La situación política en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la crisis de 2019. Las masivas movilizaciones registradas durante mayo de 2026 contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz han puesto en evidencia el hecho que la alternancia política producida tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) no logró resolver las tensiones estructurales del país. Por el contrario, la combinación entre crisis económica, polarización política y debilitamiento institucional ha reabierto fracturas históricas que parecían parcialmente contenidas.
Lo que comenzó como una protesta sectorial contra medidas económicas y reformas impulsadas por el nuevo gobierno terminó transformándose en un movimiento nacional de contestación. Sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, mineros y sectores urbanos han protagonizado bloqueos y manifestaciones que paralizaron parcialmente el país durante varias semanas. Más de 70 cortes de ruta provocaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos, afectando especialmente a La Paz y El Alto.
La raíz inmediata de la crisis es económica. Bolivia enfrenta la peor situación financiera en décadas, marcada por inflación superior al 20 por ciento, escasez de dólares, problemas energéticos y creciente deterioro del poder adquisitivo. El gobierno de Rodrigo Paz, elegido en noviembre de 2025 con una agenda de apertura económica y reformas promercado, decidió reducir subsidios estatales y aplicar medidas de austeridad para estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, estas decisiones afectaron directamente a sectores populares que habían apoyado su candidatura como alternativa al desgaste del MAS.
El problema para Paz no es únicamente económico. Su principal dificultad es política. Diversos sectores sociales perciben que el nuevo gobierno rompió con las tradiciones de inclusión simbólica y representación social que caracterizaron gran parte del ciclo político inaugurado por Evo Morales. Analistas bolivianos señalan que decisiones como la composición del gabinete, la exclusión de organizaciones indígenas de espacios de poder y ciertos gestos políticos durante la transición alimentaron rápidamente el descontento social.
En este escenario, Evo Morales reaparece como un actor central. Aunque enfrenta procesos judiciales y continúa políticamente debilitado respecto a sus años de mayor poder, el exmandatario conserva una capacidad significativa de movilización social, especialmente en el Chapare y entre organizaciones campesinas e indígenas. El gobierno acusa directamente a Morales de estimular las protestas para desestabilizar al Ejecutivo y forzar elecciones anticipadas. Morales rechaza estas acusaciones y presenta las movilizaciones como una respuesta legítima al deterioro económico y al giro neoliberal del gobierno.
Sin embargo, reducir la crisis a una disputa entre Paz y Morales sería simplificar excesivamente la situación. Las protestas reflejan transformaciones más profundas dentro de la sociedad boliviana. La fractura ya no se limita al viejo conflicto entre izquierda y derecha, sino que atraviesa al propio campo popular, dividido entre distintos proyectos de representación indígena, sindical y territorial. La crisis actual evidencia la fragmentación del bloque social que durante años sostuvo al MAS.
La dimensión regional también resulta relevante. La llegada de Paz al poder fue observada favorablemente por Estados Unidos y por gobiernos conservadores de la región, mientras que sectores progresistas latinoamericanos interpretaron su victoria como el fin de un ciclo político iniciado con Evo Morales. Las protestas modifican parcialmente ese escenario. Washington ha respaldado al gobierno boliviano y llegó a denunciar intentos de desestabilización, mientras algunos gobiernos de izquierda expresaron comprensión hacia las demandas sociales.
La situación se volvió aún más delicada tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La muerte de al menos un manifestante durante operativos policiales y militares incrementó la presión sobre el Ejecutivo y reforzó las críticas de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Frente a la escalada del conflicto, Rodrigo Paz intentó abrir espacios de negociación, anuló órdenes de arresto contra algunos dirigentes sociales y anunció medidas simbólicas como la reducción del 50 por ciento de los salarios presidenciales y ministeriales. Sin embargo, estas concesiones todavía no han logrado desactivar completamente las movilizaciones.
En definitiva, la crisis boliviana de mayo de 2026 revela algo más profundo que un rechazo coyuntural a determinadas políticas económicas. Expone las dificultades para construir una nueva legitimidad política tras el largo ciclo del MAS y pone en evidencia el hecho que Bolivia continúa enfrentando una cuestión fundamental: cómo articular estabilidad institucional, representación social e inclusión económica en una sociedad marcada por profundas divisiones históricas.
Lo que está en juego ya no es únicamente la supervivencia política de Rodrigo Paz, sino la capacidad del sistema político boliviano para evitar que la crisis económica se transforme en una nueva crisis de régimen.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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La publicación de las últimas encuestas de intención de voto ha confirmado que la campaña presidencial colombiana de 2026 ha entrado en una fase de máxima tensión política y volatilidad electoral. A una semana de la primera vuelta del 31 de mayo, el escenario ya no gira únicamente en torno al liderazgo del candidato oficialista Iván Cepeda, sino alrededor del ascenso del abogado y candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella, que ha transformado el equilibrio de fuerzas en la recta final de la campaña.
Las encuestas más recientes muestran un panorama extremadamente ajustado. Según AtlasIntel y el Centro Nacional de Consultoría, Cepeda sigue liderando la intención de voto con cifras que oscilan entre el 33 y el 39 por ciento, pero De la Espriella ya aparece prácticamente empatado técnicamente con él, consolidando un crecimiento sostenido en las últimas semanas. La senadora uribista Paloma Valencia, que durante meses parecía la principal figura de la derecha, ha quedado relegada al tercer lugar.
El principal cambio político de esta etapa es precisamente la recomposición del espacio conservador. Mientras Valencia representaba una continuidad relativamente clásica del uribismo institucional, De la Espriella logró construir una candidatura más agresiva, emocional y antisistema, capaz de captar simultáneamente el voto duro de derecha y parte del electorado antipetrista desencantado con los partidos tradicionales. Su ascenso refleja una transformación más profunda de la política colombiana: el desplazamiento del debate desde el centro hacia una lógica de polarización más radicalizada.
Para el oficialismo, las encuestas producen una doble lectura. Por un lado, Iván Cepeda conserva el liderazgo y mantiene una base electoral sólida gracias al aparato territorial del Pacto Histórico y al respaldo de sectores populares urbanos y movimientos sociales. Por otro, el hecho de que prácticamente todas las encuestas muestren dificultades para imponerse en una eventual segunda vuelta revela el principal problema estratégico del petrismo: un techo electoral elevado y altos niveles de rechazo entre sectores moderados y conservadores.
La campaña ha dejado de centrarse exclusivamente en propuestas programáticas para convertirse en una disputa sobre seguridad, orden público y estabilidad institucional. La persistencia de la violencia armada, el deterioro de la seguridad en varias regiones y las controversias alrededor de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro han favorecido claramente a los candidatos de derecha.
En este contexto, la figura de Cepeda genera una paradoja política. Aunque lidera la primera vuelta, su candidatura enfrenta dificultades para ampliar apoyos más allá del electorado progresista. De hecho, algunas encuestas sugieren que tanto De la Espriella como Paloma Valencia podrían derrotarlo en segunda vuelta. Esto obliga al oficialismo a intensificar esfuerzos hacia el centro político, un espacio donde candidatos como Sergio Fajardo o Claudia López siguen teniendo influencia, aunque con niveles de intención de voto relativamente bajos.
El otro gran fenómeno político es el debilitamiento de los partidos tradicionales. Liberales, conserva-dores y sectores históricos del centro aparecen cada vez más subordinados a una dinámica presi-dencial altamente personalista. La elección ya no parece organizada alrededor de maquinarias parti-darias clásicas, sino de liderazgos capaces de movilizar emociones fuertes: miedo, rechazo, identidad ideológica o deseo de ruptura.
Desde una perspectiva geopolítica, la campaña colombiana también refleja tensiones regionales más amplias. Estados Unidos observa con atención la elección, especialmente por sus implicaciones en seguridad, narcotráfico y cooperación militar. La posibilidad de una continuidad del petrismo o de un giro duro hacia la derecha tendría efectos directos sobre la política regional andina y sobre la relación de Colombia con Washington.
En definitiva, las últimas encuestas muestran que Colombia entra en la fase final de la campaña presidencial en un clima de fuerte incertidumbre y polarización. Iván Cepeda sigue siendo el favorito para la primera vuelta, pero el ascenso de Abelardo de la Espriella ha transformado la elección en una competencia mucho más abierta de lo previsto hace apenas algunas semanas.
Más que una simple elección presidencial, lo que está en juego es la orientación política y estratégica de Colombia tras el ciclo abierto por Gustavo Petro: continuidad reformista, corrección moderada o giro conservador duro. Y las encuestas sugieren que ninguna de esas opciones puede darse todavía por asegurada.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La campaña presidencial brasileña de 2026 atraviesa uno de sus momentos más delicados tras las revelaciones publicadas por The Intercept Brasil sobre los vínculos financieros entre el senador Flávio Bolsonaro y el empresario financiero Daniel Vorcaro. Más que un escándalo aislado, el episodio amenaza con exponer una contradicción estructural del bolsonarismo: un movimiento que llegó al poder denunciando a las élites políticas y económicas tradicionales, pero que terminó integrándose progresivamente a los mismos circuitos de influencia, privilegio y opacidad que pretendía combatir.
Las investigaciones periodísticas sugieren relaciones financieras y patrimoniales que refuerzan sospechas sobre la proximidad entre sectores del bolsonarismo y figuras centrales del capitalismo financiero brasileño. Aunque Flávio Bolsonaro niegue cualquier irregularidad y denuncie una persecución política, el problema para el bolsonarismo ya no es únicamente jurídico, sino profundamente político y simbólico. La cuestión central es la pérdida de credibilidad de una narrativa “antisistema” que, con el paso del tiempo, aparece cada vez más compatible con prácticas tradicionales de poder.
