Las elecciones previstas en Francia, Italia, España y Polonia en 2027 pueden constituir el mayor punto de inflexión político europeo desde la invasión rusa de Ucrania. No porque los cuatro países vayan necesariamente a modificar simultáneamente su política exterior, sino porque sus resultados determinarán si Europa conserva el consenso construido alrededor del apoyo militar a Kiev o entra en una etapa más fragmentada, donde cada capital redefina sus intereses nacionales frente a Moscú.
Francia representa la elección más importante. Emmanuel Macron ha convertido el apoyo a Ucrania y la autonomía estratégica europea en elementos centrales de su política exterior. Pero no puede volver a presentarse. Marine Le Pen llega a 2027 en una posición electoral excepcionalmente fuerte, mientras el centro y la izquierda permanecen fragmentados. Una victoria del partido Encuentro Nacional no implicaría necesariamente una alianza con Rusia: la guerra ha obligado a Le Pen a distanciarse de sus antiguas posiciones respecto de Moscú. Sin embargo, probablemente supondría mayor resistencia al envío de armamento, al compromiso militar francés y a una integración europea de defensa más profunda.
Las consecuencias serían enormes. Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, miembro permanente del Consejo de Seguridad y, junto con Reino Unido, principal impulsora de las garantías militares destinadas a proteger Ucrania después de un eventual alto al fuego. Una presidencia francesa reticente podría reducir considerablemente la capacidad europea de sustituir un eventual repliegue estadunidense.
Italia ofrece una paradoja diferente. Giorgia Meloni ha sido uno de los dirigentes de la derecha radical europea más firmes en el apoyo a Kiev y en la relación transatlántica. Pero su propia coalición contiene fuerzas más ambiguas respecto de Rusia, mientras una parte importante de la opinión pública cuestiona el aumento del gasto militar. Además, tanto la Liga como sectores del Movimiento 5 Estrellas intentan convertir la oposición al envío de armas en un argumento electoral. Las elecciones italianas pueden, por tanto, obligar incluso a un eventual nuevo gobierno de Meloni a moderar su política hacia Ucrania.
España aparece geográficamente alejada del frente, pero políticamente será igualmente importante. Pedro Sánchez mantiene un apoyo explícito a Kiev, mientras las encuestas favorecen actualmente al Partido Popular y muestran un crecimiento significativo de Vox. Una victoria de Alberto Núñez Feijóo no significaría una ruptura con Ucrania: el PP pertenece a la tradición atlantista del Partido Popular Europeo. La interrogante residiría en su dependencia parlamentaria de Vox. Mayor sea el peso de la derecha radical en una futura mayoría, mayor será la presión para priorizar la lucha contra la inmigración, la seguridad interior y el Mediterráneo frente al frente oriental.
Polonia constituye probablemente el caso más estratégico. Desde 2022, Varsovia ha sido una plataforma logística fundamental para el suministro occidental a Ucrania y uno de los países europeos que perciben más directamente la amenaza rusa. Donald Tusk ha reforzado la cooperación con Kiev y la integración defensiva europea. Sin embargo, el apoyo social a Ucrania se ha erosionado por las disputas agrícolas, la cuestión de los refugiados y los conflictos históricos entre ambos países. El crecimiento de fuerzas nacionalistas hostiles a nuevas concesiones a Kiev podría condicionar cualquier gobierno surgido de las legislativas de 2027.
Por ello, el verdadero riesgo para Ucrania no es necesariamente la llegada simultánea al poder de gobiernos “prorrusos”. El escenario más plausible es más sutil: una renacionalización de la política europea hacia la guerra. Francia podría reducir su ambición estratégica; Italia condicionar la ayuda militar; España concentrarse en el flanco sur; y Polonia exigir una relación más transaccional con Kiev. Moscú no necesita que Europa cambie de bando. Le basta con que pierda cohesión.
Esta fragmentación sería especialmente importante si Estados Unidos continúa reduciendo su papel directo en la seguridad europea. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los europeos han asumido que deberán financiar una parte creciente de su propia defensa y garantizar buena parte de la seguridad futura de Ucrania. Las elecciones de 2027 determinarán si existe voluntad política para hacerlo.
También está en juego algo más amplio: el modelo democrático europeo. Rusia lleva años intentando explotar polarización, inmigración, inflación, memoria histórica y rechazo a las élites para debilitar desde dentro el consenso occidental. Las campañas de 2027 serán, por ello, también escenarios de confrontación informativa.
El futuro de Ucrania dependerá obviamente de lo que ocurra en el campo de batalla y en las negociaciones internacionales. Pero dependerá cada vez más de las urnas europeas. Si las fuerzas favorables a mantener el apoyo a Kiev conservan el poder en las principales capitales, Europa podrá avanzar hacia una arquitectura de seguridad más autónoma. Si prevalecen fuerzas nacionalistas y soberanistas, no necesariamente habrá una reconciliación con Moscú, pero sí una Europa menos coordinada y más difícil de movilizar.
En ese sentido, 2027 puede terminar siendo para Vladimir Putin casi tan importante políticamente como cualquier ofensiva militar: el año en que se decida si el tiempo trabaja finalmente a favor de Rusia o si Europa demuestra que puede sostener a Ucrania incluso cuando la guerra deja de ser una emergencia y se convierte en una prueba prolongada de voluntad política.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El lanzamiento oficial de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, el domingo 2 de agosto en São Paulo, marca el verdadero comienzo político de la elección presidencial brasileña de 2026. Aunque la campaña electoral formal todavía debe ajustarse al calendario de la justicia electoral, la convención del Partido de los Trabajadores definió los términos centrales de la contienda: no será únicamente una disputa entre izquierda y derecha, ni una simple evaluación de la gestión económica, sino una confrontación sobre la democracia, la soberanía nacional y la posición de Brasil en el mundo.
