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Exhortan diputados a no desincorporar a la Policía Vial de la Preventiva

 

Con el voto en contra del PRD, PT y Morena, los diputados del PRI, MC, PAN y PVEM aprobaron, por mayoría, exhortar al Ayuntamiento de Acapulco a modificar el acuerdo que creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte y deje sin efecto la desincorporación de la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, además de que la designación del titular y de los mandos de los agrupamientos de la Preventiva sean certificados.
Este punto de acuerdo fue presentado en tribuna por la diputada Magdalena Camacho, a nombre de su fracción parlamentaria del MC y defendida también por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien añadió que no se oponían a la modernización de la Policía Vial, sólo que se adaptara al marco legal y su director fuera certificado.
Mientras por el PRD y PT, el diputado Ocie Hugar García Trujillo, defendió la reforma que aprobó por unanimidad el Cabildo en abril pasado, cuando aun gobernaba el MC, porque señaló que eso dinamizaba el tránsito vehícular.
En ese exhorto al Ayuntamiento, la diputada del MC, Magdalena Camacho, propuso que el Cabildo establezca la adecuada coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública municipal y la Coordinación General de Movilidad y Transporte, para la aplicación en lo que corresponda del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio.
Además que se mantenga bajo un solo mando la coordinación de los cuerpos de fuerza de la Policía Preventiva municipal y sus agrupamientos (Urbana, Vial, Turística, Auxiliar y Rural).
Y que atendiendo el exhorto emitido por el Congreso, el miércoles 7 de octubre del presente año, que al designar a los mandos medios y superior de la Policía Preventiva se tome en cuenta que debe tratarse de personal debidamente acreditado y certificado, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, el artículo 14 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. El actual coordinador de Movilidad y Transporte es el perredista Israel González Nava.
La diputada argumentó que para el debido cumplimiento de los objetivos de la Coordinación General de Movilidad y Transporte que se plantea, no era estrictamente necesario que se suprimiera la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, ya que la experiencia indica que en ninguna entidad federativa o municipios del país, ni en ninguna de las leyes en la materia se han sustituido las unidades de la Policía Vial o de Tránsito, que son una institución de Seguridad Pública, que se están haciendo cargo de regular y operar las nuevas políticas de movilidad sustentable.
Ni tampoco se ha creado, una nueva dirección, como en este caso la Dirección de Movilidad Vial de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, de la que ahora formará parte la Policía Vial.
Tampoco se ha suprimido a la Policía Vial de la Policía Preventiva Municipal, “porque aquella es la directamente encargada de aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por violaciones a las normas de tránsito”.
Además, que sin fundamento se eliminan preceptos legales que son vitales para la prestación del servicio de seguridad encomendado a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, tales como la mención de la Policía Vial del párrafo segundo y la supresión integra del párrafo tercero del Artículo 30 del Reglamento Interno de la administración Pública Municipal.
Precisó que el acuerdo del cabildo, transgrede normas constitucionales y legales que regulan la prestación del servicio de seguridad pública a la ciudadanía, que está firmemente regulado dado lo altamente sensible que es la percepción pública en relación con el desempeño de esta área, lo que ha conducido a los tres órdenes de gobierno a implantar severos controles de certificación y confianza para el personal que forma parte de los cuerpos de seguridad pública.
Esto pone a la Policía Vial bajo el mando operativo de una persona que no está certificada ni se le han aplicado los controles de confianza que se establecen para los mandos y elementos de seguridad pública y que, por la naturaleza de las funciones genéricas y específicas que desempeña el área a su cargo, no debe por qué tener mando de cuerpos de tarea como lo es la Policía Vial, ni es necesario que sea sujeto de certificación y controles de confianza porque el cargo no lo requiere.

Otros acuerdos

En esta misma sesión, la diputada de Morena, presentó en tribuna una iniciativa de decreto, para reformar el artículo primero de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado y fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Justicia.
Y se leyó un oficio enviado por el alcalde de Zitlala, en el que informa que en la comunidad de Tlaltempanapa y comunidades circunvecinas, todas de habla nahua, han organizado su Policía Comunitaria, y pide la intervención de los diputados locales, para que les den su respaldo y piden que exhorten al gobierno estatal, que brinden seguridad pública para establecer el orden y la paz, ante la ola violenta creciente en la región.
Al terminar esta sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Carlos Reyes del PRD, convocó a una segunda de manera inmediata, para turnar a la Comisión de Hacienda la primera iniciativa de decreto del nuevo gobierno de Héctor Astudillo, para que le autoricen firmas de convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples.

