Las elecciones presidenciales y legislativas de Honduras en 2025 se perfilan como uno de los procesos más determinantes para el futuro de Centroamérica. El país llega a la cita electoral en medio de un entramado de crisis simultáneas –económica, institucional, migratoria y de seguridad– que han debilitado la confianza en el sistema democrático y han abierto un espacio inédito para opciones antisistema. La elección no solo definirá el rumbo interno, sino la posición del país frente a una región cada vez más tensionada por disputas estratégicas entre potencias.
Honduras enfrenta un escenario político marcado por el desgaste del proyecto iniciado por Xiomara Castro en 2022. Aunque su gobierno intentó revertir la deriva autoritaria del periodo Hernández, las promesas de renovación institucional chocaron con un Congreso fragmentado, pugnas internas en su partido Libre y conflictos con el Poder Judicial. La percepción ciudadana es ambivalente: se reconoce un giro en políticas sociales, pero también una creciente incapacidad para frenar la violencia, profesionalizar el Estado y estabilizar la economía.
La oposición llega igualmente debilitada. El Partido Nacional sigue afectado por los escándalos de corrupción y narcotráfico asociados al expresidente Juan Orlando Hernández, mientras la formación política no ha logrado recomponerse ni articular una agenda propia. La fragmentación del sistema partidario ha permitido el ascenso de candidaturas independientes y movimientos regionales, que capturan parte del descontento con el establishment, aunque carecen de estructuras sólidas.
En este contexto, la campaña de 2025 se centró en tres ejes: seguridad, economía y migración. Honduras sigue siendo uno de los países con mayor tasa de homicidios de la región, con territorios bajo influencia de pandillas y grupos criminales transnacionales. Las propuestas oscilan entre el endurecimiento de la política de seguridad –inspirada en modelos centroamericanos recientes– y enfoques que priorizan prevención social y reforma policial. Sin embargo, la población exige resultados rápidos, lo que favorece discursos de orden más que programas integrales.
En lo económico, la inflación acumulada y la escasa inversión han alimentado la sensación de estancamiento. La migración masiva hacia Estados Unidos –con caravanas frecuentes desde 2018– es un síntoma directo de esa desesperanza. Varios candidatos plantean la necesidad de pactos fiscales, inversiones en infraestructura y un giro hacia sectores estratégicos, pero ninguno parece contar con el consenso político para implementarlos. La incertidumbre legislativa será clave: el Congreso que surja en 2025 podría determinar la viabilidad del próximo gobierno más que el propio resultado presidencial.
El componente geopolítico añade complejidad. Honduras se encuentra en una región donde la influencia estadunidense es histórica, pero donde China ha ganado terreno, especialmente desde que Tegucigalpa rompió relaciones con Taiwán en 2023. Este cambio abrió oportunidades económicas –particularmente en infraestructura y energía– pero también despertó inquietud en Washington, que intenta recuperar presencia a través de cooperación en seguridad y control migratorio. La elección hondureña se ha vuelto, así, una disputa indirecta por la orientación estratégica del país en un momento de competencia global.
A esto se suman tensiones regionales: la militarización parcial de fronteras en el Triángulo Norte, el auge de políticas de mano dura en países vecinos y la fragilidad democrática en Centroamérica generan un clima que favorece proyectos de autoridad antes que de reforma institucional. Honduras, históricamente permeable a cambios regionales, podría inclinarse hacia modelos más centralizadores si el miedo y la inseguridad dominan la campaña.
En este escenario, las elecciones de 2025 no resolverán automáticamente los problemas estructurales del país, pero sí definirán el marco político para enfrentarlos. El próximo gobierno heredará un Estado débil, una ciudadanía desconfiada y una región en reacomodo geopolítico. Su desafío será reconstruir legitimidad y evitar que Honduras quede atrapada en la lógica de esferas de influencia, sin capacidad para definir su propio camino.
El resultado final dependerá menos de la retórica electoral que de la capacidad de cada proyecto para convencer a un electorado fatigado, que ya no vota por adhesión ideológica, sino por la búsqueda urgente de estabilidad y sentido de futuro.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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La segunda vuelta presidencial en Chile, prevista para mediados de diciembre, se desarrollará en un clima político inusualmente áspero, donde el desgaste institucional, la fragmentación partidaria y un malestar social persistente configuran un escenario incierto. A diferencia de elecciones anteriores, en las que el eje ideológico parecía claramente definido, el dilema actual se expresa en términos más complejos: confianza versus incertidumbre, orden versus reforma, continuidad versus ruptura.
Los dos candidatos que avanzaron al balotaje –una figura de extrema derecha que busca presentarse como garante de estabilidad, José Antonio Kast, y una candidata progresista que promete retomar la agenda social post-“estallido social” (la revuelta popular de 2019 que desembocó en la elección del Gabriel Boric en 2021), Jeannette Jara– representan polos que compiten no sólo por electores, sino por interpretar el sentido de un país dividido. Ninguno logró en primera vuelta más del 35 por ciento, reflejando un sistema político que, pese a reformas, sigue profundamente atomizado.