Lula llega a esta nueva candidatura en una situación paradójica. Es presidente, controla la agenda gubernamental y conserva una coalición territorial y partidaria considerable. Sin embargo, no domina la elección. Las encuestas lo sitúan generalmente a la cabeza en la primera vuelta, pero muestran una competencia real frente a Flávio Bolsonaro. A sus 80 años, el dirigente del PT participa en su séptima campaña presidencial y busca un cuarto mandato, una longevidad política excepcional que constituye simultáneamente su mayor fortaleza y una de sus principales vulnerabilidades.
Su ventaja reside en la experiencia y en la posibilidad de presentarse como garantía de estabilidad institucional. Tras el intento de ruptura democrática posterior a las elecciones de 2022 y la condena de Jair Bolsonaro, Lula busca transformar la elección en un plebiscito sobre la continuidad del estado de derecho. Su mensaje es que Brasil no debe escoger simplemente entre dos programas económicos, sino entre la consolidación democrática y el regreso al poder de una familia cuya actuación quedó asociada al cuestionamiento de las urnas, a las presiones sobre las Fuerzas Armadas y al asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023.
Pero esta estrategia tiene límites. Una campaña basada exclusivamente en el recuerdo del peligro bolsonarista podría movilizar a la izquierda y al centro democrático sin responder a las preocupaciones cotidianas de los brasileños. Inflación alimentaria, seguridad, endeudamiento familiar, calidad de los servicios públicos y situación fiscal seguirán siendo determinantes. Lula deberá demostrar que la defensa de la democracia produce beneficios concretos y no constituye únicamente un argumento moral destinado a bloquear a la oposición.
La gran novedad del lanzamiento fue la centralidad otorgada a la soberanía. El presidente vinculó la defensa de la democracia con la protección de los minerales críticos, la industria de defensa, las empresas nacionales y la autonomía diplomática de Brasil. Esta narrativa responde a la internacionalización de la candidatura de Flávio Bolsonaro, respaldada públicamente por dirigentes como Javier Milei y Benjamin Netanyahu y favorecida por su proximidad con la administración de Donald Trump.
La intervención de actores extranjeros modifica profundamente la campaña. El apoyo internacional a Flávio pretende mostrar que el bolsonarismo forma parte de una alianza conservadora global. Sin embargo, también permite a Lula acusar a sus adversarios de sub-ordinar los intereses brasileños a go-biernos extranjeros. Las tarifas im-puestas por Estados Unidos y las presiones contra la justicia brasileña ofrecen al PT la posibilidad de re-construir un nacionalismo democrá-tico: Brasil, según este relato, debe defender simultáneamente sus instituciones y su independencia frente a cualquier tutela exterior.
Flávio Bolsonaro intenta res-ponder presentándose como una versión más moderada y nego-ciadora de su padre. Su candidatura conserva una base electoral poderosa, especialmente entre evangélicos, sectores conservadores y votantes preocupados por la seguridad. Pero arrastra una contradicción fundamental. Para movilizar al núcleo bolsonarista debe prometer la liberación de Jair Bolsonaro, denunciar a la Corte Suprema y cuestionar las condenas relacionadas con el intento de golpe. Para conquistar al centro necesita, en cambio, proyectar respeto institucional y previsibilidad.
Ese dilema convierte la elección en una prueba para el futuro del bolsonarismo. Una victoria de Flávio demostraría que el movimiento puede sobrevivir a la condena de su fundador y transformarse en una dinastía electoral. Una derrota podría acelerar la búsqueda de una derecha conservadora menos dependiente de la familia Bolsonaro y más integrada a las reglas institucionales.
La democracia brasileña llega mejor preparada que en 2022. El Tribunal Superior Electoral, la Corte Suprema, el Congreso y las Fuerzas Armadas han atravesado la crisis institucional y conocen los meca-nismos utilizados para desacreditar el sistema. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido. La desinfor-mación, el uso de inteligencia arti-ficial, las campañas desde el extranjero y los ataques contra las urnas electrónicas pueden volver a erosionar la confianza pública.
Las implicaciones trascienden a Brasil. Por su tamaño económico, peso diplomático y capacidad de influencia, el resultado afectará al equilibrio político latinoamericano. Una reelección de Lula fortalecería a los sectores que defienden la integración regional, el multilateralismo y una posición autónoma frente a Estados Unidos y China. Una victoria de Flávio consolidaría un eje de derecha radical con Argentina y otros gobiernos conservadores, más próximo a Washington y crítico de las instituciones regionales.
La campaña que comienza será una de las más importantes de América Latina. Lula parte con la fuerza del poder y la legitimidad de quien defendió el orden constitucional, pero enfrenta un electorado cansado, polarizado y económicamente exigente. En octubre, los brasileños no decidirán solamente quién gobernará el país: definirán si la democracia logra consolidarse o vuelve a entrar en una zona de incertidumbre.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado martes, el Congreso peruano fue el palco de la toma de posesión de la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Podríamos imaginar que se trata de una investidura normal en un país democrático. No lo es. Desde 2016, ningún jefe del ejecutivo de ese país ha logrado concluir su mandato. De manera que su principal desafío no será únicamente administrar el Estado, sino demostrar que su victoria puede cerrar —y no profundizar— el largo ciclo de inestabilidad política iniciado hace casi una década. Después de tres derrotas presidenciales, la dirigente de Fuerza Popular llegó finalmente al poder, pero lo hace con mandato estrecho, una legitimidad discutida por parte de la oposición y una sociedad todavía marcada por el antifujimorismo.
La primera prueba será, por lo tanto, política. Fujimori deberá transformar una victoria electoral mínima en una mayoría de gobierno suficientemente amplia. El regreso del Congreso bicameral no elimina la fragmentación partidaria ni la debilidad de las organizaciones políticas. La nueva presidenta necesitará construir acuerdos en la Cámara de Diputados y en el Senado, negociar con fuerzas conservadoras, regionales y centristas, y evitar que su gobierno quede sometido desde el comienzo a la misma lógica de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo que derribó o debilitó a varios de sus predecesores.
