La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Zihuatanejo cuenta con 244 policías preventivos, de los cuales sólo 49 están en la licencia oficial colectiva 110 que les autoriza portar armas de uso exclusivo para las fuerzas armadas, informaron fuentes de la dependencia.
Revelaron que la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del estado entregaron para el primer semestre del año sólo 54 credenciales, de las cuales cinco pertenecen a puestos administrativos y 49 para portación de armas, “hay 15 credenciales más que no sabemos por qué están retenidas desde enero de este año en la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado”.
El 10 de abril militares y policías estatales llegaron a las oficinas de la dependencia a revisar el armamento de los policías preventivos y encontraron varias irregularidades, en dos armarios ubicados en los dormitorios hallaron un chaleco táctico y una fornitura que debían de estar bajo resguardo, y a tres uniformados les encontraron armamento que no pertenece a la corporación.
La incursión de este martes a las instalaciones por soldados y policías estatales no era algo desconocido para el presidente municipal perredista Gustavo García Bello, pues un día antes el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, le envió el oficio 1392/2017 en el que le informó que esa acción se llevaría a cabo, pero no le avisó cuándo.
En ese documento cuya copia tiene El Sur, Montesinos Baños dice que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y “con base en los resultados asentados en el acta administrativa de fecha 10 de abril del año en curso, levantada con motivo de la revista al armamento, cargadores y municiones realizada por personal de esta Secretaría (…) en la que se detectaron diversas irregularidades respecto al uso del armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 y que para evitar darle un mal uso a dicho arsenal”, los policías estatales harían “una revisión extraordinaria” del armamento.
Según el oficio ese 10 de abril se encontraron siete irregularidades: Los policías municipales portaban armamento con las credenciales vencidas. Al verificar el armamento con la identificación de su portador ésta se encontraba vencida. No coincidían las características de las armas de fuego con las asentadas en la identificación. El encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio tenía en su poder las credenciales vigentes y aún no las entregaba. Se expidieron indebidamente credenciales de identificación a los policías municipales que utilizaban para acreditar la portación del armamento. El personal cuenta con 246 policías municipales, de éstos 223 estuvieron incluidos en la licencia oficial colectiva 110 por lo que sólo 54 elementos se encuentran aptos para portar armamento. Faltó armamento y municiones, el municipio presenta armamento robado y/o extraviado así como relacionado a causas penales.
El documento señala que “existe un informe de hechos de la puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común con sede en Zihuatanejo de Azueta, con fecha 13 de mayo, realizado por policías estatales en el que se informa de la detención de una persona por usurpación de funciones y uso indebido de uniforme oficial, el cual conducía a exceso de velocidad una unidad oficial de la Policía Municipal de Zihuatanejo con número 030, quien en ese momento manifestó que no pertenecía a la Policía Municipal”.
Continúa: “Por lo anterior y para evitar el mal uso que se le pueda dar al armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 de la cual esta Secretaría es titular (…) informo a usted que personal de esta Secretaría procederá a realizar una revisión extraordinaria del citado armamento para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que se deben observar para el uso y portación del armamento oficial”.
El martes policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante nueve horas las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y detuvieron a 60 policías municipales, corporación que según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, está infiltrada por criminales.
No se presentaron órdenes de detención, se llevaron a los policías que tenían anotados en una lista
Sin embargo la fuente de Seguridad Pública manifestó que “sí llevaron a cabo la revisión como dice ese oficio, pero en ningún momento mostraron una orden de detención o de arresto de los compañeros que se llevaron, sólo traían una lista y empezaron a nombrarlos porque se los iban a llevar”.
De estos detenidos, inicialmente Álvarez Heredia informó que tres de ellos son presuntos delincuentes que desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal y están vinculados a grupos delictivos.
Uno de ellos, Javier, según los policías municipales es ex director de Seguridad Pública de Petatlán y tenía dos semanas de haber llegado a la corporación como coordinador operativo, sin que conocieran quién o cómo fue que obtuvo el cargo.
Los otros dos detenidos, Víctor y Martiniano son reconocidos por sus compañeros como comandantes de la Policía Municipal y ambos tienen más de 10 años de antigüedad en la corporación.
El vocero agregó que, “otros 42 individuos, sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza portaban armamento de la licencia oficial colectiva 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Ese martes en la tarde el alcalde perredista, Gustavo García Bello ofreció una conferencia de prensa en la que informó que los policías municipales tomaron el armamento luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en Ixtapa, y que él no pudo hacer nada al respecto.
El miércoles 13 de abril de 2016, después de un año y cuatro meses cuando el Ejército regresó el armamento que decomisó a la Policía Preventiva Municipal de Zihuatanejo, y luego de que la actual administración cumpliera los requerimientos de los militares, éstos entregaron el armamento, accesorios y municiones que tenían bajo su custodia desde el 23 de diciembre de 2014, cuando el ex director municipal de Seguridad Pública, Benjamín Monares Vargas entregó todas las armas al Ejército con el argumento de que ese día los policías municipales tenían un paro de labores y tenían sitiadas las instalaciones de Seguridad Pública con las armas, lo que no fue cierto.
Otro de los argumentos que dio el ex director para desarmar a la policía municipal fue que sólo el 40 por ciento de los elementos aprobaron las pruebas de control de confianza que indican que están calificados para portar un arma.
Dos meses atrás, el 10 de febrero de 2016, el alcalde Gustavo García declaró que en la Dirección de Seguridad Pública había 28 policías municipales que hacían actividades administrativas porque no pasaron los exámenes de control de confianza y que sólo el 80 por ciento de los agentes estaba certificado.
Agregó que los policías reprobados no podían ser dados de baja de la corporación porque su administración carece de recursos económicos para liquidarlos, lo que sigue diciendo.