En memoria de Oscar Estrada, mi padre, en el quinto aniversario de su fallecimiento.

Bolivia se prepara para vivir una segunda vuelta presidencial sin precedentes entre Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, en un clima de recomposición política marcado por el colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. El partido que dominaba la política boliviana desde 2005 y que fue el alma y el motor de la “revolución democrática y cultural” –con resultados históricos del 64 por ciento en las elecciones de 2009, 61 por ciento en 2014 y 55 por ciento en 2020– no solo ha quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones, sino que prácticamente ha desaparecido de la vida parlamentaria, quedando así excluido de la política institucional. A pesar de la sorpresa de los resultados, el mapa electoral mantuvo su división histórica entre el este y el oeste. En el oeste andino, Paz se impuso, mientras que en el este lo hizo Quiroga. Si el primero sale vencedor de la segunda vuelta, la burguesía de Santa Cruz, que apoyó a Quiroga y, en menor medida, a Samuel Doria Medina –que quedó en tercer lugar a nivel nacional–, habrá demostrado una vez más sus dificultades para proyectar su hegemonía a escala nacional.
El 19 de octubre, el país se pronunciará en una segunda vuelta entre un candidato de “centro-derecha popular” –o que aspira a serlo–, Rodrigo Paz Pereira (con el 32 por ciento de los votos válidos), y otro de la derecha neoliberal radical, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (26.7 por ciento). Rodrigo Paz es un político pragmático, que hoy intenta adaptarse al contexto regional (que gira hacia la derecha). Actualmente se alinea con la derecha regional, reflejando así su oposición interna al MAS, al tiempo que necesita de esos votos para ganar la segunda vuelta.
Quiroga ha anunciado que, en caso de victoria, lideraría “la mayor revolución liberal de la historia para transformar la mentalidad de Bolivia” y que no solo utilizaría la “motosierra” al estilo de Milei, sino también “machetes y tijeras”. En 2005, Quiroga perdió las elecciones frente a Evo Morales, quien con el 54 por ciento de los votos inició su largo reinado político. Militante de la derecha dura, desempeñó un papel central en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, como uno de los artífices de la estrategia que llevó al poder a Jeanine Áñez. Indicó que, en caso de victoria, rompería los lazos con Venezuela, Cuba e Irán, sin descartar de antemano la participación de Bolivia en el grupo BRICS, debido a las relaciones comerciales con India y China.
Con un estilo anclado en los años noventa, declaró que mantendría una “posición agresiva” para buscar acuerdos de libre comercio con varios países, entre ellos Estados Unidos. Anticomunista a la antigua usanza, se muestra menos entusiasta con las guerras culturales libradas por las nuevas derechas, aunque elogia al argentino Javier Milei y al chileno José Antonio Kast. También ha sido entrevistado con entusiasmo por figuras como Agustín Laje, influyente en la “batalla cultural” en Argentina y representante del ala más reaccionaria del gobierno de Milei.
La izquierda boliviana vuelve así a la situación anterior a 2005. El MAS era un partido de movimientos, lo que constituía una fortaleza, pero también una debilidad, ya que carecía de estructura orgánica y dependía de Evo Morales para mantenerse unido. Hoy en día, ese liderazgo ya no existe como en el pasado. Con la implosión del MAS, se cierra un ciclo político e ideológico que se inició con las guerras del agua y del gas de 2000 y 2003. Al igual que en los siglos XIX y XX, aunque se perciba como un país aislado en los Andes y los llanos orientales, Bolivia siempre ha sido muy permeable a las tendencias ideológicas regionales, desde el liberalismo del siglo XIX hasta el populismo de izquierda del siglo XXI, pasando por el nacionalismo revolucionario de los años cincuenta y las dictaduras militares de los años setenta. La segunda vuelta determinará la forma en que el país se adaptará al nuevo clima político regional, heterogéneo pero orientado hacia la derecha, incluso en los países donde el progresismo sigue (por ahora) gobernando.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Tras la derrota de su partido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre por 13 puntos porcentuales frente a sus rivales peronistas, el agresivo presidente anarco-libertario parece haber entendido que la autocrítica es un mal necesario. Sin embargo, este gesto de apertura no se tradujo en buenas noticias para la alicaída economía argentina. Los inversionistas empezaron a vender los bonos argentinos y sus activos en pesos, lo que provocó una caída del 7 por ciento de la Bolsa, antes de que se recupere ligeramente.