Su ventaja es que Fuerza Popular posee experiencia parlamentaria, redes territoriales y capacidad de negociación. Su riesgo es utilizar esa fuerza para reproducir el comportamiento obstruccionista que caracterizó al fujimorismo después de las elecciones de 2016. Keiko Fujimori deberá demostrar que puede pasar de jefa de una oposición combativa a presidenta de una coalición plural. Si gobierna únicamente con sus incondicionales, puede reforzar rápidamente la percepción de que su llegada al poder representa una restauración familiar y no una alternancia democrática –sobre todo si emplea recursos antidemocráticos, o la fuerza policial, para reprimir eventuales protestas en su contra.
La composición del primer gabinete será, en este sentido, decisiva. Un equipo dominado por figuras fujimoristas históricas movilizaría a su base, pero alimentaría los temores de sectores moderados, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de abusos estatales. Por el contrario, la incorporación de independientes, técnicos reconocidos y representantes de otras corrientes podría ofrecer una señal de apertura. La reconciliación prometida durante la campaña solo será creíble si se traduce en nombramientos, prácticas institucionales y respeto efectivo por los contrapesos democráticos.
La segunda urgencia será la seguridad. La expansión de las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal y las economías criminales ha convertido el orden público en una demanda urgente. Fujimori ganó parte de su apoyo prometiendo autoridad y eficacia, pero esa promesa contiene un peligro: confundir firmeza con debilitamiento de las garantías constitucionales. La presión para ampliar las facultades policiales y militares será fuerte. Sin una reforma de la justicia, de las cárceles y de los servicios de inteligencia, una política basada exclusivamente en estados de emergencia puede producir resultados temporales y nuevas violaciones de derechos.
La economía ofrece un panorama igualmente ambivalente. Perú conserva fortalezas importantes: un Banco Central creíble, baja deuda pública en comparación regional, abundantes recursos mineros y capacidad exportadora. La continuidad de Julio Velarde al frente de la autoridad monetaria manda una señal de estabilidad a los mercados. Pero la solidez macroeconómica convive con baja productividad, elevada informalidad, servicios públicos deficientes y una profunda desigualdad territorial, que alimentan conflictos sociales. El desafío no será solamente atraer capital, sino reconstruir la capacidad del Estado para negociar, compensar y ejecutar inversiones.
Fujimori también deberá administrar el legado de su padre. Para una parte del electorado, Alberto Fujimori sigue simbolizando la derrota del terrorismo y la estabilización económica. Para otra, representa autoritarismo, corrupción y crímenes de Estado. La presidenta deberá elegir entre gobernar para preservar una memoria familiar o construir una legitimidad propia.
En política exterior, su triunfo acerca a Perú a la nueva ola conservadora latinoamericana y probablemente reforzará la cooperación con Estados Unidos en seguridad, narcotráfico e inversiones. Sin embargo, China es un socio económico fundamental, especialmente en minería, comercio e infraestructura. La diplomacia peruana tendrá que preservar una relación estratégica con ambos polos.
Keiko Fujimori llega al poder con una oportunidad que esperó durante quince años, pero también con un margen de error reducido. Su presidencia será evaluada menos por la reivindicación del pasado que por su capacidad para producir orden sin autoritarismo, crecimiento sin exclusión y gobernabilidad sin captura institucional. Si consigue separar su gobierno de los reflejos más duros del fujimorismo, podrá estabilizar el país. Si utiliza la victoria como una revancha histórica, corre el riesgo de reabrir las fracturas que prometió superar.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Antes incluso del comienzo formal de la campaña presidencial, Brasil ya vive una competencia electoral de alta intensidad. El escenario está dominado por una nueva confrontación entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a un cuarto mandato, y Flávio Bolsonaro, designado por su padre para preservar el control familiar sobre la principal fuerza de oposición. Sin embargo, la reedición de la polarización de 2022 presenta diferencias importantes: Lula intenta convertir la continuidad en estabilidad, mientras Flávio debe demostrar que puede heredar el bolsonarismo sin reproducir todas sus debilidades.
Las últimas encuestas muestran una recuperación del presidente. Lula encabeza los escenarios de primera vuelta y ha ampliado su ventaja en una eventual segunda vuelta. Este avance no significa que su reelección esté asegurada. El gobierno continúa expuesto al desgaste acumulado, a las dudas sobre la situación fiscal y a una percepción ambivalente sobre sus resultados en seguridad y crecimiento. Pero la campaña oficialista ha conseguido modificar parcialmente el eje del debate: en lugar de defender únicamente su gestión, Lula busca presentarse como garante de la soberanía nacional frente a las presiones económicas y políticas provenientes de Estados Unidos.
Las amenazas arancelarias de la administración de Donald Trump, lejos de debilitar automáticamente al gobierno, han ofrecido a Lula una oportunidad para recuperar una retórica patriótica. Una parte importante del electorado considera que las sanciones comerciales perjudican a Brasil y percibe la proximidad de la familia Bolsonaro con Washington como una subordinación de los intereses nacionales a una estrategia familiar. La disputa comercial se ha convertido así en un asunto electoral: Lula acusa al bolsonarismo de favorecer presiones extranjeras, mientras Flávio responsabiliza al presidente por el deterioro de la relación bilateral.
El candidato opositor enfrenta un desafío más complejo. Flávio Bolsonaro conserva el apoyo de una base de derecha numerosa, disciplinada y movilizada. El apellido le garantiza acceso inmediato al electorado evangélico, a sectores conservadores y a las redes digitales que impulsaron a Jair Bolsonaro. Pero también carga con el rechazo generado por el expresidente, condenado por su participación en el intento de ruptura institucional posterior a las elecciones de 2022.
