La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en 2026 constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes para América Latina desde la llegada de Javier Milei al poder en Argentina. Más allá de la alternancia política tras el gobierno de Gustavo Petro, el resultado marca el regreso de Colombia a una estrategia de alineamiento casi pleno con Estados Unidos en un momento en que la competencia entre Washington y Pekín se ha convertido en el principal eje ordenador de la política internacional.
Durante los cuatro años del gobierno de Petro, Colombia había intentado diversificar parcialmente su política exterior. Sin romper la histórica alianza con Estados Unidos, Bogotá amplió sus relaciones económicas con China, participando inclusive en la iniciativa de la Ruta de la Seda auspiciada por Pekín, impulsó una mayor autonomía regional. Esa estrategia reflejaba una tendencia observable en buena parte de América Latina: mantener relaciones simultáneamente estrechas con Washington y con Pekín sin verse obligados a elegir entre ambos.
La llegada de De la Espriella supone un cambio significativo. Durante toda la campaña presidencial, el nuevo mandatario defendió la necesidad de reconstruir una “alianza estratégica privilegiada” con Estados Unidos, reforzar la cooperación militar y de inteligencia, endurecer la lucha contra el narcotráfico y revisar la creciente presencia económica china en sectores considerados estratégicos. En este sentido, Colombia vuelve a situarse como el principal aliado político de Washington en la zona andina.
Este giro tiene una dimensión regional evidente. Mientras Brasil mantiene una estrategia de autonomía estratégica bajo el liderazgo de Lula da Silva y México continúa profundizando su integración económica con Estados Unidos sin romper totalmente sus vínculos comerciales con China, Colombia opta por una lógica mucho más cercana a la competencia geopolítica promovida por la administración de Donald Trump.
Desde la perspectiva estadunidense, la victoria de De la Espriella representa una oportunidad importante para recuperar influencia en una región donde China ha consolidado su presencia durante la última década. Pekín es hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, financia grandes proyectos de infraestructura en numerosos países latinoamericanos y controla una parte creciente de las cadenas de suministro vinculadas a minerales estratégicos, litio, cobre y tierras raras.
En este contexto, Colombia adquiere un valor estratégico singular. Su posición geográfica, con acceso simultáneo al océano Pacífico y al Caribe, su cercanía con el Canal de Panamá, su papel histórico en la cooperación antidrogas y su capacidad militar convierten al país en un activo esencial para la estrategia estadunidense en el hemisferio occidental.
La elección colombiana también modifica el equilibrio político regional. Con la mayoría de los países de la región claramente alineados con Washington, Brasil y México podrían evaluar la posibilidad de aumentar la densidad de su cooperación bilateral. En este sentido, estos dos países disponen de poco más del 50 por ciento del total del PIB de la región. Pero en instancias regionales, solo tendrán dos votos, frente a la mayoría de los países cercanos a la administración republicana en Estados Unidos. En este sentido, la posibilidad de construir posiciones regionales comunes en organismos como la CELAC o la UNASUR se reduce considerablemente.
Paradójicamente, el principal desafío para De la Espriella no será su política exterior, sino la capacidad de sostener internamente ese reposicionamiento internacional. Colombia continúa enfrentando problemas estructurales de seguridad, expansión de economías ilegales, desigualdad territorial y fragmentación política. Si el nuevo gobierno no consigue mejorar la situación económica y contener la violencia, la política exterior corre el riesgo de perder prioridad frente a las urgencias domésticas.
En definitiva, la victoria de Abelardo de la Espriella trasciende el marco colombiano. Representa uno de los primeros grandes realineamientos estratégicos latinoamericanos en la nueva fase de competencia global entre Estados Unidos y China. La gran incógnita será si Colombia logrará transformar ese acercamiento privilegiado a Washington en una ventaja económica y política concreta, o si terminará atrapada en una lógica de confrontación geopolítica que limite su margen de maniobra internacional. En un sistema internacional cada vez más multipolar, la cuestión ya no consiste únicamente en elegir aliados, sino en preservar suficiente autonomía para defender los propios intereses nacionales.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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La firma del acuerdo de pacificación entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) parecía marcar el comienzo del fin de la crisis política más grave que ha enfrentado Bolivia desde la transición de poder de 2025. Tras cincuenta días de bloqueos, enfrentamientos y una paralización parcial de la economía nacional, el acuerdo alcanzado en La Paz fue presentado por ambas partes como un paso decisivo hacia la normalización institucional. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han demostrado que éste está lejos de haber resuelto los problemas estructurales que dieron origen a la movilización.
La crisis estalló inicialmente como una reacción contra las medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno para enfrentar la escasez de divisas, el déficit fiscal y el agotamiento del modelo económico heredado de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). La eliminación parcial de subsidios, la inflación creciente, la escasez de combustible y la pérdida de poder adquisitivo alimentaron rápidamente un amplio movimiento de protesta que reunió a mineros, sindicatos, maestros, campesinos y organizaciones indígenas.
El acuerdo firmado con la COB permitió al gobierno recuperar parcialmente la iniciativa política. Entre los compromisos asumidos figuran compensaciones por la distribución de combustible adulterado, mecanismos de control sobre los precios de productos básicos, una mayor consulta con las organizaciones sociales sobre reformas económicas y garantías respecto al mantenimiento de empresas públicas estratégicas.
