Gaspard Estrada

La cumbre en defensa de la democracia organizada por el gobierno de España los días 17 y 18 de abril de 2026 en Madrid no fue un simple foro normativo sobre valores políticos. En un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, la guerra en Irán y Líbano, la rivalidad entre grandes potencias y el avance de regímenes autoritarios, el encuentro se inscribe en una lógica más amplia: la reconfiguración geopolítica del eje democrático occidental.
Impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la cumbre reunió a líderes europeos, latinoamericanos y representantes de organizaciones internacionales con un objetivo explícito: defender el modelo democrático frente a su erosión global. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales, el evento refleja una preocupación estratégica: la pérdida de influencia de las democracias liberales en un sistema internacional cada vez más agresivo.
Desde esta perspectiva, la cumbre puede interpretarse como un intento de España de reposicionarse como actor diplomático relevante entre Europa y América Latina. En un momento en que la Unión Europea busca reforzar su autonomía estratégica y su proyección global, Madrid apuesta por capitalizar sus vínculos históricos y culturales con América Latina para construir un espacio político común basado en la defensa de la democracia.
El componente geopolítico es evidente. Frente al avance de potencias como China y Rusia, que promueven modelos alternativos de gobernanza, las democracias occidentales intentan articular una narrativa común que combine valores políticos con intereses estratégicos. La cumbre de Madrid se sitúa en esta lógica: no solo como defensa de principios, sino como instrumento de alineamiento político entre países que comparten preocupaciones sobre seguridad, estabilidad institucional y orden internacional.
En este contexto, la participación de varios países latinoamericanos adquiere una importancia particular. América Latina se ha convertido en un espacio de disputa geopolítica, donde coexisten gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y donde la influencia de actores externos se ha intensificado en los últimos años. Para España, la cumbre representa una oportunidad para reforzar la cooperación con la región y para posicionarse como intermediario entre la Unión Europea y América Latina.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de tensiones. Algunos gobiernos han mostrado reservas ante lo que perciben como un intento de establecer jerarquías normativas o de politizar la cooperación internacional. La diversidad ideológica de los participantes plantea un desafío: ¿es posible construir una agenda común de defensa de la democracia sin excluir a actores clave o sin profundizar divisiones existentes?
Además, el impacto real de la cumbre dependerá de su capacidad para traducirse en acciones concretas. Las declaraciones políticas, aunque simbólicamente relevantes, tienen un alcance limitado si no se acompañan de mecanismos efectivos de cooperación, financiamiento y seguimiento. En este sentido, el riesgo es que el encuentro quede como un gesto diplomático sin consecuencias estructurales.
A nivel europeo, la cumbre también refleja debates internos sobre el papel de la Unión Europea en el mundo. Mientras algunos Estados miembros priorizan la seguridad y la defensa, otros insisten en la promoción de valores democráticos como eje de la política exterior. España intenta articular ambas dimensiones, presentando la democracia no solo como un principio, sino como un activo estratégico en la competencia global.
En definitiva, la cumbre de Madrid revela una realidad cada vez más evidente: la democracia ha dejado de ser un consenso universal para convertirse en un campo de disputa geopolítica. En un mundo donde los equilibrios de poder se redefinen rápidamente, la defensa de valores políticos se entrelaza con intereses estratégicos.
El desafío para España y sus socios será transformar esta iniciativa en una plataforma duradera que combine legitimidad política y eficacia geopolítica. Porque en el escenario internacional actual, la defensa de la democracia no es solo una cuestión de principios, sino también de posicionamiento en un orden global en transformación.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada

Las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril de 2026 en Perú no solo representan un intento de salida a la crisis política crónica del país, sino también un evento de alto impacto geopolítico en América Latina. En un contexto regional marcado por la polarización ideológica y la competencia entre potencias, el resultado electoral peruano será observado atentamente tanto por sus vecinos como por Estados Unidos, que mantiene intereses estratégicos en la estabilidad andina.
Los resultados de la primera vuelta –con una votación fragmentada en la que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se posicionaron en los primeros lugares con porcentajes relativamente bajos y una elevada proporción de voto indeciso o nulo– confirmaron la ausencia de una mayoría política clara y la persistencia de una profunda crisis de representación.
La inestabilidad política interna –con múltiples destituciones presidenciales en la última década– ha debilitado la capacidad del Estado peruano para proyectarse como actor regional. Esta fragilidad tiene consecuencias directas en el plano geopolítico: Perú, históricamente un socio confiable en materia económica y de seguridad, se ha convertido en un actor impredecible, lo que genera inquietud en Washington y en organismos multilaterales.
Desde la perspectiva estadunidense, las elecciones de 2026 se insertan en una agenda más amplia: control del narcotráfico, estabilidad democrática y contención de actores externos. Perú es uno de los principales productores de cocaína del mundo, y su debilidad institucional complica la cooperación antidrogas. Un gobierno incapaz de ejercer control territorial efectivo no solo afecta la seguridad interna, sino que impacta directamente en las dinámicas regionales del crimen organizado.
En este contexto, Washington observa con atención el perfil de los candidatos. Figuras como Keiko Fujimori o Rafael Lopez Aliaga, tienen discursos más alineados a las políticas de seguridad estadunidenses.
Pero el eje geopolítico no se limita a Estados Unidos. En los últimos años, China ha incrementado su presencia en Perú, especialmente en sectores estratégicos como minería, infraestructura y energía. La elección de 2026 será también un indicador de la orientación futura del país: un alineamiento más claro con Washington o una continuidad de la política de diversificación que ha permitido a Perú mantener vínculos pragmáticos con ambas potencias.
A nivel regional, el resultado electoral tendrá efectos en el equilibrio político sudamericano. Mientras países como Brasil o Colombia atraviesan sus propios ciclos electorales, Perú aparece como un eslabón inestable en la arquitectura andina. Su incapacidad para consolidar un gobierno fuerte limita iniciativas de integración y coordinación regional, especialmente en temas como seguridad fronteriza, migración y desarrollo económico.
La fragmentación electoral interna agrava este panorama. Con más de 30 candidaturas y niveles elevados de indecisión, el próximo presidente probablemente llegará al poder con bajo respaldo electoral y sin mayoría legislativa clara. Esto reduce su margen de maniobra tanto en política interna como en política exterior, obligándolo a priorizar la supervivencia política sobre la proyección internacional.
El riesgo es que Perú quede atrapado en una lógica de inestabilidad endémica, donde cada gobierno es transitorio y cada elección reabre la crisis sin resolverla. Desde una perspectiva geopolítica, esto implica la pérdida progresiva de relevancia del país como actor regional y su transformación en un espacio de vulnerabilidad estratégica, donde actores externos pueden influir con mayor facilidad.
Sin embargo, la elección también representa una oportunidad. Un liderazgo capaz de reconstruir legitimidad interna podría reposicionar a Perú como socio confiable en América Latina. Para ello, no bastará con ganar las elecciones: será necesario reformar las reglas del juego político y estabilizar la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
En definitiva, las elecciones del 12 de abril no solo definirán el próximo gobierno peruano, sino también el lugar del país en el tablero regional. En un momento de competencia geopolítica creciente, la estabilidad política deja de ser un asunto doméstico para convertirse en un factor estratégico internacional.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
X: @Gaspard_Estrada

La crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador se ha mantenido como uno de los fenómenos políticos más determinantes del país en la última década. Lo que comenzó como un deterioro progresivo del orden público se ha transformado en una crisis estructural del Estado, marcada por el avance del crimen organizado, la pérdida de control territorial y una creciente sensación de vulnerabilidad social. La llegada al poder del presidente Daniel Noboa en 2023 no inauguró esta crisis, pero sí redefinió la respuesta institucional frente a ella.
El origen del problema es multifactorial. Ecuador pasó en pocos años de ser un país relativamente estable en materia de seguridad a convertirse en un punto estratégico del narcotráfico regional. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú –los mayores productores de cocaína del mundo–, y su infraestructura portuaria lo convirtieron en un corredor clave para el tráfico hacia Estados Unidos y Europa. A esto se suma la debilidad institucional acumulada, la corrupción en fuerzas de seguridad y el deterioro del sistema penitenciario, convertido en un epicentro de violencia y control criminal.
En este contexto, el gobierno de Noboa optó por un giro hacia la lucha contra el crimen organizado de alta intensidad. La declaración de “conflicto armado interno” y la movilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública marcaron un cambio significativo en la doctrina estatal. La estrategia buscaba recuperar el control territorial y enviar una señal de autoridad frente a organizaciones criminales cada vez más audaces. En el corto plazo, esta política generó un impacto visible: mayor presencia estatal en zonas críticas y una percepción inicial de control.
Sin embargo, los resultados estructurales son más ambiguos. Si bien algunas operaciones han debilitado a grupos específicos, la lógica del crimen organizado –basada en redes flexibles y economías ilegales diversificadas– dificulta una solución exclusivamente militar. La violencia no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado geográficamente, desplazándose hacia nuevas áreas o adaptándose a la presión estatal.
El principal desafío del enfoque de Noboa es su sostenibilidad política e institucional. La militarización de la seguridad puede generar resultados inmediatos, pero también plantea riesgos a mediano plazo: desgaste de las fuerzas armadas, tensiones con el sistema judicial y posibles vulneraciones de derechos humanos. En un contexto democrático, la expansión del poder coercitivo del Estado requiere mecanismos de control que aún no están plenamente consolidados.
Desde el punto de vista político, la inseguridad ha redefinido completamente la agenda nacional. El debate público se ha desplazado desde temas económicos y sociales hacia la urgencia del orden y la seguridad, favoreciendo discursos de mano dura y reduciendo el espacio para propuestas más complejas o estructurales. Noboa ha capitalizado esta dinámica, construyendo su legitimidad en torno a la idea de eficacia inmediata, pero también quedó atrapado en una lógica donde los resultados deben ser constantes y visibles.
La crisis también tiene implicaciones regionales. Ecuador se ha convertido en un eslabón crítico en las redes criminales que operan en América Latina, lo que lo conecta directamente con dinámicas de violencia en Colombia, Perú y otros países. La respuesta del gobierno ha reforzado la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico, pero también ha evidenciado la necesidad de estrategias regionales coordinadas que vayan más allá de la acción nacional.
En el plano económico, la inseguridad afecta directamente la inversión, el comercio y la vida cotidiana. Sectores productivos enfrentan mayores costos operativos y riesgos, mientras la población experimenta una reducción en su calidad de vida. La seguridad deja de ser un tema sectorial para convertirse en un factor estructural de desarrollo.
En definitiva, la crisis de inseguridad en Ecuador no es solo un problema de orden público, sino una manifestación de debilidades profundas del Estado y de su inserción en economías ilícitas globales. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con determinación y un enfoque claro, pero enfrenta el desafío de complementar la acción coercitiva con reformas institucionales, políticas sociales y estrategias económicas que aborden las causas del fenómeno.
El futuro de Ecuador dependerá de su capacidad para transformar una respuesta de emergencia en una política de Estado sostenible, capaz de recuperar el control sin comprometer el equilibrio democrático. Porque en un contexto donde la seguridad define la política, el riesgo no es solo perder territorio, sino también perder legitimidad.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