El caso golpea en un momento particularmente sensible. Con el expresidente Jair Bolsonaro debilitado judicialmente y enfrentando múltiples investigaciones, parte de la derecha brasileña intentaba consolidar a Flávio Bolsonaro como heredero político capaz de preservar el capital electoral bolsonarista sin reproducir completamente el estilo caótico y confrontativo de su padre. La estrategia consistía en “normalizar” el bolsonarismo: mantener su base ultra conservadora mientras se ampliaban puentes hacia el empresariado, los sectores financieros y parte del centro político.
Las revelaciones del Intercept amenazan con destruir precisamente esa operación de legitimación. La asociación con Daniel Vorcaro –símbolo del poder financiero agresivo– refuerza la percepción de que el bolsonarismo ya no representa una ruptura con el establishment, sino una de sus expresiones más radicalizadas y opacas.
Más grave aún para Flávio Bolsonaro es el impacto sobre el discurso moral que permitió al bolsonarismo crecer desde 2018. La lucha contra la corrupción y contra los supuestos privilegios de la clase política tradicional fue uno de los pilares emocionales del movimiento. Sin embargo, tras años de escándalos, investigaciones y denuncias que afectan al entorno familiar Bolsonaro, ese capital ético aparece profundamente erosionado.
La crisis también acelera divisiones internas en la derecha brasileña. Gobernadores conservadores, empresarios y sectores del centro liberal comienzan a preguntarse si el apellido Bolsonaro sigue siendo un activo electoral o si se ha convertido en un factor de desgaste permanente. La posibilidad de una candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro genera cada vez más dudas entre actores que temen que el bolsonarismo arrastre nuevamente a la extrema derecha brasileña hacia una lógica de polarización extrema, conflictos institucionales y escándalos permanentes.
Para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el episodio representa una oportunidad estratégica evidente. Lula busca reconstruir una narrativa en la que el bolsonarismo aparece no como una alternativa moral al sistema político tradicional, sino como una versión aún más agresiva y desinstitucionalizada del mismo. El gobierno intenta contrastar su discurso de estabilidad institucional y pragmatismo internacional con una oposición atrapada entre radicalización ideológica y cuestionamientos éticos.
El impacto social del caso también es significativo. Brasil atraviesa un momento de fatiga política después de años de confrontación permanente. En ese contexto, las revelaciones alimentan el escepticismo ciudadano hacia una clase dirigente percibida como demasiado próxima a intereses económicos concentrados y desconectada de los problemas reales de la población.
La cuestión central para la campaña de 2026 es si el bolsonarismo puede sobrevivir políticamente a la pérdida de su legitimidad moral original. Su base radicalizada probablemente permanecerá fiel, alimentada por discursos de victimización y denuncias contra los medios y el sistema judicial. Pero ganar una elección presidencial en Brasil requiere construir mayorías más amplias, y allí es donde el desgaste puede volverse decisivo.
Las revelaciones sobre Flávio Bolsonaro no solo afectan a un candidato potencial: exponen las contradicciones profundas de un movimiento que prometió combatir las élites tradicionales y terminó reproduciendo buena parte de sus prácticas. En ese sentido, el escándalo reabre una pregunta central de la política brasileña contemporánea: ¿Fue realmente el bolsonarismo una ruptura con el sistema o simplemente otra forma de ocupación del poder por nuevas élites políticas y financieras?

 

La campaña presidencial brasileña de 2026 ha entrado en una nueva fase tras la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington para reunirse con su homólogo estadunidense Donald Trump. Más allá de la dimensión diplomática, el encuentro tuvo un impacto político inmediato en Brasil: redefinió parcialmente el debate electoral y confirmó que la política exterior se ha convertido en uno de los principales ejes de la disputa presidencial.
La reunión entre Lula y Trump resultaba improbable hace apenas algunos meses. Ambos representan visiones ideológicas opuestas del orden internacional y de la política doméstica. Sin embargo, el contexto económico y geopolítico empujó a ambos gobiernos hacia una lógica de pragmatismo. Para Lula, la visita buscó transmitir una imagen de estabilidad y responsabilidad internacional en un momento en que Brasil enfrenta desaceleración económica, presión fiscal y creciente polarización política interna.
En términos electorales, el viaje tiene un objetivo claro: fortalecer la imagen presidencial de Lula como líder capaz de mantener relaciones funcionales con cualquier administración estadunidense, independientemente de las diferencias ideológicas. El mensaje apunta especialmente a sectores empresariales, financieros y moderados del electorado, preocupados por la incertidumbre internacional y por el impacto de las tensiones globales sobre la economía brasileña.
La visita también refleja la evolución de la política exterior brasileña. Durante sus primeros años de mandato, Lula intentó proyectar a Brasil como actor autónomo del Sur Global, reforzando vínculos con China, los BRICS y países emergentes. Sin embargo, la vuelta de Trump a la Casa Blanca obligó a Brasilia a recalibrar prioridades. Washington sigue siendo un socio estratégico clave en comercio, tecnología, inversiones y seguridad, y Lula parece haber concluido que una relación conflictiva con Estados Unidos tendría costos económicos y políticos demasiado elevados en vísperas electorales.
El impacto interno de la visita ha sido ambivalente. En el oficialismo, el encuentro fue presentado como prueba de madurez diplomática y de la capacidad de Lula para defender los intereses brasileños en un contexto internacional adverso. El gobierno insiste en que Brasil puede dialogar con Washington sin abandonar su autonomía estratégica ni su política de diversificación internacional.
La oposición, en cambio, intenta utilizar el encuentro para cuestionar la coherencia del discurso histórico del lulismo. Sectores conservadores y bolsonaristas sostienen que Lula terminó reconociendo la centralidad de la relación con Estados Unidos después de años de retórica crítica hacia Washington. Al mismo tiempo, parte de la izquierda más ideológica observa con incomodidad un acercamiento a Trump, figura asociada globalmente a la derecha populista y al nacionalismo conservador.
Este episodio se inserta además en una campaña presidencial cada vez más marcada por la polarización entre el lulismo y la derecha bolsonarista. Aunque el expresidente Jair Bolsonaro continúa enfrentando restricciones judiciales y dificultades políticas, el bolsonarismo mantiene una base social sólida y busca reorganizarse alrededor de figuras como Flávio Bolsonaro, gobernadores aliados y líderes evangélicos.
En este contexto, Lula intenta construir una narrativa de estabilidad frente a una oposición que apuesta por el desgaste económico y el discurso de inseguridad. La reunión con Trump forma parte de esta estrategia: proyectar la imagen de un presidente experimentado, capaz de proteger los intereses brasileños en un escenario internacional cada vez más incierto.
La dimensión geopolítica es central. Brasil enfrenta el desafío de equilibrar sus relaciones entre Estados Unidos y China, sus dos principales socios estratégicos en ámbitos diferentes. Mientras Washington presiona por mayor alineamiento político y tecnológico, Pekín sigue siendo fundamental para las exportaciones brasileñas y para sectores clave de infraestructura y energía.
La campaña de 2026 se desarrolla así bajo una lógica inédita: la política exterior ya no es un tema secundario, sino un componente central de la disputa electoral. En un Brasil polarizado, la capacidad de Lula para gestionar las tensiones internacionales sin perder apoyo interno puede convertirse en uno de los factores decisivos de la elección.
Más que un simple gesto diplomático, la visita a Washington revela una transformación más profunda del escenario brasileño: la política interna y la geopolítica internacional están cada vez más entrelazadas. Y en esa intersección se jugará buena parte del futuro político de Brasil en 2026.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics.

 

La campaña presidencial peruana de 2026 ha entrado en una fase crítica tras la primera vuelta del 12 de abril, no tanto por la definición de finalistas como por el deterioro del entorno institucional. La inesperada renuncia del jefe del organismo electoral –enmedio de cuestionamientos sobre la organización del proceso— ha añadido una capa de incertidumbre a un sistema político ya debilitado por años de crisis. En Perú, la elección ya ha dejado de ser únicamente una competencia entre candidatos para convertirse en una prueba de resistencia institucional.
Los resultados de la primera vuelta confirmaron lo que anticipaban las encuestas: una fragmentación extrema del voto y la ausencia de mayorías claras. Más significativo aún fue el volumen de voto en blanco, nulo o indeciso, que evidencia una crisis de representación más profunda que cualquier resultado puntual. Lo peor es que estamos a más de tres semanas tras el escrutinio, sin tener la confirmación de los nombres de los dos candidatos punteros.
En este contexto, la renuncia del titular del organismo electoral introduce un factor de riesgo adicional. Aunque las autoridades han intentado transmitir continuidad institucional, el episodio debilita la percepción de neutralidad y solidez del proceso electoral. En un país donde la legitimidad de las instituciones ya está erosionada, cualquier señal de inestabilidad administrativa puede amplificar sospechas y alimentar narrativas de fraude o manipulación, incluso sin evidencia concreta.
El impacto político es inmediato. La segunda vuelta se desarrolla en un clima de desconfianza generalizada, donde los candidatos no solo compiten por votos, sino también por la credibilidad del proceso. Ambos bloques buscan capitalizar la crisis institucional: unos denunciando irregularidades, otros presentándose como garantes del orden democrático. El resultado es una campaña menos programática y más centrada en la legitimidad del sistema.
Esta dinámica se inserta en una crisis estructural más amplia. En la última década, Perú ha experimentado una sucesión de presidentes, destituciones y conflictos entre Ejecutivo y Legislativo que han transformado la política en un terreno de confrontación permanente. La elección de 2026 no rompe este ciclo, sino que lo reproduce en un nuevo escenario.
El problema central es que el sistema político peruano combina fragmentación partidaria extrema con instituciones formales débiles. Ningún candidato llega a la segunda vuelta con un mandato claro, y es altamente probable que el próximo presidente enfrente un Congreso igualmente fragmentado. Esto limita la capacidad de gobernar y aumenta el riesgo de nuevos episodios de bloqueo o destitución.
La dimensión geopolítica tampoco es menor. Perú, tradicionalmente un actor estable en la región andina, aparece hoy como un foco de incertidumbre, lo que preocupa a socios internacionales, en particular a Estados Unidos, que observa con atención la estabilidad política del país en el marco de su cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La debilidad institucional reduce la capacidad del Estado peruano para actuar como socio confiable en estos ámbitos.
En paralelo, la presencia económica de China en sectores estratégicos introduce una dimensión adicional: la orientación del próximo gobierno tendrá implicaciones sobre el equilibrio de relaciones internacionales del país. Sin embargo, la crisis interna limita la capacidad de cualquier administración para desarrollar una política exterior coherente.
La segunda vuelta definirá un ganador, pero difícilmente resolverá el problema de fondo. En Perú la cuestión ya no es únicamente quién gobierna, sino si las instituciones pueden sostener el proceso democrático sin nuevas rupturas. En ese sentido, el desenlace electoral será tan importante como la capacidad del sistema para recuperar legitimidad en medio de la incertidumbre.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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A finales de abril de 2026, la situación política en Argentina muestra un rasgo cada vez más claro: el país ha entrado, de facto, en la precampaña presidencial de 2027, aun cuando el calendario electoral formal todavía se encuentra distante. La dinámica política gira menos en torno a la gestión cotidiana y más en torno a la construcción de posicionamientos estratégicos de cara a la sucesión en el poder.
El gobierno del presidente Javier Milei sigue dominando la agenda política con su programa de ajuste económico y reformas estructurales. Tras más de dos años en el poder, su estrategia ha producido resultados mixtos: por un lado, una reducción de ciertos desequilibrios macroeconómicos; por otro, un fuerte impacto social que mantiene niveles elevados de tensión política. Este equilibrio inestable condiciona la configuración del escenario electoral.
La clave del momento político reside en la transformación del oficialismo en proyecto electoral de continuidad. Milei, aunque constitucionalmente habilitado para la reelección, enfrenta el desafío de ampliar su base política más allá de su núcleo duro. La construcción de alianzas con sectores de derecha tradicional y actores provinciales se vuelve central para sostener una eventual candidatura competitiva en 2027.
En paralelo, la oposición atraviesa un proceso de reconfiguración profunda. El peronismo, históricamente el principal bloque político del país, sigue buscando un liderazgo claro tras la derrota de 2023. Figuras como Axel Kicillof o Sergio Massa intentan posicionarse como referentes de una alternativa, pero enfrentan divisiones internas entre sectores más moderados y corrientes que abogan por una línea más confrontativa ante el gobierno.
En el espacio de centroderecha, la antigua coalición de Juntos por el Cambio continúa fragmentada. Dirigentes como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta buscan redefinir su lugar en un sistema político alterado por la irrupción de Milei. La dificultad radica en diferenciarse del oficialismo sin perder a un electorado que comparte elementos de su agenda económica y de seguridad.
El contexto económico sigue siendo el principal factor estructurante de la política. La evolución de la inflación, el empleo y el poder adquisitivo condicionará las posibilidades de continuidad o alternancia. En este sentido, la política argentina se encuentra en una fase de expectativa estratégica: los actores no solo compiten por posicionarse, sino que evalúan el impacto de las reformas actuales sobre el humor social.
A nivel institucional, el Congreso continúa siendo un espacio de negociación permanente. La falta de mayorías claras obliga al Ejecutivo a construir acuerdos caso por caso, lo que introduce incertidumbre pero también limita la posibilidad de cambios abruptos. Este equilibrio contribuye a que la campaña presidencial se desarrolle en paralelo a la gestión, sin una ruptura clara entre ambos planos.
Desde una perspectiva geopolítica, Argentina mantiene una política exterior pragmática, con un acercamiento a Estados Unidos y una relación más selectiva con actores como China. Estas decisiones también se proyectan en clave electoral, ya que definen el posicionamiento del país en un contexto internacional competitivo.
En definitiva, la situación política argentina a finales de abril de 2026 refleja un sistema en transición. El oficialismo busca consolidarse como opción de continuidad, mientras la oposición intenta reorganizarse en un escenario fragmentado. La campaña presidencial de 2027 ya ha comenzado, no con actos formales, sino a través de decisiones estratégicas, alianzas y narrativas que definirán el futuro político del país.
Más que una competencia tradicional, lo que se perfila es una disputa por el sentido del cambio iniciado en 2023: profundización, corrección o reemplazo. En esa tensión se jugará el rumbo de Argentina en los próximos años.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

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Gaspard Estrada

La cumbre en defensa de la democracia organizada por el gobierno de España los días 17 y 18 de abril de 2026 en Madrid no fue un simple foro normativo sobre valores políticos. En un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, la guerra en Irán y Líbano, la rivalidad entre grandes potencias y el avance de regímenes autoritarios, el encuentro se inscribe en una lógica más amplia: la reconfiguración geopolítica del eje democrático occidental.
Impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la cumbre reunió a líderes europeos, latinoamericanos y representantes de organizaciones internacionales con un objetivo explícito: defender el modelo democrático frente a su erosión global. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales, el evento refleja una preocupación estratégica: la pérdida de influencia de las democracias liberales en un sistema internacional cada vez más agresivo.
Desde esta perspectiva, la cumbre puede interpretarse como un intento de España de reposicionarse como actor diplomático relevante entre Europa y América Latina. En un momento en que la Unión Europea busca reforzar su autonomía estratégica y su proyección global, Madrid apuesta por capitalizar sus vínculos históricos y culturales con América Latina para construir un espacio político común basado en la defensa de la democracia.
El componente geopolítico es evidente. Frente al avance de potencias como China y Rusia, que promueven modelos alternativos de gobernanza, las democracias occidentales intentan articular una narrativa común que combine valores políticos con intereses estratégicos. La cumbre de Madrid se sitúa en esta lógica: no solo como defensa de principios, sino como instrumento de alineamiento político entre países que comparten preocupaciones sobre seguridad, estabilidad institucional y orden internacional.
En este contexto, la participación de varios países latinoamericanos adquiere una importancia particular. América Latina se ha convertido en un espacio de disputa geopolítica, donde coexisten gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y donde la influencia de actores externos se ha intensificado en los últimos años. Para España, la cumbre representa una oportunidad para reforzar la cooperación con la región y para posicionarse como intermediario entre la Unión Europea y América Latina.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de tensiones. Algunos gobiernos han mostrado reservas ante lo que perciben como un intento de establecer jerarquías normativas o de politizar la cooperación internacional. La diversidad ideológica de los participantes plantea un desafío: ¿es posible construir una agenda común de defensa de la democracia sin excluir a actores clave o sin profundizar divisiones existentes?
Además, el impacto real de la cumbre dependerá de su capacidad para traducirse en acciones concretas. Las declaraciones políticas, aunque simbólicamente relevantes, tienen un alcance limitado si no se acompañan de mecanismos efectivos de cooperación, financiamiento y seguimiento. En este sentido, el riesgo es que el encuentro quede como un gesto diplomático sin consecuencias estructurales.
A nivel europeo, la cumbre también refleja debates internos sobre el papel de la Unión Europea en el mundo. Mientras algunos Estados miembros priorizan la seguridad y la defensa, otros insisten en la promoción de valores democráticos como eje de la política exterior. España intenta articular ambas dimensiones, presentando la democracia no solo como un principio, sino como un activo estratégico en la competencia global.
En definitiva, la cumbre de Madrid revela una realidad cada vez más evidente: la democracia ha dejado de ser un consenso universal para convertirse en un campo de disputa geopolítica. En un mundo donde los equilibrios de poder se redefinen rápidamente, la defensa de valores políticos se entrelaza con intereses estratégicos.
El desafío para España y sus socios será transformar esta iniciativa en una plataforma duradera que combine legitimidad política y eficacia geopolítica. Porque en el escenario internacional actual, la defensa de la democracia no es solo una cuestión de principios, sino también de posicionamiento en un orden global en transformación.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril de 2026 en Perú no solo representan un intento de salida a la crisis política crónica del país, sino también un evento de alto impacto geopolítico en América Latina. En un contexto regional marcado por la polarización ideológica y la competencia entre potencias, el resultado electoral peruano será observado atentamente tanto por sus vecinos como por Estados Unidos, que mantiene intereses estratégicos en la estabilidad andina.
Los resultados de la primera vuelta –con una votación fragmentada en la que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se posicionaron en los primeros lugares con porcentajes relativamente bajos y una elevada proporción de voto indeciso o nulo– confirmaron la ausencia de una mayoría política clara y la persistencia de una profunda crisis de representación.
La inestabilidad política interna –con múltiples destituciones presidenciales en la última década– ha debilitado la capacidad del Estado peruano para proyectarse como actor regional. Esta fragilidad tiene consecuencias directas en el plano geopolítico: Perú, históricamente un socio confiable en materia económica y de seguridad, se ha convertido en un actor impredecible, lo que genera inquietud en Washington y en organismos multilaterales.
Desde la perspectiva estadunidense, las elecciones de 2026 se insertan en una agenda más amplia: control del narcotráfico, estabilidad democrática y contención de actores externos. Perú es uno de los principales productores de cocaína del mundo, y su debilidad institucional complica la cooperación antidrogas. Un gobierno incapaz de ejercer control territorial efectivo no solo afecta la seguridad interna, sino que impacta directamente en las dinámicas regionales del crimen organizado.
En este contexto, Washington observa con atención el perfil de los candidatos. Figuras como Keiko Fujimori o Rafael Lopez Aliaga, tienen discursos más alineados a las políticas de seguridad estadunidenses.
Pero el eje geopolítico no se limita a Estados Unidos. En los últimos años, China ha incrementado su presencia en Perú, especialmente en sectores estratégicos como minería, infraestructura y energía. La elección de 2026 será también un indicador de la orientación futura del país: un alineamiento más claro con Washington o una continuidad de la política de diversificación que ha permitido a Perú mantener vínculos pragmáticos con ambas potencias.