Esto puede parecer demasiado dramático para unas elecciones intermedias en una legislatura subnacional. Sin embargo, muchos consideran que los resultados en la provincia de Buenos Aires, que abarca casi el 40 por ciento del electorado argentino, son un presagio de lo que puede ocurrir en las elecciones intermedias nacionales del 26 de octubre. Se esperaba que el partido de Milei ganara con una fuerte presencia, revitalizando su agresiva agenda de recortes de gastos y liberalización, que ha reducido drásticamente la inflación. Ahora, tanto los inversionistas como los argentinos se preguntan si esta derrota es el principio del fin para Milei y sus reformas, o si podrá recuperarse.
Probablemente, la principal razón de los malos resultados fue la supuesta corrupción. Milei ganó en 2023 atacando a la casta, la élite política, por corrupta. Sin embargo, días antes de las elecciones provinciales se filtraron unos mensajes de audio en los que el director de la agencia argentina para personas con discapacidad parecía hablar ¿ de sobornos de una empresa farmacéutica. Karina Milei, hermana del presidente y jefa de su gabinete, aparece como destinataria del 3 por ciento de una suma destinada a la compra de medicamentos. El presidente negó que hubiera habido ninguna irregularidad, pero su gobierno no abordó directamente las acusaciones, sino que culpó a una conspiración peronista.
Los errores de campaña agravaron la situación. Demasiado confiado, Milei sugirió abiertamente que las elecciones provinciales de mitad de mandato en un bastión peronista se considerarán un referéndum sobre su gobierno. Peor aún, Karina Milei, que vendía pasteles antes del ascenso de su hermano, dirigió la estrategia de campaña del gobierno y mostró poco interés en construir una amplia coalición (consiguió un acuerdo con el partido de centro-derecha PRO, pero luego lo dejó de lado). La participación fue baja. Gran parte de los votantes centristas que apoyaron a Milei en su victoria presidencial se quedaron en casa.
Lo más preocupante para el proyecto de Milei es la posibilidad de que haya perdido porque los votantes están cansados de la austeridad. Es posible que consideren que su éxito en la reducción de la inflación, que ha pasado del 12 por ciento mensual antes de asumir el cargo a alrededor del 2 por ciento actual, ya no compensa las dificultades causadas por los recortes y una economía turbulenta en la que el crecimiento se está debilitando. Esto es un mal presagio, ya que la rectitud fiscal es el corazón del plan de Milei y sustenta la confianza de los inversionistas en su liderazgo.
La cuestión más delicada para octubre es la economía. En ese frente, la derrota en Buenos Aires crea nuevos riesgos. El peso ha estado flotando parcialmente dentro de unos márgenes desde abril. Por temor a que una depreciación impulsara la inflación, el gobierno ha tratado de apuntalar la moneda. De todos modos, ésta se ha debilitado sin que ello haya tenido un gran impacto en la inflación. Dado que estaba sobrevalorada, fue una buena noticia.
Sin embargo, los cambios drásticos sí pueden provocar un aumento de la inflación. La depreciación posterior a las elecciones deja al peso cerca del límite superior de la banda. Una pesadilla para el gobierno antes de las elecciones de octubre sería una presión sostenida sobre el peso para que rebase el límite superior. Una defensa prolongada del mismo agotaría tanto las arcas del Tesoro como las preciadas reservas de divisas del banco central. Defenderlo con tazas de interés extremadamente altas, como ha estado haciendo el gobierno, perjudica gravemente a la economía. Sin embargo, dejar que el peso rebase el límite superior conlleva el riesgo de que la inflación se dispare, lo que alarmaría a los votantes. Frente a ello, la apuesta gubernamental es que la baja inflación, esta vez con una campaña más inteligente y menos escándalos, ganará las elecciones incluso con una economía en recesión. Veremos, pero este escenario es cada vez más hipotético.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Esta semana se hará historia en Brasil. En efecto, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de ese país darán punto final al juicio del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Se le acusa de planear permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022, lo que culminó en la irrupción de sus seguidores en edificios gubernamentales de la capital, Brasilia, donde causaron destrozos.
Bolsonaro siempre ha negado haber cometido algún delito y ha afirmado que los cargos tenían motivaciones políticas. Su causa ha sido defendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha calificado el juicio de “caza de brujas” y lo ha utilizado como justificación para imponer aranceles del 50 por ciento a algunos productos brasileños y sancionar al juez de la Corte Suprema que dirige el proceso, Alexandre de Moraes.
Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentarse a más de 40 años de prisión. Él y otros siete acusados que trabajaron estrechamente con él en el gobierno se enfrentan a cinco cargos, todos ellos relacionados con el intento de golpe de Estado. Bolsonaro ha sido acusado de liderar una organización criminal armada, intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático, intento de golpe de Estado, daños a la propiedad federal y deterioro del patrimonio catalogado. Las acusaciones se remontan a antes de que sus seguidores irrumpieran en los edificios del Gobierno el 8 de enero de 2023. Tras una exhaustiva investigación, la policía alegó ya en 2019 que él y otros funcionarios habían estado planeando actos para abolir el estado de derecho democrático y mantenerlo en el poder. La policía afirma que él tenía “pleno conocimiento” de un plan para asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva, que en ese momento era el presidente electo, junto con el compañero de fórmula de Lula y el juez Alexandre de Moraes.
