Cuando Europa (y Francia) parecían entrar en el letargo veraniego, una serie de eventos cambiaron el rumbo de la actualidad geopolítica. El pasado 26 de julio, el Presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fue derrocado por la guardia presidencial de Níger. El general Abdourahamane Tchiani se autoproclamó líder, pero su reivindicación fue rechazada internacionalmente, al tratarse de un Golpe de Estado realizado a la antigüita.
La junta militar que tomó el poder en Níger ha acusado a Francia de planear una intervención militar para reponer al presidente Bazoum, mientras las tensiones en la región siguen creciendo tras el golpe. La canciller francesa, Catherine Colonna, negó cualquier supuesta intención de intervención militar en el país del oeste de África. También afirmó que aún era posible la reposicion del presidente de Níger, que fue elegido democráticamente hace dos años. Y no solo eso. Dijo que esta acción política era necesaria ante las implicaciones que esta desestabilización tiene para Níger y sus vecinos de África del Oeste.
Sin embargo, en lugar de intentar dialogar, el grupo de militares que controla la capital, Niamey, ha decidido radicalizar su postura. El lunes, el partido de Bazoum declaró que varios ministros de su derrocado gobierno habían sido detenidos, entre ellos el ministro de Minas. Níger es el séptimo productor mundial de uranio, metal radiactivo muy utilizado para la energía nuclear y el tratamiento del cáncer. Francia, en particular, dispone en este país de numerosas inversiones en este sector, por la vía de la empresa semi-pública ORANO. Según la prensa, poco menos del 20 por ciento del uranio empleado por Francia para abastecer a sus decenas de centrales nucleares (que constituyen la principal fuente de abastecimiento de energía del país) viene de Níger. De ahí su importancia estratégica para París. Pero su importancia no se reduce a la necesidad de abastecimiento de materias primas. También se trata de garantizar la lucha contra el terrorismo en la region. En efecto, desde hace más de una década, el sector donde se encuentra Níger, junto con sus vecinos Mali y Burkina Faso, ha sido el centro de grupos islámicos radicales, que han llevado a cabo ataques terroristas en África y en Europa.
Desde esta perspectiva, la caída del gobierno nigeriano –que se suma a los golpes de Estado perpetrados en Mali y Burkina Faso durante los últimos dos años– crea un potencial de riesgo para la seguridad regional e internacional, al tiempo que hace tambalear la influencia política y militar de Francia en la región. Mientras tanto, las fuerzas paramilitares rusas, dirigidas por el grupo Wagner, aumentan su presencia e influencia en la región.
Está claro que París no se va a quedar con los brazos cruzados. El presidente Emmanuel Macron, utilizó un lenguaje duro hacia la junta en Níger, prometiendo que habría una acción “inmediata e intransigente” si se atacaba a ciudadanos o intereses franceses, después de que miles de personas se concentraron frente a la embajada francesa durante los últimos días.
Los dirigentes africanos también han tomado cartas en el asunto. El presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby, que voló a Níger para intentar mediar, declaró que se había reunido con Bazoum y con el líder golpista Tchiani para explorar vías para encontrar una solución pacífica, sin entrar en más detalles. Por su lado, la CEDEAO, la comunidad económica de África del Oeste, de la cual forma parte Níger junto con otros países de la región, ha suspendido todas las transacciones comerciales y financieras con este país, mientras que Francia, la UE y Estados Unidos, que tiene unos mil soldados en Níger, han cortado su apoyo o han amenazado con hacerlo. Por su parte, Alemania suspendió la ayuda financiera y la cooperación al desarrollo, y las operaciones humanitarias de la ONU han quedado en suspenso. Las próximas horas serán claves para saber si estas presiones políticas, económicas, y eventualmente militares, lograrán que la junta militar dé marcha atrás. O no.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

El pasado domingo los españoles fueron a las urnas para elegir a su próximo congreso, y por ende, a su próximo presidente del Gobierno. Esta breve campaña electoral estuvo marcada por una certeza generada por los medios de comunicación y los sondeos de opinión: el Partido Popular (PP, derecha) iba a ganar las elecciones. La pregunta era saber cuán grande sería la victoria. En el mejor de los casos, podría superar los 150 diputados, lo que les permitiría gobernar sin el respaldo del partido de extrema derecha Vox. Esta percepción se reforzó en el final de la campaña, tras el penúltimo debate televisivo –el 10 de julio–, cuando el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo se mostró a la ofensiva frente al primer ministro socialista Pedro Sánchez sorprendentemente dubitativo y a la defensiva. Tras este mano a mano, la euforia reinó en las filas del PP. La Moncloa, la sede del Gobierno, parecía a su alcance. Sin embargo, el PP no logró obtener la cifra mágica de 176 diputados para gobernar España. ¿Cómo explicar este resultado?
En buena medida, la estrategia radical de Sánchez funcionó: al adelantar las elecciones, la campaña electoral coincidió con la formación de los gobiernos autonómicos resultantes de los comicios del 28 de mayo. Tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas (Valencia, Baleares, Extremadura, por ejemplo), el PP pactó con Vox para ganar mayorías. Y esto ha tenido un costo político para el PP: Vox votó en contra de la ley contra la violencia de género; pretende retirar las banderas LGBT de los ayuntamientos; ha colocado pancartas en campaña pidiendo quitar las banderas catalanas y LGBT; y ha sido acusado de censura cultural.
Por su lado, el PSOE basó su campaña en impedir que el “bloque involucionista” –es decir, el de la regresión– PP-VOX llegara al poder, y Feijóo tuvo que responder en cada entrevista a la pregunta de si repetiría las alianzas locales con la extrema derecha a escala nacional. Aunque el dirigente popular trató de esquivar repetidamente la respuesta, las matemáticas electorales no dejaban lugar a dudas: el único aliado posible del PP era Vox en caso de no obtener el número mágico de diputados.
El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero también jugó un papel importante en la campaña socialista. Defendió al bloque progresista y atacó al conservador con tal energía y precisión retórica que muchos en la izquierda dejaron de lado el hecho de que el movimiento de los “Indignados” se había vuelto esencialmente contra él para utilizarlo como referente en los debates actuales.
Para evitar una fuga de votos hacia la extrema derecha, el PP radicalizó su discurso y Feijóo abandonó su imagen de presidente regional moderado. Su agresiva campaña pedía la “derogación del sanchismo”, al que denunciaba como una corriente bolivariana totalmente ajena a la tradición moderada del PSOE. Al mismo tiempo, acusó a Sánchez de gobernar con los “enemigos de España”, por los pactos del PSOE con Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, los indultos concedidos a los líderes del proceso independentista catalán y la derogación del delito de sedición. El PP, abandonando toda moderación, acabó tratando a Sánchez como una especie de gobierno ilegítimo.
Y fue con ese discurso que los españoles fueron a las urnas. Aunque entre 2019 y 2023 el PP creció de 89 a 136 escaños, este crecimiento fue en gran medida a costa de Vox y, sobre todo, del partido centrista Ciudadanos, que desapareció. El bloque de derecha y ultraderecha ya no tiene ninguna posibilidad de encontrar otros aliados en ningún sitio. España es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario, lo que significa que gobierna quien obtiene la mayoría en el Congreso de los diputados, no quien obtiene más votos individualmente. Así, mientras el PP perdió ganando, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganó perdiendo al obtener 122 diputados. Con la derecha sin mayoría, Sánchez podría estar en condiciones de reconstituir un gobierno progresista con el partido Sumar de Yolanda Díaz, si consigue salir airoso de una complicada partida de ajedrez, que se juega tanto a nivel ideológico como partidista: la llave de un nuevo gobierno socialista está en manos de los independentistas catalanes, que ya han anunciado que harán pagar caro su posible apoyo o abstención. Si nadie obtiene mayoría absoluta en la primera vuelta de las votaciones, bastará con una mayoría relativa en la segunda: es decir, simplemente tendrá que haber más votos a favor que en contra. Si no, habrá nuevas elecciones.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada