Israel Flores

Ciudad Altamirano

Un grupo de 17 abogados de Tierra caliente, de los principales que litigan en el juzgado del distrito de Mina, en Coyuca de Catalán, denunciaron a la encargada del juzgado, Esmeralda Jacobo Espinosa, mediante un documento enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, ante casos de corrupción y arbitrariedades.
Los litigantes solicitan en el texto que se envíe a un titular que se haga cargo de este juzgado mixto.
El documento fue entregado el 5 de junio y va dirigido al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez. Lo firman 17 abogados de Tierra Caliente, entre los que se encuentran Juan Manuel Sánchez Mendoza, Juan José Gutiérrez Valladares, Heberto Ortiz Gutiérrez, Jorge Macedo Maganda y Leobardo Alcántara Santibáñez, quien además funge como el defensor de oficio en el juzgado; también Anahí Pérez Santamaría, Minervo Palacios Antúnez, José Juan Flores Pérez, María de la Luz Beltrán Mederos, Angélica Patiño Benítez, Regilnaldo Sánchez Lucas, Jasmine Gómez Freyat, Servando Espinoza Peñaloza, Julia Elizabeth Jiménez Espíndola, Gilberto Gómez Martínez, María Eugenia Pineda Sánchez y Néstor Aguilar Pérez.
El documento señala que la licenciada Esmeralda Jacobo Espinosa asumió este cargo hace cerca de dos meses, como encargada del despacho del juzgado, y que por tal motivo se requiere, en un juzgado tan importante, a un titular que realmente sea juez.
De acuerdo con la denuncia, los abogados señalan que “se trata de una funcionaria y servidora déspota, soberbia, arbitraria, abusiva y también tentada por el vicio de la corrupción”.
En el documento se señala que a la encargada del juzgado se le han hecho peticiones dentro de la función jurisdiccional, para que aclare o precise conforme a la norma del procedimiento y diga “en qué consisten los múltiples requerimientos y prevenciones que las promociones o pretensiones que le plantean, como acciones jurídicas de su actuar, hemos tenido como respuestas no lo que correspondía a derecho, sino amenazas o combinaciones procesales, así como aplicarnos medidas de apremio por el sólo ejemplo de solicitarle que nos aclare y fundamente sus acuerdos”.
Señala el documento que los abogados han tenido que recurrir a los amparos, quejas procesales, excitativas, apelaciones y reconsideraciones, y que todo ello tiene que ver con la injusticia que muestra con su actuar el encargado de despacho del juzgado de Mina.
El documento también señala que “cuando se trata de ratificar un escrito, para cuando le parece caprichoso, se tiene que sacar una cita previa y que por lo general es agendada para largos días posteriores, y mientras, tanto los tiempos procesales van chocando con el principio de prontitud”.
También señalan que la licenciada dilata para turnar los acuerdos, así como el archivo y poderlos consultar, porque generalmente los mantiene en su privado, “son turnados al archivo tres o cuatro días después de haberse publicado, y mientras tanto, los términos de los acuerdos han estado corriendo, y si se trata de recurrir alguno que merezca objeción, prácticamente ya se pasó el tiempo, porque no podemos penetrar a solicitar el expediente a su secretaria, porque está ocupada la señora, y no podemos interrumpir para solicitar se nos preste el expediente, pues esa es una práctica que no podemos tolerar como abogados, por ello le pedimos que se nombre a un juez con otra actitud y aptitud”.
“Además, la señora encargada del despacho, frente a las abogadas mujeres se vuelve aun más arbitraria, intolerante y grosera, y en ocasiones se burla de la figura física”.
Pero además de los señalamientos, expresan que podría tratarse de acciones relacionadas con su convivencia constante con tres litigantes de la misma región, con quienes abiertamente aparece en bares, “fiestas particulares que le realizan, sirviéndole de chóferes, preparando convites, por ello es que necesitamos que se nombre un juez titular, que no tenga esos vicios que se confrontan con el principio de imparcialidad”.
Señalan los abogados en el documento que tienen evidencias materiales, testimonios o documentos, que pueden señalar como pruebas en contra de la encargada del juzgado mixto de Coyuca de Catalán.
El grupo de abogados señalaron que representan a grupos de la sociedad del campo, del comercio y de la agricultura, entre otras organizaciones, que se han visto afectadas por la forma en la que actúa la encargada del despacho y quienes incluso han estado inquietos de manifestarse y obstruir a la acceso al juzgado, por lo cual le piden al presidente del TSJ que ponga a su consideración estas peticiones.
El grupo de abogados espera que esta misma semana haya una respuesta por parte del TSJ.