X: @Gaspard_Estrada

 

Las elecciones municipales celebradas en Francia los días 15 y 22 de marzo de 2026 han funcionado como un verdadero ensayo general de cara a las presidenciales de 2027. Más que un simple proceso local, estos comicios han revelado un sistema político en plena recomposición, marcado por la fragmentación, la polarización y la ausencia de un liderazgo claramente dominante tras el fin del ciclo de Emmanuel Macron, quien no puede presentarse a un tercer mandato.
El primer dato clave es la dualidad territorial del voto. La izquierda logró mantener posiciones fuertes en grandes ciudades como París, Marsella o Lyon, confirmando que los centros urbanos siguen siendo bastiones progresistas. Sin embargo, este dominio urbano contrasta con el avance de la derecha y, especialmente, de la extrema derecha en municipios medianos y zonas rurales, donde el descontento social, la inseguridad y la crisis económica han alimentado el voto protestatario.
Este patrón revela una fractura política profunda: una Francia urbana, cosmopolita y relativamente integrada frente a una Francia periférica que se siente excluida del modelo económico y cultural dominante. En términos presidenciales, esta división complica la construcción de mayorías amplias, ya que ningún bloque domina simultáneamente ambos espacios.
El segundo elemento central es la reconfiguración interna de los bloques políticos. En la izquierda, las municipales evidenciaron una división estratégica entre el Partido Socialista y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Mientras los socialistas conservaron importantes alcaldías mediante alianzas con ecologistas y comunistas –a menudo excluyendo a LFI–, la falta de unidad debilitó al conjunto del bloque en varias ciudades clave. Esta fragmentación anticipa una dificultad estructural para construir una candidatura presidencial unitaria.
En la derecha la situación es distinta pero igualmente compleja. Los partidos tradicionales como Los Republicanos mantienen un fuerte anclaje local, pero enfrentan la presión creciente del Reagrupamiento Nacional (RN), que continúa ampliando su base territorial y busca legitimarse como fuerza de gobierno. La estrategia del RN es clara: transformar su implantación municipal en capital político nacional de cara a 2027.
El centro político, heredero del macronismo, es probablemente el espacio más incierto. Figuras como Gabriel Attal o Édouard Philippe intentan construir una oferta política capaz de evitar una polarización extrema entre derecha radical e izquierda populista. Sin embargo, la debilidad del anclaje territorial del macronismo –evidente en estas municipales– limita su capacidad de movilización y lo obliga a recomponerse rápidamente si quiere competir en 2027.
Un tercer elemento clave es la institucionalización de la polarización. Las municipales confirmaron que el sistema político francés ya no se organiza en torno al eje izquierda-derecha tradicional, sino en torno a tres bloques: izquierda, centro liberal y derecha/extrema derecha. Este tripartidismo fragmentado dificulta la formación de mayorías estables y aumenta la probabilidad de una segunda vuelta presidencial altamente polarizada.
Desde una perspectiva estratégica, el escenario más temido –y al mismo tiempo cada vez más plausible– es una segunda vuelta entre la extrema derecha y una izquierda radical, dejando al centro fuera de la competencia final. Este riesgo ha sido señalado por múltiples actores políticos, que intentan reconfigurar alianzas para evitar ese desenlace.
Finalmente, las municipales de 2026 han puesto de relieve un factor determinante para 2027: la importancia del anclaje territorial. En Francia, la capacidad de movilización local sigue siendo clave para construir candidaturas presidenciales viables. Los resultados muestran que los partidos con estructuras locales sólidas parten con ventaja frente a aquellos más dependientes de liderazgos nacionales o mediáticos.
En conjunto, la precampaña presidencial francesa se abre en un contexto de incertidumbre estructural. Ningún bloque domina, las alianzas son frágiles y el electorado aparece dividido tanto geográfica como ideológicamente.
Más que anticipar un resultado claro, las municipales de marzo de 2026 han confirmado que la elección presidencial de 2027 será una de las más abiertas y disputadas de la Quinta República, donde el principal desafío no será solo ganar, sino reconstruir una mayoría política capaz de gobernar un país profundamente fragmentado.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada

 

La campaña presidencial y legislativa en Perú de cara a las elecciones del 12 de abril de 2026 se desarrolla en un contexto excepcional: no como un proceso democrático ordinario, sino como un intento de salida a una crisis política crónica que ha erosionado profundamente la gobernabilidad del país. El hecho más determinante de la coyuntura ha sido la reciente destitución del presidente José Jeri por el Congreso, acusado de corrupción tras reuniones irregulares con empresarios. Su caída no es un episodio aislado, sino parte de una secuencia institucional que ha llevado al país a tener ocho presidentes en una década, reflejando un sistema político incapaz de producir estabilidad.
Este contexto condiciona profundamente la campaña. En lugar de girar en torno a propuestas programáticas, el debate electoral se articula alrededor de una cuestión más básica: la viabilidad misma del sistema político peruano. El electorado no sólo elige entre candidatos, sino entre posibles salidas a una crisis de representación que parece estructural.
Uno de los rasgos más visibles de la campaña es su extrema fragmentación. Con más de 30 candidaturas presidenciales, Perú enfrenta uno de los procesos más dispersos de la región, lo que dificulta la emergencia de liderazgos claros y aumenta la probabilidad de una segunda vuelta altamente incierta. Las encuestas reflejan esta volatilidad. Candidatos como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori lideran con porcentajes relativamente bajos, en torno al 10-15 por ciento, lo que confirma la ausencia de una mayoría social definida.
A esto se suma un dato clave: más del 40 por ciento del electorado permanece indeciso o inclinado al voto en blanco o nulo, una cifra significativamente superior a elecciones anteriores. Este nivel de indecisión no es solo un fenómeno electoral, sino un síntoma de desconfianza estructural hacia el sistema político.
La campaña también está marcada por una intensa conflictividad social. El país registra centenares de protestas mensuales, vinculadas tanto a demandas económicas como a rechazo institucional. En paralelo, el aumento de la criminalidad y de economías ilegales, como la minería informal o el narcotráfico, ha reforzado la percepción de un Estado debilitado, incapaz de ejercer control efectivo sobre el territorio.
En este contexto, los discursos electorales tienden a radicalizarse. Algunos candidatos proponen reformas constitucionales profundas –incluyendo el rediseño del sistema político– mientras otros apuestan por restaurar el orden mediante enfoques más punitivos. Sin embargo, la falta de estructuras partidarias sólidas limita la credibilidad de estas propuestas. El problema de fondo es institucional. En Perú se ha consolidado lo que algunos analistas denominan un “parlamentarismo de facto”, donde el Congreso ejerce un poder desproporcionado, incluyendo la capacidad de destituir presidentes bajo interpretaciones amplias de “incapacidad moral”. Lo que genera incentivos perversos: el Ejecutivo gobierna bajo amenaza constante, mientras el Legislativo acumula poder sin asumir plenamente la responsabilidad de gobernar.
Las consecuencias para el próximo presidente son claras. Cualquiera que resulte electo en 2026 enfrentará un sistema fragmentado, con partidos débiles, alta conflictividad social y un Congreso con capacidad de bloqueo. La gobernabilidad no dependerá tanto del resultado electoral como de la posibilidad –todavía incierta– de reformar las reglas del juego político.
En definitiva, la campaña electoral peruana de 2026 no es sólo una competencia entre candidatos, sino una expresión de la crisis de un modelo político agotado. La elección puede producir un nuevo liderazgo, pero difícilmente resolverá por sí sola los problemas estructurales que han convertido la inestabilidad en la norma. El verdadero desafío no es quién gane, sino si el sistema político peruano será capaz de reconstruir legitimidad, equilibrio institucional y capacidad de gobierno en un país donde la democracia sigue funcionando, pero cada vez con menor credibilidad social.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada

 

 