No obstante, la principal debilidad del acuerdo radica precisamente en quienes quedaron fuera de él. Las organizaciones campesinas e indígenas más radicalizadas, especialmente aquellas vinculadas al expresidente Evo Morales, rechazaron el pacto y denunciaron a la COB por haber negociado sin el conjunto de los movimientos movilizados. En regiones clave como Cochabamba, los bloqueos continuaron incluso después de la firma del acuerdo.
La decisión de Rodrigo Paz de decretar un estado de excepción pocas horas después de la firma del acuerdo reveló precisamente esa fragilidad. Desde la perspectiva gubernamental, la medida buscaba restablecer la circulación de bienes esenciales y evitar un colapso económico mayor. Sin embargo, para muchos sectores movilizados fue interpretada como una señal de desconfianza hacia el propio proceso de negociación y como una muestra de que el ejecutivo sigue privilegiando una respuesta de seguridad frente a una solución política más amplia.
Las perspectivas de la crisis dependerán de tres factores principales. El primero es económico. Bolivia sigue enfrentando la peor crisis financiera en décadas, caracterizada por escasez de dólares, problemas energéticos e inflación creciente. Mientras estas condiciones persistan, cualquier acuerdo social corre el riesgo de convertirse en una solución temporal.
El segundo factor es político. Rodrigo Paz llegó al poder como el primer presidente no vinculado al MAS en dos décadas, prometiendo una combinación de reformas económicas y estabilidad institucional. Sin embargo, su gobierno ha sido criticado por la escasa presencia de organizaciones indígenas y sindicales en los espacios de decisión, lo que ha alimentado la percepción de exclusión entre sectores que tradicionalmente participaron en la construcción del poder político boliviano.
El tercer elemento es el papel de Evo Morales. Aunque debilitado respecto a su etapa presidencial, el exmandatario conserva capacidad de movilización y una influencia considerable en parte del movimiento campesino e indígena. La estrategia del gobierno consiste en aislar políticamente a Morales mediante acuerdos sectoriales con actores moderados como la COB. Sin embargo, si los sectores excluidos de la negociación mantienen su capacidad de movilización, el conflicto podría reaparecer rápidamente bajo nuevas formas.
Desde una perspectiva más amplia, la crisis de 2026 refleja las dificultades de la Bolivia post-MAS para construir un nuevo pacto social. El acuerdo de pacificación demuestra que aún existen mecanismos de negociación capaces de evitar una ruptura institucional. Pero también pone de relieve el hecho que el país continúa dividido entre proyectos económicos, territoriales y políticos profundamente diferentes.
En este contexto, el acuerdo entre el gobierno y la COB debe interpretarse menos como una solución definitiva que como una tregua. La verdadera prueba para Rodrigo Paz comenzará ahora: transformar una pacificación coyuntural en una estabilidad política duradera. De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de entrar en un ciclo prolongado de conflictividad social que limite la capacidad del gobierno para implementar reformas y agrave aún más la crisis económica que está en el origen de la actual confrontación.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La cumbre del G7 que se celebra en Evian del 15 al 17 de junio, bajo presidencia francesa, tiene lugar en uno de los contextos internacionales más complejos desde el final de la Guerra Fría. Medio siglo después de la creación del foro en Rambouillet, el presidente Emmanuel Macron aspira a devolver al G7 un papel central en la gobernanza mundial. Sin embargo, la paradoja es evidente: nunca los desafíos globales habían sido tan importantes y nunca la capacidad del G7 para influir en ellos había sido tan cuestionada.
La presidencia francesa ha definido las siguientes prioridades: reducción de los desequilibrios macroeconómicos mundiales, reforma de la arquitectura financiera internacional, seguridad de las cadenas de suministro, transición digital, lucha contra el crimen organizado y gestión de las grandes crisis internacionales. También ha insistido en la necesidad de construir relaciones más equilibradas con los países en desarrollo y de reforzar la resiliencia de sectores estratégicos como los minerales críticos.
Sin embargo, el principal desafío de la cumbre no es técnico sino geopolítico. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo una fuente de tensión para la seguridad europea, mientras que la reciente escalada militar en Oriente Medio y las tensiones alrededor de Irán dominan buena parte de la agenda diplomática. En este contexto, Francia busca mantener una posición de mediación y coordinación occidental, aunque las diferencias entre los miembros del G7 son cada vez más visibles.
La presencia del presidente estadunidense Donald Trump constituye probablemente el mayor reto político para Macron. A diferencia de los años de la administración Biden, las relaciones transatlánticas atraviesan una fase de incertidumbre. Las divergencias sobre Ucrania, Irán, comercio internacional, defensa europea y regulación tecnológica dificultan la construcción de posiciones comunes. De hecho, varios observadores consideran que la estrategia francesa ha consistido en reducir las ambiciones políticas de la cumbre para evitar enfrentamientos públicos con Washington.