Pretenden diputados dar por concluido el caso del exhorto de Solorio para aclarar gastos de gestoría



Con un informe muy escueto los diputados de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, pretenden dar por “definitivamente concluido” la polémica generada por el ejercicio de 70 millones de pesos para obras de “gestoría” de los diputados locales y el cual se ha utilizado el 66 por ciento de lo aprobado para el 2006.
El uso “discrecional” de esos recursos públicos los denunció en tribuna del Congreso local el diputado perredista Ramiro Solorio Almazán el 22 de diciembre, en donde presentó un punto de acuerdo para pedir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desglose de la aplicación del recurso etiquetado por 70 millones de pesos bajo el rubro “Programa de Atención a Obras de Gestoría Social”.
La propuesta fue turnada a las Comisiones citadas las que en su dictamen que será discutido la próxima semana y sometido a votación, justifican “que cada diputado será gestor y promotor de pueblo; esto infiere que las y los diputados tienen la posibilidad jurídica de proponer lo que consideren en beneficio de la población”.
La Comisión de Presupuesto la preside un diputado cercano al gobernador, José Jorge Bajos Valverde del PAN y la de Desarrollo Urbano, el perredista, Guadalupe Perea y ambos en el dictamen que da respuesta a la petición de Solorio afirman que el Poder Ejecutivo “debe estar en la mejor disposición (de atender esas solicitudes de información), no sólo responde a las peticiones de información que se formulen, sino además de presentar en sus portales los avances de obras que se hayan etiquetado en el presupuesto de egresos. Las y los diputados tenemos la obligación de cerciorarnos del estado que guardan los programas estatales y vigilar que los recursos públicos se estén aplicando correctamente”.
Indican que a través del oficio número HCE/CDUOP/228/2006 los diputados de ambas comisiones solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas un informe desglosado de la aplicación de 70 millones de pesos etiquetados para el Programa de Atención a Obras de Gestoría Social.
Ante esa petición, Guillermo Torres Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, envió un informe donde afirma que “se pudo constatar que el destino de los 70 millones fueron etiquetados para el programa de atención a Obra de Gestoría Social; se advierte que se han invertido la cantidad de 43 millones de pesos en 80 obras, lo cual representa un 66 por ciento del presupuesto autorizado, que además se encuentran obras pendientes por ejecutar, debido a que están en proceso de su dictaminación de su viabilidad técnica y financiera, hasta completar la partida autorizada para ese rubro”.
Debido a esa explicación, los diputados de ambas Comisiones “convienen que se encuentra satisfecho el objetivo de la propuesta de acuerdo que nos ocupa, acordando que dicha información sea distribuida a los diputados integrantes de la 58 legislatura al Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes, de igual manera la información que posteriormente recepcione, deberá ser distribuida a los legisladores para el mismo fin, por lo que procede dejar sin materia el exhorto propuesto al titular del Poder Ejecutivo del estado, en el sentido de que informe a la soberanía sobre el desglose de los 70 millones de los cuales ya se tiene su información”.
Proponen en ese tenor dejar “sin materia el exhorto al titular del poder Ejecutivo de estado, en virtud de que la información ya fue proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, solicitando se descargue de la relación de asuntos pendientes y se archive el presente asunto como total y definitivamente concluido”.
Por los integrantes de la Comisión de Presupuesto firman el dictamen José Jorge Bajos Valverde, Fernando Donoso Pérez y Alejandro Luna, del PRD; Socorro Sofío Ramírez del PRI.
Por la Comisión de Desarrollo Urbano firman Guadalupe Perea Pineda y Germán Farías del PRD; Noé Ramos Cabrera del PRI; vocal, Alejando Carabias Icaza del PVEM y Jéssica Eugenia García Rojas del PAN.