Los investigadores citaron un diálogo captado entre los presuntos conspiradores y reuniones en la residencia presidencial que, según ellos, respaldan los cargos. Jair Bolsonaro también está acusado de convocar una reunión con los altos mandos de las fuerzas armadas en diciembre de 2022, en la que supuestamente les presentó un plan de golpe de Estado y les pidió que se unieran a él. Los comandantes del ejército y la fuerza aérea se negaron, pero el comandante de la marina, Almir Garnier Santos, coacusado en el juicio, expresó su apoyo, según la policía. El comandante ha negado las acusaciones. Bolsonaro y sus aliados, entre ellos su exministro de Defensa, Walter Braga Netto, también están acusados de animar a los aliados de Bolsonaro a atacar a los comandantes de las fuerzas armadas en las redes sociales por no unirse al plan golpista. Braga Netto ha negado haber cometido ningún delito. Después de que Bolsonaro perdiera por un estrecho margen las elecciones de 2022 frente a Lula, sus seguidores organizaron protestas y bloqueos de carreteras en todo el país. En los meses previos a las elecciones, había sembrado dudas sin pruebas sobre el proceso electoral y, tras los resultados, no reconoció su derrota.
El 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, multitudes entre sus seguidores, vestidos con camisetas amarillas de la selección brasileña de futbol, marcharon por Brasilia. Irrumpieron y destrozaron el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el Palacio Presidencial. Entre otros actos vandálicos, destrozaron estatuas, rompieron cristales y prendieron fuego a la silla del presidente de la Suprema Corte. Esto provocó enfrentamientos con la policía. Bolsonaro se distanció de los disturbios en ese momento y criticó los métodos en las redes sociales, pero siguió afirmando que las elecciones habían sido robadas.
Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, tiene prohibido viajar y lleva una tobillera electrónica, después de que las autoridades expresaran su preocupación por que pudiera intentar huir del país o solicitar asilo político en una embajada. También perdió sus derechos políticos, lo cual le impide ser candidato a la presidencia de la República en 2026. Esta semana, Brasil tiene una cita con la historia.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

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En Argentina, el tiempo parece haberse detenido para su Presidente, Javier Milei. En efecto, este último se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción a raíz de la publicación de una serie de grabaciones de audio que parecen implicarlo a él y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un caso de malversación de fondos. En las grabaciones, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Argentina, Diego Spagnuolo, habla de supuestos sobornos pagados por una empresa farmacéutica a miembros de la administración del presidente (Spagnuolo fue abogado del presidente Milei). Se sospecha que Karina Milei, apodada “La Jefa” por su hermano, haya desviado el 3 por ciento de una suma pagada por la Andis para comprar medicamentos a un grupo sanitario privado. El presidente Milei ha negado cualquier irregularidad.
Sin embargo, las revelaciones de la prensa han llevado a la fiscalía a abrir una investigación sobre las acusaciones. La prensa argentina publicó el 20 de agosto una serie de grabaciones de audio en las que se escucha una voz que se cree es la de Spagnuolo implicando a Eduardo Lule Menem, subsecretario de Karina Milei en su función de secretario general de la p
Presidencia. Se cree que Menem es la pieza clave del caso de corrupción. También es primo del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En las grabaciones, se menciona a Karina Milei como la posible destinataria del 3 por ciento de la suma que el Estado gastó en la compra de medicamentos para personas que padecen diversas enfermedades crónicas a Suizo Argentina, una empresa privada.
La voz de las grabaciones afirma que el presidente sabía que su personal y su hermana pedían sobornos. “Él no está involucrado, pero todos sus colaboradores cercanos sí. Piden dinero a la gente (…) y a los proveedores de servicios”, dice. La voz grabada le dice al presidente:”Javi, tú sabes que roban. Sabes que tu hermana roba, no te hagas el tonto”. El mismo día en que se publicaron las grabaciones, se presentó una denuncia contra el presidente Milei, Karina Milei, Eduardo Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, propietario de Suizo Argentina.