La cuestión china aparece igualmente en el centro de los debates. Aunque Pekín no participa en el G7, gran parte de las discusiones sobre cadenas de suministro, comercio, tecnologías críticas y minerales estratégicos tienen como telón de fondo la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Para Europa, y particularmente para Francia, el desafío consiste en evitar una lógica de confrontación bipolar que limite su autonomía estratégica.
Otro de los grandes desafíos de Evian es la relación con el Sur Global. La presidencia francesa ha invitado a potencias emergentes como India, Brasil, Corea del Sur y Kenia, consciente de que el peso económico relativo del G7 disminuye progresivamente frente a formatos como los BRICS ampliados. La cuestión ya no es únicamente cómo coordinar las democracias industrializadas, sino cómo mantener su capacidad de influencia en un mundo cada vez más multipolar.
La credibilidad del propio G7 constituye un desafío adicional. Cuando el grupo fue creado en los años setenta, sus miembros representaban la inmensa mayoría de la riqueza mundial. Hoy continúan siendo actores fundamentales, pero ya no monopolizan el crecimiento económico ni la capacidad de decisión global. El ascenso de China, India y otras potencias emergentes ha modificado profundamente los equilibrios internacionales. Como consecuencia, el G7 corre el riesgo de ser percibido como un foro occidental cada vez menos representativo de la realidad geopolítica contemporánea.
Finalmente, la propia organización de la cumbre ilustra las tensiones del momento. Francia y Suiza han desplegado un dispositivo de seguridad excepcional, con decenas de miles de agentes movilizados ante el temor de atentados, ciberataques o disturbios. Las manifestaciones anti-G7 en Ginebra y la fuerte contestación de movimientos altermundialistas recuerdan que una parte de la opinión pública sigue viendo este tipo de encuentros como símbolos de una gobernanza global alejada de las preocupaciones sociales.
En última instancia, el G7 de Evian representa una prueba para la diplomacia francesa. Emmanuel Macron, en ese último año de su mandato y debilitado en el plano doméstico, busca demostrar que las democracias occidentales todavía pueden coordinar respuestas comunes a desafíos globales cada vez más complejos. Sin embargo, el éxito de la cumbre no se medirá por la cantidad de comunicados finales, sino por su capacidad para preservar un mínimo de cohesión política entre aliados que comparten valores fundamentales, pero que divergen cada vez más sobre la manera de defenderlos en un mundo marcado por la competencia estratégica, la fragmentación económica y el retorno de la política de poder.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La segunda vuelta presidencial peruana del 7 de junio de 2026 enfrenta a dos candidatos que representan proyectos políticos profundamente distintos: Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y heredera política del fujimorismo, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda respaldado por sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas entre ambos, la principal conclusión de esta elección es que ninguno de los dos llegará al poder en condiciones favorables para gobernar.
La primera vuelta confirmó el profundo desgaste del sistema político peruano. Fujimori obtuvo apenas el 17.18 por ciento de los votos y Sánchez el 12.03 por ciento, cifras que reflejan un nivel de fragmentación sin precedentes. Entre ambos candidatos sumaron menos de un tercio del electorado, mientras millones de peruanos optaron por otras candidaturas, el voto blanco o la abstención.
Esta debilidad de origen es particularmente relevante porque Perú no enfrenta únicamente una elección presidencial. Por primera vez en décadas, el país contará nuevamente con un Congreso bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado con importantes atribuciones institucionales. El resultado es un sistema político más complejo y potencialmente más fragmentado que el existente durante los últimos años.
La cuestión central es que la crisis política peruana ya no puede explicarse únicamente por la personalidad de sus presidentes. Durante la última década, Perú ha tenido una sucesión extraordinaria de jefes de Estado, destituciones, vacancias y gobiernos transitorios. La caída de José Jerí en febrero de 2026, apenas semanas antes de las elecciones, constituyó el episodio más reciente de una inestabilidad que se ha convertido en una característica estructural del sistema político.
En ese contexto, la gobernabilidad dependerá menos de quién gane que de la capacidad del próximo presidente para construir acuerdos parlamentarios duraderos. Y allí aparecen los principales riesgos.
Si Keiko Fujimori resulta elegida, contará previsiblemente con una bancada importante y con una representación parlamentaria superior a la de sus adversarios. Sin embargo, la experiencia política peruana demuestra que incluso presidentes con respaldo legislativo considerable han enfrentado bloqueos permanentes. Además, Fujimori continúa siendo una figura altamente polarizadora. Su apellido moviliza apoyos sólidos, pero también niveles muy elevados de rechazo en amplios sectores urbanos, progresistas e indígenas.
Por el contrario, si Roberto Sánchez logra imponerse, enfrentará dificultades aún mayores. Aunque su candidatura ha logrado movilizar el voto rural y los sectores desencantados con el establishment limeño, llegaría al Palacio de Gobierno con una representación parlamentaria insuficiente para impulsar reformas estructurales como la convocatoria de una nueva constitución o la transformación del modelo económico.
La paradoja peruana es evidente. Mientras la campaña presidencial ha sido presentada como una elección entre dos modelos de país, el verdadero centro del poder podría encontrarse nuevamente en el Congreso. Desde hace años, el Legislativo ha acumulado una capacidad creciente para bloquear, censurar o incluso destituir presidentes. Numerosos observadores consideran que Perú ha evolucionado hacia una especie de “parlamentarismo informal”, donde el Ejecutivo posee legitimidad electoral, pero carece de los instrumentos políticos necesarios para gobernar con estabilidad.
La dimensión económica agrava aún más el desafío. El próximo gobierno deberá enfrentar una combinación compleja de desaceleración económica, inseguridad ciudadana, expansión de economías ilícitas y creciente desconfianza institucional. Ninguno de estos problemas puede resolverse mediante decretos o decisiones unilaterales; todos requieren acuerdos políticos amplios, precisamente el recurso más escaso en el Perú contemporáneo.
Desde una perspectiva regional, el caso peruano constituye uno de los ejemplos más evidentes de la crisis de representación que afecta a varias democracias latinoamericanas. A diferencia de otros países de la región, donde la polarización ha producido bloques relativamente estables, Perú enfrenta un fenómeno distinto: la atomización extrema del sistema político. No existe una mayoría social clara, ni un liderazgo dominante, ni partidos capaces de estructurar consensos duraderos.
Por ello, la segunda vuelta del 7 de junio no resolverá necesariamente la crisis política peruana. Lo más probable es que produzca un nuevo presidente con legitimidad formal, pero con márgenes de acción limitados. La verdadera incógnita no es quién ocupará la presidencia durante los próximos cinco años, sino si las instituciones peruanas serán capaces de romper el ciclo de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo que ha caracterizado la última década.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

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La situación política en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la crisis de 2019. Las masivas movilizaciones registradas durante mayo de 2026 contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz han puesto en evidencia el hecho que la alternancia política producida tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) no logró resolver las tensiones estructurales del país. Por el contrario, la combinación entre crisis económica, polarización política y debilitamiento institucional ha reabierto fracturas históricas que parecían parcialmente contenidas.
Lo que comenzó como una protesta sectorial contra medidas económicas y reformas impulsadas por el nuevo gobierno terminó transformándose en un movimiento nacional de contestación. Sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, mineros y sectores urbanos han protagonizado bloqueos y manifestaciones que paralizaron parcialmente el país durante varias semanas. Más de 70 cortes de ruta provocaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos, afectando especialmente a La Paz y El Alto.
La raíz inmediata de la crisis es económica. Bolivia enfrenta la peor situación financiera en décadas, marcada por inflación superior al 20 por ciento, escasez de dólares, problemas energéticos y creciente deterioro del poder adquisitivo. El gobierno de Rodrigo Paz, elegido en noviembre de 2025 con una agenda de apertura económica y reformas promercado, decidió reducir subsidios estatales y aplicar medidas de austeridad para estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, estas decisiones afectaron directamente a sectores populares que habían apoyado su candidatura como alternativa al desgaste del MAS.
El problema para Paz no es únicamente económico. Su principal dificultad es política. Diversos sectores sociales perciben que el nuevo gobierno rompió con las tradiciones de inclusión simbólica y representación social que caracterizaron gran parte del ciclo político inaugurado por Evo Morales. Analistas bolivianos señalan que decisiones como la composición del gabinete, la exclusión de organizaciones indígenas de espacios de poder y ciertos gestos políticos durante la transición alimentaron rápidamente el descontento social.
En este escenario, Evo Morales reaparece como un actor central. Aunque enfrenta procesos judiciales y continúa políticamente debilitado respecto a sus años de mayor poder, el exmandatario conserva una capacidad significativa de movilización social, especialmente en el Chapare y entre organizaciones campesinas e indígenas. El gobierno acusa directamente a Morales de estimular las protestas para desestabilizar al Ejecutivo y forzar elecciones anticipadas. Morales rechaza estas acusaciones y presenta las movilizaciones como una respuesta legítima al deterioro económico y al giro neoliberal del gobierno.
Sin embargo, reducir la crisis a una disputa entre Paz y Morales sería simplificar excesivamente la situación. Las protestas reflejan transformaciones más profundas dentro de la sociedad boliviana. La fractura ya no se limita al viejo conflicto entre izquierda y derecha, sino que atraviesa al propio campo popular, dividido entre distintos proyectos de representación indígena, sindical y territorial. La crisis actual evidencia la fragmentación del bloque social que durante años sostuvo al MAS.
La dimensión regional también resulta relevante. La llegada de Paz al poder fue observada favorablemente por Estados Unidos y por gobiernos conservadores de la región, mientras que sectores progresistas latinoamericanos interpretaron su victoria como el fin de un ciclo político iniciado con Evo Morales. Las protestas modifican parcialmente ese escenario. Washington ha respaldado al gobierno boliviano y llegó a denunciar intentos de desestabilización, mientras algunos gobiernos de izquierda expresaron comprensión hacia las demandas sociales.
La situación se volvió aún más delicada tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La muerte de al menos un manifestante durante operativos policiales y militares incrementó la presión sobre el Ejecutivo y reforzó las críticas de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Frente a la escalada del conflicto, Rodrigo Paz intentó abrir espacios de negociación, anuló órdenes de arresto contra algunos dirigentes sociales y anunció medidas simbólicas como la reducción del 50 por ciento de los salarios presidenciales y ministeriales. Sin embargo, estas concesiones todavía no han logrado desactivar completamente las movilizaciones.
En definitiva, la crisis boliviana de mayo de 2026 revela algo más profundo que un rechazo coyuntural a determinadas políticas económicas. Expone las dificultades para construir una nueva legitimidad política tras el largo ciclo del MAS y pone en evidencia el hecho que Bolivia continúa enfrentando una cuestión fundamental: cómo articular estabilidad institucional, representación social e inclusión económica en una sociedad marcada por profundas divisiones históricas.
Lo que está en juego ya no es únicamente la supervivencia política de Rodrigo Paz, sino la capacidad del sistema político boliviano para evitar que la crisis económica se transforme en una nueva crisis de régimen.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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La publicación de las últimas encuestas de intención de voto ha confirmado que la campaña presidencial colombiana de 2026 ha entrado en una fase de máxima tensión política y volatilidad electoral. A una semana de la primera vuelta del 31 de mayo, el escenario ya no gira únicamente en torno al liderazgo del candidato oficialista Iván Cepeda, sino alrededor del ascenso del abogado y candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella, que ha transformado el equilibrio de fuerzas en la recta final de la campaña.
Las encuestas más recientes muestran un panorama extremadamente ajustado. Según AtlasIntel y el Centro Nacional de Consultoría, Cepeda sigue liderando la intención de voto con cifras que oscilan entre el 33 y el 39 por ciento, pero De la Espriella ya aparece prácticamente empatado técnicamente con él, consolidando un crecimiento sostenido en las últimas semanas. La senadora uribista Paloma Valencia, que durante meses parecía la principal figura de la derecha, ha quedado relegada al tercer lugar.
El principal cambio político de esta etapa es precisamente la recomposición del espacio conservador. Mientras Valencia representaba una continuidad relativamente clásica del uribismo institucional, De la Espriella logró construir una candidatura más agresiva, emocional y antisistema, capaz de captar simultáneamente el voto duro de derecha y parte del electorado antipetrista desencantado con los partidos tradicionales. Su ascenso refleja una transformación más profunda de la política colombiana: el desplazamiento del debate desde el centro hacia una lógica de polarización más radicalizada.
Para el oficialismo, las encuestas producen una doble lectura. Por un lado, Iván Cepeda conserva el liderazgo y mantiene una base electoral sólida gracias al aparato territorial del Pacto Histórico y al respaldo de sectores populares urbanos y movimientos sociales. Por otro, el hecho de que prácticamente todas las encuestas muestren dificultades para imponerse en una eventual segunda vuelta revela el principal problema estratégico del petrismo: un techo electoral elevado y altos niveles de rechazo entre sectores moderados y conservadores.
La campaña ha dejado de centrarse exclusivamente en propuestas programáticas para convertirse en una disputa sobre seguridad, orden público y estabilidad institucional. La persistencia de la violencia armada, el deterioro de la seguridad en varias regiones y las controversias alrededor de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro han favorecido claramente a los candidatos de derecha.
En este contexto, la figura de Cepeda genera una paradoja política. Aunque lidera la primera vuelta, su candidatura enfrenta dificultades para ampliar apoyos más allá del electorado progresista. De hecho, algunas encuestas sugieren que tanto De la Espriella como Paloma Valencia podrían derrotarlo en segunda vuelta. Esto obliga al oficialismo a intensificar esfuerzos hacia el centro político, un espacio donde candidatos como Sergio Fajardo o Claudia López siguen teniendo influencia, aunque con niveles de intención de voto relativamente bajos.
El otro gran fenómeno político es el debilitamiento de los partidos tradicionales. Liberales, conserva-dores y sectores históricos del centro aparecen cada vez más subordinados a una dinámica presi-dencial altamente personalista. La elección ya no parece organizada alrededor de maquinarias parti-darias clásicas, sino de liderazgos capaces de movilizar emociones fuertes: miedo, rechazo, identidad ideológica o deseo de ruptura.
Desde una perspectiva geopolítica, la campaña colombiana también refleja tensiones regionales más amplias. Estados Unidos observa con atención la elección, especialmente por sus implicaciones en seguridad, narcotráfico y cooperación militar. La posibilidad de una continuidad del petrismo o de un giro duro hacia la derecha tendría efectos directos sobre la política regional andina y sobre la relación de Colombia con Washington.
En definitiva, las últimas encuestas muestran que Colombia entra en la fase final de la campaña presidencial en un clima de fuerte incertidumbre y polarización. Iván Cepeda sigue siendo el favorito para la primera vuelta, pero el ascenso de Abelardo de la Espriella ha transformado la elección en una competencia mucho más abierta de lo previsto hace apenas algunas semanas.
Más que una simple elección presidencial, lo que está en juego es la orientación política y estratégica de Colombia tras el ciclo abierto por Gustavo Petro: continuidad reformista, corrección moderada o giro conservador duro. Y las encuestas sugieren que ninguna de esas opciones puede darse todavía por asegurada.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La campaña presidencial brasileña de 2026 atraviesa uno de sus momentos más delicados tras las revelaciones publicadas por The Intercept Brasil sobre los vínculos financieros entre el senador Flávio Bolsonaro y el empresario financiero Daniel Vorcaro. Más que un escándalo aislado, el episodio amenaza con exponer una contradicción estructural del bolsonarismo: un movimiento que llegó al poder denunciando a las élites políticas y económicas tradicionales, pero que terminó integrándose progresivamente a los mismos circuitos de influencia, privilegio y opacidad que pretendía combatir.