Las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026 en Colombia han reconfigurado el mapa político del país y se han convertido en el primer gran test de la campaña presidencial que culminará en mayo. Los resultados muestran tres tendencias claras: la consolidación de la izquierda como primera fuerza parlamentaria, el crecimiento de la derecha y el retroceso de los partidos tradicionales, lo que confirma una polarización creciente del sistema político colombiano. El actor central del nuevo Congreso es el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro. La coalición progresista obtuvo 25 escaños en el Senado, frente a 15 en 2022, lo que representa un avance significativo y la convierte en la bancada más numerosa de la cámara alta.
En términos electorales, la lista obtuvo cerca de 4.4 millones de votos (aproximadamente 22.7 por ciento), consolidando un bloque de izquierda más institucionalizado que el que llevó a Petro a la presidencia en 2022. Sin embargo, el crecimiento del oficialismo no se traduce en mayoría absoluta. Con 25 de los 108 escaños, el Pacto Histórico sigue dependiendo de alianzas con otras fuerzas para aprobar reformas estructurales o impulsar una agenda legislativa ambiciosa.
El segundo actor del nuevo Senado es el Centro Democrático, principal partido de oposición de derecha, que pasó de 13 escaños en 2022 a 17 en 2026. Este crecimiento confirma la resiliencia electoral del Uribismo (en referencia al ex-presidente Álvaro Uribe) y fortalece el discurso de seguridad y orden público en el debate nacional. Detrás de estos dos polos ideológicos aparecen los partidos tradicionales, aunque con menor peso que en ciclos anteriores. El Partido Liberal obtuvo 13 senadores, apenas un ligero descenso respecto a los 14 de 2022. El Partido Conservador, en cambio, experimentó una caída notable: pasó de 15 escaños a cerca de 10, reflejando el desgaste de las maquinarias tradicionales.
Otros partidos históricos también retrocedieron. La U pasó de 10 a nueve senadores, mientras Cambio Radical redujo su representación a siete escaños, consolidando la tendencia a la pérdida de centralidad de las estructuras políticas tradicionales. El bloque de centro presenta una evolución más ambigua. La Alianza Verde bajó de 12 a 10 escaños, afectada por divisiones internas y por la dificultad de diferenciarse en un sistema cada vez más polarizado entre izquierda y derecha.
El resultado global es un Congreso altamente fragmentado, donde ningún bloque alcanza mayoría. Analistas coinciden en que esta configuración obligará al próximo presidente a gobernar mediante coaliciones amplias y negociaciones constantes. Las consecuencias para la campaña presidencial son inmediatas. Para el oficialismo, el resultado refuerza la narrativa de continuidad del proyecto político iniciado en 2022. El crecimiento del Pacto Histórico fortalece a candidatos cercanos al gobierno y demuestra que el electorado progresista mantiene una base sólida. Para la oposición, el avance del Centro Democrático y la caída de los partidos tradicionales sugieren que existe espacio para una alternativa conservadora competitiva, especialmente en torno a un discurso centrado en seguridad y estabilidad económica.
En términos más amplios, el 8 de marzo confirma una transformación estructural del sistema político colombiano. Durante décadas, el poder parlamentario estuvo dominado por partidos tradicionales y alianzas clientelares regionales. En 2026, el Congreso refleja una reconfiguración ideológica más clara, donde los polos programáticos –izquierda y derecha– ganan peso frente al centro. El impacto sobre la elección presidencial será decisivo. El nuevo Congreso define el campo de juego institucional para el próximo gobierno y envía una señal clara: cualquier presidente deberá gobernar en un entorno de pluralismo competitivo, donde la construcción de mayorías será tan importante como la victoria electoral.
En ese contexto, las legislativas del 8 de marzo no resolvieron la disputa por la Casa de Nariño, pero sí redefinieron el equilibrio político que marcará el desenlace de la campaña presidencial de 2026.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics.

X: @Gaspard_Estrada

 

 

La cumbre “Escudo de las Américas”, organizada por el gobierno de Estados Unidos el 7 de marzo de 2026, representa un intento de Washington por redefinir su estrategia de seguridad en el hemisferio occidental en un contexto de creciente inestabilidad regional. Sin embargo, el encuentro generó desde el inicio una fuerte controversia política: varios países estratégicos de la región, entre ellos Brasil, México y Colombia, no fueron invitados, una decisión que reconfigura la lectura geopolítica de la iniciativa.
En términos oficiales, la cumbre buscaba articular una nueva arquitectura de cooperación hemisférica contra el crimen organizado transnacional, incluyendo mecanismos ampliados de intercambio de inteligencia, entrenamiento policial conjunto y desarrollo de capacidades tecnológicas para vigilancia marítima y fronteriza. Washington también planteó la posibilidad de desplegar unidades multinacionales para operaciones específicas contra narcotráfico, tráfico de armas y redes financieras ilícitas, fenómenos que se han expandido a escala continental.
Sin embargo, la exclusión de Brasil, México y Colombia alteró significativamente la percepción política del encuentro. Estos tres países no solo representan algunas de las mayores economías de América Latina, sino que también ocupan posiciones centrales en la arquitectura regional de seguridad y diplomacia. Brasil es el principal actor sudamericano en términos de capacidad militar y peso político; México es un socio estratégico clave para Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad fronteriza; y Colombia ha sido durante décadas uno de los aliados más estrechos de Washington en cooperación antidrogas. La ausencia de estos países sugiere que la cumbre no fue concebida como un espacio de coordinación hemisférica amplio, sino como una coalición selectiva de gobiernos alineados con la estrategia de seguridad estadunidense. Este enfoque introduce una lógica de bloques dentro de América Latina, en lugar de fortalecer mecanismos regionales inclusivos. Desde la perspectiva de Washington, el objetivo podría ser construir un núcleo de cooperación operativa más rápido y políticamente homogéneo, evitando las negociaciones complejas que implicaría integrar a actores con agendas más autónomas. Sin embargo, esta decisión tiene costos políticos evidentes. Al excluir a potencias regionales, Estados Unidos corre el riesgo de debilitar la legitimidad del proyecto y reforzar percepciones de unilateralismo.
La reacción en América Latina ha sido diversa. Algunos países que participaron activamente en la cumbre –especialmente aquellos enfrentados a crisis graves de seguridad– ven en el “Escudo de las Américas” una oportunidad para obtener recursos, capacitación y apoyo logístico frente a redes criminales que superan sus capacidades estatales. Para estos gobiernos, la cooperación con Washington responde a una necesidad pragmática. En contraste, varios analistas regionales interpretan la exclusión de Brasil, México y Colombia como un gesto político que refleja tensiones ideológicas y estratégicas. Estos países han defendido en distintos momentos una mayor autonomía regional y han mostrado cautela frente a esquemas de seguridad percibidos como demasiado dependientes de Estados Unidos. El impacto geopolítico de esta decisión podría ser significativo. La ausencia de Brasil y México, en particular, dificulta la posibilidad de construir un mecanismo hemisférico verdaderamente representativo. Además, abre espacio para que estos países impulsen iniciativas alternativas de cooperación regional, posiblemente en marcos multilaterales distintos. En el contexto global, la cumbre también puede interpretarse como parte de la estrategia estadunidense para reforzar su influencia en el hemisferio occidental, en un momento en que China ha ampliado su presencia económica y tecnológica en América Latina. La seguridad se convierte así en un instrumento de competencia geopolítica, donde Washington busca consolidar alianzas estratégicas cercanas.
En definitiva, el “Escudo de las Américas” revela tanto la urgencia de enfrentar el crimen organizado transnacional como las fracturas políticas dentro del continente. La exclusión de actores clave muestra que la seguridad hemisférica sigue siendo un terreno atravesado por rivalidades políticas y estratégicas. El éxito de la iniciativa dependerá no solo de su eficacia operativa, sino de su capacidad para construir confianza en una región históricamente sensible a las dinámicas de poder externo.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada

 