Su estrategia consiste en presentarse como una versión más previsible del bolsonarismo: menos agresiva en las formas, más abierta al empresariado y capaz de dialogar con el centro político. No obstante, esa operación de normalización se encuentra debilitada por varios factores. Las revelaciones sobre sus relaciones financieras, los conflictos con Michelle Bolsonaro y las restricciones judiciales que le impiden visitar a su padre durante buena parte de la campaña transmiten una imagen de desorden interno. Flávio necesita demostrar que dirige al movimiento; por ahora, parece condicionado por él.
La situación de Jair Bolsonaro añade una paradoja. Su respaldo sigue siendo indispensable para movilizar al núcleo duro de la derecha, pero su centralidad dificulta la ampliación hacia los electores moderados. Flávio promete defender el legado paterno y buscar su liberación, una posición que cohesiona a los fieles, pero transforma la elección en un plebiscito sobre el destino judicial de una familia. Esto limita su capacidad para concentrar la campaña en economía, seguridad y administración pública.
La derecha tampoco está completamente unificada. Los gobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema mantienen aspiraciones presidenciales y buscan ocupar un espacio conservador menos dependiente del apellido Bolsonaro. Aunque sus porcentajes siguen siendo bajos, sus candidaturas pueden fragmentar el voto opositor y, sobre todo, funcionar como instrumentos de negociación para la segunda vuelta. Tarcísio de Freitas, durante mucho tiempo considerado la alternativa más competitiva, permanece como referencia inevitable, incluso sin encabezar la disputa.
Lula, por su parte, necesita evitar que su campaña se reduzca a una defensa frente al bolsonarismo. Su principal vulnerabilidad es la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana de los ciudadanos. El oficialismo deberá demostrar mejoras concretas en ingresos, empleo, precios y seguridad. También tendrá que contener eventuales escándalos dentro de su coalición y preservar el apoyo de los partidos del centro parlamentario, indispensables tanto para ganar como para gobernar.
La elección se desarrollará, por tanto, sobre tres conflictos simultáneos. El primero enfrenta continuidad y alternancia. El segundo contrapone soberanía nacional y alineamiento con Washington. El tercero se libra dentro de la propia derecha, entre la preservación del liderazgo familiar y la búsqueda de una candidatura conservadora más autónoma.
Antes del arranque oficial, Lula parte con ventaja, pero no con una hegemonía irreversible. Flávio Bolsonaro conserva suficiente fuerza para alcanzar la segunda vuelta, aunque su candidatura enfrenta un techo derivado de su apellido, de sus controversias y de la desorganización de su propio campo. La pregunta decisiva será quién logrará conquistar al electorado que rechaza tanto al PT como al bolsonarismo, pero que nuevamente deberá elegir entre ambos.
Brasil se aproxima así a otra elección extremadamente polarizada. Sin embargo, esta vez la disputa no enfrenta simplemente dos proyectos ideológicos: también decidirá si el bolsonarismo puede sobrevivir como dinastía política y si Lula, después de más de veinte años en el centro de la vida nacional, todavía puede presentarse como una promesa de futuro y no solo como una garantía frente al regreso de la derecha radical.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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La decisión de la Corte de Apelación de París de mantener la condena penal contra Marine Le Pen por el desvío de fondos del Parlamento Europeo, pero al mismo tiempo permitirle recuperar su elegibilidad para las elecciones presidenciales de 2027, constituye uno de los acontecimientos políticos más importantes de los últimos años. El fallo no solo redefine el futuro de la líderesa de Encuentro Nacional (RN), sino que modifica profundamente el equilibrio de fuerzas de cara a la sucesión del presidente Emmanuel Macron.
Durante más de un año, la política francesa vivió bajo la hipótesis de una elección presidencial sin Marine Le Pen. Su condena en primera instancia, acompañada de una pena de inelegibilidad con ejecución inmediata, había abierto un escenario inédito: por primera vez desde 2012, la principal figura de la extrema derecha podía quedar fuera de la competencia presidencial. Esa perspectiva aceleró la preparación de Jordan Bardella como candidato alternativo y obligó al conjunto del sistema político a imaginar una campaña completamente distinta.
La decisión de la Corte cambia radicalmente ese panorama. Aunque confirma la responsabilidad penal de Le Pen, la habilita para competir en 2027 y restituye el escenario electoral que las encuestas anticipaban antes de la condena: una candidata de Encuentro Nacional situada nuevamente como una de las principales favoritas para alcanzar la segunda vuelta, e incluso para disputar seriamente la presidencia. Algunos sondeos publicados inmediatamente después del fallo muestran incluso un fortalecimiento de su intención de voto, alimentado por una narrativa de resiliencia política.
La paradoja es evidente. Jurídicamente, Marine Le Pen sale condenada. Políticamente, regresa al juego electoral. Desde hace años, la dirigente ha construido un discurso según el cual las instituciones tradicionales –los grandes partidos, parte de los medios y determinados sectores del aparato judicial– intentarían impedir democráticamente la llegada del RN al poder. Para su electorado, la condena puede interpretarse menos como una sanción penal que como una prueba de resistencia frente al establishment.
El primer perjudicado por esta decisión es Jordan Bardella. Durante meses había consolidado su imagen como heredero natural del movimiento y había comenzado a construir un perfil presidencial propio. El regreso de Le Pen a la arena electoral devuelve al presidente del RN a un papel secundario. Su futuro inmediato será el de principal aliado y jefe de campaña, pero su ambición presidencial deberá esperar. La transición generacional dentro del partido queda, por ahora, aplazada.
El impacto también alcanza al resto del sistema político. Para el bloque macronista, la candidatura de Le Pen representa un desafío mayor. La estrategia del “frente republicano”, que permitió derrotarla en 2017 y 2022, muestra signos de desgaste. El final del ciclo político de Emmanuel Macron deja además al centro sin un liderazgo equivalente, mientras figuras como Édouard Philippe o Gabriel Attal aún buscan consolidarse como candidatos capaces de reunir una mayoría amplia.