Las investigaciones periodísticas sugieren relaciones financieras y patrimoniales que refuerzan sospechas sobre la proximidad entre sectores del bolsonarismo y figuras centrales del capitalismo financiero brasileño. Aunque Flávio Bolsonaro niegue cualquier irregularidad y denuncie una persecución política, el problema para el bolsonarismo ya no es únicamente jurídico, sino profundamente político y simbólico. La cuestión central es la pérdida de credibilidad de una narrativa “antisistema” que, con el paso del tiempo, aparece cada vez más compatible con prácticas tradicionales de poder.
El caso golpea en un momento particularmente sensible. Con el expresidente Jair Bolsonaro debilitado judicialmente y enfrentando múltiples investigaciones, parte de la derecha brasileña intentaba consolidar a Flávio Bolsonaro como heredero político capaz de preservar el capital electoral bolsonarista sin reproducir completamente el estilo caótico y confrontativo de su padre. La estrategia consistía en “normalizar” el bolsonarismo: mantener su base ultra conservadora mientras se ampliaban puentes hacia el empresariado, los sectores financieros y parte del centro político.
Las revelaciones del Intercept amenazan con destruir precisamente esa operación de legitimación. La asociación con Daniel Vorcaro –símbolo del poder financiero agresivo– refuerza la percepción de que el bolsonarismo ya no representa una ruptura con el establishment, sino una de sus expresiones más radicalizadas y opacas.
Más grave aún para Flávio Bolsonaro es el impacto sobre el discurso moral que permitió al bolsonarismo crecer desde 2018. La lucha contra la corrupción y contra los supuestos privilegios de la clase política tradicional fue uno de los pilares emocionales del movimiento. Sin embargo, tras años de escándalos, investigaciones y denuncias que afectan al entorno familiar Bolsonaro, ese capital ético aparece profundamente erosionado.
La crisis también acelera divisiones internas en la derecha brasileña. Gobernadores conservadores, empresarios y sectores del centro liberal comienzan a preguntarse si el apellido Bolsonaro sigue siendo un activo electoral o si se ha convertido en un factor de desgaste permanente. La posibilidad de una candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro genera cada vez más dudas entre actores que temen que el bolsonarismo arrastre nuevamente a la extrema derecha brasileña hacia una lógica de polarización extrema, conflictos institucionales y escándalos permanentes.
Para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el episodio representa una oportunidad estratégica evidente. Lula busca reconstruir una narrativa en la que el bolsonarismo aparece no como una alternativa moral al sistema político tradicional, sino como una versión aún más agresiva y desinstitucionalizada del mismo. El gobierno intenta contrastar su discurso de estabilidad institucional y pragmatismo internacional con una oposición atrapada entre radicalización ideológica y cuestionamientos éticos.
El impacto social del caso también es significativo. Brasil atraviesa un momento de fatiga política después de años de confrontación permanente. En ese contexto, las revelaciones alimentan el escepticismo ciudadano hacia una clase dirigente percibida como demasiado próxima a intereses económicos concentrados y desconectada de los problemas reales de la población.
La cuestión central para la campaña de 2026 es si el bolsonarismo puede sobrevivir políticamente a la pérdida de su legitimidad moral original. Su base radicalizada probablemente permanecerá fiel, alimentada por discursos de victimización y denuncias contra los medios y el sistema judicial. Pero ganar una elección presidencial en Brasil requiere construir mayorías más amplias, y allí es donde el desgaste puede volverse decisivo.
Las revelaciones sobre Flávio Bolsonaro no solo afectan a un candidato potencial: exponen las contradicciones profundas de un movimiento que prometió combatir las élites tradicionales y terminó reproduciendo buena parte de sus prácticas. En ese sentido, el escándalo reabre una pregunta central de la política brasileña contemporánea: ¿Fue realmente el bolsonarismo una ruptura con el sistema o simplemente otra forma de ocupación del poder por nuevas élites políticas y financieras?

 

La campaña presidencial brasileña de 2026 ha entrado en una nueva fase tras la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington para reunirse con su homólogo estadunidense Donald Trump. Más allá de la dimensión diplomática, el encuentro tuvo un impacto político inmediato en Brasil: redefinió parcialmente el debate electoral y confirmó que la política exterior se ha convertido en uno de los principales ejes de la disputa presidencial.
La reunión entre Lula y Trump resultaba improbable hace apenas algunos meses. Ambos representan visiones ideológicas opuestas del orden internacional y de la política doméstica. Sin embargo, el contexto económico y geopolítico empujó a ambos gobiernos hacia una lógica de pragmatismo. Para Lula, la visita buscó transmitir una imagen de estabilidad y responsabilidad internacional en un momento en que Brasil enfrenta desaceleración económica, presión fiscal y creciente polarización política interna.
En términos electorales, el viaje tiene un objetivo claro: fortalecer la imagen presidencial de Lula como líder capaz de mantener relaciones funcionales con cualquier administración estadunidense, independientemente de las diferencias ideológicas. El mensaje apunta especialmente a sectores empresariales, financieros y moderados del electorado, preocupados por la incertidumbre internacional y por el impacto de las tensiones globales sobre la economía brasileña.
La visita también refleja la evolución de la política exterior brasileña. Durante sus primeros años de mandato, Lula intentó proyectar a Brasil como actor autónomo del Sur Global, reforzando vínculos con China, los BRICS y países emergentes. Sin embargo, la vuelta de Trump a la Casa Blanca obligó a Brasilia a recalibrar prioridades. Washington sigue siendo un socio estratégico clave en comercio, tecnología, inversiones y seguridad, y Lula parece haber concluido que una relación conflictiva con Estados Unidos tendría costos económicos y políticos demasiado elevados en vísperas electorales.
El impacto interno de la visita ha sido ambivalente. En el oficialismo, el encuentro fue presentado como prueba de madurez diplomática y de la capacidad de Lula para defender los intereses brasileños en un contexto internacional adverso. El gobierno insiste en que Brasil puede dialogar con Washington sin abandonar su autonomía estratégica ni su política de diversificación internacional.
La oposición, en cambio, intenta utilizar el encuentro para cuestionar la coherencia del discurso histórico del lulismo. Sectores conservadores y bolsonaristas sostienen que Lula terminó reconociendo la centralidad de la relación con Estados Unidos después de años de retórica crítica hacia Washington. Al mismo tiempo, parte de la izquierda más ideológica observa con incomodidad un acercamiento a Trump, figura asociada globalmente a la derecha populista y al nacionalismo conservador.
Este episodio se inserta además en una campaña presidencial cada vez más marcada por la polarización entre el lulismo y la derecha bolsonarista. Aunque el expresidente Jair Bolsonaro continúa enfrentando restricciones judiciales y dificultades políticas, el bolsonarismo mantiene una base social sólida y busca reorganizarse alrededor de figuras como Flávio Bolsonaro, gobernadores aliados y líderes evangélicos.
En este contexto, Lula intenta construir una narrativa de estabilidad frente a una oposición que apuesta por el desgaste económico y el discurso de inseguridad. La reunión con Trump forma parte de esta estrategia: proyectar la imagen de un presidente experimentado, capaz de proteger los intereses brasileños en un escenario internacional cada vez más incierto.
La dimensión geopolítica es central. Brasil enfrenta el desafío de equilibrar sus relaciones entre Estados Unidos y China, sus dos principales socios estratégicos en ámbitos diferentes. Mientras Washington presiona por mayor alineamiento político y tecnológico, Pekín sigue siendo fundamental para las exportaciones brasileñas y para sectores clave de infraestructura y energía.
La campaña de 2026 se desarrolla así bajo una lógica inédita: la política exterior ya no es un tema secundario, sino un componente central de la disputa electoral. En un Brasil polarizado, la capacidad de Lula para gestionar las tensiones internacionales sin perder apoyo interno puede convertirse en uno de los factores decisivos de la elección.
Más que un simple gesto diplomático, la visita a Washington revela una transformación más profunda del escenario brasileño: la política interna y la geopolítica internacional están cada vez más entrelazadas. Y en esa intersección se jugará buena parte del futuro político de Brasil en 2026.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics.

 

La campaña presidencial peruana de 2026 ha entrado en una fase crítica tras la primera vuelta del 12 de abril, no tanto por la definición de finalistas como por el deterioro del entorno institucional. La inesperada renuncia del jefe del organismo electoral –enmedio de cuestionamientos sobre la organización del proceso— ha añadido una capa de incertidumbre a un sistema político ya debilitado por años de crisis. En Perú, la elección ya ha dejado de ser únicamente una competencia entre candidatos para convertirse en una prueba de resistencia institucional.
Los resultados de la primera vuelta confirmaron lo que anticipaban las encuestas: una fragmentación extrema del voto y la ausencia de mayorías claras. Más significativo aún fue el volumen de voto en blanco, nulo o indeciso, que evidencia una crisis de representación más profunda que cualquier resultado puntual. Lo peor es que estamos a más de tres semanas tras el escrutinio, sin tener la confirmación de los nombres de los dos candidatos punteros.
En este contexto, la renuncia del titular del organismo electoral introduce un factor de riesgo adicional. Aunque las autoridades han intentado transmitir continuidad institucional, el episodio debilita la percepción de neutralidad y solidez del proceso electoral. En un país donde la legitimidad de las instituciones ya está erosionada, cualquier señal de inestabilidad administrativa puede amplificar sospechas y alimentar narrativas de fraude o manipulación, incluso sin evidencia concreta.
El impacto político es inmediato. La segunda vuelta se desarrolla en un clima de desconfianza generalizada, donde los candidatos no solo compiten por votos, sino también por la credibilidad del proceso. Ambos bloques buscan capitalizar la crisis institucional: unos denunciando irregularidades, otros presentándose como garantes del orden democrático. El resultado es una campaña menos programática y más centrada en la legitimidad del sistema.
Esta dinámica se inserta en una crisis estructural más amplia. En la última década, Perú ha experimentado una sucesión de presidentes, destituciones y conflictos entre Ejecutivo y Legislativo que han transformado la política en un terreno de confrontación permanente. La elección de 2026 no rompe este ciclo, sino que lo reproduce en un nuevo escenario.
El problema central es que el sistema político peruano combina fragmentación partidaria extrema con instituciones formales débiles. Ningún candidato llega a la segunda vuelta con un mandato claro, y es altamente probable que el próximo presidente enfrente un Congreso igualmente fragmentado. Esto limita la capacidad de gobernar y aumenta el riesgo de nuevos episodios de bloqueo o destitución.
La dimensión geopolítica tampoco es menor. Perú, tradicionalmente un actor estable en la región andina, aparece hoy como un foco de incertidumbre, lo que preocupa a socios internacionales, en particular a Estados Unidos, que observa con atención la estabilidad política del país en el marco de su cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La debilidad institucional reduce la capacidad del Estado peruano para actuar como socio confiable en estos ámbitos.
En paralelo, la presencia económica de China en sectores estratégicos introduce una dimensión adicional: la orientación del próximo gobierno tendrá implicaciones sobre el equilibrio de relaciones internacionales del país. Sin embargo, la crisis interna limita la capacidad de cualquier administración para desarrollar una política exterior coherente.
La segunda vuelta definirá un ganador, pero difícilmente resolverá el problema de fondo. En Perú la cuestión ya no es únicamente quién gobierna, sino si las instituciones pueden sostener el proceso democrático sin nuevas rupturas. En ese sentido, el desenlace electoral será tan importante como la capacidad del sistema para recuperar legitimidad en medio de la incertidumbre.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada

A finales de abril de 2026, la situación política en Argentina muestra un rasgo cada vez más claro: el país ha entrado, de facto, en la precampaña presidencial de 2027, aun cuando el calendario electoral formal todavía se encuentra distante. La dinámica política gira menos en torno a la gestión cotidiana y más en torno a la construcción de posicionamientos estratégicos de cara a la sucesión en el poder.
El gobierno del presidente Javier Milei sigue dominando la agenda política con su programa de ajuste económico y reformas estructurales. Tras más de dos años en el poder, su estrategia ha producido resultados mixtos: por un lado, una reducción de ciertos desequilibrios macroeconómicos; por otro, un fuerte impacto social que mantiene niveles elevados de tensión política. Este equilibrio inestable condiciona la configuración del escenario electoral.
La clave del momento político reside en la transformación del oficialismo en proyecto electoral de continuidad. Milei, aunque constitucionalmente habilitado para la reelección, enfrenta el desafío de ampliar su base política más allá de su núcleo duro. La construcción de alianzas con sectores de derecha tradicional y actores provinciales se vuelve central para sostener una eventual candidatura competitiva en 2027.
En paralelo, la oposición atraviesa un proceso de reconfiguración profunda. El peronismo, históricamente el principal bloque político del país, sigue buscando un liderazgo claro tras la derrota de 2023. Figuras como Axel Kicillof o Sergio Massa intentan posicionarse como referentes de una alternativa, pero enfrentan divisiones internas entre sectores más moderados y corrientes que abogan por una línea más confrontativa ante el gobierno.
En el espacio de centroderecha, la antigua coalición de Juntos por el Cambio continúa fragmentada. Dirigentes como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta buscan redefinir su lugar en un sistema político alterado por la irrupción de Milei. La dificultad radica en diferenciarse del oficialismo sin perder a un electorado que comparte elementos de su agenda económica y de seguridad.
El contexto económico sigue siendo el principal factor estructurante de la política. La evolución de la inflación, el empleo y el poder adquisitivo condicionará las posibilidades de continuidad o alternancia. En este sentido, la política argentina se encuentra en una fase de expectativa estratégica: los actores no solo compiten por posicionarse, sino que evalúan el impacto de las reformas actuales sobre el humor social.
A nivel institucional, el Congreso continúa siendo un espacio de negociación permanente. La falta de mayorías claras obliga al Ejecutivo a construir acuerdos caso por caso, lo que introduce incertidumbre pero también limita la posibilidad de cambios abruptos. Este equilibrio contribuye a que la campaña presidencial se desarrolle en paralelo a la gestión, sin una ruptura clara entre ambos planos.
Desde una perspectiva geopolítica, Argentina mantiene una política exterior pragmática, con un acercamiento a Estados Unidos y una relación más selectiva con actores como China. Estas decisiones también se proyectan en clave electoral, ya que definen el posicionamiento del país en un contexto internacional competitivo.
En definitiva, la situación política argentina a finales de abril de 2026 refleja un sistema en transición. El oficialismo busca consolidarse como opción de continuidad, mientras la oposición intenta reorganizarse en un escenario fragmentado. La campaña presidencial de 2027 ya ha comenzado, no con actos formales, sino a través de decisiones estratégicas, alianzas y narrativas que definirán el futuro político del país.
Más que una competencia tradicional, lo que se perfila es una disputa por el sentido del cambio iniciado en 2023: profundización, corrección o reemplazo. En esa tensión se jugará el rumbo de Argentina en los próximos años.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

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