A pocos días de la elección legislativa del domingo 8 de marzo, la campaña presidencial colombiana de 2026 entra en su fase decisiva. Aunque formalmente se vota para renovar el Congreso –en particular el Senado–, el resultado funcionará como termómetro político nacional y reordenará el equilibrio de fuerzas de cara a la primera vuelta presidencial de mayo. En Colombia, las legislativas no son una antesala neutra: son el primer gran test de poder territorial, de financiación y movilización.
El escenario actual está marcado por tres dinámicas simultáneas. La primera es la fragmentación del campo político. Ni el oficialismo ni la oposición han logrado articular coaliciones sólidas y coherentes. El bloque progresista busca capitalizar el legado reformista del gobierno saliente, pero enfrenta desgaste en seguridad y economía. La derecha, por su parte, compite entre un ala más institucional y otra más confrontativa, sin un liderazgo unificado que concentre el voto. La segunda dinámica es la centralidad del tema del orden público. El deterioro de la seguridad en varias regiones –con presencia activa de grupos armados, economías ilegales y control territorial fragmentado– ha desplazado el debate programático hacia propuestas de autoridad y eficacia estatal. Las candidaturas que prometen resultados inmediatos en seguridad ganan terreno, incluso si sus propuestas carecen de profundidad estructural. Este eje condiciona tanto la presidencial como la disputa por el Senado, donde el control de comisiones clave en defensa y justicia será determinante. La tercera es la incertidumbre económica. Aunque no se trate de una crisis abierta, el crecimiento moderado y la presión fiscal alimentan la percepción de estancamiento. En ese contexto, el 8 de marzo será interpretado como señal de confianza –o desconfianza– hacia la continuidad de ciertas políticas económicas. Los mercados y actores empresariales observan con atención el comportamiento electoral en departamentos estratégicos como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.
La elección al Senado es crucial porque define la arquitectura de gobernabilidad del próximo presidente. Un Congreso altamente fragmentado obligaría a pactos amplios y negociaciones permanentes; una mayoría clara para uno de los bloques reconfiguraría el equilibrio de poder antes incluso de la presidencial. En Colombia, donde el Legislativo tiene herramientas fuertes de control político, el resultado del domingo puede fortalecer o limitar de antemano al próximo Ejecutivo. También pesa el factor territorial. Las maquinarias regionales siguen teniendo influencia significativa en las legislativas, y el desempeño de las candidaturas presidenciales en esos enclaves dependerá en parte de la articulación con liderazgos locales. El 8 de marzo permitirá medir la capacidad real de movilización de cada bloque más allá de las encuestas urbanas.
En términos estratégicos, la campaña se mueve entre dos narrativas. Una plantea la necesidad de corregir el rumbo tras años de polarización; la otra insiste en que cualquier cambio abrupto pondría en riesgo avances sociales y estabilidad institucional. La disputa no es solo ideológica, sino emocional: miedo al retroceso frente a fatiga con la confrontación. La participación será otro indicador clave. Un alto nivel de votación reforzaría la legitimidad del proceso en un país históricamente marcado por la abstención; una baja concurrencia fortalecería discursos antisistema que cuestionan la representatividad del Congreso.
En definitiva, la campaña presidencial de 2026 no se define únicamente en debates o encuestas, sino en la correlación de fuerzas que emerja el 8 de marzo. Más que una elección legislativa, el domingo será un preludio estratégico: delineará alianzas, medirá músculo político y anticipará la viabilidad real de los proyectos presidenciales. En Colombia, el camino a la Casa de Nariño comienza –como tantas veces– en las urnas del Congreso.

* Miembro de la unidad del sur glo-bal de la London School of Econo-mics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada

 

 

La destitución por el Congreso del presidente José Jeri, a escasas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, confirma una tendencia que ya no puede calificarse de excepcional: la institucionalización de la crisis política en Perú. Más que un episodio aislado, el relevo abrupto en el Ejecutivo se inscribe en una secuencia de enfrentamientos entre poderes que, desde 2016, ha convertido la destitución presidencial en un mecanismo recurrente de resolución de conflictos.
El impacto inmediato es electoral. La caída de Jeri reconfigura la campaña al desplazar el eje del debate desde propuestas programáticas hacia la legitimidad del sistema político. En lugar de discutir modelos económicos o estrategias de seguridad, el electorado se enfrenta a una pregunta más básica: ¿es posible gobernar en Perú sin caer en la confrontación permanente entre Ejecutivo y Legislativo? Esta incertidumbre alimenta el voto antisistema y fortalece candidaturas que prometen reformas radicales del diseño institucional.
La destitución también profundiza la percepción de que el Congreso ejerce un poder desproporcionado. Aunque el mecanismo de vacancia está previsto en la Constitución, su uso reiterado ha erosionado la idea de estabilidad democrática. Para amplios sectores sociales, el problema ya no es solo quién gobierna, sino cómo se ejerce el poder y con qué límites. En este contexto, el riesgo no es únicamente la fragmentación política, sino la fatiga ciudadana frente a un sistema que parece incapaz de ofrecer continuidad.
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, la crisis complica el escenario para cualquier eventual ganador en 2026. El Congreso sigue altamente fragmentado, con bancadas débiles y coaliciones inestables. La destitución de Jeri envía una señal inequívoca: sin mayoría sólida y sin acuerdos transversales, el mandato presidencial puede volverse vulnerable desde el primer día. Esto incentiva campañas centradas en promesas de “mano dura” institucional, incluyendo propuestas de reforma constitucional, cierre del Congreso o rediseño del equilibrio de poderes.
El impacto económico no es menor. La incertidumbre política afecta la confianza empresarial y la previsibilidad regulatoria en un país donde la estabilidad macroeconómica ha sido históricamente un ancla. Inversionistas nacionales e internacionales observan con cautela un entorno en el que las reglas políticas cambian con rapidez. Aunque los fundamentos económicos puedan mantenerse, la percepción de riesgo político se traduce en decisiones de inversión más conservadoras.
En el plano regional, la crisis peruana refuerza la imagen de América Latina como espacio de volatilidad institucional. Mientras otros países atraviesan procesos electorales tensos pero ordenados, Perú consolida una narrativa de inestabilidad estructural. Esto limita su capacidad de liderazgo en espacios como la Comunidad Andina o foros multilaterales, y reduce su peso en debates estratégicos sudamericanos.
Paradójicamente, la destitución puede tener un efecto movilizador. La cercanía de la primera vuelta ofrece al electorado la oportunidad de expresar rechazo o respaldo al comportamiento del Congreso. La participación y la orientación del voto serán indicadores clave del grado de confianza residual en el sistema democrático. Si el resultado produce un mandato claro, podría abrirse una ventana para reformas estructurales. Si, en cambio, la fragmentación se mantiene, el ciclo de confrontación podría reproducirse.
La caída de José Jeri no inaugura la crisis peruana; la confirma. El desafío de 2026 no será únicamente elegir un nuevo presidente, sino redefinir las reglas de convivencia política. Sin una revisión profunda del equilibrio entre poderes y sin incentivos para la cooperación institucional, Perú corre el riesgo de convertir la inestabilidad en norma permanente.
A semanas de las urnas, el país enfrenta un dilema decisivo: transformar la crisis en oportunidad de reforma o prolongar una dinámica que erosiona gradualmente la legitimidad democrática. En ese cruce se juega no solo el futuro inmediato del gobierno, sino la credibilidad misma del sistema político peruano.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada

 

La Conferencia de Seguridad de Munich de febrero de 2026 no fue una cita diplomática más. En un contexto marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania, la incertidumbre transatlántica y la competencia estratégica global, los discursos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, del presidente francés, Emmanuel Macron, y del canciller alemán Friedrich Merz, revelaron la profundidad de las tensiones en el interior del bloque occidental.
Rubio adoptó un tono directo y exigente. Su mensaje fue inequívoco: Europa debe asumir mayores responsabilidades en defensa y aumentar sustancialmente su gasto militar, no como gesto simbólico, sino como condición para sostener la alianza estratégica. En su intervención, subrayó que Estados Unidos enfrenta múltiples frentes –desde el Indo-Pacífico hasta el Ártico– y que la seguridad europea no puede seguir descansando desproporcionadamente sobre Washington. El discurso fue interpretado como una reafirmación del enfoque transaccional estadunidense: la OTAN sigue siendo central, pero bajo un reparto de cargas más estricto.
La reacción europea no fue homogénea. Emmanuel Macron respondió reforzando su tesis de la “autonomía estratégica europea”. Sin romper con la alianza atlántica, el presidente francés insistió en que Europa debe desarrollar capacidades propias en materia de defensa, industria militar y tecnología crítica. Su intervención buscó convertir la presión estadunidense en oportunidad política: si Washington exige mayor compromiso, Europa debe aprovechar para fortalecer su soberanía estratégica y reducir dependencias estructurales.
Friedrich Merz, por su parte, adoptó una posición más matizada. El canciller alemán reconoció la necesidad de incrementar el gasto en defensa y acelerar la modernización militar alemana, pero evitó respaldar plenamente la idea de una autonomía europea desligada del paraguas estadunidense. Berlín, consciente de su peso económico y de su responsabilidad histórica, apuesta por una combinación de lealtad atlántica y fortalecimiento gradual de capacidades europeas. Esta postura refleja el dilema alemán: liderar sin provocar fracturas, responder a Washington sin alimentar divisiones intraeuropeas.
El impacto político de Munich 2026 se extiende más allá de la retórica. En primer lugar, consolida la percepción de que la relación transatlántica ha entrado en una fase de redefinición estructural. La alianza ya no se basa únicamente en afinidades políticas, sino en cálculos estratégicos y exigencias concretas. Para Europa, esto implica asumir que la seguridad colectiva dependerá cada vez más de decisiones presupuestarias y tecnológicas propias.
En segundo lugar, el debate abierto en Munich reaviva tensiones internas dentro de la Unión Europea. La discusión sobre autonomía estratégica deja de ser teórica y se convierte en un eje de disputa política real.
En tercer lugar, el mensaje enviado a actores externos –Rusia y China– es ambivalente. Por un lado, la insistencia en reforzar capacidades militares transmite determinación. Por otro lado, las diferencias en el tono y las prioridades evidencian que el bloque occidental no es monolítico. Moscú puede interpretar las fricciones como señal de oportunidad, mientras Pekín observa con interés el debate sobre dependencia tecnológica y cadenas de suministro críticas.
La conferencia también tiene efectos domésticos. En Francia y Alemania, el debate sobre defensa impacta directamente en la política interna: aumento del gasto militar implica reasignación presupuestaria y tensiones sociales. En Estados Unidos, el discurso de Rubio refuerza la narrativa de que Washington debe priorizar sus intereses estratégicos sin asumir cargas desproporcionadas.
Munich 2026 no resolvió las tensiones transatlánticas, pero sí las hizo explícitas. El mensaje central es claro: la seguridad europea entra en una etapa de mayor exigencia y menor comodidad. La cuestión ya no es si Europa debe fortalecerse, sino cómo y bajo qué liderazgo. Entre la presión estadunidense y la aspiración de autonomía, el continente se enfrenta a un momento decisivo en la definición de su papel en el orden internacional.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada