Ejidatarios de Zihuatanejo marcharon ayer en el bulevar de Ixtapa para exigir al gobierno federal y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la indemnización de las 480 hectáreas que les fueron expropiadas en 1973, y para reprochar el incumplimiento de las mesas de trabajo con las autoridades.
Durante la marcha se sumaron a la lucha integrantes de la asociación de colonos de Las Salinas, que fueron desplazados del Centro, informó el comisario ejidal, Jorge Luis Reyes López, quien recordó que el sábado pasado también se sumaron otras organizaciones.
“Son marchas que estamos celebrando cada sábado en Ixtapa por el incumplimiento del gobierno federal y Fonatur al decreto de expropiación de 480 hectáreas al ejido de Zihuatanejo… no se han cubierto los pagos de indemnización correspondientes que son dos lotes por cada ejidatario” detalló.
Explicó que durante la marcha portaban un moño negro y al finalizar guardaron un minuto de silencio por Benjamín Olea Leyva, uno de los cuatro ejidatarios de la primera generación que falleció recientemente.
Reprochó la falta de interés de la federación y del gobierno del estado para “atender y resolver conforme a derecho el conflicto que tienen”. Recordó que, en noviembre del año pasado tuvieron una mesa de trabajo con el ex subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, donde se acordó que habría diálogo.
Detalló que en el diálogo estarían funcionarios de Fonatur, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y gobierno del estado para buscar una solución a la indemnización de los ejidatarios, pero a la fecha no se ha llevado a cabo ninguna mesa de trabajo.
“Al inicio de la administración de (Héctor) Astudillo tuvimos una mesa de trabajo en Acapulco, el gobernador y su equipo de trabajo que tiene que ver con asuntos agrarios, expresaron el interés de buscar a la federación para encontrar una solución a un problema que lleva más de 45 años… pero no ha caminado” declaró.
El comisario ejidal respondió que “la exigencia es que se le paguen al ejido las obligaciones que señala el decreto del gobierno federal, es decir, al expropiarse los lotes urbanizados y el 20 por ciento que tendría que ir dando en la medida que se estuvieran vendiendo lotes de las 480 hectáreas expropiadas”.