El abogado que presentó la denuncia, Gregorio Dalbón, es uno de los antiguos representantes legales de la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en el poder entre 2007 y 2015 y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenada por corrupción. La Fiscalía ordenó al menos 15 registros en relación con la investigación. El 22 de agosto, se incautaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos argentinos (alrededor de 5000 dólares) al empresario Emmanuel Kovalivker, codirector, junto con su padre Eduardo, de Suizo Argentina. Los investigadores también incautaron los teléfonos móviles de Spagnuolo y los Kovalivker para comparar las grabaciones de audio filtradas con otras conversaciones. Varias horas después de que estallara el escándalo, Spagnuolo fue destituido de su cargo como uno de los abogados del presidente como medida “preventiva”. La presidencia argentina también sometió a Andis a su jurisdicción durante 180 días. Por su lado, Eduardo y Martín Menem negaron el lunes las acusaciones en su contra, afirmando que se trataba de una maniobra política previa a las cruciales elecciones legislativas que se celebrarán en Argentina en octubre. La empresa Suizo Argentina negó cualquier irregularidad en sus actividades en un comunicado compartido por el presidente Milei en las redes sociales.
No es la primera vez que el presidente Milei se ve envuelto en un escándalo de corrupción. En febrero de 2025, el presidente promocionó la criptomoneda $LIBRA en la red social X. Tras el respaldo de Milei, la moneda se disparó, pero luego se desplomó un 90 por ciento en dos horas. Sin embargo, queda claro que algo se ha roto en la imagen pública del presidente anarcocapitalista, que hizo de su dichos contra la “casta política” el baluarte de su discurso. En este sentido, estas revelaciones se producen en un momento particularmente complejo para Milei, que está a punto de enfrentarse a su primera prueba electoral desde que fue elegido presidente en 2023: el 26 de octubre se celebrarán elecciones intermedias para elegir aproximadamente la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los escaños del Senado. Veremos hasta qué punto este escándalo tendrá un impacto en su imagen.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Tras la muerte del senador Miguel Uribe, poco más de dos meses después del atentado en su contra, Colombia ha vuelto a estar en el centro de la agenda mediática internacional por una serie de actos de violencia. Esta vez, se trató de dos atentados realizados por el Estado Mayor Conjunto (EMC), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en contra de fuerzas castrenses en Cali y de la policía en la ciudad de Amalfi (en la provincia de Antioquia), provocando la muerte de al menos 19 personas, y decenas de heridos. Esta noticia marca el regreso al peor período de violencia política en Colombia, desde finales de los años 1980 (no obstante, es importante señalar que el asesinato de líderes sociales y sindicales nunca ha cesado).
Estas imágenes dejaron un profundo impacto en la sociedad, al tiempo que podrían determinar el curso de las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en mayo del próximo año. Según las últimas encuestas de opinión, la temática de la violencia ha vuelto a encabezar el índice de preocupaciones de los electores, por encima de otras temáticas como la economía o el empleo. Infelizmente, estos datos tienen una explicación histórica: Colombia tiene el mayor registro de este tipo de crímenes políticos en América Latina. Desde la época llamada “La Violencia” a mediados del siglo XX hasta la ola de asesinatos de líderes de izquierda y candidatos presidenciales en los años 80, Colombia ha convivido durante décadas con el crimen político. En este sentido, el asesinato del senador y precandidato presidencial Uribe durante un mitin político a plena luz del día en Bogotá, y de los militares y policías en la provincia no constituye una novedad.
El propio Uribe vivió en su persona, durante su juventud, la violencia política de su país: su madre, la periodista Diana Turbay e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), fue secuestrada por narcotraficantes del Cartel de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar y asesinada en 1991 durante una operación de rescate. Durante ese período, también fueron asesinados los aspirantes a la presidencia Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez Hurtado.
Uribe formaba parte de una generación de políticos que eran hijos de esas figuras martirizadas, como el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, y la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro. En este sentido, no fue coincidencia que Uribe anunciara su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2026 en el lugar donde fue asesinada su madre. El hecho de que su padre haya decidido ser candidato a la presidencia en su lugar tampoco lo es. Y es que antes de su muerte, Uribe lideraba la intención de voto presidencial, según una encuesta realizada en julio por el instituto demoscópico Guarumo-Econoanalítica. La principal pregunta que nos podemos hacer ahora es saber hacia qué candidato migrarán los electores que apostaban en la figura de Uribe como futuro presidente de Colombia.
A poco menos de un año de la elección presidencial, la situación política puede dar muchas vueltas. Sin embargo, todo indica que la violencia política estará en el centro del debate presidencial, lo cual podría favorecer a la oposición de derecha al gobierno del Presidente Gustavo Petro. Este último no ha logrado generar una marca gubernamental poderosa, que le permita construir un discurso consistente de cara a la próxima elección, y así consolidar su proyecto político más allá de su presidencia. La llamada “Paz total” (la voluntad de establecer acuerdos con todos los grupos armados del país en base al acuerdo de paz negociado con las FARC entre 2010 y 2016), que constituía la principal oferta política del Petrismo, dejó de ser funcional para el gobierno ante el aumento de la violencia. En este sentido, si bien la izquierda política logró aglutinarse dentro de una coalición política (Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro), esta última no dispone de un mensaje claro, a diferencia de la derecha. Que usará y abusara de la indignación popular para apuntalar a sus candidatos.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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En Bolivia los electores fueron de nueva cuenta a las urnas y, por primera vez desde hace décadas, dos candidatos de derecha competirán en la segunda vuelta por la presidencia, lo que marca el fin de casi 20 años de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS) en la escena política de ese país.
El candidato con más votos resultó ser una sorpresa: el senador de centro-derecha Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, que había comenzado la campaña con solo un 3 por ciento de apoyo en las encuestas de opinión. En segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, de 65 años, un expresidente de derecha que dirigió brevemente el país en 2001 tras la dimisión del exdictador Hugo Banzer. Con algo más del 95 por ciento de los votos escrutados en el recuento “preliminar” del tribunal electoral, Paz Pereira obtuvo el 32.1 por ciento y Quiroga el 26.8 por ciento.
Paz Pereira, senador por Tarija, agradeció efusivamente a su compañero de fórmula, el ex capitán de policía Edman Lara Montaño, quien se dio a conocer por denunciar la corrupción policial y que, según muchos analistas, fue un factor decisivo para atraer a los votantes.
El tribunal electoral subrayó que las cifras son “preliminares y no definitivas”. Esto se debe a que Bolivia utiliza dos recuentos: uno más rápido, basado en fotografías de cada papeleta enviadas a un centro de procesamiento de datos, y otro más lento y definitivo, en el que cada voto se cuenta y se examina públicamente en los colegios electorales antes de introducirlo en el sistema. El tribunal tiene hasta siete días para publicar los resultados oficiales.
Dado que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50 por ciento de los votos, ni al menos el 40 por ciento con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado, se celebrará una segunda vuelta el 19 de octubre. Al igual que en la primera vuelta, se espera que la campaña de la segunda vuelta esté dominada por la crisis económica –la peor en cuatro décadas–, con escasez de dólares y combustible y una inflación creciente, como lo comentamos en este espacio la semana pasada.
En buena medida por esta situación, Luis Arce, el tremendamente impopular presidente del MAS, decidió no presentarse a la reelección y, en su lugar, propuso a su ministro del Interior, Eduardo del Castillo, de 36 años, que obtuvo solo el 3.16 por ciento de los votos. Es una cifra insignificante en comparación con el más del 50 por ciento que había asegurado la victoria en la primera vuelta a Arce y al expresidente Evo Morales en el pasado, pero suficiente para que el partido evite perder su estatus legal, ya que el umbral está fijado en el 3 por ciento. Por su lado, el candidato de izquierda mejor situado fue el senador Andrónico Rodríguez, de 36 años, que abandonó al MAS para presentarse con una pequeña coalición. Tras haber llegado a ocupar el tercer puesto en las encuestas, finalmente quedó cuarto con algo más del 8 por ciento, detrás del magnate empresarial de centro-derecha Samuel Doria Medina, de 66 años, que había liderado las encuestas durante gran parte de la campaña. Este último quedó en tercer lugar con el 19.9 por ciento de los votos. Doria Medina reconoció su derrota y anunció que respaldaría a Paz Pereira en la segunda vuelta.
Según el recuento preliminar, el 19.4 por ciento de los votos fueron nulos, muy por encima de la media histórica de las elecciones bolivianas, que suele estar por debajo del 5 por ciento. Y es que Evo Morales, en su afán de desacreditar el proceso electoral tras haber sido legalmente impedido de participar en la elección, pasó las últimas semanas instando a sus seguidores a emitir votos nulos. Con estos resultados, Morales dio muestra de su fuerza, al demostrar tener una base política superior a los candidatos registrados de la izquierda que participaron en el proceso electoral. Sin embargo, también dejó de relieve su fragilidad política. Estos casi 20 por ciento de los votos nulos no permitirán deslegitimar el proceso electoral como un todo. De manera que, de manera inexorable, la izquierda boliviana tendrá que reinventarse en los próximos años.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El próximo domingo, los bolivianos irán a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. Y por primera vez desde la llegada al poder de Evo Morales y de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2005, lo más probable es que dos dirigentes de centro derecha y de derecha disputen la presidencia en una segunda vuelta. Se trata del empresario Samuel Doria Medina, de centro derecha, y del expresidente Jorge Tuto Quiroga, que reivindica su cercanía con el presidente argentino Javier Milei. Frente a ellos figura el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que ha roto sus vínculos con Evo Morales, su mentor político, y con el jefe de Estado Luis Arce. Si bien se sitúa por delante de otros candidatos de izquierda en las encuestas, como el exministro del Gobierno Eduardo del Castillo (MAS) y la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa (Morena), los números difícilmente auguran una posible candidatura en segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre, frente a uno de los candidatos de derecha (para evitar una segunda vuelta, un candidato debe obtener más del 40 por ciento de los votos y tener una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales).
En efecto, esta nación sudamericana de 12 millones de habitantes se encuentra sumida en una crisis marcada por una inflación que alcanza su nivel más alto en cuatro décadas, y una restricción fiscal que obliga al gobierno a elegir entre pagar la deuda o financiar las importaciones de combustible y alimentos. Los ingresos por exportaciones de gas –una importante fuente de divisas fuertes para el gobierno– han disminuido y el banco central se ha visto obligado a gastar sus preciadas reservas para defender la paridad del boliviano con el dólar. La diferencia entre los tipos de cambio paralelo y oficial se ha disparado hasta el 80 por ciento. Por su lado, la deuda externa de Bolivia ascendía a unos 13 mil 300 millones de dólares a finales de 2024, de los cuales mil 800 millones corresponden a bonos en moneda fuerte y el resto a préstamos multilaterales y bilaterales. Las reservas de divisas alcanzaron un mínimo histórico de unos 165 millones de dólares en abril. El banco norteamericano de inversiones JPMorgan calcula que las reservas líquidas del país son de sólo 100 millones de dólares. El FMI sitúa las reservas en el equivalente a dos meses de importaciones, muy por debajo del umbral mínimo de tres meses. A principios de este año, las tres principales agencias de calificación crediticia rebajaron la calificación de Bolivia a “basura”. S&P Global afirmó que las circunstancias económicas podrían afectar a la capacidad del gobierno para pagar la deuda en los próximos seis a doce meses.
Frente a este escenario económico catastrófico, la política de defensa de la identidad boliviana, que siempre estuvo en el corazón del mensaje del MAS, ya no moviliza a los electores como antes. Esto se traduce en el descenso considerable del apoyo en su base tradicional aimara y quechua, ya que las dificultades económicas y las promesas sociales incumplidas eclipsan la política identitaria. Las encuestas de opinión publicadas dan cuenta de que las prioridades de los electores se han desplazado hacia el empleo, la educación y la salud. El rechazo hacia el MAS es tan fuerte que el propio presidente Luis Arce decidió renunciar a presentarse a la reelección.
En este sentido, los candidatos de derecha afirman que el país podría salir de la crisis gracias a una serie de préstamos de más de mil millones de dólares de entidades como el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que se han obtenido, pero no se han utilizado debido a las luchas internas del gobierno. Samuel Doria Medina afirma que él podría desbloquear estos fondos si llega a la presidencia. Por otro lado, la monetización de los vastos yacimientos de litio de Bolivia también podría dar un respiro financiero a este país. Sin embargo, la hipótesis más probable en el caso de que regrese la derecha al poder en Bolivia es que este país acuda al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo. Y esto requeriría reformas dolorosas, lo que se podría traducir en más movilizaciones sociales y políticas.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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La semana pasada, el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado por soborno en un proceso penal y por fraude procesal en un caso de manipulación de testigos que se prolongaba desde hacía tiempo (más de una década).
Uribe fue acusado de intentar sobornar a un antiguo miembro de un grupo paramilitar para que se retractara de su testimonio, que vinculaba al expresidente con un grupo paramilitar de extrema derecha, pero tiene previsto apelar la sentencia, lo que significa que el caso acabará casi con toda seguridad en la Corte Suprema de ese país.
Es difícil menoscabar el impacto y la influencia de Uribe en la política colombiana del siglo XXI, lo que hace que esta sentencia tenga consecuencias considerables para el futuro de Colombia. Álvaro Uribe fue elegido presidente por primera vez en 2002 y rápidamente implementó una estrategia de seguridad de línea dura en un momento en que la crisis de seguridad interna de Colombia estaba en su peor momento y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero con décadas de antigüedad, controlaban un territorio del tamaño de Suiza dentro del país.
Con la ayuda de Estados Unidos, la campaña militar de Uribe contra las FARC y otros grupos armados las debilitó estructuralmente, lo que disparó su popularidad a niveles estratosféricos. Sin embargo, a lo largo de esa campaña militar, las fuerzas armadas colombianas, así como los paramilitares de extrema derecha alineados con ellas, cometieron importantes violaciones a los derechos humanos. En una práctica particularmente atroz conocida como el escándalo de los “falsos positivos”, los militares mataron a miles de civiles y los incriminaron como si fueran guerrilleros para obtener ascensos y beneficios.
Sin duda, las FARC también cometieron su cuota de atrocidades. Pero las revelaciones sobre los abusos cometidos por el ejército colombiano, que comenzaron a salir a la luz en los últimos años de la presidencia de Uribe, junto con su fallido intento de postularse para un tercer mandato inconstitucional en 2010, lo convirtieron en una figura más controvertida y polémica. Las investigaciones posteriores del tribunal de justicia transicional de Colombia, creado en 2018, dañaron aún más su reputación.
Aun así, Uribe siguió siendo lo suficientemente popular como para mantener su hegemonía sobre la derecha colombiana, que fue la fuerza dominante en la política nacional hasta 2022, cuando el país eligió a su primer presidente de izquierda, Gustavo Petro. Los dos sucesores inmediatos de Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, contaron con el respaldo inicial de Álvaro Uribe, aunque Santos acabó rompiendo con él al perseguir y cerrar el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Y dada la falta de popularidad de Petro, es posible que las elecciones presidenciales del año que viene den la victoria a un aliado de Uribe.
La influencia de Uribe hizo que su detención, en 2020, causara conmoción en todo el país. La sentencia de ayer, por lo tanto, provocó un movimiento similar en la opinión pública nacional, e incluso internacional. En efecto, esta decisión judicial podría aumentar las tensiones con la administración del presidente estadunidense Donald Trump, cuyo movimiento se alinea ideológicamente con el de Uribe y que ya ha tenido en la mira al gobierno de Petro este año.
Hace unos días, el secretario de Estado Marco Rubio criticó en los medios el juicio, lo que supone una nueva intervención de la administración Trump en la política interna y los sistemas judiciales de otros países, como sucedió en el caso brasileño hace unas semanas.
Según varios analistas norteamericanos asentados en Washington, esta estrategia de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina presagia un aumento de la polarización política en la región, al tiempo que puede acelerar las reconfiguraciones económicas nacionales. En efecto, el gobierno chino ha dejado en evidencia, vía publicaciones en las redes sociales, su voluntad de reemplazar a Estados Unidos como socio preferencial de los países latinoamericanos afectados por el intervencionismo norteamericano.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Bolivia se adentra en territorio desconocido a medida que se acercan las elecciones del 17 de agosto. Por primera vez en dos décadas, el expresidente Evo Morales, líder del otrora dominante Movimiento al Socialismo (MAS), no aparecerá en ninguna papeleta electoral. Mientras tanto, la población se prepara para votar con una inflación del 24 por ciento, su nivel más alto en más de tres décadas, lo que convierte la carrera presidencial en una prueba impredecible para el sistema político y sus instituciones.
Para los bolivianos, es una experiencia totalmente nueva ver que las encuestas indican que dos líderes de la oposición de derecha, muy probablemente Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, podrían pasar a la segunda vuelta el 19 de octubre. La razón, según sugieren las encuestas, es que las preocupaciones económicas superan ahora a las políticas para la mayoría de los bolivianos en medio de una crisis marcada por la escasez de dólares, la escasez de combustible y el aumento de la inflación. En el entorno altamente polarizado del país, las protestas son casi diarias y los bloqueos de carreteras en el campo están agravando la escasez.
Independientemente de quién gane, el próximo presidente tendrá que implementar reformas dolorosas. Estas incluyen reducir un déficit fiscal que ha rondado el 10 por ciento durante años, posiblemente triplicar los precios internos del combustible y negociar con prestamistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, para obtener los dólares necesarios para estabilizar la economía y el comercio exterior del país.
El presidente Luis Arce, que ha decidido no presentarse a la reelección debido a sus bajos índices de aprobación, sigue defendiendo su administración. Hace algunos días, culpó a los legisladores nacionales por no aprobar proyectos de ley clave que autorizarían la financiación externa. Según el Ministerio de Hacienda de Bolivia, el poder legislativo tiene 17 proyectos de ley en revisión que se espera generen mil 700 millones de dólares en inversiones.
A principios de siglo XXI y durante su primera década, los altos precios de las materias primas impulsaron muchas economías de América Latina, y Bolivia se convirtió en el segundo mayor beneficiario del auge, solo por detrás de Venezuela. Sin embargo, el gobierno ha mantenido costosos subsidios y ha sostenido un tipo de cambio fijo, y ahora es probable que el país tenga menos de 2000 millones de dólares en reservas. La mayor parte de esa cantidad es oro, y es posible que el banco central tenga menos de 50 millones de dólares en reservas de divisas fuertes.
Los subsidios al combustible han sido una fuente importante de gasto, que asciende a casi 3 mil millones de dólares anuales. Ahora, debido a la crisis fiscal, el gobierno importa menos, lo que provoca escasez generalizada. Se han formado largas colas en las gasolineras de todo el país, donde los conductores de camiones y automóviles a veces esperan días para llenar sus tanques. Todos los principales candidatos a la presidencia, incluso el candidato líder alineado con el MAS, Andrónico Rodríguez, coinciden en que será necesario recortar los subsidios al combustible; las únicas preguntas son cuánto, cuán rápido y cuán intensamente protestará el público. Los precios del combustible podrían triplicarse sin los subsidios. Cuando el grupo agroindustrial Anapo anunció hace un mes que había comenzado a importar combustible de Brasil, dijo que estaba pagando más del triple del precio de venta interno.
La escasez de dólares ha afectado a las importaciones en general, lo que ha agravado la inflación de los productos básicos, incluidos los medicamentos. El tipo de cambio fijo mantenido por el gobierno de Arce se ha vuelto insostenible. Por primera vez en 40 años, ha surgido un tipo de cambio del dólar en el mercado negro. Por ahora, el dólar se cotiza a unos 14 bolivianos en el mercado negro, frente a los 6.96 bolivianos que se cotiza a través de los canales oficiales.
Esta escasez se ha agravado tanto que se ha impuesto un “corralito” bancario: los depositantes no pueden retirar dólares de sus cuentas y, en su lugar, se les entrega bolivianos al tipo de cambio oficial. La devaluación ya es una realidad en las calles, y una dolorosa devaluación oficial parece inevitable. A este ritmo, todo apunta a que Bolivia entre en una zona de turbulencias en las próximas semanas.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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El pasado lunes, los presidentes de Chile, Gabriel Boric, Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, España, Pedro Sánchez, Colombia, Gustavo Petro y Uruguay, Yamandú Orsi, se reunieron en un encuentro llamado “Democracia Siempre” para discutir acerca de un posicionamiento común en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social. Este foro es el fruto de una idea elaborada hace poco más de dos años por los presidentes Lula y Sánchez, tras haber constatado la fragilidad y la falta de relevancia de los principales foros progresistas a nivel internacional.
Es por ello que el año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Nueva York, Sánchez y Lula convocaron a un número considerable de dirigentes de países, entre los cuales estaban Barbados, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, México, Noruega, Kenia, Senegal y Timor Oriental, así como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el vicesecretario General de las Naciones Unidas, Guy Rider. Durante los debates del año pasado, los participantes reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia y expresaron su profunda preocupación por el auge de grupos que promueven ataques contra el Estado de derecho y los derechos fundamentales.
También destacaron cómo el aumento de las desigualdades dentro de los países genera polarización política, apuntalando el descontento social que impulsa esta tendencia. La incapacidad de ofrecer mejoras concretas en la vida de los trabajadores y la erosión de las clases medias en muchos países han contribuido a generar un sentimiento de frustración ante los gobiernos y la política. Otros han expresado su preocupación por el hecho de que la difusión de desinformación y noticias falsas alimenta la desconfianza en las instituciones y procesos democráticos, además de dificultar la participación informada en la vida pública, lo que hace más difícil que los gobiernos atiendan las demandas de los ciudadanos mediante políticas eficaces. La manipulación de las opiniones a través del discurso de odio y el uso de ejércitos virtuales para sembrar el miedo, desacreditar a los oponentes y promover ataques contra los sistemas electorales son elementos comunes de este preocupante fenómeno, que silencia a las minorías, restringe su participación y sus libertades, y reduce el espacio democrático y la confianza en la propia democracia.
Infelizmente, todos estos desafíos se han acentuado desde septiembre de 2024, en particular tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Los ataques al multilateralismo, al derecho internacional, y al Estado de derecho de manera más general se han multiplicado. De ahí la importancia de disponer de un foro de esta naturaleza para poder discutir y formular propuestas y mecanismos de acción.
En América Latina, esta problemática es aún más importante, teniendo en cuenta la falta de espacios de deliberación común entre jefes de Estado. Los mecanismos de diálogo regionales que existen, como la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), están paralizados por los conflictos ideológicos. A nivel subregional, pasa lo mismo con la Unión de Países Suramericanos (Unasur), que Lula intentó revivir en 2023 sin éxito. En este sentido, este foro, que cuenta con líderes del mismo espectro ideológico, permite avanzar de manera más rápida, adoptando posicionamientos y acciones de manera más clara. Si bien el problema de este tipo de iniciativas radica en su falta de institucionalización a largo plazo, tiene el mérito de aglutinar a pesos políticos progresistas de Europa y América Latina. Las conclusiones de esta cumbre se presentarán en otra reunión que se dará en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre, en Nueva York. Esperemos que sean escuchadas.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada