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Supo el gobierno de dos heridos en El Caracol pero se impide entrar al Ejército y la Policía

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno del estado no ha recibido denuncias formales de pobladores de la sierra de Petatlán, donde vecinos se quejaron del allanamiento, daños y robo en seis viviendas de dos comunidades, informó ayer el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros.
El funcionario declaró que con respecto a la denuncia de pobladores de El Caracol, municipio de Apaxtla, de que están siendo atacados por miembros de la Familia Michoacana con granadas que lanzan con drones, confirmaron dos heridos pero que los pobladores han impedido el acceso de soldados y policías estatales.
Declaró, además, que fue “falsa alarma” la denuncia de pobladores de Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo, de que ese pueblo fue tomado el martes por integrantes del grupo delictivo Los Jaleacos.
Entrevistado por teléfono, aseguró que el gobierno estatal, no había recibido hasta ayer ningún reporte de los pueblos de la sierra de Petatlán, donde, según él, han estado trabajando “de manera continua” con el apoyo, incluso, de los comisarios y comisariados.
“Hemos estado haciendo recorridos, sin que hasta este momento exista una situación de rechazo por parte de los pobladores de esas localidades”, declaró Rodríguez Cisneros.
Los recorridos que realizan soldados del Ejército, elementos de la Marina, Policía Estatal e Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó el funcionario, se realizan en el corredor de Santa Rosa a El Durazno, donde se encuentran Banco Nuevo y Parotitas, dos de las localidades donde los vecinos denunciaron que hubo allanamientos y daños a viviendas por militares.
“En esa ruta, hasta este momento (ayer al mediodía) no nos habían reportado nada, ayer (el miércoles) dialogué con el coordinador de los comisarios (Víctor Espino) y me dijo que todo estaba bien, que estaban trabajando de manera coordinada con los pueblos”, aseguró el funcionario estatal.
Con respecto a la denuncia de pobladores de El Caracol, el funcionario, aseguró que ahí “ha habido presencia permanente” de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía del Estado, pero el problema, según dijo, es que los pobladores no permiten el acceso “de las fuerzas del orden”.
Aseguró que ha estado en diálogo con ellos y han asumido el compromiso de permitir que trabaje el personal del gobierno federal y estatal en materia de seguridad, “pero cuando ya van a operar no lo dejan y eso impide que podamos verificar si lo que dicen esas personas (los ataques con drones) es cierto para hacer una labor más eficaz en la región”.
“Seguimos el diálogo con los pobladores y con el comisario municipal para el efecto de que las fuerzas del orden transiten de manera tal que puedan ser efectivas en sus reacciones”.
Aun cuando reconoció que tienen información de que hubo dos lesionados, aclaró que no puede asegurar que fue derivado de “supuestos ataques con drones”.
Rodríguez Cisneros informó que desde el primer “alertamiento” tuvieron comunicación con el comisario municipal pero que les dijo que iba a dialogar con los pobladores a efecto de que permitieran el paso del personal operativo para que realizaran los recorridos por la zona.
Dijo que posteriormente el comisario les aseguró que seguía en la búsqueda del acuerdo con los pobladores, “sin que aún haya resultados, y estamos en ese proceso”, informó.
Explicó que el problema es que cuando el personal va a realizar las acciones de seguridad “reciben un trato muy hostil por parte de los pobladores y esto no permite que podamos trabajar para verificar las denuncias y después realizar la tarea de seguridad”, argumentó.
El funcionario argumentó que el gobierno estatal trata de evitar que la fuerza pública vaya a confrontarse con los pobladores, “tiene que haber voluntad de los pobladores; la seguridad es un asunto de voluntad y participación de todos”.
Con respecto a la denuncia de la toma por parte de integrantes del grupo delictivo Los Jaleacos al pueblo de Coacoyulillo, el funcionario aseguró que personal de la Policía del Estado ha realizado recorridos y que los “alertamientos que han hecho en algún momento han sido falsas alarmas”.
“Estamos trabajando en esa zona y no hemos confirmado que hayan entrado civiles armados a Coacuyulillo, se han estado haciendo recorridos en la región y cuando va el personal no encuentra nada, no se ha verificado por parte del personal operativo que estén ocurriendo ese tipo de situaciones”, aseguró Rodríguez Cisneros.
Agregó que tiene conocimiento que también soldados del Ejercito están haciendo recorridos permanentes en pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Chilpancingo.

 

Bloquean padres de un kínder en la capital un puente tras enfermarse por beber agua de pipas

Padres de familia del jardín de niños Nicolás S. Naime, bloquearon más de dos horas el puente El Capricho, de la colonia del PRI en la capital, para denunciar que 10 niños y una maestra se enfermaron tras beber agua de pipas, luego de que se instaló un filtro y se dejaron de comprar garrafones.
Unos 30 manifestantes afirmaron que, hace 15 días se instaló un filtro en la escuela para dejar de gastar en garrafones, pero los niños comenzaron a enfermarse, algunos se intoxicaron y otros tuvieron enfermedades gastrointestinales, y creen que esto se debe a que el agua está contaminada y el filtro es insuficiente.
La protesta en el puente, que pasa por encima de la Autopista del Sol, comenzó a las 9:40 de la mañana y terminó al mediodía.
Los padres portaban pancartas en las que se leía, “Mi hijo está alimentado y tomando agua de pipas”, “Solución al problema de salud del jardín de niños” y “Jefa de sector Rosaura Paredes Sánchez pedimos venga a desayunar con los niños”.
La presidenta del Comité de Participación Social de padres de familia, Celsa Soriano Jiménez denunció que los padres de familia y maestros no fueron tomados en cuenta para que se instalara el filtro.
Explicó que la orden la dio la jefa de sector, Rosaura Paredes Sánchez, y que desde que tienen el filtro comenzaron los problemas de salud, y que se debieron hacer pruebas para ver si el agua que se tiene es apta para tomar.
El jardín de niños se encuentra ubicado en la colonia del PRI, al que acuden por lo menos 180 niños, y es una escuela de tiempo completo.
Además Soriano Jiménez dijo que desde hace seis meses que no cuentan con directora en la institución, “al no tener directora estuvieron a punto de perder el presupuesto para la escuela que es de tiempo completo, el monto era de 67 mil pesos”.
”Los padres exigimos un director para que se tenga la comunicación directa y solucione los problemas de la institución, también queremos que venga regulación sanitaria para que verifique la calidad del agua, para que nos digan qué es lo que pasa, porque desde que se instaló el filtro comenzaron los problemas”, resaltó.
Al lugar acudió el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas, y funcionarios de educación, quienes entablaron una mesa de diálogo con los padres de familia. A las 12 del mediodía los manifestantes se retiraron del lugar.

 

Bloquean vecinos de Tierra Colorada la Autopista del Sol; apoyan a la Policía Comunitaria del FUSDEG

Unos 250 vecinos de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) bloquearon la Autopista del Sol y protestaron casi cinco horas en distintos lugares del municipio en contra del alcalde perredista, Leonel Leyva Muñoz, quien se ha negado a dialogar sobre el apoyo y coordinación con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que funciona en el municipio.
Los vecinos y el Consejo Coordinador del FUSDEG organizaron un mitin en la cancha de basquetbol de Tierra Colorada, que se encuentra a unos 20 metros del Ayuntamiento, donde por medio de bocinas convocaron a los vecinos a unirse a la protesta.
A las 11:40 de la tarde, unos 150 vecinos de la cabecera municipal marcharon al Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde. Al frente portaron una lona de unos tres metros de largo donde se leía: “Marcha ciudadana por la paz y la seguridad de nuestro municipio. En apoyo a la Policía Comunitaria de el FUSDEG, Frente Ciudadano de Juan R. Escudero”.
También llevaban pancartas con leyendas como, “Presidente municipal inepto”, “Porque la presidencia no quiere FUSDEG”, “El pueblo unido en pie de lucha” y “El FUSDEG en contra del crimen organizado”.
Al llegar al Palacio municipal, se encontraron con unos 10 policías preventivos resguardando la entrada.
El consejero del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán dijo con ayuda del aparato de sonido que desde que Leonel Leyva inició su administración están solicitando una audiencia con él, y que se ha negado a atenderlos, además de que saben que quieren quitar a la Policía Comunitaria.
Detalló que querían reunirse con él para dialogar sobre el trabajo de la Policía Comunitaria, y de la coordinación con el Ayuntamiento para que apoye a la organización.
Resaltó que ellos no quieren dinero del presupuesto del Ayuntamiento, como se ha rumorado, pero sí un apoyo, que podría ser de vales para gasolina, ejemplificó. En el mitin resaltaron los logros que han obtenido con la presencia del FUSDEG, como la baja de los índices delictivos.
Al no obtener respuestas del Ayuntamiento, los manifestantes determinaron bloquear la Autopista del Sol en dirección a Chilpancingo, antes del entronque a Tierra Colorada, y que el gobierno del estado llamaría la atención al alcalde por no atenderlos, pero que sería “con justa razón”. En la marcha rumbo a la autopista se unieron unos 100 vecinos más al contingente.
Al llegar la base del FUSDEG, gritaron consignas, y desde ahí se trasladaron en camionetas particulares y de la Policía Comunitaria hasta el lugar del bloqueo.
En el bloqueo, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comunicó con el Consejo Coordinador, al que le pidió que abrieran un carril de la Autopista, y se comprometió a hablar con el alcalde para que los atendiera.
Los manifestantes no aceptaron, pero permitieron el paso de carros cada 20 minutos, aunque lo hicieron unos 40 minutos después, ante la postura de algunos vecinos que se empeñaban en no permitir el paso hasta que los atendieran.
Al bloqueo también llegó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Dante Apátiga Sosa, que intentó llegar a un acuerdo con los inconformes.
Más tarde, al lugar llegó el director de Gobernación estatal Jesús Vargas, que también dialogó con los inconformes, también les pidió retirar el bloqueo y les ofreció que buscaría una reunión con el alcalde. Los vecinos pidieron que la reunión fuera en ese momento y en ese lugar.
Después de unos 40 minutos, el director de Gobernación se acercó para informarles que había pactado una reunión con el alcalde a las 3 de la tarde, en el restaurante Tierra Colorada.
Los vecinos y el Consejo aceptaron, y el acuerdo fue que cuando la comisión estuviera en la reunión con el alcalde presente llamarían al grupo que se quedó bloqueando la autopista, para liberarla.
A las 3 de la tarde, el alcalde llegó a la reunión, y unos 20 minutos después los manifestantes desbloquearon la autopista.
La reunión duró poco menos de dos horas. La comisión reclamó al alcalde que no ha querido atenderlos, pese a que es su obligación. Le explicaron sus demandas y reclamaron que el 12 de febrero solicitaron una audiencia mediante un oficio, la cual se programó pero les cancelaron con el argumento de las múltiples actividades del alcalde.
Finalmente Leonel Leyva aceptó dialogar con la comisión, y acordaron mesas de trabajo, la primera el próximo martes al mediodía.
En la reunión también se comprometió a estar Jesús Vargas, y la comisión expuso que redactarán una minuta de acuerdos para presentarla el martes y analizar punto por punto.
Al final de la reunión, la comisión se trasladó al lugar donde los pobladores esperaban las conclusiones de la reunión.

Rompen tres regidores y el síndico de Apango con la alcaldesa ante la opacidad y el desabasto de agua

 

Tres regidores y el sindico del municipio de Mártir de Cuilapan, con cabecera en Apango, rompieron con la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez, del Movimiento Ciudadano, ante la falta de transparencia en el uso de los recursos y el desabasto de agua a la cabecera municipal.
El conflicto en el cabildo ocurrió en una reunión la tarde del miércoles, a la que acudió la coordinadora de Fortalecimiento Municipal, Gisela Ortega Moreno.
La reunión había sido convocada para dar seguimiento al asunto de la escasez del agua en la cabecera municipal, a raíz de que los pobladores de la comunidad de Zotoltitlán cerraron las válvulas y dejaron sin el servicio a unos 8 mil vecinos de Apango, en febrero.
De entrada, el síndico municipal, Benito Sánchez Ayala, y los regidores Edelmira del Moral Miranda, María del Rosario García y Humberto Palacios, propusieron que informara y presentara la documentación de su cuenta pública, porque ellos no conocen en qué términos se gastó el dinero del presupuesto del primer semestre de la actual administración.
Asimismo, le exigieron responder a un documento que entregaron en la reunión anterior, en la que además de la coordinadora de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado, Ortega Moreno, estuvo el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas.
En el escrito que presentaron en la reunión anterior, recordaron que pidieron una reestructuración de la administración municipal, que consiste en el cambio del apoderado legal del Ayuntamiento; un informe del aforo y análisis del pozo de agua; información de 20 millones de pesos que no comprueba, retiro de sus familiares de la nómina, información del proyecto de inversión 2014 y transparentar el padrón del fertilizante.
La petición del síndico y los tres regidores, que plantearon al inicio de la reunión, provocó el enojo de la alcaldesa y, según el síndico, la edil pretendió suspender la asamblea, con el argumento de que no había condiciones para continuarla.
Según los regidores, la reunión no sólo era para resolver el problema de la escasez del agua, sino también para que la presidenta aclarara “irregularidades financieras y administrativas de las que estaba señalada para lograr un pacto social” entre los integrantes de la comuna.
Antes de entrar en la discusión del tema central, pidieron a Muñiz Gómez que informara sobre el oficio que le hicieron llegar las comisiones el sábado 5 de marzo, en donde le piden que compruebe más de 20 millones que ejerció en su primer periodo para la unidad deportiva, el corral de toros y el pozo profundo, gastos que todavía, según le reprocharon, no ha comprobado.
El resto de los vecinos protestaron ante la opacidad con que maneja los recursos Muñiz Gómez, lo que provocó que la alcaldesa diera por terminada la reunión, sin que se agotara la orden del día; uno de los puntos pendientes, que era el motivo de la reunión, fue el de la escasez de agua en la cabecera municipal.