La izquierda tampoco sale necesariamente beneficiada. El regreso de Le Pen reintroduce una fuerte polarización entre el centro y la extrema derecha, dificultando la emergencia de una candidatura progresista capaz de romper esa lógica. Al mismo tiempo, La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon intentará presentar la condena como prueba de una crisis más amplia de las élites políticas, aunque corre el riesgo de quedar nuevamente atrapada entre el voto útil y el rechazo a la extrema derecha.
Más allá de sus efectos electorales, la decisión abre un debate institucional de gran calado. El caso Le Pen plantea una cuestión fundamental para las democracias contemporáneas: ¿cómo conciliar el principio de responsabilidad penal de los dirigentes públicos con el respeto al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes? La Corte de Apelación parece haber buscado precisamente ese equilibrio, preservando la condena pero evitando que la justicia fuese percibida como el actor que decidía de antemano el resultado de la elección presidencial.
La líder del RN ha anunciado además un recurso ante la Cour de Cassation, procedimiento que suspende la ejecución de parte de la pena mientras el alto tribunal examina el caso. En consecuencia, la dimensión judicial seguirá acompañando toda la campaña presidencial y continuará alimentando el debate político hasta la elección.
En resumen, la decisión de la Corte de Apelación no resuelve la cuestión Le Pen. La justicia ha definido el marco jurídico, pero serán ahora los electores quienes decidirán si una dirigente condenada puede convertirse en presidenta de la República –si así lo considera la Cour de Cassation. La campaña de 2027 deja así de ser únicamente una competencia entre proyectos de gobierno para convertirse también en un referéndum implícito sobre la relación entre justicia, democracia y legitimidad política en la Francia contemporánea.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Los conflictos internos entre Michelle y Flávio Bolsonaro han convertido la precampaña presidencial brasileña de este año en una prueba de sobrevivencia política para el bolsonarismo. Lo que inicialmente parecía una disputa familiar o una diferencia táctica dentro del Partido Liberal se ha transformado en un síntoma más profundo: la dificultad del movimiento creado alrededor de Jair Bolsonaro para funcionar normalmente sin la autoridad directa de su fundador.
El choque entre la ex primera dama y el senador golpea en el centro de la estrategia electoral de Flávio Bolsonaro. Su candidatura buscaba presentarse como una versión más institucional, moderada y viable políticamente del bolsonarismo, capaz de conservar el voto duro de derecha y, al mismo tiempo, recuperar sectores evangélicos, empresariales y femeninos que fueron decisivos en elecciones anteriores. Sin embargo, la ruptura pública con Michelle Bolsonaro debilita precisamente ese intento de ampliación.
Michelle Bolsonaro no es una figura secundaria dentro del movimiento bolsonarista. Desde 2022 se consolidó como una de sus principales voces entre mujeres conservadoras y votantes evangélicos. Su capital político proviene de una combinación de religiosidad, discurso moral y cercanía emocional con la base bolsonarista. Por ello, su alejamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro representa una pérdida estratégica. Michelle Bolsonaro dejó la dirección femenina del Partido Liberal tras acusar a Flávio de críticas y falta de respeto, en un conflicto que evidencia las dificultades de la extrema derecha brasileña para conquistar al electorado femenino.
El impacto de esta crisis ya aparece en las encuestas. Un sondeo de la casa encuestadora Atlas Inteligencia indica que 64 por ciento de los entrevistados considera que la exposición pública del conflicto debilitó la candidatura de Flavio Bolsonaro, mientras apenas 9 por ciento cree que la fortaleció. El dato es políticamente relevante porque muestra que el problema no se limita al núcleo bolsonarista de extrema derecha, sino que afecta la percepción más amplia de viabilidad presidencial del senador.
La crisis también revela una disputa por el control del bolsonarismo. Flávio intenta organizar la candidatura desde la lógica partidaria del PL, negociando alianzas, moderando el discurso y buscando respaldo institucional. Michelle, en cambio, expresa una sensibilidad distinta: más vinculada al activismo evangélico, al voto moral conservador y a sectores que no quieren que el bolsonarismo se “normalice” mediante acuerdos tradicionales. La pelea sobre alianzas regionales, en particular en Ceará, expuso divergencias sobre estrategia electoral, control del partido y reparto de poder interno.
Para Flávio Bolsonaro, el daño es doble. Por un lado, pierde una figura con capacidad de movilización en un segmento donde Lula mantiene ventaja: el voto femenino. Por otro, queda asociado a una imagen de conflicto familiar, autoritarismo interno y falta de capacidad para ordenar su propio campo político. En una campaña presidencial, esa percepción puede ser devastadora. Si un candidato no logra pacificar su núcleo familiar y partidario, resulta más difícil convencer al país de que puede gobernar una coalición amplia.
La crisis favorece directamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las últimas encuestas ya mostraban a Lula por delante de Flávio en un eventual segundo turno, con 49 por ciento frente a 42 por ciento, según la última encuesta publicada por Atlas Inteligencia para Bloomberg. Ese avance coincidió con un deterioro del ambiente interno de la derecha y con la incapacidad del bolsonarismo para proyectar unidad.
Además, el conflicto obliga a la derecha a reabrir una pregunta que parecía parcialmente resuelta: ¿Flávio Bolsonaro es realmente el mejor candidato para enfrentar a Lula? Gobernadores conservadores, dirigentes del PL y sectores empresariales observan con inquietud la posibilidad de que la candidatura quede atrapada entre escándalos, tensiones familiares y dificultades para ampliar su base electoral. Algunos análisis ya sugieren que el partido podría considerar escenarios alternativos si la crisis se agrava.
El bolsonarismo enfrenta así una paradoja. Su fuerza histórica provino de una lógica familiar, personalista y emocional. Pero esa misma estructura se convierte ahora en fuente de vulnerabilidad. Sin Jair Bolsonaro como candidato directo, las lealtades se fragmentan entre herederos, aliados, dirigentes evangélicos y operadores partidarios. La familia, que durante años funcionó como símbolo de cohesión política, aparece hoy como escenario de disputa.
En resumen, el conflicto entre Michelle y Flávio Bolsonaro no es una anécdota privada, digna de una telenovela, sino un acontecimiento político con consecuencias electorales. Expone la fragilidad de una candidatura que necesita moderarse sin perder radicalidad, institucionalizarse sin parecer parte del establishment y atraer mujeres sin contar con su principal figura femenina. Si Flávio Bolsonaro no logra recomponer esa fractura, su campaña puede quedar marcada por una debilidad fundamental: representar al bolsonarismo sin conseguir gobernarlo.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en 2026 constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes para América Latina desde la llegada de Javier Milei al poder en Argentina. Más allá de la alternancia política tras el gobierno de Gustavo Petro, el resultado marca el regreso de Colombia a una estrategia de alineamiento casi pleno con Estados Unidos en un momento en que la competencia entre Washington y Pekín se ha convertido en el principal eje ordenador de la política internacional.
Durante los cuatro años del gobierno de Petro, Colombia había intentado diversificar parcialmente su política exterior. Sin romper la histórica alianza con Estados Unidos, Bogotá amplió sus relaciones económicas con China, participando inclusive en la iniciativa de la Ruta de la Seda auspiciada por Pekín, impulsó una mayor autonomía regional. Esa estrategia reflejaba una tendencia observable en buena parte de América Latina: mantener relaciones simultáneamente estrechas con Washington y con Pekín sin verse obligados a elegir entre ambos.
La llegada de De la Espriella supone un cambio significativo. Durante toda la campaña presidencial, el nuevo mandatario defendió la necesidad de reconstruir una “alianza estratégica privilegiada” con Estados Unidos, reforzar la cooperación militar y de inteligencia, endurecer la lucha contra el narcotráfico y revisar la creciente presencia económica china en sectores considerados estratégicos. En este sentido, Colombia vuelve a situarse como el principal aliado político de Washington en la zona andina.
Este giro tiene una dimensión regional evidente. Mientras Brasil mantiene una estrategia de autonomía estratégica bajo el liderazgo de Lula da Silva y México continúa profundizando su integración económica con Estados Unidos sin romper totalmente sus vínculos comerciales con China, Colombia opta por una lógica mucho más cercana a la competencia geopolítica promovida por la administración de Donald Trump.
Desde la perspectiva estadunidense, la victoria de De la Espriella representa una oportunidad importante para recuperar influencia en una región donde China ha consolidado su presencia durante la última década. Pekín es hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, financia grandes proyectos de infraestructura en numerosos países latinoamericanos y controla una parte creciente de las cadenas de suministro vinculadas a minerales estratégicos, litio, cobre y tierras raras.
En este contexto, Colombia adquiere un valor estratégico singular. Su posición geográfica, con acceso simultáneo al océano Pacífico y al Caribe, su cercanía con el Canal de Panamá, su papel histórico en la cooperación antidrogas y su capacidad militar convierten al país en un activo esencial para la estrategia estadunidense en el hemisferio occidental.
La elección colombiana también modifica el equilibrio político regional. Con la mayoría de los países de la región claramente alineados con Washington, Brasil y México podrían evaluar la posibilidad de aumentar la densidad de su cooperación bilateral. En este sentido, estos dos países disponen de poco más del 50 por ciento del total del PIB de la región. Pero en instancias regionales, solo tendrán dos votos, frente a la mayoría de los países cercanos a la administración republicana en Estados Unidos. En este sentido, la posibilidad de construir posiciones regionales comunes en organismos como la CELAC o la UNASUR se reduce considerablemente.
Paradójicamente, el principal desafío para De la Espriella no será su política exterior, sino la capacidad de sostener internamente ese reposicionamiento internacional. Colombia continúa enfrentando problemas estructurales de seguridad, expansión de economías ilegales, desigualdad territorial y fragmentación política. Si el nuevo gobierno no consigue mejorar la situación económica y contener la violencia, la política exterior corre el riesgo de perder prioridad frente a las urgencias domésticas.
En definitiva, la victoria de Abelardo de la Espriella trasciende el marco colombiano. Representa uno de los primeros grandes realineamientos estratégicos latinoamericanos en la nueva fase de competencia global entre Estados Unidos y China. La gran incógnita será si Colombia logrará transformar ese acercamiento privilegiado a Washington en una ventaja económica y política concreta, o si terminará atrapada en una lógica de confrontación geopolítica que limite su margen de maniobra internacional. En un sistema internacional cada vez más multipolar, la cuestión ya no consiste únicamente en elegir aliados, sino en preservar suficiente autonomía para defender los propios intereses nacionales.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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La firma del acuerdo de pacificación entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) parecía marcar el comienzo del fin de la crisis política más grave que ha enfrentado Bolivia desde la transición de poder de 2025. Tras cincuenta días de bloqueos, enfrentamientos y una paralización parcial de la economía nacional, el acuerdo alcanzado en La Paz fue presentado por ambas partes como un paso decisivo hacia la normalización institucional. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han demostrado que éste está lejos de haber resuelto los problemas estructurales que dieron origen a la movilización.
La crisis estalló inicialmente como una reacción contra las medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno para enfrentar la escasez de divisas, el déficit fiscal y el agotamiento del modelo económico heredado de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). La eliminación parcial de subsidios, la inflación creciente, la escasez de combustible y la pérdida de poder adquisitivo alimentaron rápidamente un amplio movimiento de protesta que reunió a mineros, sindicatos, maestros, campesinos y organizaciones indígenas.
El acuerdo firmado con la COB permitió al gobierno recuperar parcialmente la iniciativa política. Entre los compromisos asumidos figuran compensaciones por la distribución de combustible adulterado, mecanismos de control sobre los precios de productos básicos, una mayor consulta con las organizaciones sociales sobre reformas económicas y garantías respecto al mantenimiento de empresas públicas estratégicas.