El desafío de esta segunda vuelta se concentra en el electorado huérfano, aquel que apoyó opciones independientes, verdes, regionalistas. Este sector, lejos de ser marginal, se consolidó como un actor decisivo: encuestas realizadas tras la primera vuelta muestran que cerca del 40 por ciento de los votantes no se siente plenamente representado por ninguno de los finalistas. Ese vacío expresa la distancia entre la política institucional y las demandas que emergieron del ciclo de protestas iniciado en 2019 y que nunca fueron completamente canalizadas.
En el plano económico, la campaña está marcada por diagnósticos contradictorios. Por un lado, la derecha afirma que Chile enfrenta un cuadro de estancamiento, bajo crecimiento y desgaste fiscal, y promete estabilidad macroeconómica, incentivos a la inversión y un retorno a la “normalidad” institucional. Por otro, la candidatura progresista sostiene que el país requiere un nuevo impulso redistributivo, una reforma tributaria que aumente la recaudación y un fortalecimiento de servicios públicos que siguen debilitados.
Las cifras respaldan parcialmente ambas miradas: Chile muestra un crecimiento débil desde 2021, mientras la desigualdad estructural se mantiene prácticamente intacta. La ciudadanía observa estos debates con creciente escepticismo: la sensación general es que ningún programa ofrece una salida clara al agotamiento del modelo, y que ambos candidatos administrarán, más que transformarán, la realidad existente.
La seguridad pública se ha convertido, sin sorpresa, en el tema dominante. El aumento sostenido de delitos violentos, la presencia de organizaciones criminales extranjeras y la crisis migratoria han generado una percepción de deterioro acelerado. La derecha y la extrema derecha proponen mano dura, más facultades policiales y endurecimiento penal. La candidatura progresista apuesta por seguridad con enfoque social, fortalecimiento de fiscalías y políticas preventivas. Sin embargo, el debate parece menos programático que emocional: la ciudadanía exige respuestas rápidas, aun cuando éstas no tengan efectos comprobables.
A nivel geopolítico, Chile entra a esta segunda vuelta en un momento de reacomodamiento regional. La relación con países vecinos se ha tensionado por la migración y por disputas comerciales, mientras que el país busca reposicionarse como un actor relevante en la transición energética. La explotación del litio, estratégicamente crucial, divide a los candidatos: uno propone mayor apertura al capital privado internacional; la otra, fortalecer una empresa estatal robusta para evitar repetir la dependencia extractiva del cobre.
La campaña también ha puesto en evidencia un deterioro institucional que preocupa a analistas. La baja confianza en el Congreso, la judicialización creciente de la política y el fracaso del proceso constituyente dejaron una sensación de desorden crónico. Esa fatiga se traduce en una predisposición al voto volátil: en esta elección no hay fidelidad partidaria, sino preferencias cambiantes, influenciadas por temores, expectativas y desilusiones acumuladas.
En este contexto, la segunda vuelta no será solo un ejercicio electoral, sino un plebiscito sobre la dirección futura del país. Ninguna de las dos candidaturas garantiza gobernabilidad plena: gane quien gane, enfrentará un Congreso fragmentado, una ciudadanía impaciente y una economía que requiere ajustes estructurales.
Chile llega a esta segunda vuelta con más dudas que certezas. El desafío para quien resulte electo será reconstruir las confianzas, recuperar la eficacia del Estado y ofrecer un horizonte común. Porque si algo ha demostrado el ciclo político de los últimos años es que los vacíos de representación no se resuelven con discursos, sino con resultados.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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La Cumbre UE–Celac celebrada en Santa Marta, Colombia, en 2025, reveló un momento de profunda fragilidad en la relación entre Europa y América Latina. Lejos del entusiasmo diplomático de encuentros anteriores, la reunión dejó en evidencia no solo la erosión del interés político en ambas regiones, sino también la incapacidad de construir una agenda común en un contexto internacional crecientemente volátil.
El primer síntoma de crisis fue imposible de ocultar: la baja asistencia de jefes de Estado y de gobierno. De la Unión Europea (UE), solo acudió un reducido grupo de líderes; muchos delegaron en ministros o enviados especiales, alegando “compromisos internos” o “prioridades urgentes” asociadas al contexto económico europeo. Del lado latinoamericano, la situación no fue distinta: varios mandatarios se ausentaron en medio de tensiones internas, elecciones cercanas o divergencias ideológicas. La escena contrastó duramente con la retórica oficial de “asociación estratégica”, vaciando de peso político una cumbre que buscaba precisamente reactivar un vínculo estancado.
La elección de Santa Marta como sede –un gesto simbólico para reequilibrar la presencia regional hacia el Caribe– quedó opacada por un factor geopolítico inesperado: el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en aguas caribeñas, oficialmente para operaciones antinarcóticos. La llegada de buques y personal estadunidense alteró sensiblemente el clima del encuentro, alimentando sospechas sobre la autonomía estratégica de la región y la capacidad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para responder unida ante presiones externas.
Para muchos gobiernos latinoamericanos, la presencia estadunidense fue interpretada como una señal de retorno a lógicas de seguridad hemisférica que la región consideraba superadas. Para otros, especialmente los más alineados con Washington, la operación fue vista como parte de la cooperación habitual. Estas divergencias intensificaron una fractura interna que debilitó aún más la postura latinoamericana frente a la UE.
Europa, por su parte, llegó a la cumbre con una agenda centrada en la seguridad energética, los minerales críticos y la protección de cadenas de suministro. Sin embargo, la ausencia de líderes de alto nivel redujo la capacidad del bloque para presentar propuestas ambiciosas. Bruselas insistió en la necesidad de renovar los acuerdos comerciales pendientes y acelerar proyectos de inversión del programa Global Gateway, pero encontró una región más escéptica y dividida que en años anteriores.
La Celac reclamó un trato verdaderamente simétrico, señalando que la UE no puede aspirar a ser un socio estratégico mientras no aborde asuntos clave: acceso a tecnología, inversión con valor agregado, y un compromiso claro con la soberanía regional. Además, varios países cuestionaron la inconsistencia europea en temas de derechos humanos y su tendencia a usar “dobles estándares” según conveniencias geopolíticas.
El contexto internacional agravó las tensiones. El conflicto prolongado en Ucrania, la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, y la presión sobre los países del Sur Global para alinearse con uno u otro bloque colocaron a la UE y la Celac en posiciones incómodas. Para Bruselas, la alianza con América Latina es estratégica; para muchos países latinoamericanos, sin embargo, la prioridad es mantener márgenes de autonomía, diversificar relaciones y evitar quedar atrapados en rivalidades entre potencias.
La cumbre concluyó con una declaración final diplomáticamente correcta, pero políticamente débil. Los compromisos en transición verde, digitalización y derechos humanos se repitieron sin nuevos mecanismos de implementación. El vacío más notable fue la ausencia de un posicionamiento común frente a la militarización del Caribe, un tema que dejó al descubierto que la Celac carece de cohesión interna y la UE de capacidad para actuar como contrapeso.
En Santa Marta, quedó claro que la relación birregional enfrenta una crisis de profundidad, no de agenda. Las palabras de “asociación estratégica” ya no bastan en un escenario global que exige claridad, coherencia y gestos políticos de alto nivel. Mientras la UE lidia con sus propias tensiones internas y América Latina busca redefinir su autonomía en un mundo multipolar, la cumbre dejó una advertencia: si ambas regiones no reconstruyen confianza y compromiso real, otros actores –Estados Unidos, China o potencias emergentes– seguirán ocupando el espacio que ellas mismas ceden.
La cumbre de 2025 no será recordada por sus avances, sino por el vacío político que expuso. Una señal preocupante para dos regiones que insisten en declararse socias, pero que cada vez se entienden menos.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó el 6 de noviembre, en vísperas del lanzamiento oficial de la COP30, la Facilidad de Financiamiento de Bosques Tropicales para Siempre (Tropical Forest Forever Facility, TFFF), un fondo internacional inédito que busca convertir la protección de los bosques en un modelo rentable. La idea es simple en apariencia: pagar a los países tropicales por conservar sus bosques, transformando la preservación en un activo económico global.
Según el ministro de Finanzas Fernando Haddad, el fondo ya reunió la mitad del objetivo inicial de 10 mil millones de dólares, de los 25 mil millones necesarios para arrancar. Los primeros compromisos provienen de Brasil e Indonesia (mil millones cada uno), Noruega (tres mil millones en diez años), Colombia y Portugal. Francia apoyó la iniciativa, aunque condicionó su aporte de 500 millones de euros hasta 2030 a garantías científicas, transparencia y rendición de cuentas. Alemania, China y Países Bajos también han expresado interés, aunque con cautela, reflejando la prudencia general de los Estados ante un mecanismo todavía experimental.
El plan pretende corregir una paradoja histórica: solo el 4 por ciento de la financiación climática mundial se destina a los bosques, pese a que éstos absorben la mitad del CO? emitido desde 1990. Los países tropicales –que albergan el 50 por ciento de la masa forestal del planeta y sufren el 90 por ciento de la deforestación global– buscan con este mecanismo romper su dependencia del extractivismo y demostrar que la conservación puede ser económicamente viable.
El modelo financiero de la TFFF es ambicioso. Los 25 mil millones iniciales servirían de garantía para captar otros 100 mil millones de inversores privados. En total, los 125 mil millones serían colocados en los mercados financieros, con un rendimiento esperado del 7.5 u 8 por ciento, mientras los préstamos se remunerarían al 5 por ciento. La diferencia permitiría generar unos 3 mil millones de dólares anuales, destinados a recompensar con cuatro dólares por hectárea a los países que mantengan su deforestación por debajo del 0.5 por ciento anual.
Los defensores del plan lo consideran una alternativa pragmática a los créditos de carbono, un sistema cada vez más criticado por su opacidad y falta de control. A diferencia de los mercados de compensación de emisiones, el TFFF no busca “neutralizar” la contaminación del norte, sino crear incentivos directos para preservar los bosques del sur.
Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, también existen dudas estructurales. Una de ellas tiene que ver con la calificación crediticia necesaria para operar en los mercados internacionales, lo que podría limitar el acceso de los países con mayor vulnerabilidad económica.
Otra interrogante apunta al uso final del dinero. Los estados beneficiarios no están obligados a invertir los fondos en políticas ambientales, lo que abre la puerta a su utilización para tapar déficits fiscales o financiar proyectos extractivos. Sin embargo, el fondo sí prevé que al menos el 20 por ciento de los beneficios se destine a pueblos indígenas y comunidades locales, considerados los guardianes naturales de los bosques tropicales. Para las organizaciones indígenas, esto representa un avance histórico, aunque reclaman mayor participación en la gobernanza del fondo y mecanismos claros de distribución.
Más allá de los desafíos técnicos y financieros, la TFFF reabre un debate filosófico: ¿se le debe poner precio a la naturaleza? Algunas organizaciones no gubernamentales critican la iniciativa por “mercantilizar los servicios ecosistémicos” y la consideran parte del capitalismo verde, un sistema que promete salvar el planeta usando los mismos mecanismos financieros que contribuyeron a su degradación. Otras voces, sin embargo, sostienen que sin incentivos económicos reales, la conservación seguirá siendo una promesa vacía frente a la presión del mercado global de materias primas.
Aun así, la propuesta simboliza algo mayor. Por primera vez, varios países del Sur Global intentan liderar una respuesta colectiva al cambio climático, basada en la cooperación entre naciones tropicales y no en la dependencia de las potencias del Norte. Si logra superar su fragilidad económica y política, la TFFF podría marcar el inicio de una nueva etapa: la de un ambientalismo con incentivos reales, donde conservar un bosque sea tan rentable como destruirlo. Pero si fracasa, quedará como otro recordatorio de que, sin reformas estructurales ni control democrático, la llamada “economía verde” corre el riesgo de repetir los errores del capitalismo que prometía reemplazar.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La muerte de 132 personas durante una operación policial en Río de Janeiro ha abierto un profundo debate en Brasil sobre el uso de la fuerza estatal, el racismo estructural y la ineficacia del modelo de seguridad pública que el país arrastra desde hace décadas.
El operativo, considerado la redada más letal en la historia moderna de Brasil, fue lanzado el martes por la policía estatal de Río, con el objetivo de desarticular al Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del país. Según la Defensoría Pública, la cifra real de muertos –132 personas– duplica ampliamente el balance oficial del gobierno, que reconoció 58 fallecidos, incluidos cuatro policías.
La operación, que movilizó a 2 mil 500 agentes y soldados, fue planificada durante meses. La estrategia consistía en acorralar a los sospechosos hacia zonas boscosas donde unidades especiales los esperaban para emboscarlos. Allí ocurrió la mayoría de las muertes. Testimonios de vecinos describen ejecuciones sumarias, allanamientos violentos y cuerpos abandonados en las calles.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, celebró el operativo como un “éxito histórico”, destacando la incautación de 118 armas y más de una tonelada de drogas. Pero la escena de familiares alineando cuerpos frente a la sede del gobierno y gritando “¡asesinos!” convirtió la narrativa oficial en símbolo de un Estado que responde a la pobreza con balas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “horrorizado” por la magnitud de la tragedia y pidió al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, exigir explicaciones al gobierno regional. El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenó una investigación sobre la legalidad del operativo y convocó una audiencia con las fuerzas policiales.
Más allá de la coyuntura, la masacre evidencia un problema histórico: el modelo de seguridad militarizada que domina las políticas brasileñas desde la dictadura. Las incursiones en favelas –espacios donde conviven desigualdad, informalidad y ausencia estatal– suelen justificarse como “lucha contra el crimen”, pero en la práctica dejan cientos de muertos cada año, la mayoría jóvenes, negros y pobres.
La redada en la Penha y el Complejo del Alemão revive recuerdos de episodios como Jacarezinho (2021), con 29 muertos, o Carandiru (1992), cuando 111 presos fueron ejecutados por la policía. En todos los casos, el patrón se repite: operaciones masivas, altos costos humanos y escasos resultados estructurales.
El Comando Vermelho, nacido en las cárceles en los años 70, creció en los márgenes de la desigualdad urbana y hoy controla parte del tráfico de drogas y armas en todo el país. Su expansión, según analistas, demuestra que las estrategias represivas no han debilitado al crimen organizado, sino que lo han fragmentado y multiplicado.
El gobierno de Lula enfrenta ahora una doble presión: combatir la violencia sin reproducir los abusos policiales. Aunque el presidente ha insistido en la necesidad de “una política de seguridad con derechos humanos”, la falta de coordinación entre los niveles federal y estatal –y la resistencia de las fuerzas policiales– limita cualquier intento de reforma.
Las consecuencias políticas también son inmediatas. A menos de dos años de las elecciones nacionales, la seguridad se perfila como uno de los temas centrales del debate público. Según una encuesta del instituto Paraná Pesquisas, la mitad de los brasileños percibe un deterioro en la seguridad durante el actual gobierno.
Para muchos analistas, lo ocurrido en Río no fue solo una redada fallida, sino la expresión más cruda de una guerra social no declarada, donde el Estado combate a los síntomas –las bandas criminales– sin atender las causas estructurales: la desigualdad, la exclusión y la impunidad policial.
Mientras el país asimila la magnitud de la tragedia, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y reconocimiento, en medio de un clima de miedo y silencio que, una vez más, retrata a Brasil como una nación atrapada entre el crimen y la represión.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez quedó libre de dos condenas por fraude procesal y soborno de testigos, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá anulara las sentencias que lo habían llevado a cumplir 12 años de arresto domiciliario.
Uribe, de 73 años, se había convertido en agosto en el primer exmandatario de Colombia condenado penalmente tras un juicio en el que una jueza le impuso la pena máxima.
El caso estaba relacionado con acusaciones de que el exmandatario habría ordenado a su abogado, Diego Cadena, sobornar a paramilitares presos para desacreditar testimonios que lo vinculaban con grupos armados ilegales. Uribe siempre ha negado los cargos y sostiene su inocencia.
El tribunal consideró que el testimonio del excomandante paramilitar Luis Carlos Vélez, pieza clave del caso, carecía de credibilidad. Además, determinó que parte de las interceptaciones telefónicas utilizadas en la investigación fueron obtenidas de manera ilegal, lo que llevó a la anulación de las condenas en un fallo de más de 700 páginas.
La decisión aún puede ser apelada por las personas reconocidas como víctimas dentro del proceso judicial.
El actual presidente y primer mandatario de izquierda del país, Gustavo Petro, criticó el fallo, afirmando que este tipo de decisiones contribuyen a “encubrir la historia del paramilitarismo en Colombia, la historia de políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico”.
Petro agregó que el presidente estadunidense Donald Trump, aliado de Uribe, pero con quien ha mantenido una tensa disputa pública en distintos temas, buscará ahora “imponer sanciones” contra él. De hecho, la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, que era una de las más sólidas de la región, vive su peor momento tras los anuncios de Washington de querer suspender toda su ayuda financiera al país sudamericano. Por su lado, Petro llamó a consultas a su embajador, Daniel García-Peña.
Uribe sigue siendo una figura muy querida en los sectores de derecha por las campañas que lideró contra la ya desmovilizada guerrilla de las FARC, aunque las denuncias por violaciones de derechos humanos han afectado su popularidad en algunos sectores.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas que se habían alzado en armas contra el Estado. Con el tiempo, muchas de estas organizaciones financiaron sus operaciones con el narcotráfico, dando origen a una sangrienta disputa por rutas y recursos que aún persiste.
Tras las acusaciones del senador de izquierda Iván Cepeda, quien señaló a Uribe por tener vínculos con grupos paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos, el exmandatario fue acusado de contactar a excombatientes encarcelados para que mintieran a su favor.
Aunque Uribe niegue los señalamientos, fue declarado culpable de dos cargos: manipulación de testigos y fraude procesal. Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó el martes que no había pruebas suficientes para sostener la condena, que las interceptaciones telefónicas utilizadas en el proceso fueron ilegales y que la jueza que presidió el juicio cometió errores de metodología.
El senador Cepeda, considerado un posible candidato presidencial para las elecciones del próximo año, anunció que presentará un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Uribe también enfrenta otras investigaciones judiciales. Ha declarado ante la Fiscalía en una indagación preliminar sobre una masacre paramilitar ocurrida en 1997, cuando era gobernador del Departamento de Antioquia.
Además, fue presentada una denuncia en su contra en Argentina, donde el principio de jurisdicción universal permite procesar delitos graves cometidos en cualquier lugar del mundo. Esa denuncia se refiere a la presunta responsabilidad de Uribe en más de seis mil ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles cometidas por el Ejército durante su presidencia.
Uribe insiste en que los procesos en su contra son producto de una “venganza política” bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia de Colombia.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado domingo los bolivianos fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. Y al contrario de las últimas encuestas de opinión publicadas, Rodrigo Paz ganó cómodamente el escrutinio, con poco más del 54 por ciento de los votos, frente a su rival el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Cuando comenzó la campaña electoral a principios de agosto, el senador ni siquiera fue invitado a los primeros debates televisivos. En el primer debate, se llamó a los guardias de seguridad para retirar a un grupo de sus simpatizantes que interrumpieron la transmisión en vivo levantando un cartel con la información de contacto de Paz, para que lo invitaran al siguiente. Antes de la elección del 17 de agosto, fecha de la primera vuelta, se ubicaba cerca del último lugar entre los ocho candidatos en las encuestas. En pequeños actos de campaña en los altiplanos andinos, tenía dificultades para llenar los auditorios. Ahora es el primer conservador en ganar una elección presidencial en el país en 20 años, que asumirá como próximo jefe de Estado del país el 8 de noviembre.
Tras conocer los resultados preliminares que le dieron la victoria, Paz agradeció a los presidentes que lo felicitaron y afirmó que “Bolivia está recuperando gradualmente su presencia internacional”, después de haber perdido ese espacio “geopolítica y geoeconómicamente” en las últimas dos décadas.
El senador hereda una economía en ruinas tras 20 años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por el carismático expresidente Evo Morales (en el cargo de 2006 a 2019). La sigla tuvo su auge durante el boom de las materias primas a inicios de los años 2000, pero las exportaciones de gas natural se estancaron y su modelo económico, basado en subsidios generosos y tipo de cambio fijo, colapsó desde entonces.
Afectados por la escasez de dólares y de combustible, que los obliga a hacer filas durante días, los votantes de todo el país eligieron el domingo a Paz para sacarlos de la peor crisis económica en cuatro décadas. Paz propuso reformas importantes, pero a un ritmo más gradual que Quiroga, quien defendía un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un programa de ajuste fiscal drástico.
Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que gobernó entre 1989 y 1993, y de la española Carmen Pereira, Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela, España, donde pasó su primera infancia. Es economista y estudió relaciones internacionales, además de contar con amplia experiencia en el sector público. Su padre, uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de inspiración marxista, en la década de 1960, se exilió en España para escapar de la represión del general Hugo Bánzer, uno de los dictadores que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982. Paz Zamora regresó a Perú cuando Bánzer renunció en 1978. Años después, en una irónica vuelta del destino, hizo un pacto político con el hombre que lo había encarcelado y exiliado. Cuando Paz Zamora se postuló a la presidencia en 1989, una votación reñida llevó la decisión al Congreso de Bolivia, y el socialista selló un acuerdo con el dictador convertido en político conservador para asegurar su victoria. Su mandato trajo disciplina fiscal estricta y reformas de libre mercado para controlar la inflación, lo que entusiasmó a los inversionistas, pero decepcionó a sus antiguos seguidores de izquierda, que vieron aumentar la desigualdad y persistir el desempleo.
Paz inició su carrera política en el partido de izquierda de su padre, pero más tarde, al igual que él, se transformó en un conservador comprometido con reformas pragmáticas y favorables a los empresarios. Comenzó como diputado en la Cámara baja antes de convertirse en alcalde de Tarija, en el sur del país, entre 2015 y 2020. Desde entonces, ejercía como senador. Tarija no respaldó a su ilustre exalcalde: tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el partido de Paz perdió en la región, aunque ganó en seis de los nueve departamentos del país, incluyendo en los dos antiguos bastiones del MAS, La Paz y Cochabamba.
Uno de los principales desafíos de Paz al inicio de su mandato será encontrar una salida a la crisis del combustible y superar la grave escasez de dólares –resultado de los grandes subsidios gubernamentales y la reducción de las exportaciones de gas–, y al mismo tiempo controlar el aumento del costo de la vida.
Otro reto será convertirse en un líder de consenso y ganarse la confianza de una sociedad dividida. Un análisis de los resultados de la segunda vuelta del domingo ilustra las divisiones del país: el oriente, más conservador y rico, apoyó ampliamente al candidato de derecha Jorge Quiroga, mientras que el occidente, más empobrecido y con gran población indígena, respaldó a Paz. Según los analistas, estas tendencias apuntan al resurgimiento de las divisiones tradicionales entre el este y el oeste, así como entre las áreas urbanas y rurales.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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A solo seis meses de las próximas elecciones, Perú se encuentra sumido en su enésima crisis política. En cuestión de horas, los congresistas destituyeron a una de las presidentas más impopulares del mundo, Dina Boluarte, y nombraron a su séptimo líder en nueve años. Boluarte fue destituida en un rápido juicio político tras el ataque a tiros perpetrado contra un grupo de músicos de cumbia que actuaban en un escenario de Lima. Este drama fue considerado como la gota que colmó el vaso tras una serie de ataques contra artistas y empresarios por parte de bandas de extorsionadores.
A diferencia de la destitución de su predecesor de izquierda, Pedro Castillo, en diciembre de 2022, la destitución de la sumamente impopular Boluarte no provocó protestas. En efecto, ella dejó el cargo con un índice de desaprobación del 96 por ciento, según la empresa de sondeos Ipsos, solo superado por el del Congreso, con un 89 por ciento.
Su destitución se produce tras meses de protestas de empresas de autobuses, comerciantes y, más recientemente, estudiantes, por los chantajes de las bandas criminales y los ataques a quienes se niegan a pagar la cuota de protección. El nombramiento del presidente del Congreso, José Jeri, como presidente interino no logró apaciguar la ira en Lima contra una clase política considerada ineficaz y corrupta. La extorsión y los asesinatos por encargo han sido una constante en la vida cotidiana de este país sudamericano. Bandas como Los Pulpos y el Tren de Aragua de Venezuela, que opera en toda América Latina, secuestran a personas de todos los ámbitos sociales para pedir rescate. En Perú, los casos denunciados de extorsión se dispararon de 2 mil 396 en 2023 a 15 mil 336 en 2024, lo que supone un aumento del 540 por ciento. Al menos 47 conductores de autobús han sido asesinados este año en ataques atribuidos a bandas de extorsionadores.
En marzo, el Congreso destituyó al ministro del Interior después de que el cantante de cumbia Paul Flores fuera asesinado a tiros por sicarios al salir de un concierto en Lima. Con cada nuevo ataque, los partidos que habían apoyado a Boluarte en el Congreso se volvieron más críticos con su gobierno. Lima lleva meses convulsionada por las protestas y huelgas contra la violencia, a las que se han sumado en los últimos fines de semana los miembros de un colectivo juvenil de la Generación Z. Al menos 74 personas han resultado heridas en las protestas. Jeri, el presidente interino, ha intentado calmar los ánimos prometiendo “declarar la guerra” al crimen organizado. Sin embargo, está prevista una nueva jornada de manifestaciones para la próxima semana. Jeri ha prometido liderar un gobierno de transición hasta las elecciones del 12 de abril de 2026. Pero dada la volatilidad de la política peruana, es posible que los votantes puedan considerar que la espera es demasiado larga.
Para quienes observan toda la región, eso es algo difícil de asimilar. Todos nos enfocamos en los presidentes y sus acciones. Por lo general, se considera que los congresos son meros sellos de goma del presidente o una fuerza moderadora o de control del poder ejecutivo. Es raro ver una legislatura que sea mucho más poderosa que el ejecutivo, capaz de anularlo o destituirlo a su antojo, y que además socave al poder judicial y a las instituciones reguladoras. En el mejor de los casos, esto ha dejado a Perú sin rumbo en materia de políticas. En el peor de los casos, Perú está en camino de convertirse en un régimen político con un presidente impopular que preside un Congreso que gobierna a su antojo y casi sin ningún control sobre su propio poder.
A medida que Perú se acerca a las elecciones de 2026, surge una seria pregunta sobre por qué alguien quisiera ser presidente. ¿Por qué presidir un país durante unos años (o meses) en el que realmente no se controla la agenda y en el que es probable que se termine en la cárcel cuando termine el mandato? Los analistas deberían empezar a preguntarse si el sistema que se está construyendo en Perú es uno que se define mejor por no centrarse en la presidencia y requiere un marco diferente al de sus vecinos para entenderlo. Perú podría convertirse en la primera oligarquía parlamentaria de América Latina, un caso atípico en una región caracterizada por el poder ejecutivo y la extralimitación presidencial.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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El presidente francés Emmanuel Macron se enfrenta a otro gran dolor de cabeza político tras la sorprendente renuncia de su primer ministro, Sebastien Lecornu, tras sólo 27 días en el cargo. El exministro de Defensa y aliado de tiempo atrás renunció el lunes antes incluso de haber presentado los planes de su incipiente Gobierno, alegando que no podía liderar el Gobierno minoritario de centro-derecha después de que las conversaciones con los partidos rivales indicaran que éstos no estaban dispuestos a ceder en sus respectivas demandas presupuestarias y políticas.
La crisis en la que se encuentra Francia es en gran medida culpa de Emmanuel Macron, ya que el presidente disolvió el Parlamento el año pasado con el fin de aportar “claridad”, según sus dichos, a la dividida Asamblea Nacional francesa. Las elecciones que siguieron no aportaron nada de eso, ya que se tradujeron en una división del congreso en tres bloques, lo que condujo a una lucha de poder y a un estancamiento político que ha continuado hasta ahora. ¿ Macron, reacio a ceder el liderazgo del gobierno a cualquiera de las partes, nombró en su lugar a leales para dirigir gobiernos minoritarios, pero éstos se han mostrado vulnerables a las mociones de censura de los partidos rivales.
El efímero gobierno de Lecornu fue el tercero en fracasar tras las desafortunadas administraciones de Michel Barnier y François Bayrou. Lo que tienen en común es que todos ellos han tenido dificultades para llegar a acuerdos con otros partidos sobre el presupuesto, y en particular sobre los recortes de gastos y los aumentos de impuestos que se consideran necesarios para frenar el déficit presupuestario de Francia, que en 2024 alcanzará el 5.8 pofr ciento de su Producto Interno Bruto.
En un giro inesperado el lunes por la noche, Macron concedió a Lecornu otras 48 horas para mantener “conversaciones finales” con los partidos rivales e intentar salir del punto muerto. Lecornu escribió en X que informará al presidente el miércoles por la noche sobre cualquier posible avance “para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias”. Macron se enfrenta ahora a la poco envidiable tarea de decidir qué hacer a continuación, sin ninguna opción que resulte atractiva para el asediado presidente, que ha repetido en varias ocasiones que no dimitirá, una medida que provocaría unas nuevas elecciones presidenciales, previstas actualmente hasta 2027.
Podría elegir a otro primer ministro –el sexto de Francia en menos de dos años–, pero elegir a alguien que no pertenezca a su propio grupo político sería una perspectiva incómoda y poco edificante para Macron, que en el último año ha elegido repetidamente a personas leales para dirigir el gobierno. O bien, puede disolver el Parlamento y celebrar nuevas elecciones parlamentarias.
Esa opción tampoco resulta atractiva, ya que el partido de extrema derecha Encuentro Nacional, de Marine Le Pen, lidera actualmente las encuestas electorales, con alrededor del 32 por ciento de los votos, frente al 25 por ciento de los partidos de izquierda. Según los analistas, es poco probable que Macron decida dimitir, aunque el día de ayer, su ex primer ministro, Edouard Philippe, pidió públicamente que lo haga, en aras de darle una salida política al país.
Por su lado, otro ex premier de Macron, Gabriel Attal declaró en los medios que ya no entendía la lógica política del Presidente de Francia, dejando en evidencia el aislamiento político creciente del jefe de Estado francés. Mientras continúa el estancamiento político en París, el presupuesto para 2026 sigue en el limbo, y los economistas afirman que cada vez es más probable que el presupuesto de este año se traslade al próximo como medida provisional, al tiempo que las tasas de interés de la deuda pública francesa continúan aumentando, agravando a su vez el déficit público, y las difíciles decisiones económicas que deberán ser tomadas por el próximo gobierno, del signo político que sea.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la semana pasada, se llevó a cabo un acto inusitado: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tuvo un encuentro con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y que durante su plática de 39 segundos había existido una buena “química” entre los dos dirigentes. Por su relevancia política, está claro que no se trató de un encuentro casual en el acceso al púlpito de la ONU, sino de una maniobra muy bien articulada por ambos equipos. Conforme los días pasan, la prensa brasileña ha comenzado a revelar la lista de actores que influyeron para que este encuentro se llevara a cabo: además de los diplomáticos del Itamaraty, políticos de peso como el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y empresarios como Joesley Batista, dueño del emporio industrial J-F, enviaron señales a la administración norteamericana. De hecho, el propio Batista tuvo una reunión a puerta cerrada con el presidente Trump hace algunas semanas para tratar este asunto.
Si se concretiza, la reunión entre Donald Trump y Lula puede dar lugar a un giro vertiginoso no sólo en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, sino también en la propia política interna brasileña. Trump se extralimitó al defender a Jair Bolsonaro y obtuvo el efecto contrario. Si la reunión con Lula es mínimamente satisfactoria, puede significar (o ser asimilada como) el abandono por parte del presidente de Estados Unidos de su colega expresidente de extrema derecha.
Al igual que el rápido encuentro en la ONU, la reunión formal se está detallando milimétricamente para excluir lo irreconciliable y centrarse en los intereses comunes. La gran apuesta de Lula son las “tierras raras”, que tienen mucho más valor para Trump que un expresidente inelegible y condenado. Puede ser que Trump solo esté fingiendo, pero la “química” y el giro hacia Lula tienen el potencial de ser la puntilla en los intentos tan desesperados como inútiles de la familia Bolsonaro de utilizar la mayor potencia mundial para intentar, primero, impedir la condena y, ahora, evitar el encarcelamiento del expresidente.
Estados Unidos aplicó un arancel del 50 por ciento a los productos brasileños y la ley Magnitsky (que impide que cualquier persona pueda usar servicios financieros en dólar) contra el juez de la Suprema Corte que juzgó a Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes y su esposa. También suspendió visados a jueces y autoridades, todo con la intención de evitar que Bolsonaro fuera condenado. Sin embargo, el debido proceso legal se desarrolló sin desviaciones y Lula fue quien salió ganando. Si Trump realmente se acerca a él, ¿se quemará las pestañas por Bolsonaro? El clan familiar viene de derrota en derrota y la próxima está en camino: la destitución del hijo de Jair, Eduardo Bolsonaro, por el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados. El Presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, abrió este proceso al suspender el absurdo de convertirlo en líder de la minoría, como lo querían algunos aliados de Bolsonaro, teniendo en cuenta que Eduardo Bolsonaro vive desde febrero de este año en Estados Unidos, justamente para hacer lobby en contra de los intereses de su país.
Por otro lado, esta nueva situación política permite a Lula recuperar energía electoral, de cara a la elección presidencial que se avecina el próximo año. Si bien durante el primer semestre del año su gobierno tenía problemas de comunicación y de falta de iniciativas políticas, la ofensiva de Donald Trump le permitió construir un discurso de defensa de la soberanía, una temática que había sido cooptada por la extrema derecha brasileña desde hace varios años. Más recientemente, hace una semana, las calles de las grandes ciudades de Brasil fueron objeto de movilizaciones por parte de la sociedad civil organizada, así como del sector cultural representado por las leyendas de la música brasileña Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso, para protestar contra las tentativas de los partidos de derecha de votar una amnistía para Bolsonaro. De manera que, si las cosas avanzan como esperado, y existe un acuerdo mínimo entre Lula y Trump, las posibilidades de Lula para la próxima elección presidencial tienden a aumentar.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

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