A nivel regional, el resultado electoral tendrá efectos en el equilibrio político sudamericano. Mientras países como Brasil o Colombia atraviesan sus propios ciclos electorales, Perú aparece como un eslabón inestable en la arquitectura andina. Su incapacidad para consolidar un gobierno fuerte limita iniciativas de integración y coordinación regional, especialmente en temas como seguridad fronteriza, migración y desarrollo económico.
La fragmentación electoral interna agrava este panorama. Con más de 30 candidaturas y niveles elevados de indecisión, el próximo presidente probablemente llegará al poder con bajo respaldo electoral y sin mayoría legislativa clara. Esto reduce su margen de maniobra tanto en política interna como en política exterior, obligándolo a priorizar la supervivencia política sobre la proyección internacional.
El riesgo es que Perú quede atrapado en una lógica de inestabilidad endémica, donde cada gobierno es transitorio y cada elección reabre la crisis sin resolverla. Desde una perspectiva geopolítica, esto implica la pérdida progresiva de relevancia del país como actor regional y su transformación en un espacio de vulnerabilidad estratégica, donde actores externos pueden influir con mayor facilidad.
Sin embargo, la elección también representa una oportunidad. Un liderazgo capaz de reconstruir legitimidad interna podría reposicionar a Perú como socio confiable en América Latina. Para ello, no bastará con ganar las elecciones: será necesario reformar las reglas del juego político y estabilizar la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
En definitiva, las elecciones del 12 de abril no solo definirán el próximo gobierno peruano, sino también el lugar del país en el tablero regional. En un momento de competencia geopolítica creciente, la estabilidad política deja de ser un asunto doméstico para convertirse en un factor estratégico internacional.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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La crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador se ha mantenido como uno de los fenómenos políticos más determinantes del país en la última década. Lo que comenzó como un deterioro progresivo del orden público se ha transformado en una crisis estructural del Estado, marcada por el avance del crimen organizado, la pérdida de control territorial y una creciente sensación de vulnerabilidad social. La llegada al poder del presidente Daniel Noboa en 2023 no inauguró esta crisis, pero sí redefinió la respuesta institucional frente a ella.
El origen del problema es multifactorial. Ecuador pasó en pocos años de ser un país relativamente estable en materia de seguridad a convertirse en un punto estratégico del narcotráfico regional. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú –los mayores productores de cocaína del mundo–, y su infraestructura portuaria lo convirtieron en un corredor clave para el tráfico hacia Estados Unidos y Europa. A esto se suma la debilidad institucional acumulada, la corrupción en fuerzas de seguridad y el deterioro del sistema penitenciario, convertido en un epicentro de violencia y control criminal.
En este contexto, el gobierno de Noboa optó por un giro hacia la lucha contra el crimen organizado de alta intensidad. La declaración de “conflicto armado interno” y la movilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública marcaron un cambio significativo en la doctrina estatal. La estrategia buscaba recuperar el control territorial y enviar una señal de autoridad frente a organizaciones criminales cada vez más audaces. En el corto plazo, esta política generó un impacto visible: mayor presencia estatal en zonas críticas y una percepción inicial de control.
Sin embargo, los resultados estructurales son más ambiguos. Si bien algunas operaciones han debilitado a grupos específicos, la lógica del crimen organizado –basada en redes flexibles y economías ilegales diversificadas– dificulta una solución exclusivamente militar. La violencia no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado geográficamente, desplazándose hacia nuevas áreas o adaptándose a la presión estatal.
El principal desafío del enfoque de Noboa es su sostenibilidad política e institucional. La militarización de la seguridad puede generar resultados inmediatos, pero también plantea riesgos a mediano plazo: desgaste de las fuerzas armadas, tensiones con el sistema judicial y posibles vulneraciones de derechos humanos. En un contexto democrático, la expansión del poder coercitivo del Estado requiere mecanismos de control que aún no están plenamente consolidados.
Desde el punto de vista político, la inseguridad ha redefinido completamente la agenda nacional. El debate público se ha desplazado desde temas económicos y sociales hacia la urgencia del orden y la seguridad, favoreciendo discursos de mano dura y reduciendo el espacio para propuestas más complejas o estructurales. Noboa ha capitalizado esta dinámica, construyendo su legitimidad en torno a la idea de eficacia inmediata, pero también quedó atrapado en una lógica donde los resultados deben ser constantes y visibles.
La crisis también tiene implicaciones regionales. Ecuador se ha convertido en un eslabón crítico en las redes criminales que operan en América Latina, lo que lo conecta directamente con dinámicas de violencia en Colombia, Perú y otros países. La respuesta del gobierno ha reforzado la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico, pero también ha evidenciado la necesidad de estrategias regionales coordinadas que vayan más allá de la acción nacional.
En el plano económico, la inseguridad afecta directamente la inversión, el comercio y la vida cotidiana. Sectores productivos enfrentan mayores costos operativos y riesgos, mientras la población experimenta una reducción en su calidad de vida. La seguridad deja de ser un tema sectorial para convertirse en un factor estructural de desarrollo.
En definitiva, la crisis de inseguridad en Ecuador no es solo un problema de orden público, sino una manifestación de debilidades profundas del Estado y de su inserción en economías ilícitas globales. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con determinación y un enfoque claro, pero enfrenta el desafío de complementar la acción coercitiva con reformas institucionales, políticas sociales y estrategias económicas que aborden las causas del fenómeno.
El futuro de Ecuador dependerá de su capacidad para transformar una respuesta de emergencia en una política de Estado sostenible, capaz de recuperar el control sin comprometer el equilibrio democrático. Porque en un contexto donde la seguridad define la política, el riesgo no es solo perder territorio, sino también perder legitimidad.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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Las elecciones municipales celebradas en Francia los días 15 y 22 de marzo de 2026 han funcionado como un verdadero ensayo general de cara a las presidenciales de 2027. Más que un simple proceso local, estos comicios han revelado un sistema político en plena recomposición, marcado por la fragmentación, la polarización y la ausencia de un liderazgo claramente dominante tras el fin del ciclo de Emmanuel Macron, quien no puede presentarse a un tercer mandato.
El primer dato clave es la dualidad territorial del voto. La izquierda logró mantener posiciones fuertes en grandes ciudades como París, Marsella o Lyon, confirmando que los centros urbanos siguen siendo bastiones progresistas. Sin embargo, este dominio urbano contrasta con el avance de la derecha y, especialmente, de la extrema derecha en municipios medianos y zonas rurales, donde el descontento social, la inseguridad y la crisis económica han alimentado el voto protestatario.
Este patrón revela una fractura política profunda: una Francia urbana, cosmopolita y relativamente integrada frente a una Francia periférica que se siente excluida del modelo económico y cultural dominante. En términos presidenciales, esta división complica la construcción de mayorías amplias, ya que ningún bloque domina simultáneamente ambos espacios.
El segundo elemento central es la reconfiguración interna de los bloques políticos. En la izquierda, las municipales evidenciaron una división estratégica entre el Partido Socialista y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Mientras los socialistas conservaron importantes alcaldías mediante alianzas con ecologistas y comunistas –a menudo excluyendo a LFI–, la falta de unidad debilitó al conjunto del bloque en varias ciudades clave. Esta fragmentación anticipa una dificultad estructural para construir una candidatura presidencial unitaria.
En la derecha la situación es distinta pero igualmente compleja. Los partidos tradicionales como Los Republicanos mantienen un fuerte anclaje local, pero enfrentan la presión creciente del Reagrupamiento Nacional (RN), que continúa ampliando su base territorial y busca legitimarse como fuerza de gobierno. La estrategia del RN es clara: transformar su implantación municipal en capital político nacional de cara a 2027.
El centro político, heredero del macronismo, es probablemente el espacio más incierto. Figuras como Gabriel Attal o Édouard Philippe intentan construir una oferta política capaz de evitar una polarización extrema entre derecha radical e izquierda populista. Sin embargo, la debilidad del anclaje territorial del macronismo –evidente en estas municipales– limita su capacidad de movilización y lo obliga a recomponerse rápidamente si quiere competir en 2027.
Un tercer elemento clave es la institucionalización de la polarización. Las municipales confirmaron que el sistema político francés ya no se organiza en torno al eje izquierda-derecha tradicional, sino en torno a tres bloques: izquierda, centro liberal y derecha/extrema derecha. Este tripartidismo fragmentado dificulta la formación de mayorías estables y aumenta la probabilidad de una segunda vuelta presidencial altamente polarizada.
Desde una perspectiva estratégica, el escenario más temido –y al mismo tiempo cada vez más plausible– es una segunda vuelta entre la extrema derecha y una izquierda radical, dejando al centro fuera de la competencia final. Este riesgo ha sido señalado por múltiples actores políticos, que intentan reconfigurar alianzas para evitar ese desenlace.
Finalmente, las municipales de 2026 han puesto de relieve un factor determinante para 2027: la importancia del anclaje territorial. En Francia, la capacidad de movilización local sigue siendo clave para construir candidaturas presidenciales viables. Los resultados muestran que los partidos con estructuras locales sólidas parten con ventaja frente a aquellos más dependientes de liderazgos nacionales o mediáticos.
En conjunto, la precampaña presidencial francesa se abre en un contexto de incertidumbre estructural. Ningún bloque domina, las alianzas son frágiles y el electorado aparece dividido tanto geográfica como ideológicamente.
Más que anticipar un resultado claro, las municipales de marzo de 2026 han confirmado que la elección presidencial de 2027 será una de las más abiertas y disputadas de la Quinta República, donde el principal desafío no será solo ganar, sino reconstruir una mayoría política capaz de gobernar un país profundamente fragmentado.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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