Las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica del 1 de febrero de 2026 marcaron un momento de cambio profundo en la política costarricense y enviaron señales importantes al resto de América Central. En una jornada de alta participación –cercana al 69 por ciento– Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y escogida por el presidente saliente Rodrigo Chaves, se impuso con 48.33 por ciento de los votos, superando el umbral necesario para evitar segunda vuelta y derrotando al economista Álvaro Ramos, quien obtuvo 33.42 por ciento.
Paralelamente, la composición del parlamento mostró un avance significativo para el oficialismo: el PPSO lidera la nueva Asamblea Legislativa con una clara mayoría relativa, proyectando alrededor de 30 de los 57 escaños –aunque sin alcanzar la mayoría calificada–, con el Partido Liberal Nacional (PLN) en segundo lugar.
Este resultado tiene implicaciones políticas profundas para la gobernanza costarricense. Por primera vez desde hace décadas, un movimiento relativamente nuevo consolidado en torno a una figura polémica de derecha logra un mandato tan claro en primera vuelta, lo que coloca a Fernández en una posición de fuerte capital político pero también con expectativas elevadas de eficacia. Su campaña se centró en promesas de mano dura contra el crimen organizado y continuidad de políticas que combinan libre mercado con un enfoque de orden social, heredadas del gobierno de Chaves.
La gobernabilidad que enfrenta la presidenta electa, sin embargo, no será automática. Aunque su partido tiene la mayor bancada, no alcanzó los 40 escaños necesarios para reformar la Constitución, lo que implica que deberá negociar con otras fuerzas legislativas para impulsar su agenda. Este equilibrio parlamentario señala que, si bien Costa Rica experimenta una fuerte preferencia por el oficialismo en el Ejecutivo, la pluralidad del Legislativo exigirá coaliciones y acuerdos transversales para avanzar en materias clave como seguridad pública, reforma institucional y reordenamiento fiscal.
Desde el punto de vista geopolítico regional, el triunfo de Fernández consolida una tendencia observada en varios países de América Latina hacia opciones conservadoras y populistas que priorizan la seguridad y el control social. Su victoria –felicitada el propio domingo por líderes como Nayib Bukele de El Salvador– refuerza un bloque de gobiernos que comparten preocupaciones similares sobre la violencia, la migración y la percepción (muchas veces desmentidas por las propias estadísticas gubernamentales) de “caos” institucional.
Para América Central, esto tiene dos efectos: primero, Costa Rica pasa de ser una excepción institucional a integrarse en un eje regional dispuesto a adoptar políticas contra bandas y crimen organizado de carácter represivo. Dado que la inseguridad transnacional y el narcotráfico son desafíos compartidos en la región, el discurso oficialista costarricense puede impulsar la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y control fronterizo con aliados cercanos como El Salvador y Panamá.
Segundo, el cambio político costarricense podría influir en los equilibrios internos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Históricamente, Costa Rica había ejercido liderazgo moderado y diplomático dentro del bloque, apostando por soluciones institucionales y respetando una democracia liberal robusta. Bajo Fernández, el país podría priorizar respuestas más duras y menos inclinadas al consenso colegiado, tensionando la capacidad del SICA para formular posiciones conjuntas en temas como migración y economía.
En términos de relaciones internacionales, la administración entrante tendrá que calibrar sus alianzas con Estados Unidos y China, las dos potencias que compiten por influencia en la región, con una preferencia por Washington –especialmente en materia antinarcóticos.
Si bien Costa Rica no ha abandonado su tradición democrática, varios dirigentes políticos de peso –incluyendo a los expresidentes Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla– alertaron sobre “el riesgo” para la democracia en caso de que la candidata de la continuidad sea electa. Al llegar al poder, tendrá entre sus principales desafíos gobernar sin fracturas institucionales ni democráticas.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, celebrada el pasado fin de semana, confirmó una tendencia que atraviesa a buena parte de Europa: el agotamiento de los consensos políticos tradicionales y la creciente dificultad para producir mayorías claras en contextos de malestar social, presión económica y polarización ideológica. En este sentido, la jornada electoral funcionó como un barómetro del estado del sistema político portugués y de su inserción en un continente en transformación –aunque el resultado electoral fue sorpresivo, al darle al candidato del Partido Socialista, Antonio Seguro, una delantera que no le auspiciaban las encuestas de opinión.
A pesar de que la presidencia portuguesa tiene atribuciones limitadas en el plano ejecutivo, su peso simbólico e institucional es considerable. El jefe de Estado actúa como garante de estabilidad, árbitro político y figura clave en momentos de crisis parlamentaria. Por ello, el resultado de la primera vuelta fue leído como una señal de advertencia: el electorado se mostró fragmentado, con un respaldo disperso entre opciones moderadas, conservadoras y de protesta, reflejando una sociedad menos cohesionada que en ciclos anteriores.
Uno de los elementos más destacados fue la erosión del espacio centrista, históricamente dominante en Portugal desde la consolidación democrática. El descontento por el costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y la percepción de estancamiento social han debilitado la confianza en las élites políticas tradicionales. En ese contexto, candidaturas con discursos más confrontativos o antisistema lograron capitalizar parte del voto de castigo, incluso sin ofrecer proyectos claramente articulados.
Este fenómeno no puede entenderse sin el trasfondo económico. Aunque Portugal ha mostrado indicadores macroeconómicos relativamente estables en comparación con otros países del sur europeo, amplios sectores de la población sienten que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente. La precariedad laboral, la crisis de vivienda y la emigración juvenil continúan alimentando una sensación de futuro bloqueado, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Desde una perspectiva europea, la primera vuelta en Portugal se inserta en un ciclo político continental marcado por la volatilidad electoral. En varios países de la Unión Europea, los procesos electorales recientes han mostrado un debilitamiento de las fuerzas tradicionales y un avance –aunque desigual– de opciones populistas, nacionalistas o radicales. Portugal, durante años presentado como una excepción de estabilidad, parece ahora alinearse con esta tendencia general.
Las implicaciones geopolíticas son sutiles pero relevantes. Un escenario político más fragmentado en Lisboa puede reducir la capacidad del país para actuar como socio previsible dentro de la Unión Europea, especialmente en debates clave como la gobernanza económica, la política migratoria o la relación con el flanco sur. Si bien Portugal no es un actor central en términos de poder duro, su rol como país puente entre el norte y el sur de Europa, así como entre Europa y África lusófona, le otorga un valor estratégico.
Además, el resultado de la primera vuelta refuerza un dilema europeo más amplio: cómo sostener el proyecto comunitario en contextos de fatiga democrática. La creciente distancia entre instituciones y ciudadanía dificulta la construcción de consensos duraderos y alimenta la tentación de repliegues nacionales, incluso en países tradicionalmente pro europeos como Portugal.
La segunda vuelta, más que una simple elección entre dos nombres, se perfila así como una decisión sobre el tipo de estabilidad que el país desea. Una estabilidad basada en la continuidad institucional y el compromiso europeo, o una más reactiva, marcada por el rechazo a las élites y la búsqueda de rupturas simbólicas. En ambos casos, el margen de maniobra del futuro presidente dependerá de su capacidad para reconectar con una sociedad cansada de promesas.
En un momento en que Europa enfrenta desafíos simultáneos –guerra en su vecindad, transición energética, competencia geopolítica global–, la señal que emita Portugal tras esta elección será observada con atención. No por su peso individual, sino porque confirma que la estabilidad democrática europea ya no puede darse por sentada, ni siquiera en aquellos países que parecían haberla consolidado.
Más que un episodio aislado, la primera vuelta portuguesa revela una verdad incómoda: la política europea entra en una fase donde la incertidumbre se normaliza, y donde incluso los sistemas más resilientes deben reinventarse para seguir siendo creíbles.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

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Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizadas el 17 de enero de 2026, en las que advirtió sobre una posible elevación de aranceles contra países europeos que respalden la soberanía de Groenlandia, marcan un punto de inflexión en la relación transatlántica. Más allá de su tono provocador, el mensaje revela una estrategia de coerción económica que reconfigura los equilibrios de poder entre Estados Unidos y la Unión Europea, y plantea interrogantes profundas sobre el orden internacional basado en normas.
Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ha adquirido en los últimos años una centralidad estratégica creciente. Su posición geográfica en el Ártico, su papel en las rutas marítimas emergentes y su potencial en minerales críticos, la convierten en un activo clave en la competencia global entre potencias. Al condicionar el comercio con Europa a la postura política sobre Groenlandia, Washington introduce un vínculo explícito entre seguridad, soberanía y comercio, erosionando la separación tradicional entre estas esferas.
Desde la perspectiva europea, la amenaza arancelaria coloca a los estados miembros ante un dilema estratégico. Defender la soberanía de un territorio europeo –y, por extensión, el principio de integridad territorial– implica asumir costos económicos potenciales en un contexto de crecimiento débil y tensiones industriales. Ceder, en cambio, sentaría un precedente peligroso, al normalizar el hecho que una potencia utilice el acceso a su mercado para forzar alineamientos políticos dentro de Europa.
Para Estados Unidos, la maniobra responde a una lógica conocida del trumpismo: redefinir alianzas en términos transaccionales. Al presentar los aranceles como instrumento legítimo de presión, la Casa Blanca busca maximizar su margen de maniobra en el Ártico y disuadir a Europa de articular una postura autónoma. Sin embargo, esta estrategia entra en fricción con los compromisos históricos de Washington con la OTAN y con la idea de un bloque occidental cohesionado frente a desafíos sistémicos.
Las implicaciones geopolíticas trascienden el eje Washington-Bruselas. Rusia y China observan el episodio como una oportunidad estratégica. Moscú, actor clave en el Ártico, puede explotar las divisiones transatlánticas para reforzar su presencia regional. Pekín, por su parte, encuentra margen para presentarse como socio económico alternativo para Europa, en un momento en que la politización del comercio por parte de Estados Unidos debilita la previsibilidad del sistema global.
El uso de aranceles como arma política también debilita el multilateralismo comercial. Al subordinar el comercio a disputas de soberanía, se erosionan las reglas de la OMC y se acelera la fragmentación del comercio internacional en bloques rivales. Para Europa, cuya identidad geopolítica se apoya en normas y derecho internacional, el desafío es existencial: aceptar la lógica de la coerción o apostar por una autonomía estratégica que, por ahora, sigue incompleta.
En el plano interno europeo, las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre la dependencia económica y de seguridad respecto a Estados Unidos. Países más expuestos al mercado estadunidense podrían inclinarse por posiciones pragmáticas, mientras otros defenderán una respuesta coordinada. La cohesión europea será puesta a prueba, no sólo en términos comerciales, sino en su capacidad para defender principios sin fragmentarse.
Finalmente, el episodio de Groenlandia ilustra una tendencia más amplia del sistema internacional contemporáneo: la normalización de la presión económica como sustituto de la diplomacia. En un mundo marcado por la guerra en Ucrania y la rivalidad entre grandes potencias, la frontera entre aliados y adversarios se vuelve más difusa. Si Estados Unidos utiliza aranceles para condicionar la soberanía europea, el mensaje al resto del mundo es inequívoco: la fuerza económica reemplaza a la negociación.
Más que una disputa puntual, las declaraciones del 17 de enero de 2026 abren un nuevo capítulo de incertidumbre transatlántica. Su desenlace no solo definirá el futuro de Groenlandia, sino la credibilidad de un orden internacional que, cada vez más, parece regirse por la lógica del poder antes que por la del derecho.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
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La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el 17 de enero en Asunción, marca el cierre de uno de los procesos de negociación más largos y complejos de la historia del comercio internacional. Tras 25 años de avances, bloqueos y reconfiguraciones políticas, el acuerdo no solo tiene implicaciones económicas, sino que redefine posicionamientos estratégicos en un mundo atravesado por la fragmentación geopolítica y el retorno del proteccionismo.
Desde el punto de vista político, la firma representa una victoria simbólica para el multilateralismo en un contexto global dominado por la rivalidad entre potencias y la erosión del sistema de comercio basado en reglas. Para ambas regiones, el acuerdo envía una señal clara: pese a las diferencias internas y las presiones externas, todavía es posible articular consensos interregionales de gran escala. En América del Sur, el pacto refuerza la relevancia del Mercosur como actor colectivo, luego de años de cuestionamientos sobre su eficacia y cohesión interna.
En términos económicos, el acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, abarcando a más de 700 millones de personas. Para los países del Mercosur –especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay– el acceso preferencial al mercado europeo abre oportunidades significativas para el sector agroexportador, la agroindustria y ciertos nichos industriales. A cambio, la región se compromete a una mayor apertura de sus mercados a bienes industriales y servicios europeos, lo que intensifica la competencia para sectores manufactureros locales históricamente protegidos.
Para la Unión Europea, el acuerdo tiene un claro componente estratégico. En un escenario marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales con China y la incertidumbre transatlántica, Bruselas busca diversificar sus socios comerciales y asegurar cadenas de suministro. El Mercosur aparece como una fuente clave de alimentos, energía y materias primas estratégicas, en un momento en que la seguridad económica se ha convertido en una prioridad geopolítica.
Sin embargo, el acuerdo no está exento de controversias. En Europa, sectores agrícolas y movimientos ecologistas advierten sobre el impacto en productores locales y sobre los riesgos ambientales. Aunque el texto final incorpora compromisos climáticos y referencias al Acuerdo de París, persisten dudas sobre los mecanismos de cumplimiento y sanción. En América del Sur, en cambio, las críticas apuntan al riesgo de profundizar un modelo primario-exportador, con escaso valor agregado y alta dependencia de los precios internacionales.
Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la firma del acuerdo puede leerse como una respuesta indirecta al avance de China en América Latina. Durante la última década, Pekín se consolidó como principal socio comercial de varios países sudamericanos, desplazando a la UE (y a Estados Unidos). El pacto busca recuperar influencia europea mediante reglas, estándares y cooperación regulatoria, ofreciendo una alternativa al financiamiento y comercio chinos, percibidos por algunos gobiernos como más rápidos pero menos exigentes en términos normativos.
En el plano interno del Mercosur, el acuerdo también reabre el debate sobre la flexibilidad del bloque. Mientras algunos países ven en el tratado una oportunidad para modernizar economías y atraer inversiones, otros temen que las asimetrías productivas se profundicen. La implementación efectiva del acuerdo exigirá políticas de compensación, inversión en infraestructura y apoyo a sectores vulnerables, sin las cuales los beneficios podrían concentrarse de manera desigual.
Finalmente, la firma en Asunción no marca el fin del proceso, sino el inicio de una etapa políticamente sensible: la ratificación parlamentaria y la implementación. Allí se jugará buena parte de la viabilidad real del acuerdo. Su éxito dependerá menos de la retórica histórica que de la capacidad de ambos bloques para traducir el libre comercio en desarrollo sostenible y legitimidad social.
Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo Mercosur-UE se presenta como una apuesta estratégica en tiempos inciertos. Su impacto final no será inmediato ni uniforme, pero sí revelador: mostrará si el comercio puede seguir siendo una herramienta de cooperación en un mundo cada vez más definido por la competencia y la desconfianza.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a manos de un comando del ejército de Estados Unidos –contra los principios básicos del derecho internacional– constituye un hecho político y diplomático de gran alcance, cuyas consecuencias irán mucho más allá de las fronteras de Venezuela.
Sin embargo, la caída repentina de Nicolás Maduro no implica hasta ahora un cambio de régimen –su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha sido reconocida por la administración de Donald Trump. Para Washington, las experiencias traumáticas de Irak, en 2003, y de Libia, en 2011, en las cuales el cambio del régimen se tradujo en un vacío de poder que contribuyó al caos que vivieron esos países, sirvieron de aviso de lo que era preferible evitar, al menos en un primer momento. A cambio de mantener el orden, basado en una arquitectura militar, policial y económica profundamente firme, los dirigentes del madurismo consiguen mantener el control del país. La pregunta que podemos hacernos ahora es saber si este movimiento es el preludio de una transición ordenada, con la perspectiva de una nueva elección presidencial, o si bien las cosas se mantendrán como están, pero con un nuevo actor central: Estados Unidos, en vez de China, Rusia o Irán.
En este sentido, la resaca de este golpe político ha sido inmediata en América Latina. Gobiernos que mantuvieron una relación ambigua con Caracas –por afinidad o pragmatismo– se ven obligados a redefinir sus posiciones. Pensamos en particular a los países con fronteras con Venezuela, o que disponen de una nutrida población migrante en su país.
Para Washington, queda claro que la captura de Maduro ha sido presentada como una victoria estratégica, reforzando su narrativa de restauración de la doctrina Monroe en el hemisferio occidental, esta vez con el “corolario Trump”. Sin embargo, este triunfo tiene un costo altísimo para Estados Unidos: su política exterior ha quedado aún más expuesta a la acusación de doble estándar, especialmente en un contexto de tensiones crecientes, como la reiterada voluntad de anexión de Groenlandia, que ha generado inquietud en aliados europeos y revivido debates sobre soberanía y derecho internacional.
En Europa, el efecto es igualmente contradictorio. La Unión Europea ha celebrado por la vía de un comunicado de prensa el fin de un régimen sancionado, pero enfrenta una paradoja estratégica. Mientras apoya el principio de integridad territorial y el orden internacional basado en normas frente a la invasión rusa de Ucrania, no tiene la capacidad política de enfrentar realmente a Donald Trump, temiendo que este último deje de respaldar a Ucrania. Sin embargo, si permite que el caso venezolano siente precedentes que normalicen cambios de régimen impulsados desde el exterior, la credibilidad europea quedará en juego, especialmente frente al Sur Global.
La reacción de Rusia es clave. Moscú ha utilizado a Venezuela como plataforma de proyección política y militar en América Latina. La caída de Maduro representa una derrota estratégica indirecta para el Kremlin en un momento en que su capacidad de proyección global está ya tensionada por el conflicto en Ucrania. Pero al mismo tiempo, la acción de Washington en Venezuela le da a Rusia espacio para pretender realizar algo similar en Ucrania.
El interés principal de China en Venezuela ha sido económico y energético. Un cambio abrupto de régimen pone en riesgo sus inversiones en el país, en particular en materia petrolera. Se puede esperar una reacción dura de parte de Pekín en caso que Estados Unidos –y el gobierno de Delcy Rodríguez– impidan el suministro de petróleo venezolano a China, para reemplazarlo por empresas norteamericanas.
En términos más amplios, esta captura de Maduro revela una tendencia preocupante del orden internacional contemporáneo: la coexistencia de discursos normativos sobre democracia y soberanía con prácticas de poder cada vez más guiadas por la fuerza bruta. Mientras se condena la invasión de Ucrania, se toleran ambigüedades sobre anexiones territoriales o intervenciones selectivas, debilitando la coherencia del sistema internacional. Todo apunta a que, en nuestro mundo, las reglas parecen ser cada vez más negociables.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

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El calendario electoral de 2026 coloca a Costa Rica, Perú, Colombia, Haití y Brasil ante elecciones presidenciales que, aunque responden a realidades nacionales muy distintas, comparten un trasfondo común: desgaste institucional, crisis de representación y presión geopolítica externa. Más que definir simples alternancias de poder, estos comicios funcionarán como termómetros del estado de la democracia en América Latina y de su capacidad para adaptarse a un contexto regional cada vez más inestable.
En Costa Rica, tradicionalmente vista como una excepción institucional en Centroamérica, la elección de 2026 se desarrolla bajo un clima de erosión del consenso político. El debilitamiento del sistema de partidos, la fragmentación legislativa y el malestar por el costo de vida han reducido el margen de maniobra del Ejecutivo. La campaña estará marcada por el debate entre preservar el modelo social costarricense o cambiar el sistema de previsión social de ese país hacia un modelo más privado, en un país en donde la confianza en las élites políticas ya no es incuestionable.
Perú llega a 2026 en una situación de crisis crónica. Desde 2016, ningún presidente electo ha logrado completar su mandato sin enfrentar procesos de destitución, renuncia o judicialización. Las elecciones presidenciales se proyectan como un episodio más de una inestabilidad estructural, donde el problema central no es la falta de elecciones, sino la incapacidad del sistema para producir gobiernos legítimos y funcionales. La fragmentación extrema del Congreso y la desconfianza ciudadana convierten la gobernabilidad en el principal desafío, independientemente del resultado.
En Colombia, las presidenciales de 2026 se caracterizarán por un referéndum a favor o en contra del gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de Colombia que hizo parte de un movimiento armado de ese país. El país enfrenta una evaluación ambivalente de las promesas de cambio: avances en inclusión social conviven con un deterioro en seguridad, una negociación inconclusa con actores armados y tensiones fiscales persistentes. La elección será marcada por la polarización entre por un lado, la viabilidad de un proyecto reformista en un Estado históricamente atravesado por el conflicto, y por el otro la voluntad de regresar a un orden anterior, mucho más enfocado en el combate a los grupos armados y en el acercamiento con los Estados Unidos.
El caso de Haití representa el escenario más crítico. Si las elecciones previstas logran concretarse, lo harán en un contexto de colapso estatal, control territorial de bandas armadas y una fuerte dependencia de actores internacionales. Más que una competencia política convencional, los comicios haitianos plantean una pregunta existencial: si es posible reconstruir legitimidad democrática sin un mínimo de seguridad y soberanía efectiva. La elección será observada no sólo como un proceso nacional, sino como un desafío regional e internacional.
Finalmente, Brasil concentra la mayor atención regional. Las presidenciales de 2026 estarán atravesadas por la disputa entre continuidad y ruptura tras un periodo de alta polarización. El país enfrenta una derecha fragmentada, una extrema derecha en proceso de redefinición y un oficialismo que depende de resultados económicos y sociales concretos para sostener su proyecto. Dada la centralidad de Brasil en América Latina, su elección tendrá efectos directos sobre la integración regional, la agenda ambiental y el posicionamiento frente a Estados Unidos y China.
Desde una perspectiva geopolítica, estas cinco elecciones ocurren en un momento de competencia estratégica entre potencias. Estados Unidos busca reforzar su influencia en seguridad, migración y estabilidad democrática, mientras China profundiza su presencia económica. Los resultados electorales influirán en los alineamientos externos, aunque la mayoría de los países intentará mantener márgenes de autonomía en un mundo cada vez más polarizado.
En conjunto, las presidenciales de 2026 no anuncian una nueva hegemonía ideológica en América Latina, sino una etapa de transición marcada por la fragilidad. El desafío común no será solo ganar elecciones, sino reconstruir gobernabilidad, legitimidad y capacidad estatal. En un continente donde votar ya no garantiza estabilidad, el verdadero interrogante de 2026 es si la democracia logrará adaptarse a las expectativas de sociedades cansadas de promesas incumplidas.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El año 2025 se ha consolidado como un punto de inflexión en el ciclo político de América Latina, marcado por elecciones presidenciales clave, reacomodos ideológicos y una creciente fatiga democrática. Más que un simple calendario electoral, el año refleja una transformación profunda en la relación entre ciudadanía, Estado y poder, en una región atravesada por inseguridad, estancamiento económico y presión geopolítica externa.
A diferencia de la llamada “marea rosa” de inicios de siglo, el actual ciclo electoral no responde a una ola ideológica clara. Lo que predomina es un voto volátil, reactivo y profundamente desconfiado, que castiga a los oficialismos sin necesariamente premiar proyectos alternativos coherentes. En varios países, las elecciones de 2025 se desarrollan en contextos de baja confianza institucional, fragmentación partidaria y descrédito de los liderazgos tradicionales.
Uno de los rasgos más visibles del año es el avance de discursos de orden y seguridad, tanto en candidaturas conservadoras como en sectores del centro político. El aumento del crimen organizado, la violencia urbana y el control territorial por parte de economías ilegales han desplazado el debate público desde la redistribución hacia la autoridad del Estado. Este giro no implica necesariamente un consenso ideológico, sino una respuesta pragmática al miedo social, que redefine las prioridades electorales.
En paralelo, los gobiernos progresistas que llegaron al poder entre 2018 y 2022 enfrentan un proceso de desgaste. Las promesas de transformación estructural chocaron con restricciones fiscales, resistencia institucional y contextos internacionales adversos. El resultado ha sido una percepción de ineficacia, que la oposición, de derecha o antisistema, ha capitalizado sin ofrecer, en muchos casos, soluciones estructurales alternativas. En esta óptica, será clave seguir el proceso electoral brasileño el año que viene, en donde el presidente Lula tentará su última reelección.
El año electoral también revela una crisis persistente de representación. La emergencia de candidaturas independientes, de outsider o de fuerte contenido personalista expresa la desconexión entre partidos y ciudadanía. En varios países, el Congreso aparece más fragmentado que nunca, anticipando escenarios de gobernabilidad precaria, independientemente de quién gane las presidenciales.
Desde una perspectiva geopolítica, 2025 confirma que América Latina se mueve en un entorno de creciente competencia entre potencias. Estados Unidos busca reafirmar su influencia en seguridad, migración y control regional, mientras China consolida su presencia económica mediante infraestructura, energía y financiamiento. Las elecciones se convierten así en mecanismos indirectos de alineamiento estratégico, aunque la mayoría de los países intente mantener márgenes de autonomía en un mundo cada vez más polarizado.
La región también enfrenta una tensión estructural entre democracia y eficacia. Amplios sectores sociales parecen dispuestos a aceptar liderazgos más duros, ejecutivos fortalecidos y restricciones institucionales, si éstos prometen resultados inmediatos. Este fenómeno no implica un rechazo abierto a la democracia, sino una redefinición instrumental de su valor, basada en resultados más que en principios.
Otro elemento central del ciclo 2025 es la desigualdad persistente, que sigue siendo el telón de fondo de toda competencia electoral. Aunque ya no siempre ocupa el centro del discurso, continúa alimentando el malestar social, la migración y la desconfianza. La incapacidad de los sistemas políticos para ofrecer movilidad social sostenida erosiona la legitimidad de cualquier proyecto de largo plazo.
En conjunto, las elecciones de 2025 no anuncian una nueva hegemonía regional, sino una etapa de transición inestable. América Latina no gira en bloque a la izquierda ni a la derecha; oscila, fragmentada, entre demandas contradictorias de orden, justicia, crecimiento y dignidad. El riesgo no es el cambio político en sí, sino que éste se produzca sin capacidad institucional para procesarlo.
El verdadero desafío que deja 2025 no será quién gane las elecciones, sino si los sistemas políticos latinoamericanos logran reconstruir confianza, gobernabilidad y sentido de futuro. De lo contrario, el ciclo electoral seguirá funcionando como una válvula de escape del malestar, sin resolver las causas profundas que lo generan.

*Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile en 2025 no puede explicarse únicamente como un triunfo de la derecha dura, sino como el resultado de una convergencia de miedos, frustraciones y fatiga política acumuladas durante más de una década de inestabilidad. Su elección expresa menos una adhesión ideológica plena a su proyecto que un voto reactivo, orientado a restablecer orden, previsibilidad y autoridad en un país exhausto por el conflicto político permanente.
Uno de los factores centrales de su triunfo fue el fracaso del ciclo reformista iniciado tras el estallido social de 2019. Las expectativas de transformación estructural chocaron con la incapacidad de producir consensos duraderos. El doble rechazo a una nueva constitución, la fragmentación del Congreso y la debilidad del Ejecutivo erosionaron la confianza en las fuerzas progresistas, asociadas crecientemente al desorden, la improvisación y la parálisis decisoria. Kast capitalizó ese desgaste presentándose como la antítesis del caos, con un discurso simple, coherente y disciplinado.
La seguridad pública fue el eje decisivo. El aumento sostenido de delitos violentos, la expansión del crimen organizado y la percepción de pérdida de control territorial instalaron una sensación de urgencia. Kast ofreció respuestas claras —mano dura, fortalecimiento policial y respaldo irrestricto a las fuerzas del orden— en un contexto donde amplios sectores sociales priorizaron la eficacia por sobre las garantías individuales y el rechazo al legado de la dictadura militar. El voto por Kast fue, en este sentido, un voto por la autoridad del Estado, incluso a costa de restricciones a libertades civiles.
El componente identitario también fue clave. Kast logró articular un electorado conservador movilizado alrededor de temas como migración, valores tradicionales y rechazo al multiculturalismo, especialmente en sectores populares y clases medias empobrecidas. A diferencia de elecciones anteriores, la derecha radical dejó de ser un fenómeno exclusivamente elitista y penetró en territorios históricamente adversos, aprovechando el vacío dejado por una izquierda percibida como distante de las preocupaciones cotidianas.
En el plano económico, su victoria reflejó el temor a la incertidumbre. El bajo crecimiento, la presión fiscal y la caída de la inversión reforzaron la idea de que Chile necesitaba un giro hacia la estabilidad macroeconómica y la ortodoxia fiscal. Kast se presentó como garante del modelo, prometiendo corregir excesos sin desmontar la arquitectura económica heredada, lo que tranquilizó a sectores empresariales y a votantes moderados cansados de experimentos fallidos.
Las implicaciones geopolíticas de su elección son significativas. Chile abandona su rol de actor puente entre progresismo y liberalismo para alinearse con el bloque conservador regional. El gobierno de Kast se perfila cercano a administraciones como las de Argentina, Paraguay o Ecuador, y distante de los gobiernos de izquierda en Brasil, Colombia y México. Esto debilita los esfuerzos de coordinación política sudamericana y fragmenta aún más un continente ya polarizado.
En política exterior, se espera un alineamiento más estrecho con Estados Unidos, especialmente en seguridad, migración y contención de la influencia china. Kast ha sido explícito en su desconfianza hacia Pekín y hacia los mecanismos de integración regional autónomos. Su llegada al poder refuerza la tendencia de algunos países latinoamericanos a priorizar vínculos bilaterales con Washington por sobre esquemas multilaterales regionales.
Asimismo, su discurso crítico hacia organismos internacionales y su énfasis en la soberanía nacional pueden tensar la relación con instancias como la ONU o la CIDH, especialmente si se implementan políticas de seguridad que entren en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos.
La elección de Kast no inaugura una era de consenso, sino una nueva fase de polarización, ahora dominada por la derecha. Para América Latina, su triunfo confirma que el péndulo político regional sigue oscilando con fuerza, impulsado más por el rechazo al adversario que por proyectos de largo plazo. Chile, alguna vez visto como laboratorio de reformas progresistas, se convierte ahora en símbolo del repliegue conservador en un continente marcado por la incertidumbre.
Más que el fin de un ciclo, el triunfo de Kast es la evidencia de que la crisis de representación sigue abierta y que la estabilidad prometida dependerá menos del discurso de orden que de la capacidad real de gobernar sin profundizar las fracturas sociales que lo llevaron al poder.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para 2026, anunciada el viernes pasado vía X, marca un giro inesperado en la política brasileña y abre una disputa profunda dentro del campo de la derecha y la extrema derecha. Aunque el apellido Bolsonaro conserva enorme fuerza simbólica entre sectores que rechazan el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la figura de Flávio no tiene el mismo magnetismo político que su padre, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para unir un electorado fragmentado y encarar una elección polarizada contra el Presidente Lula, quien busca la reelección.
La decisión de Flávio ocurre en un momento en que el bolsonarismo atraviesa una fase de transición, todavía incierta. La inhabilitación política de Jair Bolsonaro —sumada a las investigaciones judiciales que lo rodean— dejó un vacío de liderazgo en un movimiento que se construyó alrededor de su figura personalista. El encarcelamiento de este último, hace algunas semanas, aceleró su desgaste ante la clase política y la élite empresarial. Ante este escenario, Flávio intenta posicionarse como heredero natural, con la clara voluntad de evitar que el poder asociado al nombre de su padre se diluya en favor de otros actores políticos. Sin embargo, esta iniciativa se enfrenta a dos desafíos simultáneos: consolidar a la base radical que exige continuidad ideológica y atraer a los sectores moderados que buscan una alternativa conservadora sin la toxicidad política asociada al expresidente.
El primer impacto de su precandidatura es la fragmentación interna de la oposición. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado por muchos como el sucesor más viable del bolsonarismo, observa con cautela el avance de Flávio. Tarcísio intenta encarnar un perfil más institucional, lo que lo vuelve atractivo para el empresariado y para el centro-derecha tradicional. La competencia entre ambos puede dividir financieramente, territorialmente y emocionalmente al electorado de oposición a Lula.
En paralelo, la extrema derecha más ideológica no está unificada detrás de Flávio. Si bien respetan el apellido Bolsonaro, dudan de su estilo más moderado y temen que diluya las banderas del movimiento. Esta fisura puede abrir espacio para candidaturas ultras alternativas, que restarían votos decisivos en primera vuelta.
La fragmentación también afecta al Partido Liberal (PL), aún incapaz de definir si apoyará a Flávio, a Tarcísio o si buscará una tercera vía que preserve su influencia en el Congreso. La disputa por el control de la maquinaria partidaria se intensifica y amenaza con un desgaste que puede debilitar al bloque opositor de cara al proceso electoral.
Para el presidente Lula, la precandidatura de Flávio tiene consecuencias ambivalentes. Por un lado, la división de la derecha puede favorecerlo, especialmente si llega a la segunda vuelta enfrentando a un adversario debilitado por conflictos internos. La izquierda interpreta este escenario como una reedición del fenómeno de 2018, pero invertido: un campo conservador desordenado y un liderazgo progresista consolidado. Lula, además, cuenta con un nivel de aprobación relativamente estable y buenos resultados a nivel económico y social.
Sin embargo, la candidatura de Flávio también presenta riesgos para el oficialismo. Consciente de que no posee el carisma de su padre, el senador puede optar por una estrategia más agresiva para compensar esa falta de magnetismo. Esto puede revivir el discurso de polarización extrema, reforzando la narrativa antipetista que sigue teniendo arraigo en amplios sectores urbanos, religiosos y empresariales. Un bolsonarismo reorganizado en torno a la victimización jurídica de Jair Bolsonaro podría volver a movilizar a votantes que en 2022 se abstuvieron o optaron por alternativas menores.
La precandidatura de Flávio, por tanto, no solo reconfigura a la derecha: fuerza a Lula a reconsiderar su estrategia. La gobernabilidad dependerá de su capacidad para entregar resultados tangibles no solamente a nivel del empleo y de la agenda social –sus puntos fuertes–, pero también a nivel de una percepción de una mejora en materia de seguridad pública – que es, sin embargo, una prerrogativa de los gobernadores, no del gobierno federal.
Lo que está claro es que la política brasileña entra en una nueva fase de incertidumbre, donde el bolsonarismo ya no cuenta con su líder original y el lulismo tiene el desafío de presentar una alternativa de futuro para un eventual cuarto gobierno Lula. En ese escenario, Flávio Bolsonaro deberá demostrar si es simplemente el heredero del apellido o si tiene la habilidad política necesaria para ocupar un espacio que nadie más ha logrado llenar desde 2018.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Las elecciones presidenciales y legislativas de Honduras en 2025 se perfilan como uno de los procesos más determinantes para el futuro de Centroamérica. El país llega a la cita electoral en medio de un entramado de crisis simultáneas –económica, institucional, migratoria y de seguridad– que han debilitado la confianza en el sistema democrático y han abierto un espacio inédito para opciones antisistema. La elección no solo definirá el rumbo interno, sino la posición del país frente a una región cada vez más tensionada por disputas estratégicas entre potencias.
Honduras enfrenta un escenario político marcado por el desgaste del proyecto iniciado por Xiomara Castro en 2022. Aunque su gobierno intentó revertir la deriva autoritaria del periodo Hernández, las promesas de renovación institucional chocaron con un Congreso fragmentado, pugnas internas en su partido Libre y conflictos con el Poder Judicial. La percepción ciudadana es ambivalente: se reconoce un giro en políticas sociales, pero también una creciente incapacidad para frenar la violencia, profesionalizar el Estado y estabilizar la economía.
La oposición llega igualmente debilitada. El Partido Nacional sigue afectado por los escándalos de corrupción y narcotráfico asociados al expresidente Juan Orlando Hernández, mientras la formación política no ha logrado recomponerse ni articular una agenda propia. La fragmentación del sistema partidario ha permitido el ascenso de candidaturas independientes y movimientos regionales, que capturan parte del descontento con el establishment, aunque carecen de estructuras sólidas.
En este contexto, la campaña de 2025 se centró en tres ejes: seguridad, economía y migración. Honduras sigue siendo uno de los países con mayor tasa de homicidios de la región, con territorios bajo influencia de pandillas y grupos criminales transnacionales. Las propuestas oscilan entre el endurecimiento de la política de seguridad –inspirada en modelos centroamericanos recientes– y enfoques que priorizan prevención social y reforma policial. Sin embargo, la población exige resultados rápidos, lo que favorece discursos de orden más que programas integrales.
En lo económico, la inflación acumulada y la escasa inversión han alimentado la sensación de estancamiento. La migración masiva hacia Estados Unidos –con caravanas frecuentes desde 2018– es un síntoma directo de esa desesperanza. Varios candidatos plantean la necesidad de pactos fiscales, inversiones en infraestructura y un giro hacia sectores estratégicos, pero ninguno parece contar con el consenso político para implementarlos. La incertidumbre legislativa será clave: el Congreso que surja en 2025 podría determinar la viabilidad del próximo gobierno más que el propio resultado presidencial.
El componente geopolítico añade complejidad. Honduras se encuentra en una región donde la influencia estadunidense es histórica, pero donde China ha ganado terreno, especialmente desde que Tegucigalpa rompió relaciones con Taiwán en 2023. Este cambio abrió oportunidades económicas –particularmente en infraestructura y energía– pero también despertó inquietud en Washington, que intenta recuperar presencia a través de cooperación en seguridad y control migratorio. La elección hondureña se ha vuelto, así, una disputa indirecta por la orientación estratégica del país en un momento de competencia global.
A esto se suman tensiones regionales: la militarización parcial de fronteras en el Triángulo Norte, el auge de políticas de mano dura en países vecinos y la fragilidad democrática en Centroamérica generan un clima que favorece proyectos de autoridad antes que de reforma institucional. Honduras, históricamente permeable a cambios regionales, podría inclinarse hacia modelos más centralizadores si el miedo y la inseguridad dominan la campaña.
En este escenario, las elecciones de 2025 no resolverán automáticamente los problemas estructurales del país, pero sí definirán el marco político para enfrentarlos. El próximo gobierno heredará un Estado débil, una ciudadanía desconfiada y una región en reacomodo geopolítico. Su desafío será reconstruir legitimidad y evitar que Honduras quede atrapada en la lógica de esferas de influencia, sin capacidad para definir su propio camino.
El resultado final dependerá menos de la retórica electoral que de la capacidad de cada proyecto para convencer a un electorado fatigado, que ya no vota por adhesión ideológica, sino por la búsqueda urgente de estabilidad y sentido de futuro.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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