No obstante, la principal debilidad del acuerdo radica precisamente en quienes quedaron fuera de él. Las organizaciones campesinas e indígenas más radicalizadas, especialmente aquellas vinculadas al expresidente Evo Morales, rechazaron el pacto y denunciaron a la COB por haber negociado sin el conjunto de los movimientos movilizados. En regiones clave como Cochabamba, los bloqueos continuaron incluso después de la firma del acuerdo.
La decisión de Rodrigo Paz de decretar un estado de excepción pocas horas después de la firma del acuerdo reveló precisamente esa fragilidad. Desde la perspectiva gubernamental, la medida buscaba restablecer la circulación de bienes esenciales y evitar un colapso económico mayor. Sin embargo, para muchos sectores movilizados fue interpretada como una señal de desconfianza hacia el propio proceso de negociación y como una muestra de que el ejecutivo sigue privilegiando una respuesta de seguridad frente a una solución política más amplia.
Las perspectivas de la crisis dependerán de tres factores principales. El primero es económico. Bolivia sigue enfrentando la peor crisis financiera en décadas, caracterizada por escasez de dólares, problemas energéticos e inflación creciente. Mientras estas condiciones persistan, cualquier acuerdo social corre el riesgo de convertirse en una solución temporal.
El segundo factor es político. Rodrigo Paz llegó al poder como el primer presidente no vinculado al MAS en dos décadas, prometiendo una combinación de reformas económicas y estabilidad institucional. Sin embargo, su gobierno ha sido criticado por la escasa presencia de organizaciones indígenas y sindicales en los espacios de decisión, lo que ha alimentado la percepción de exclusión entre sectores que tradicionalmente participaron en la construcción del poder político boliviano.
El tercer elemento es el papel de Evo Morales. Aunque debilitado respecto a su etapa presidencial, el exmandatario conserva capacidad de movilización y una influencia considerable en parte del movimiento campesino e indígena. La estrategia del gobierno consiste en aislar políticamente a Morales mediante acuerdos sectoriales con actores moderados como la COB. Sin embargo, si los sectores excluidos de la negociación mantienen su capacidad de movilización, el conflicto podría reaparecer rápidamente bajo nuevas formas.
Desde una perspectiva más amplia, la crisis de 2026 refleja las dificultades de la Bolivia post-MAS para construir un nuevo pacto social. El acuerdo de pacificación demuestra que aún existen mecanismos de negociación capaces de evitar una ruptura institucional. Pero también pone de relieve el hecho que el país continúa dividido entre proyectos económicos, territoriales y políticos profundamente diferentes.
En este contexto, el acuerdo entre el gobierno y la COB debe interpretarse menos como una solución definitiva que como una tregua. La verdadera prueba para Rodrigo Paz comenzará ahora: transformar una pacificación coyuntural en una estabilidad política duradera. De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de entrar en un ciclo prolongado de conflictividad social que limite la capacidad del gobierno para implementar reformas y agrave aún más la crisis económica que está en el origen de la actual confrontación.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La cumbre del G7 que se celebra en Evian del 15 al 17 de junio, bajo presidencia francesa, tiene lugar en uno de los contextos internacionales más complejos desde el final de la Guerra Fría. Medio siglo después de la creación del foro en Rambouillet, el presidente Emmanuel Macron aspira a devolver al G7 un papel central en la gobernanza mundial. Sin embargo, la paradoja es evidente: nunca los desafíos globales habían sido tan importantes y nunca la capacidad del G7 para influir en ellos había sido tan cuestionada.
La presidencia francesa ha definido las siguientes prioridades: reducción de los desequilibrios macroeconómicos mundiales, reforma de la arquitectura financiera internacional, seguridad de las cadenas de suministro, transición digital, lucha contra el crimen organizado y gestión de las grandes crisis internacionales. También ha insistido en la necesidad de construir relaciones más equilibradas con los países en desarrollo y de reforzar la resiliencia de sectores estratégicos como los minerales críticos.
Sin embargo, el principal desafío de la cumbre no es técnico sino geopolítico. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo una fuente de tensión para la seguridad europea, mientras que la reciente escalada militar en Oriente Medio y las tensiones alrededor de Irán dominan buena parte de la agenda diplomática. En este contexto, Francia busca mantener una posición de mediación y coordinación occidental, aunque las diferencias entre los miembros del G7 son cada vez más visibles.
La presencia del presidente estadunidense Donald Trump constituye probablemente el mayor reto político para Macron. A diferencia de los años de la administración Biden, las relaciones transatlánticas atraviesan una fase de incertidumbre. Las divergencias sobre Ucrania, Irán, comercio internacional, defensa europea y regulación tecnológica dificultan la construcción de posiciones comunes. De hecho, varios observadores consideran que la estrategia francesa ha consistido en reducir las ambiciones políticas de la cumbre para evitar enfrentamientos públicos con Washington.
La cuestión china aparece igualmente en el centro de los debates. Aunque Pekín no participa en el G7, gran parte de las discusiones sobre cadenas de suministro, comercio, tecnologías críticas y minerales estratégicos tienen como telón de fondo la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Para Europa, y particularmente para Francia, el desafío consiste en evitar una lógica de confrontación bipolar que limite su autonomía estratégica.
Otro de los grandes desafíos de Evian es la relación con el Sur Global. La presidencia francesa ha invitado a potencias emergentes como India, Brasil, Corea del Sur y Kenia, consciente de que el peso económico relativo del G7 disminuye progresivamente frente a formatos como los BRICS ampliados. La cuestión ya no es únicamente cómo coordinar las democracias industrializadas, sino cómo mantener su capacidad de influencia en un mundo cada vez más multipolar.
La credibilidad del propio G7 constituye un desafío adicional. Cuando el grupo fue creado en los años setenta, sus miembros representaban la inmensa mayoría de la riqueza mundial. Hoy continúan siendo actores fundamentales, pero ya no monopolizan el crecimiento económico ni la capacidad de decisión global. El ascenso de China, India y otras potencias emergentes ha modificado profundamente los equilibrios internacionales. Como consecuencia, el G7 corre el riesgo de ser percibido como un foro occidental cada vez menos representativo de la realidad geopolítica contemporánea.
Finalmente, la propia organización de la cumbre ilustra las tensiones del momento. Francia y Suiza han desplegado un dispositivo de seguridad excepcional, con decenas de miles de agentes movilizados ante el temor de atentados, ciberataques o disturbios. Las manifestaciones anti-G7 en Ginebra y la fuerte contestación de movimientos altermundialistas recuerdan que una parte de la opinión pública sigue viendo este tipo de encuentros como símbolos de una gobernanza global alejada de las preocupaciones sociales.
En última instancia, el G7 de Evian representa una prueba para la diplomacia francesa. Emmanuel Macron, en ese último año de su mandato y debilitado en el plano doméstico, busca demostrar que las democracias occidentales todavía pueden coordinar respuestas comunes a desafíos globales cada vez más complejos. Sin embargo, el éxito de la cumbre no se medirá por la cantidad de comunicados finales, sino por su capacidad para preservar un mínimo de cohesión política entre aliados que comparten valores fundamentales, pero que divergen cada vez más sobre la manera de defenderlos en un mundo marcado por la competencia estratégica, la fragmentación económica y el retorno de la política de poder.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La segunda vuelta presidencial peruana del 7 de junio de 2026 enfrenta a dos candidatos que representan proyectos políticos profundamente distintos: Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y heredera política del fujimorismo, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda respaldado por sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas entre ambos, la principal conclusión de esta elección es que ninguno de los dos llegará al poder en condiciones favorables para gobernar.
La primera vuelta confirmó el profundo desgaste del sistema político peruano. Fujimori obtuvo apenas el 17.18 por ciento de los votos y Sánchez el 12.03 por ciento, cifras que reflejan un nivel de fragmentación sin precedentes. Entre ambos candidatos sumaron menos de un tercio del electorado, mientras millones de peruanos optaron por otras candidaturas, el voto blanco o la abstención.
Esta debilidad de origen es particularmente relevante porque Perú no enfrenta únicamente una elección presidencial. Por primera vez en décadas, el país contará nuevamente con un Congreso bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado con importantes atribuciones institucionales. El resultado es un sistema político más complejo y potencialmente más fragmentado que el existente durante los últimos años.
La cuestión central es que la crisis política peruana ya no puede explicarse únicamente por la personalidad de sus presidentes. Durante la última década, Perú ha tenido una sucesión extraordinaria de jefes de Estado, destituciones, vacancias y gobiernos transitorios. La caída de José Jerí en febrero de 2026, apenas semanas antes de las elecciones, constituyó el episodio más reciente de una inestabilidad que se ha convertido en una característica estructural del sistema político.
En ese contexto, la gobernabilidad dependerá menos de quién gane que de la capacidad del próximo presidente para construir acuerdos parlamentarios duraderos. Y allí aparecen los principales riesgos.
Si Keiko Fujimori resulta elegida, contará previsiblemente con una bancada importante y con una representación parlamentaria superior a la de sus adversarios. Sin embargo, la experiencia política peruana demuestra que incluso presidentes con respaldo legislativo considerable han enfrentado bloqueos permanentes. Además, Fujimori continúa siendo una figura altamente polarizadora. Su apellido moviliza apoyos sólidos, pero también niveles muy elevados de rechazo en amplios sectores urbanos, progresistas e indígenas.
Por el contrario, si Roberto Sánchez logra imponerse, enfrentará dificultades aún mayores. Aunque su candidatura ha logrado movilizar el voto rural y los sectores desencantados con el establishment limeño, llegaría al Palacio de Gobierno con una representación parlamentaria insuficiente para impulsar reformas estructurales como la convocatoria de una nueva constitución o la transformación del modelo económico.
La paradoja peruana es evidente. Mientras la campaña presidencial ha sido presentada como una elección entre dos modelos de país, el verdadero centro del poder podría encontrarse nuevamente en el Congreso. Desde hace años, el Legislativo ha acumulado una capacidad creciente para bloquear, censurar o incluso destituir presidentes. Numerosos observadores consideran que Perú ha evolucionado hacia una especie de “parlamentarismo informal”, donde el Ejecutivo posee legitimidad electoral, pero carece de los instrumentos políticos necesarios para gobernar con estabilidad.
La dimensión económica agrava aún más el desafío. El próximo gobierno deberá enfrentar una combinación compleja de desaceleración económica, inseguridad ciudadana, expansión de economías ilícitas y creciente desconfianza institucional. Ninguno de estos problemas puede resolverse mediante decretos o decisiones unilaterales; todos requieren acuerdos políticos amplios, precisamente el recurso más escaso en el Perú contemporáneo.
Desde una perspectiva regional, el caso peruano constituye uno de los ejemplos más evidentes de la crisis de representación que afecta a varias democracias latinoamericanas. A diferencia de otros países de la región, donde la polarización ha producido bloques relativamente estables, Perú enfrenta un fenómeno distinto: la atomización extrema del sistema político. No existe una mayoría social clara, ni un liderazgo dominante, ni partidos capaces de estructurar consensos duraderos.
Por ello, la segunda vuelta del 7 de junio no resolverá necesariamente la crisis política peruana. Lo más probable es que produzca un nuevo presidente con legitimidad formal, pero con márgenes de acción limitados. La verdadera incógnita no es quién ocupará la presidencia durante los próximos cinco años, sino si las instituciones peruanas serán capaces de romper el ciclo de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo que ha caracterizado la última década.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada