerdo al dictamen emitido por los auditores de la Contraloría, destacan la inexistencia de expedientes técnicos de las obras, que debían ser validados por los comités de desarrollo locales o las dependencias normativas correspondientes.
Desde últimos meses de gobierno del exalcalde Isaac Ocampo Fernández fueron recurrentes las versiones de que muchas obras no habían sido ejecutadas, al grado de que algunas comunidades solicitaron la intervención de la propia Contraloría estatal y del gobierno federal por las presuntas irregularidades, entre ellas las comunidades de San Pedro y San Felipe Chichila, donde el actual comisario Rogaciano Rodríguez, otorgó el sello de la comunidad para hacer válida una supuesta comprobación de la apertura de una brecha sacacosechas que hasta la fecha no existe, por un monto autorizado de 650 mil pesos.
En varias de las comprobaciones, de rehabilitación de caminos y canchas de futbol, los habitantes nunca conocieron los montos de inversión ni se formaron los comités ciudadanos que el Copladeg exige, y menos aún se ejecutaron las obras referidas en los millonarios recursos destinados para el municipio, por lo que a 16 meses después, hay versiones que algunos ex funcionarios cercanos al ex alcalde han pretendido simular e intervenir en la ejecución de obras pendientes, en evidente maniobra para comprobar el millonario desfalco.
A todo esto se suma el adeudo de 30 millones de pesos que Isaac Ocampo –hombre cercano de Juárez Cisneros, funcionario de su gabinete y responsable del programa Pensión Guerrero– contrajo para la construcción de la llamada Vía Alterna, obra que hasta la fecha está sin concluir por el gobierno estatal y que mensualmente le reduce un millón 400 mil pesos a la actual administración.
“Gente ajena” recibe recursos del Ramo 33, dicen pescadores
Unos 20 integrantes de la Federación Campesina Pesquera de Acapulco, denunciaron que se están desviando los recursos del Ramo 33 para otros fines, y acusaron al director de Fomento Económico y Desregulación del municipio, Jesús Rogel, de condicionar la entrega de dichos recursos.
En una manifestación en el Zócalo, el representante de los inconformes Marcos Jiménez Suástegui, dijo que “gente ajena es la que está recibiendo los beneficios”, y mencionó al subcoordinador de Fomento Económico de Proyectos Productivos, Alberto Bustos y al contador público Víctor Nerviño Mundo, ya que éste último “cobró un cheque y es delegado de la coordinación de Fomento Económico; le entregaron un cheque de 120 mil pesos, lo cobró en Banorte, con el número 001248 y con fecha 9 de octubre del 2003, están haciendo como que entregan el recurso pero se quedan con él”.
Jiménez Suástegui aseguró que las personas a las que representa planean llevar a cabo una manifestación en la clausura del Tianguis Turístico, “porque de esa manera el presidente de la República Vicente Fox Quesada se dará cuenta de las carencias que enfrentan los pescadores”.
También acusó al regidor del PRD Wulfrano Salgado Romero, “de prometer apoyo pero siempre y cuando sea seguidor de Zeferino Torreblanca Galindo”, y señaló que “aquí no tienen por qué presionar de esa forma, incluso está metiendo cooperativas que no tienen registro, no tienen nada pero como son perredistas…”.
Jiménez Suástegui dijo que no es válida la postura de Jesús Rogel, quien ha condicionado a los pescadores la entrega de los recursos provocando “zanganismo en algunos compañeros, no trabajan, la laguna de Tres Palos no tiene producción y el dinero se canaliza a otras personas, nosotros buscamos cultivar la (mojarra) tilapia”.
Lamentó que los colaboradores del presidente municipal, Alberto López Rosas no estén cumpliendo con su trabajo, “aún cuando el alcalde mostró interés en el trabajo que hacen los pescadores en una visita que hizo”.
Jiménez Suástegui dijo que en los integrantes del sector pesquero hay inconformidad porque les están “coartando la oportunidad de realizarnos como productores de mojarra tilapia, de lo cual el presidente municipal tiene conocimiento porque ha estado en nuestros estanques”.
Jiménez Suástegui dijo que el Ayuntamiento recibió 17 millones de pesos de la Federación para proyectos productivos y que para el sector pesquero son dos millones y medio, cantidad que aseguró, no es suficiente para las demandas que tiene el sector al que representa.
“Un estanque, incluyendo toda la instalación, cría y alimento, sale en 250 mil pesos y cómo es posible que con dos estanques va a querer tapar el ojo al macho para tantísima gente, no lo vamos a permitir” dijo.
No hay implicaciones por desvío de 45 mdp en la UAG, dice funcionario de la SEP
Teresa de la Cruz
Chilpancingo
El subsecretario de Educación Media Superior e Investigación Científica de la SEP, Julio Rubio Oca, aseguró ayer que a pesar de que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Nelson Valle López, tomó 45 millones de pesos de programas federales para pagar el salario de los trabajadores, no hay ninguna implicación debido a que “el recurso ya está donde se debe de ejercer”.
Entrevistado antes del segundo informe de labores del rector de la UAG, Rubio Oca expresó que “desde el punto de vista de la SEP, no hay implicaciones” por los cerca de 45 millones de pesos que Valle López tomó de “recursos etiquetados” para pagar el salario a los trabajadores.
Indicó el funcionario federal de la SEP que estaba “enterado de la necesidad de hacer esa transferencia de presupuesto, pero me está informando –Nelson Valle López– que los recursos, ya están en los lugares en donde se tiene que ejercer”.
Fue el pasado 12 de abril cuando el rector de la UAG declaró ante los medios de comunicación que producto de los embargos al presupuesto de la universidad por la deuda con el ISSSTE, de diciembre de 2003 a febrero de 2004, tomó cerca de 45 millones de pesos de recursos que vienen “etiquetados”.
La justificación de Valle López por el desvió de recursos de tres programas federales –Programa integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDA), y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)– fue que tenía que pagar el salario a los trabajadores, incluso reconoció que en esos momento era sujeto de una sanción de “tipo penal”.
Sin embargo, Rubio Oca aseguró este martes que a pesar de no estar “lo suficientemente enterado de cuál es la necesidad que tuvo la UAG para hacer esta trasferencia, me dicen que ya están nuevamente los fondos en donde deben estar”.
A pregunta de un reportero sobre sí los 100 millones de pesos que autorizó el Congreso de la Unión como recurso extraordinario servirán para pagar la deuda con el ISSSTE, Rubio Oca destacó que la prioridad de ese recurso es para “incidir en los pasivos de las universidades que fueron beneficiarias para garantizar que sus proyectos académicos avancen si ningún impacto”.
Con relación a la importancia de reducir la matrícula en las universidades públicas, el funcionario federal dijo lo que las instituciones operan “con base a una capacidad, pero cuando esa capacidad se ve rebasada por un número de estudiantes, no pueden ser atendidos en condiciones apropiadas y disminuye la calidad”, de ahí que coincidió en que debe haber una reducción.
En cuanto al incremento de aranceles en las universidades públicas, Rubio Oca destacó que “es una decisión que cada universidad debe de analizar, el asunto importante es que en este momento financiamos 12 veces más a los jóvenes que provienen de familias cuyos ingresos están en los tres últimos deciles de población”.
Por lo que, recalcó, que existe un problema de “inequidad en el financiamiento de educación y habrá entidades en las que será necesario seguir ampliando las oportunidades a los estudiantes, mientras que en otras los estudiantes deberán participar con los costos de su formación”.
Subrayó que el presupuesto destinado a las universidades “en términos reales ha crecido en promedio en un cinco por ciento año tras año, de tal manera que dentro de las condiciones adversas que tenemos desde el ámbito financiero, se ha protegido el subsidio a las universidades públicas estatales”.
Desvía recursos de las becas Pronabe René Juárez, acusan miembros de la FEUG
* Condiciona pagos Sedesol a cambio de votos, dicen
Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) acusaron ayer al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, de “desviar” los recursos del Programa Nacional de Becas (Pronabe) y en el caso de las Becas de Excelencia Académica que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, están “condicionando su pago a cambio del voto al precandidato del PRI a la gubernatura” del estado, Héctor Astudillo Flores.
El dirigente estudiantil, Sergio Moctezuma Alonso, explicó en conferencia de prensa que durante una reunión que sostuvieron con el gobernador del estado el pasado 9 de marzo, éste se comprometió a pagar las becas Pronabe a los cerca de 800 estudiantes universitarios en la primer quincena de marzo, “pero no fue así, no han pagado nada”.
Según Moctezuma Alonso, el presupuesto de las becas Pronabe se compone de recursos tanto del estado como de la federación, por lo que “queda claro que el gobierno del estado está desviando el 50 por ciento de recursos que corresponden al estado, y también el 50 por ciento que entrega la federación”.
Aclaró el dirigente estudiantil que en la misma reunión, el gobernador del estado se comprometió también a pagar en la primera quincena de marzo la Beca Compensatoria –la cual se entrega a estudiantes como apoyo al transporte– cuyo monto es de 2 millones 639 mil pesos, “y tampoco se pagó”.
En el caso de la Beca de Excelencia Académica que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, acusó al director del Departamento de Becas del gobierno del estado, Abel Eloy Velasco, de estar “condicionando su pago, a cambio del voto al precandidato del PRI a la gubernatura” del estado, Héctor Astudillo Flores.
Mencionó Moctezuma Alonso que de “manera paralela, y a pesar de que es sabido que sólo a través de la FEUG se distribuyen las becas, Eloy Velasco las está ofreciendo a los universitarios a cambio del voto para Astudillo Flores”.
Desvíos por más de 4 millones de recursos públicos en Tepecoacuilco
* Hay anomalías en segunda cuenta de 2003: síndico
Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * El síndico municipal de Tepecocuilco de Trujano, Miguel Zavaleta Hernández, reveló que en la segunda cuenta cuatrimestral de 2003, la Auditoría Mayor de Hacienda del Congreso local descubrió irregularidades por 4 millones 743 mil 330 pesos.
También están pendientes –dijo– las probables irregularidades que se puedan descubrir en la tercera cuenta del año anterior, la cual se entregó el pasado 19 de marzo, cuando debió hacerse el 31 de enero pasado.
“De acuerdo con el documento que emite la Auditoría Superior del Congreso del Estado, admite que existen irregularidades en la administración de los recursos, por la cantidad de 4 millones 743 mil 330 pesos con 60 centavos”.
Zavaleta Hernández aseguró, de acuerdo con la recomendación, que la administración del alcalde Pablo Landa Sotelo debe comprobar con documentos que avalen en qué se erogaron esos recursos.
El síndico, nombrado a principios de febrero pasado, informó que las irregularidades fueron cometidas el año pasado, esto es antes de asumir el cargo, y responsabilizó a quienes estructuraron la cuenta del segundo cuatrimestre del año anterior.
Deslindó de toda probable irregularidad a la dependencia a su cargo, “porque en esta sindicatura no se lleva ningún control de los gastos del municipio. No se manejan recursos. Todo eso lo lleva el área de Tesorería y creemos que es ahí donde se cometen las irregularidades”.
Desde su punto de vista, la responsabilidad no sólo es del tesorero municipal, Efraín Pillado, porque el trabajo no lo hace él solo, “hay un quipo, un despacho de contadores que son los que llevan a cabo este trabajo. Pero la responsabilidad no es sólo de él, sino de otras dos personas más, que en este caso son el presidente municipal y el síndico”.
Lamentó que a casi dos meses de llegar a la sindicatura el alcalde Landa Sotelo ha mostrado total cerrazón para informarle cómo se administra al municipio, pero no solo sucede con él porque en el mismo caso están los regidores.
“Con ello se demuestra que el presidente no cumple conmigo ni con los regidores, y lo peor del caso es que tampoco le cumple a los ciudadanos que le confiaron su voto”.
El síndico reconoció que en la entrega de las cuentas cuatrimestrales el municipio de Tepecoacuilco sigue muy rezagado, pero esto se debe a cuestiones humanas, de coordinación y como resultado podrían haber sanciones.